SUHELIS TEJERO PUNTES 12 de agosto de 2015
Contratos con Pdvsa, el Consorcio Línea
II del Metro Los Teques, así como remodelaciones y mantenimientos en la
Gobernación de Miranda y en el aeropuerto de Maiquetía, son las actividades que
han ocupado a parientes del parlamentario
En los últimos quince años, el capitán
del Ejército Diosdado Cabello –hoy presidente de la Asamblea Nacional (AN)- ha
ocupado siete posiciones en el Ejecutivo, con un promedio de gestión de
alrededor de dos años en cada una. Ha desempeñado dos cargos de elección
popular (gobernador y diputado), y es el primer vicepresidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Un par de empresas pertenecientes a dos
de sus primos obtuvieron 16 contratos para prestar servicios al Estado cuando
el parlamentario dirigía el extinto Ministerio de Obras Públicas y la
Gobernación de Miranda, y su hermano, José David, estaba en el Instituto
Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM).
Los documentos del Registro Nacional de
Contratistas (RNC) indican que entre mayo y julio de 2007 Inversiones
TJC 2005 y Asociados, en la que César Emilio Campos Cabello tiene
30% de las acciones y que fue creada el 28 de julio de 2005, obtuvo 13
contratos, cuatro de los cuales fueron suscritos con laGobernación de
Miranda cuando Cabello estaba al mando (2004-2008). El accionista con
más peso es un abogado llamado Freddy Cabrera, quien es dueño de 40% de la
empresa.
Se trataba de una serie de remodelaciones
en el despacho y en la residencia oficial del gobernador para refaccionar las
habitaciones de los escoltas, así como los accesos a la oficina del mandatario
regional y también los baños.
Entre abril y septiembre de 2010, cuando
Cabello era ministro de Obras Públicas, la empresa ganó nueve contratos con elConsorcio
Línea II, el conglomerado encargado de construir la segunda etapa del Metro
Los Teques, que está conformado por la venezolana Vinccler y la brasileña
Odebrecht, la constructora más grande de Brasil y una de las mayores de América
Latina, cuyo presidente está preso por su presunta participación en una trama
de sobornos en Petrobras.
Inversiones TJC 2005 y Asociados se
convirtió entonces en la proveedora de transporte del Consorcio Línea II para
equipos de protección corporal, materiales de seguridad industrial, tanques de
agua de gran dimensión y hasta les imprimieron las tarjetas de presentación.
La cercanía al poder también arropó a
otro primo: Yamir Cabello Canales, propietario de la empresa Construservi
Yamjo C.A.Creada en enero del año 2003, obtuvo un contrato para remodelar
la fachada del Aeropuerto Internacional de Maiquetíay para mantener
sus áreas verdes, otro para pintar su fachada y uno más para ser su proveedor
de productos médico-quirúrgicos, según indican los documentos oficiales
revisados por Contrapunto. Todo ocurrió entre el 1 de marzo de 2003
y el 30 de noviembre del año siguiente, cuando José David Cabello, su primo, se
desempeñaba como subdirector del terminal aéreo.
Ellos no son los únicos quienes, además
de parientes del presidente de la AN, tienen empresas beneficiadas con
contratos públicos. Luis Alfredo y Jerson Jesús Campos Cabello,
también primos del funcionario, son directivos de Transporte Arietis,
“una joven empresa de transporte especial creada en el año 2007”, según reza en su portal web. Su
especialidad es el traslado y manejo de maquinarias, equipos y materiales de
construcción, pero su fuerte es el manejo y transporte de materiales y desechos
peligrosos de la industria petrolera. Tiene contratos con el Consorcio
Línea II, la hidrológica Aguas de Monagas y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en
Morichal, El Furrial, PetroMonagas, PetroDelta y PetroIndependencia.
Luis Alfredo Campos Cabello, el
presidente de Transporte Arietis,fue jefe de despacho de Diosdado Cabello durante
su mandato en la Gobernación de Miranda, y es el hermano del superintendente de
Bienes Públicos, Ramón Rafael Campos Cabello, señalado por malversación por el
exprocurador de Miranda, Rafael Guzmán, aunque la demanda fue sobreseída por el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según la sentencia publicada en diciembre
del año pasado.
La totalidad de las acciones de Arietis
pertenecen a otra empresa, Inversiones PKT 5000, compañía que no
está inscrita en el RNC y de la que solo aparecen señas en el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), donde consta que tiene un solo
trabajador. Contrapunto no pudo precisar quién es el
accionista mayoritario de Inversiones PKT 5000.
