FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ 21 de agosto de 2015
Venezuela
atraviesa una grave crisis socioeconómica; de seguridad ciudadana y de
libertades básicas. El país necesita un Gobierno que “gobierne”, sin buscar
culpables fuera de su ámbito de responsabilidad; que abra un espacio de diálogo
con la oposición y con los sectores productivos para intentar enfrentar los
desafíos con una visión de los intereses generales de todos los venezolanos. Un
diálogo capaz de reconciliar a una sociedad fracturada que sufre el fracaso y
el sectarismo de los gobernantes.
La
inseguridad física de los ciudadanos —no hablemos de la jurídica— se está
convirtiendo, tras el desabastecimiento alimentario, en la preocupación
dominante del pueblo que se siente indefenso ante los asaltos, secuestros,
robos y asesinatos. Caracas es una de las ciudades más violentas del mundo,
incluidas las muertes de servidores públicos de las fuerzas de seguridad. El
Gobierno habla de un nuevo plan de lucha contra la criminalidad que domina las
calles. El llamado OLP, que es el número 26 de los puestos en marcha para atajar
el problema, sin resultados reales.
También
hay una crisis institucional. El Estado, que ha concentrado sus poderes en el
ejecutivo, no funciona más que para hacer declaraciones responsabilizando a los
demás de su fracaso. La Asamblea Nacional ha delegado en el presidente de la
República que asume mediante decretos ley las funciones del legislativo. Pero
la AN tampoco ejerce la función imprescindible de control de la acción de
Gobierno, aplastando las voces de la oposición para que no haya críticas a los
errores y la inacción del Gobierno. La justicia funciona al dictado del poder
ejecutivo, o del presidente de la AN, incumpliendo todas las normas que
garantizan un proceso válido. No hablamos de las normas internacionales de
obligado cumplimiento para el Estado venezolano, sino de la propia Constitución
de Venezuela y el marco jurídico que la desarrolla.
La
convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional abre una vía de esperanza, si
se dan las condiciones razonables para que la contienda electoral sea justa,
pero no resuelve por sí sola la crisis de gobernanza que atraviesa el país. Y
para que la contienda sea justa, las instituciones deben garantizar que no se
alteran a capricho los circuitos electorales, que exista una presencia de
observadores creíbles desde ahora, porque se están tomando decisiones que
pueden afectar a la razonable igualdad de oportunidades entre los
contendientes. Y sobre todo debe garantizar la libertad de representación. Es
decir, revertir el proceso de eliminación arbitraria de candidatos utilizando
instrumentos judiciales y administrativos desde el poder ejecutivo. Es absurdo
que haya presos por razones políticas, que haya candidatos exiliados por
razones políticas, que se limite la libertad de representación ante los
ciudadanos para que se sometan libremente al escrutinio del pueblo soberano.
El
señor Maduro no puede seguir ocultando su fracaso inventando conspiraciones del
“imperio”, de la extrema derecha interna e internacional, del “eje
Madrid-Bogotá-Miami”. ¿Se imagina alguien a Obama intentando desestabilizar a
Venezuela mientras trata de normalizar las relaciones con Cuba? ¿Le parece
creíble ese cuento que repiten como un mantra?
Usted
sabe que están haciendo un esfuerzo de normalización de las relaciones entre EE
UU y Venezuela. Que extreman su prudencia a la hora de mostrar preocupaciones
legítimas sobre las libertades y la crisis aguda del país. Usted sabe que en
ese esfuerzo hay un obstáculo mayor: la existencia de presos y exiliados
políticos y la necesidad de elecciones limpias. Y sabe que ese es tema de
consenso en el Congreso de EE UU (casi el único) entre republicanos y
demócratas.
Los
ciudadanos, sobre todo las madres de familia más humildes, aguantan sin
esperanzas las largas colas para acceder a los alimentos o las medicinas que
necesitan. Y las ven acaparadas por los corruptos en el mercado negro a precios
inaccesibles. No funciona la producción nacional, ni es suficiente la
importación, ni hay eficacia en la distribución de estos bienes racionados.
Están en una situación alimentaria de emergencia y el Estado no es capaz
siquiera de distribuir con eficacia la escasez que sus políticas ha provocado.
Los
salarios están siendo devorados por una inflación sin control. Incumpliendo los
más elementales deberes de las instituciones ocultan las cifras, que todos los
analistas sitúan por encima del 140%. Nadie, ni los más partidarios del
Gobierno, desconocen que un dólar vale más de 700 bolívares en la calle, que es
donde vive o sobrevive la gente, y no la ficción oficial de 6,30 bolívares por
dólar.
El aparato
productivo del país ha sido destruido sistemáticamente en una carrera sin
sentido de ocupación de la economía por un Estado ineficiente y corrupto. En
nombre de la “revolución” han liquidado lo público y lo privado, desde PDVSA a
la industria del acero, pasando por la producción alimentaria o la de
medicamentos. Incautando lo que funciona y estatalizándolo han conseguido que
todo se paralice, que la productividad desaparezca, que lo único que prospere
sea la “boliburguesía” depredadora de los recursos y, ahora, de la escasez y la
pobreza.
La
democracia sigue siendo el sistema menos malo que existe. No garantiza el buen
gobierno, pero sí garantiza al pueblo cambiar al Gobierno cuando no le gusta.
La democracia se legítima en origen por el voto de los ciudadanos, como la
condición necesaria, pero no suficiente. Porque necesita que el Gobierno cumpla
con sus programas, que el Parlamento o asamblea lo controle y elabore leyes
para todos, que se respete a las minorías, que la división de poderes sea real,
que haya garantía de libertad de opinión y de información, así como de elección
de los representantes de los ciudadanos.
En
Venezuela se vota. Por eso son tan importantes las elecciones del 6 de
diciembre. Pero no se cumple nada más. No hay legitimidad de ejercicio. El
desafío del 6 de diciembre es más decisivo que una elección normal de la AN.
Puede ser el comienzo del cambio para la gobernanza y la reconciliación a
través del diálogo que necesita Venezuela. Pero la esencia de la democracia
está en que la derrota —de quien decida el pueblo soberano— es aceptable,
porque se dan las razonables condiciones de igualdad para competir. El
presidente de la República debe garantizar que esto ocurra, porque es
presidente de todos los venezolanos. Por eso tiene que renunciar a los
discursos amenazantes y las decisiones que se derivan de ellos. Es inaceptable
que hable de la “revolución” mezclando los votos y las botas. Las Fuerzas
Armadas son de Venezuela y se deben a Venezuela, no al fracasado proyecto de su
Gobierno. Los medios de comunicación públicos son de todos los venezolanos y el
acceso a ellos debe reflejar la pluralidad de opciones políticas y no ser un
monopolio de sus partidarios.
Usted,
señor presidente, debe respetar y hacer respetar la libertad de prensa y de
opinión, sin perseguir a los medios —ya muy escasos— que representan opiniones
discrepantes.
Usted,
señor presidente, que concentra todos los poderes del Estado, puede y debe
ordenar la libertad de los presos políticos y la vuelta de los exiliados.
Usted,
señor presidente, puede y debe invitar a observadores internacionales con
experiencia, como los de la OEA y la UE, además de Unasur para que den
legitimidad plena a la competencia electoral.
Si lo
hace demostrará dos cosas: que es el presidente que representa a todos los
venezolanos y que no teme a la contienda electoral limpia que su país merece.
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