El pasado viernes 21 de agosto el presidente Nicolás Maduro expresó
estar en contra de organizaciones de derechos humano, específicamente PROVEA y
su ex coordinador
Redacción Crónica Uno
Caracas. Las Organizaciones del Movimiento de defensa de Derechos
Humanos de Venezuela condenaron ataques contra Provea y el ex coordinador de
esta organización, Marino Alvarado, por parte de Nicolás Maduro en respuesta a
la evaluación hecha sobre el nuevo plan de seguridad nacional conocido como
“Operativo de Liberación del Pueblo (OLP)” y su impacto negativo en la
sociedad.
Según esta evaluación, el plan operacional se ha ejecutado por
organismos de seguridad del gobierno nacional y ha desencadenado violaciones a
los derechos humanos y arbitrariedades, incluyendo casos de tratos crueles,
inhumanos y degradantes, acompañado de una campaña xenófoba contra los
colombianos que residen en Venezuela.
El Presidente de la República se refirió a Provea como “el gobierno de
los Estados Unidos financia Provea [sic], es una organización política que le
ponen ONG para financiarlos y ponerlos a hablar en el mundo y en Venezuela.
Bueno miren, mire el libreto. El partido político Provea, financiado por el
gobierno de los Estados Unidos y Marino Alvarado, quien trabajó para los
servicios policiales de la cuarta república como infiltrado en Bandera Roja, yo
lo conocí”.
Esta es la segunda alocución pública en menos de tres meses en la que
criminaliza a las ONG y activistas de derechos humanos por las denuncias hechas
sobre las acciones del Gobierno en esta área. Muchos órganos del Sistema
Universal se han pronunciado exigiéndole al Estado venezolano garantizar el
trabajo de los defensores y condenaron la “intimidación y difamación solo por
promover los derechos humanos en su país”.
En el comunicado las organizaciones solicitaron al Estado venezolano:
1.
El cese inmediato de los ataques, descalificaciones y el hostigamiento
contra Provea, el defensor de derechos humanos Marino Alvarado, y demás
organizaciones que han sido víctimas de estos ataques por parte de funcionarios
del Estado, específicamente del Presidente de la Asamblea Nacional, diputado
Diosdado Cabello, y del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.
2.
Proteger y garantizar el libre desempeño de los defensores, defensoras y
organizaciones que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos, así
como también garantizar la protección y respeto a los derechos humanos de todas
las personas.
3.
Instamos al Estado a dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas
por el Comité contra la Tortura y del Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, en relación al cese de ataques y represalias contra la labor de los Defensores
de Derechos Humanos en Venezuela conforme se comprometieron ante dichas
instancias.
4.
El cumplimiento y garantía de los compromisos internacionales del Estado
venezolano en materia de derechos humanos, en especial los relativos a la
protección efectiva del trabajo de los defensores y defensoras de derechos
humanos.
25-08-15
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