Jerson Jesús Campos Cabello es, además
de directivo de Arietis, dueño de 20% de las acciones de Transportes
MP24D, compañía que en agosto de 2006 prestó servicios de transporte de
personal a Pdvsa, pero cumplió el contrato a medias, según consta en el RNC. La
mayoría accionaria de esa empresa también está en manos de Inversiones PKT
5000.
Contrapunto solicitó por escrito una entrevista con
el presidente de la AN ante
el departamento de prensa del Parlamento para conocer su versión sobre estos
temas, pero no se obtuvo respuesta para la fecha de publicación de este
reportaje.
El entorno familiar de Cabello ha sido
más conocido por su rol en cargos públicos que por empresarios. Su
hermano, José David, es ministro de Industrias, superintendente del Seniat y
directivo del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), mientras que
su esposa, Marleny Contreras, es ministra de Turismo.
Su primo, el militar Ramón
Rafael Campos Cabello, es superintendente de Bienes Públicos y fue
presidente de la Inversora del Instituto de Previsión Social de la Fuerza
Armada (Ipsfa). Mientras tanto, otro de sus primos, Gustavo Cabello
Canales, es presidente de la red de distribución de alimentos Pdval, tras
haberse desempeñado en el pasado como director del Instituto de Vivienda del
estado Miranda y del Fondo de Desarrollo Endógeno, que depende del Ministerio
de las Comunas.
Su hermana Glenna Cabello es
consejera de la Misión Permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones
Unidas desde el año 2009 en Nueva York. Tiene, además, un hijo natural
de una relación anterior llamado Diosdado Lanz, quien fue
presidente de la Fundación Gobierno de Calle, en Monagas, y director del
Servicio de Emergencias 171 para esa entidad.
Lo que dicen las leyes
La Ley Anti-Corrupción fue aprobada, por
la vía ejecutiva, en noviembre del año pasado. El presidente Nicolás Maduro había
pedido poderes habilitantes un año antes para luchar contra ese flagelo, si
bien la normativa ya había sido aprobada en primera discusión por la AN tres
años antes. El proyecto parlamentario incluía la figura del nepotismo, pero fue
engavetado en la Procuraduría General de la República.
El instrumento legal, aprobado por el
mandatario nacional a fines de 2014, prevé penas de hasta 10 años de prisión
para los funcionarios que incurran en delitos de malversación, desvío,
enriquecimientos injustificados, tráfico de influencias y otros delitos
asociados a manejos irregulares del dinero público. Sobre el nepotismo, la
normativa no hace referencia directa y, aunque lo prohíbe, no lo sanciona.
A este respecto, la directora de la ONG
Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, considera que la
Contraloría debería actuar para evitar no solo el enriquecimiento ilícito,
sino también prácticas que beneficien a personas cercanas al entorno del
funcionario.
Frente a los procedimientos de
licitaciones, la Ley Anti-Corrupción señala como delito la evasión
injustificada y deliberada de los procesos formales. La castiga con prisión de
seis meses a tres años, al tiempo que considera enriquecimiento ilícito el
beneficio obtenido por un funcionario a través de la ejecución de contratos
públicos.
“Controlar sin ser presidente”
El líder del chavismo que según diarios
internacionales estaría siendo investigado por las autoridades norteamericanas
como sospechoso de liderar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero, es
oriundo de El Furrial, estado Monagas, y participó a sus 29 años en el golpe
militar del 4 de febrero de 1992 que dio a conocer al expresidente Hugo Chávez.
Junto a Alí Rodríguez Araque, Héctor
Navarro, Jorge Giordani, Rafael Ramírez y María Cristina Iglesias fue uno de
los funcionarios designados por el fallecido exmandatario nacionalque se
mantuvo desde el principio hasta el fin de su gestión en algún cargo
público, aunque su rotación fue alta.
Su lealtad se puso a prueba el 14 de
abril de 2002 cuando, tras llevar un día como gobernante encargado de
Venezuela, le devolvió el mando a Chávez luego del golpe de Estado ocurrido
tres días antes. Pero tras la muerte del exmandatario las relaciones de poder
comenzaron a mutar. En una grabación divulgada por el diputado opositor Ismael
García, en mayo de 2013, se escuchaba al conductor de La Hojilla, Mario Silva,
conversando con el miembro del G2 de Cuba, Aramis Palacios. En ese diálogo se
refirió a Diosdado Cabello como uno de los más fuertes contrincantes en la
lucha por el poder que surgió apenas Chávez murió. “Yo quiero controlar, pero
no quiero ser presidente”, habría dicho el jefe de la AN.
