Tiempos de ignominia, por Vladimiro Mujica

Por Vladimiro Mujica, 28/10/2015

Los venezolanos tenemos todo tipo de razones para dudar sobre la veracidad de las explicaciones del gobierno sobre el conflicto con Guyana y ahora en relación al cierre de la frontera con Colombia en el estado Táchira. Es inevitable la tentación de asociar la escalada de confrontación diplomática y de acciones beligerantes contra nuestros vecinos, a escasos meses de un proceso electoral de mucha importancia, con un intento de generar una crisis que le permita al gobierno reforzar un ambiente de confrontación interno.

Por supuesto que al gobierno le asistiría la razón si se tratara de convocar a la unidad del pueblo frente a una amenaza real a la integridad de la nación. Pero el gobierno no tiene ninguna autoridad moral para hacer esto porque es precisamente la acción del régimen chavista durante estos últimos quince años la razón fundamental por la que Venezuela se encuentra en un estado de precariedad que genera asombro en todo el planeta, hasta el punto de que nuestro país se ha ido ganando a pulso la reputación de ser el peor gerenciado del mundo.

Pero lo que está ocurriendo en la frontera colombiana ofende no solamente por la tergiversación de los hechos y por la burda maniobra de intentar atribuirle el desastre de la economía venezolana a los bachaqueros y al contrabando de extracción; o la violencia endémica que enluta a nuestro país a un supuesto plan de los paracos y la derecha colombiana para desestabilizar al gobierno venezolano. Ofende y agrede lo más profundo de nuestra sensibilidad como individuos y como pueblo porque nos hace aparecer ante el mundo como una nación despótica y brutal, insensible a la violación flagrante de los derechos humanos que significan las deportaciones forzosas y la destrucción de propiedades de los colombianos expulsados en las peores condiciones imaginables.

D: marcadas para demolición, se ha convertido en el símbolo del atropello que adelanta nuestro gobierno en la frontera con Colombia. Es la señal en las casas presuntamente ocupadas por personas indocumentadas y que van a ser posteriormente demolidas. No se trata de desconocer que las relaciones entre los países pueden pasar por tiempos muy conflictivos y que inclusive la guerra puede terminar por estar justificada cuando está en riesgo la sobrevivencia de la nación. Pero pasar de la inacción; del trato cordial y fraterno a la guerrilla colombiana; de la intromisión en los asuntos internos de todo el continente; de la entrega parcial de nuestra soberanía a Cuba, y de la destrucción de la economía, a esta cacería de colombianos, como si se tratara de controlar una invasión de ratas en la frontera, debe ser condenado sin ambages.

Todo esto al tiempo que el gobierno chavista continúa acusando de “injerencistas” a los individuos, organizaciones y países que se atrevan a opinar sobre la situación venezolana. Ello en el marco de la acción imperialista del petro-estado venezolano que se inmiscuyó descaradamente en los asuntos políticos de muchas naciones tratando de forjar una alianza internacional alrededor de la revolución chavista. El gobierno no tiene ninguna base en el derecho internacional, ni en nuestra Constitución, para pretender que el mundo se abstenga de opinar sobre nuestros asuntos cuando se trata de violaciones a los derechos humanos y las transgresiones a libertades y elementos fundamentales de la convivencia democrática que se han ido convirtiendo en una norma en Venezuela. El discurso de que estos son asuntos internos de cada país y de que se está supuestamente violando la “autodeterminación de los pueblos” es violatorio de nuestras leyes y de los tratados internacionales que Venezuela ha suscrito y no pretende más que introducir otro elemento de división entre venezolanos, según el cual los que estén a favor del “injerencismo” son traidores a la patria y quienes estén de acuerdo con darle carta blanca al gobierno son patriotas.

Como ha sido señalado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, las operaciones ilegales de los aparatos de seguridad, pomposamente bautizadas como Operación de Liberación del Pueblo (OLP), se han transformado en razzias contra los sectores populares y ahora contra los colombianos a los que se pretende responsabilizar de cuanto crimen existe en nuestro país y de la crisis por la que atraviesa Venezuela.

Como si no les bastara con arruinar a nuestra nación y ponernos a la cola de los países del mundo en cuanto a los indicadores de bienestar y de pobreza se refiere, ahora las acciones de nuestros gobernantes nos exponen al desprecio internacional en todas las redes sociales y en los medios de comunicación donde se puede apreciar la forma cruel e inhumana en que se ha expulsado a muchos colombianos de nuestro territorio.

Los verdaderos fabricantes de miseria y enemigos de su propio pueblo revelan ahora un comportamiento aún más censurable. Es difícil decidir si estamos en presencia de un acto deliberado de conducta fascista, de un intento de desviar la atención sobre lo que se anuncia como una derrota electoral, de enfrentamientos internos entre grupos en el gobierno o de simple incompetencia de éste último. Cualquiera que sea la razón el resultado es un verdadero horror.