Comunicado
de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal ante la
situación en la zona fronteriza colombo venezolana:
1.- La Comisión de Justicia y Paz de la
Conferencia Episcopal de Venezuela, atenta a todo lo que tiene que ver con los
derechos humanos, se encuentra profundamente preocupada por diversas denuncias
sobre graves violaciones a los derechos humanos en el marco del Decreto de
suspensión de garantías constitucionales en varios municipios de la frontera,
pues es una situación que afecta a todos los que vivimos en Venezuela, dado que
es inmensa la presencia de colombianos en nuestra tierra, y son más los
vínculos de fraternidad y cooperación existentes. Más allá de diferencias o de
situaciones irregulares, priva el respeto a la vida y a un trato cordial. No se
puede estigmatizar a todo un colectivo de presuntos delitos sin el debido
proceso y el derecho a la defensa.
2.-La Comisión ha estado monitoreando y
recabando información sobre los acontecimientos que se han registrado en la
frontera colombo/venezolana en los últimos días, y ante las graves denuncias
sobre masivas deportaciones de ciudadanos de nacionalidad colombiana,que sin
ningún tipo de procedimiento previo, no se les ha garantizado un debido
proceso establecido en nuestra Constitución y en tratados internacionales de
Derechos Humanos debidamente suscritos y ratificados por Venezuela.
3.- Hemos tenido conocimiento que muchas de
estas personas han sido obligadas a salir de manera abrupta, sin enseres, sin
alimentos, muchos de ellos solo con la ropa que llevan puesta, sus casas
allanadas sin ninguna orden judicial y destruidas; en algunos casos fueron
robadas las pertenencias de aquellos pobres moradores.
4.- A ello se une el drama de ver familias
separadas, especialmente madres y padres que han sido obligadas a dejar a sus
hijos menores en territorio venezolano, y más grave aún resulta de enorme
preocupación la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a
estos ciudadanos de origen colombianos como miembros de grupos irregulares.
5.- Condenamos cualquier actuación de esta
naturaleza y hacemos un llamado a las autoridades venezolanas a aplicar todas
aquellas medidas destinadas a garantizar el debido proceso y la integridad
física de las personas, con especial énfasis en el derecho a la vida y lo
propuesto en nuestra Constitución y leyes.
6.-Expresamos nuestra preocupación porque
persisten las denuncias sobre un uso excesivo y desproporcionado de la
fuerzapor parte de agentes de seguridad del Estado, encargada de realizar dicho
operativo. En un estado democrático de derecho y de justicia, no es posible
aceptar que en aras de la defensa nacional, la seguridad y la soberanía, se
hagan procedimientos militares de alta peligrosidad contra la población civil.
7.- Hacemos un llamado a las autoridades
garantes de los Derechos Humanos de ambos países para que este problema que nos
afecta a todos, tenga una rápida solución y que no se convierta en un problema
político o ideológico, ni en una ocasión para promover la xenofobia o el
desprecio de ningún ciudadano por razón de su origen.
8.- Nos solidarizamos con los millones de
colombianos que han hecho vida en nuestra patria y nos han enriquecido con sus
virtudes y capacidades. No hay familia venezolana que no tenga vínculos
consanguíneos, de afinidad, de trabajo o de cualquier otra índole con nuestros
hermanos colombianos lo que nos ha permitido vivir en fraternidad. A todos los
familiares de las víctimas, les expresamos nuestra solidaridad y oración en
estos momentos de tristeza y dolor. Pedimos a todos orar intensamente y
colaborar con nuestros hermanos evitando cualquier estigmatización.
9.- En estos dolorosos momentos hacemos un
llamado a la sensatez y a la calma. Que la condición de cristianos de la
inmensa mayoría mueva las fibras de la solidaridad, de la misericordia, del
perdón, y desterremos todo lo que nos lleve al desprecio, a la violencia, o a
la guerra. Pedimos perdón porque los hechos y dichos sobre nuestros hermanos
colombianos no representan el sentir de nuestro pueblo.
Exigimos
Que se
restituya la normalidad cuanto antes, pues son más las penurias y zozobras que
viven quienes habitan a ambos lados de la frontera, y no sólo a ellos, sino a
toda la población de los dos países que siguen con estupor el desarrollo de los
acontecimientos, a todas luces, denigrantes de la condición de seres
civilizados y hermanos.
Devolución
de bienes: muchas de las personas deportadas no han podido llevarse sus
pertenencias que han quedado en el territorio venezolano, es de justicia
devolver a quienes pertenecen los bienes inmuebles y de demás rubros; es
urgente que la familia se reunifique en la totalidad de sus miembros para
evitar una crisis humanitaria por deportaciones masivas, para ello deseamos
como venezolanos ver la respuesta del Poder Moral en pleno, no justificando
acciones, sino trabajando para que se respeten los Derechos Humanos de todos
los ciudadanos, sean Venezolanos o Colombianos.
Sabemos
de los dolores y tristeza en tantas personas que han sufrido y siguen sufriendo
por estas acciones. Expresamos nuestra solidaridad y esperanza en estos
momentos de angustia. Los ciudadanos venezolanos nos sentimos hermanos del
vecino país, nunca han sido extraños, sino que tenemos una historia común.
Estas acciones efectistas deben ponernos a reflexionar sobre el futuro de
nuestro país, sobre las responsabilidades de la dirigencia política y militar
en la conducción de nuestra nación, sobre la paz interna y lo que queremos y
anhelamos los venezolanos. –
EL
ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS SUS
CIUDADANOS INCLUYENDO LOS EXTRANJEROS BAJO SU JURISDICCION
En
Caracas, a los 28 días del mes de Agosto del 2015
Mons.
Roberto Lückert
León + Mons.Baltazar Porras Cardozo
Presidente Oficina de Justicia y Paz Comisión de Pastoral
Social- Caritas
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico