Por Tamara Suju Roa, 21/04/2015
Las Organizaciones de Derechos Humanos son creadas para servir a la
sociedad. Promueven y defienden los Derechos Humanos y en las democracias más
avanzadas, los gobiernos no sólo se preocupan en solucionar las denuncias que
ellas hacen, sino que las invitan a que aporten soluciones y a que estén
vigilantes de que la situación denunciada sea solventada.
Claro, esto sucede cuando el Estado es sólido, es educado, respetuoso
de los derechos individuales y colectivos, y cuyas Instituciones están al
servicio de la comunidad, para progresar y brindar bienestar social. Un ejemplo
de esto son Finlandia y Noruega.
La protección de los Derechos Humanos es la espina dorsal de los
sistemas democráticos. No basta con que los gobiernos sean elegidos
democráticamente, porque democracia es también la separación e independencia de
los Poderes Públicos, la libertad de expresión, el imperio de la Ley y el
Estado de Derecho, el pluralismo político, entre otros.
Lamentablemente en Latinoamérica en los últimos años, ha habido una
perversidad especial de sus gobernantes de hacerse elegir democráticamente para
luego conculcar los Derechos Humanos, engañando a sus electores y utilizando
esas mismas instituciones que les permitieron ser elegidos para destruir el
Estado de Derecho y realizar cambios profundos en su sociedad y en su sistema
legal con el objetivo de someter a la gente y secuestrar las Instituciones.
Prácticamente en un absolutismo o dictadura moderna, a quienes algunos han
empezado a llamar “dictocracia” porque no terminan de implantar un
totalitarismo tal y como se han implantado en otros países o en otros tiempos,
porque el mundo moderno, las relaciones comerciales y la globalización no se lo
permiten.
Venezuela es la cabeza de este ejemplo en Latinoamérica. El gobierno
represor tolera de algún modo a la oposición y disidencia y permite la
existencia de otros partidos políticos, a los que les da algunos espacios, como
curules en la Asamblea Nacional, alcaldías y algunas gobernaciones, para
lavarse la cara internacionalmente. Pero el control sobre todos los poderes del
Estado y sus Instituciones, lo tiene el régimen. Todos son apéndices del
ejecutivo, sin independencia y además se ha impuesto la militarización de las
instituciones y de la sociedad civil.
Ante esto, la importancia de las organizaciones no gubernamentales
(ONG). En Venezuela, existen múltiples organizaciones de la sociedad civil que
han venido trabajando, cada una de ellas en su tema específico, y que en los
últimos años nos han servido de referencia para conocer por ejemplo la
situación carcelaria, la situación social, la situación en el sistema de salud,
en la educación, el empobrecimiento, el crecimiento de la violencia, el aumento
de la represión, todas trabajando bajo los estándares que sobre Derechos
Humanos, mantienen los Organismos Internacionales de Protección.
A ellas acuden los ciudadanos para denunciar violaciones a sus
derechos, cuando no consiguen en las instituciones respuestas a sus denuncias.
Pero la labor más ardua es la defensa de las víctimas de violaciones de
derechos humanos, sobre todo cuando ocurren de forma masiva, como la violencia
carcelaria y la represión de las manifestaciones. El año pasado, estas dos
categorías fueron protagonistas. Todos conocemos los hechos.
A raíz del arduo trabajo de las ONG para asistir, defender y recopilar
los testimonios de miles de personas que sufrieron los excesos policiales, que
fueron víctimas de torturas y tratos crueles, o cualquier forma en la que se
puede manifestar la represión, bien sea en contra de la libertad de información
y de expresión o en contra de quienes asistieron médicamente a los heridos por
ejemplo, el régimen se ha dedicado a criminalizarlas, persiguiendo a sus
directivos y miembros, a quienes tilda de desestabilizadores y acusa de “mal
poner al gobierno en el exterior” o bien, de trabajar para el “imperio” o
recibir fondos del mismo.
Los funcionarios del régimen, que han despilfarrado el dinero de todos
los venezolanos, han recorrido el mundo para mostrarse como falsas víctimas,
porque según ellos, la oposición democrática – que ahora suma el 80% de la
población, que no tiene armas, que tiene hambre, que está en la calle exigiendo
seguridad, servicios públicos que funcionen, medicinas y asistencia
hospitalaria- les está exigiendo que dejen la demagogia y se pongan a trabajar.
Son estos 15 años de “revolución” los que han provocado la violencia. Ellos se
aferran al voto que los llevo al poder, en una votación por cierto bien
cuestionada y cuyos resultados todavía esperan respuestas por ejemplo, de la
impugnación presentada ante CIDH, para imponer su proyecto de poder, violando
la Constitución Nacional en todos sus artículos, conculcando los Derechos
Humanos y secuestrando los poderes y las instituciones públicas. Como dije al
principio, no basta con que los gobiernos sean elegidos por el voto popular
para describirse como democráticos, porque democracia es para empezar, la
garantía de que todos los derechos sean para todas las personas, sin
discriminación.
El régimen venezolano no necesita que nadie lo “mal ponga”
internacionalmente. Ellos, con todas las violaciones de derechos humanos que
han cometido, con todas las denuncias que han salido a la luz pública sobre
lavado de capitales, corrupción, narcotráfico, y fabricación de pasaportes para
personas en el extranjero ligadas a grupos extremistas, son los que se mal
ponen ante la comunidad internacional. Las ONG lo que hacen es una invalorable,
valiente e inagotable labor para de alguna forma proteger con sus denuncias a
todos los venezolanos que se sienten vulnerables o han sido víctimas de
violación de sus derechos humanos y que no confían y no creen en unas
Instituciones que no garantizan sus derechos. El trabajo de éstas
organizaciones hará que la historia no olvide lo que sucedió en estos años de
un nefasto proyecto de poder, que terminó convertido en una mezcla de todo lo
malo que arrastran los sistemas no democráticos del mundo.
El respeto y trato de los gobiernos hacia sus adversarios políticos,
hacia aquellos que reclaman sus derechos, a los presos, y a las ONG de DDHH es
directamente proporcional al talante democrático o antidemocrático que exhiben.
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