Por Tamara Suju
Roa, 30/08/2015
El principio de la
presunción de la inocencia, no sólo está garantizado en nuestra Constitución
Nacional, sino que es principio fundamental en convenios y tratados
internacionales como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de DDHH entre
otros. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se le presuma su
inocencia mientras se demuestra su culpabilidad.
En los países cuyas
instituciones están fortalecidas por su imparcialidad y no politización, se
defiende este principio y se garantizan los derechos humanos de quienes están
siendo procesados por algún delito. En nuestro país, en el ejercicio de la
persecución política que tiene montado el régimen desde hace 16 años, no sólo
se acusa, encarcela y además se
sentencia previamente a quienes no han cometido delito, sino que se crea un
terrorismo de estado alrededor de algunos casos, que terminan por silenciar a
quienes deben denunciar y defender las violaciones de derechos humanos de
algunos venezolanos. La paralización por el miedo a ser acusado por inmiscuirse
es una de las peores cosas que puede pasarle a una sociedad y esto le está
pasando a los venezolanos.
Al confeso asesino
de la señora Liana Hergueta, el “nuevo patriota cooperante”, lo han puesto bajo
la figura de la prueba anticipada, a implicar a media oposición y a personas
hasta ahora menos conocidas de supuestos delitos. Además lo graban y lo publican,
violando las garantías procesales. Nadie sabe quien lo interroga y sus
declaraciones no las realiza frente al juez de la causa, sino frente a una
cámara de TV. Según me cuenta mi propio patriota cooperante, en el Sebin hay 16
personas detenidas, que fueron nombrados por éste tipo. Algunos están
plenamente identificados, otros, nadie sabe quienes son.
De los que se
conocen, puedo nombrar a Héctor Alejandro Zerpa, Andrea González, Dany Abreu,
Betty Grossi y Andrea Gless. Según sus abogados, están incomunicados en el Helicoide.
Todos fueron capturados sin orden de aprehensión, sin haber sido detenidos en
flagrancia y al momento de entregar éste artículo, ya han pasado más de 10 días
desde la detención de la mayoría, sin que los hayan presentado en Tribunales.
Ni sus abogados ni sus familiares los han visto. El joven estudiante Zerpa, se
presentó voluntariamente en el Sebin, luego de ser nombrado por el “nuevo
patriota cooperante ”. Nadie que sea culpable, se presenta voluntariamente en
la boca del lobo para que se lo coman.
Hay sobre estos
detenidos, un gran silencio… un suspenso de terror…pocos son los que se atreven
a por lo menos exigir que se respeten sus derechos humanos y se cumpla con el
debido proceso…y pocos son los medios que lo publican. ¿Se dan cuenta de como
la campaña de psicoterror que monta
el gobierno nos hace olvidar quienes son, como actúan y de que son capaces? El
mejor ejercicio que podemos hacer para ubicar el caso, es preguntarnos porque
Pérez Venta, acusado de un terrible asesinato y además confeso, está en El Helicoide, sede de la policía política,
y no en una cárcel común. ¿Será este un “beneficio” anticipado?
El 8 de septiembre
del 2014, Lorent Saleh fue secuestrado por las autoridades colombianas y
entregado a la policía política venezolana en la frontera. Un día después, era
capturado Gabriel Vallés. Ambos fueron depositados en “La Tumba”, ya conocida por mis lectores, y denunciada en su
oportunidad por funcionar como un centro de torturas blancas, donde los
muchachos estaban en completo aislamiento y en condiciones inhumanas. Su
defensa denunció que el gobierno, a través de su agente la Fiscal Harrington,
le ofreció beneficios a cambio de implicar a media oposición en actos de
conspiración. A pesar de la respuesta contundente de Saleh y Vallés que no se
dejaron intimidar ni doblegar, la tortura
psicológica prosiguió por meses, y los “agentes buenos” utilizaron
prácticas comunes de persuasión, como por ejemplo, decirles que la oposición
los había dejado solos, que nadie abogaba por ellos aparte de sus familias y
abogados -entre otras perlas- y que ellos, “los buenos” podían “ayudarlos” para
mejorarles su caso y situación.
Yo quisiera,
estimados lectores, creer que estas tácticas usadas comúnmente para afectar a
quienes están detenidos en circunstancias precarias y peligrosas, sólo afecta a
las víctimas a las cuales van dirigidas, si es que se dejan. Hasta ahora, los
jóvenes que están en “La Tumba” han resistido a estas tácticas. Lo que no
quisiera es pensar que el resto de los venezolanos se ha dejado envolver por el
manto del terror gubernamental, al punto de paralizarlos y no denunciar
arbitrariedades como violaciones de derechos
humanos y del debido proceso, sobre todo en estos casos precisos que el
gobierno escandaliza para atemorizar y paralizar a la sociedad. El terrorismo
judicial se ha implantado en Venezuela. Nunca antes la justicia penal había
sido usada como arma de la intolerancia, como mecanismo para dividir, castigar
y tratar de dominar a la población.
Es cierto que el
miedo es libre y la paranoia anda suelta. Pero no podemos permitir que se
violen los principios fundamentales del derecho, porque entonces los malos
habrán ganado. Para finalizar, mi reconocimiento a los defensores de derechos humanos en Venezuela, profesionales del
derecho y activistas que día a día luchan porque aquellos que caen en desgracia
ante este régimen tiránico, tengan en ellos una mano amiga y sobre todo el
apoyo y la solidaridad en estos tiempos difíciles.
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