Pero no solo eso. El popular conductor
de La Hojilla lo identifica como uno de los beneficiados por las mafias
cambiarias y que, supuestamente, sus puntos de financiamiento eran el Seniat
–controlado por su hermano José David- y Cadivi (hoy convertida en Cencoex),
que en ese momento estaba dirigida por el militar Manuel Barroso, recientemente
ascendido por Maduro a general de brigada del Ejército.
Denuncias acumuladas (y desestimadas)
Hace siete años comenzaron a surgir
denuncias de supuesta corrupción atribuidas a Cabello desde las propias filas
del chavismo. El 12 de febrero de 2008 el entonces diputado Luis Tascón,
fallecido en 2010, reclamó que en un punto de cuenta del Ministerio de
Infraestructura (en ese momento a cargo de José David Cabello), del 17 de marzo
de 2007, se solicitaba a Chávez la aprobación de dinero para comprar 200
microbuses por un precio promedio de 180.000 bolívares cada uno y 100 rústicos
a 75.000 bolívares por unidad.
El detalle estaba, aseguraba Tascón, en
que los microbuses costaban en realidad 160.000 bolívares cada uno, de acuerdo
a los datos del Fondo Nacional de Transporte Urbano, mientras que los rústicos
aparecían en una factura proforma del concesionario Toyota con un precio de
49.000 bolívares cada uno. La diferencia total entre la solicitud de recursos
que hacía el hermano del actual presidente de la AN y los precios reales era de
6,5 millones de bolívares.
“Uno presume que ahí puede existir un
sobreprecio en esos equipos (…) Si va a buscar corruptos, mire en su entorno
porque es precisamente ahí que se ha envenenado este proceso revolucionario”,
le increpó Tascón a Chávez a través de los medios de comunicación, una osadía
que acarreó su suspensión del PSUV. Tascón resaltó que Cabello encarnaba las
“prácticas desviadas” en su máxima expresión. “Si algo Diosdado no es, es
pobre”, puntualizó.
“Desde hace rato largo, (Tascón) anda
con conductas muy extrañas. Yo llamé a Tascón y le dije: ‘¿dónde están las
pruebas de esto y esto?’. Todavía estoy esperándolas”, replicó Chávez en un
contacto con La Hojilla el 29 de febrero de 2008.
La respuesta de Cabello fue inmediata:
"¿Cómo va a haber sobreprecio si los vehículos no se han comprado? Cuando
se le hace del conocimiento que los vehículos que no se han comprado, pidió
investigar por qué no se han comprado. ¡Fíjate lo débil de su denuncia!".
Al año siguiente, apenas Cabello salió
de la Gobernación de Miranda, el procurador estadal entrante, Rafael Guzmán,
introdujo a nombre del recién estrenado mandatario regional, Henrique Capriles
Radonski, 17 denuncias por supuesta corrupción durante los cuatro años de su gobierno
mirandino. Los casos incluían pagos irregulares y dobles, proyectos sin
contratos, compras de terrenos sin avalúos y adjudicación de obras sin
licitación, entre otros.
Las denuncias fueron llevadas entre mayo
y junio de 2009 a la Fiscalía y luego se remitieron al TSJ, que poco a poco las
ha desestimado por considerar que las operaciones estaban justificadas y, por
lo tanto, no hay nada que juzgar. El ex procurador de Miranda, ahora diputado
suplente en la AN por Primero Justicia, prefirió no declarar sobre el tema aContrapunto.
Meses después de la denuncia de Guzmán,
Chávez le reclamó a Cabello que había una diferencia inexplicable de precios
entre su proyecto para construir 27 kilómetros de la carretera Gamelotal-Buría,
en el estado Lara, y el que presentó el entonces gobernador Henri Falcón. La
propuesta de Cabello le costaría al Estado 72 millones de bolívares; la de
Falcón, 40 millones.
“O te están cayendo a coba a ti,
Diosdado, o le están cayendo a coba al gobernador, pero no puede ser que la diferencia
sea de tal magnitud (…) También pudiéramos pensar que hay gente interesada en
inflar los costos ¿verdad? Uno pudiera pensar también eso ¿no, Diosdado?”, le
dijo Chávez por vía telefónica durante el programa dominical Aló Presidente 344
transmitido el 29 de noviembre de 2009.
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