ALFREDO MEZA Caracas 26 ABR 2015
El Gobierno de Nicolás
Maduro regula la venta de medicamentos para enfermedades crónicas en el país
sudamericano
Mientras Cuba comienza a dar muestras
concretas de avanzar hacia un sistema menos restrictivo en lo político y
económico, Venezuela hereda la huella del castrismo y replica su modelo. El
gobierno de Caracas implementará en los próximos días el Sistema Integrado de
Acceso a los Medicamentos (Siamed), con el objetivo de regular la venta de las
medicinas recetadas para las enfermedades crónicas.
Esta decisión se suma a medidas
similares implementadas para vender alimentos básicos en los supermercados
públicos y privados, donde la mayoría de los clientes debe colocar su huella
dactilar para comprar productos regulados en cantidades limitadas, o acudir
determinados días de la semana a abastecerse de estos según el número final de
su documento de identidad. Ha sido la manera de administrar la escasez y el
desabastecimiento que caracteriza a la economía local, que tiene la inflación
más alta del mundo.
El ministro de Salud, Henry Ventura, ha
justificado la medida con el argumento del alto consumo per capita de
medicamentos y por la dificultad de conseguirlos. “Eso hay que cambiarlo”,
aseguró el viernes a través de su cuenta de Twitter. Los pacientes deberán
inscribirse en la farmacia de su preferencia con el documento expedido por su
médico tratante. El gobierno asegura que el Siamed notificará mediante un
mensaje de texto la llegada del medicamento a la farmacia para que entonces
puedan adquirirlo.
La prolongada escasez, la marca de
fábrica del régimen de Nicolás Maduro, ha provocado un cambio de comportamiento
de los consumidores. Muchos venezolanos están haciendo negocios revendiendo los
artículos subsidiados por el Gobierno a precios que al menos duplican lo que
invirtieron. Otros, con mayor poder adquisitivo, están acaparando medicinas y
artículos de primera necesidad para evitar salir en procesión a buscarlos por
todas las ciudades venezolanas.
El anuncio tomó por sorpresa a los
representantes de los laboratorios, las droguerías y las farmacias. Aún no se
sabe cómo funcionará el sistema y desde ya se anticipa que su entrada en
vigencia aumentará la escasez de medicamentos. Los clientes, mientras, no saben
si podrán inscribirse en varias farmacias, o si solo podrán anotarse en una
sola y esperar por la llegada de su medicina. Lo único claro para las fuentes
del sector es que esa medida no resolverá el problema de fondo: la falta de
insumos médicos no es un asunto de distribución, sino de manufactura. El
gobierno debe a los laboratorios unos 4.000 millones de dólares, lo que impide
que estos importen materia prima para fabricarlos.
En una entrevista con la cadena radial
venezolana Unión Radio, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana,
Freddy Ceballos, aseguró que este nuevo sistema no ataca el problema de fondo:
el Gobierno no está asignando divisas a la empresa privada para producir. “¿Qué
van a distribuir a los pacientes que se van a inscribir si no hay
medicamentos?”, se preguntó. “Si todo estuviese normal en el país, no
necesitaríamos este sistema”, agregó.
La firma venezolana Ecoanalítica calcula
que el Gobierno adeuda unos 23.500 millones de dólares a la empresa privada (se
incluyen no solo divisas para importaciones, sino dividendos, renta y servicios
que fueron aprobados pero no cancelados). Esta cantidad supera con creces el
nivel de las reservas internacionales, que este viernes bajó a 19.339 millones
de dólares, el marcador más bajo desde octubre de 2003. La prensa local se ha
hecho eco del reclamo de los representantes de las compañías productoras de
bienes, quienes claman por un mecanismo más expedito para poder adquirir los
dólares necesarios para trabajar. Pero el Gobierno no tiene dinero para
pagarles. Debido a la caída del precio del petróleo los ingresos del Estado,
que siempre ha fracasado tratando de diversificar su economía, han caído hasta
50%.
En Venezuela rige un estricto control
cambiario desde 2003. Si en un principio la medida buscaba evitar la fuga de
capitales, hoy los altos cargos del Gobierno justifican su existencia con
razones políticas.
Tomado de: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/26/actualidad/1430072447_853681.html
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