Ysrrael Camero 14
de abril de 2015
Varios
proyectos coexistían en la nueva elite política que alcanzó el poder en
Venezuela a principios de 1999. Había dentro del denominado Polo Patriótico una
mixtura aluvional bastante diversa, desde antiguos náufragos del socialismo
real, algún admirador de Corea Del Norte, mucho oportunista que veía la
posibilidad de cambiar una hegemonía por otra, alguno que otro perezjimenista,
y muchos creyentes o crédulos, de buena o de mala fe, que apostaban por una
revancha que torciera el rumbo de la República.
Pero
el aluvión se fue depurando con el tiempo, dejando desnuda la tensa
coexistencia de dos proyectos de poder que comparten objetivos y métodos,
aunque difieran en su historia previa. Primero, aquel representado en un
conglomerado de dirigentes de la ultraizquierda, enamorados en su momento del
socialismo real, bien sea la versión cubana o la soviética primigenia, y
entrampados ahora en lo que consideran su “oportunidad histórica”; y segundo,
aquel representado por los sobrevivientes del núcleo duro del proyecto
original, el del Samán de Guëre, quienes vestidos de verde olivo decidieron
embarcarse a fines del siglo XX en la pervivencia tardía del rancio
militarismo, escudado en la retórica de un bolivarianismo rimbombante.
¿Qué
terminó uniendo a ambos proyectos de poder hasta fundirse en uno solo? La
respuesta puede encontrarse tanto en el objetivo común de construir una
hegemonía permanente y absoluta como en la disposición de hacer uso de
cualquier método, por más autoritario que sea, para mantener y consolidar el
poder.
Rojos
y verdes pretendieron fundirse en una simbiosis política inestable, pero en esa
mixtura autoritaria el militarismo verde olivo fue cubriendo con su manto al
bermellón totalitario, hasta marcar su ritmo y cadencia final. El fracaso del
socialismo real deja al bolivarianismo-militarista dominante en el escenario.
El
proyecto verde oliva, la revivificación del militarismo perezjimenista, puede
ser rastreado hasta el inicio de la crisis del régimen democrático, aunque
tenga viejos precedentes. Todo empezó a construirse en 1983, cuando se conformó
una secta o logia militar alrededor del Samán de Güere, el denominado
Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Acá no hay nada original, si nos
atenemos a los rituales del militarismo latinoamericano, un grupo de militares
se constituyen en secta para conspirar contra la democracia, es decir, contra
el régimen civil.
Las
primeras apariciones públicas del chavismo fueron las asonadas golpistas del 4
de febrero y del 27 de noviembre de 1992. Dos violentos golpes militares contra
el régimen democrático. La participación civil en estos hechos fue
prácticamente nula. Será en 1997 cuando decidieron emprender el camino del voto
para lograr lo que no pudieron con las balas. Aunque el discurso sobre la Constituyente
fue dominante durante la campaña presidencial de Chávez en 1998, fue recurrente
la apelación a la imagen militar de fuerza y mando, incluso se hizo presente
alguna nostalgia perezjimenista.
¿VENEZUELA ES UN CUARTEL?
En
medio del vendaval de transformaciones políticas desatadas en 1999 las acciones
militaristas de la Presidencia no generaron suficiente atención. Generalmente
se señalaba que Hugo Chávez apelaba a lo que conocía, el universo militar, por
su ignorancia de la política civil. Pero rápidamente el rol de los militares
cambiaría, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el político.
El
27 de febrero de 1999 es lanzado el Plan Bolívar 2000, colocando a las Fuerzas
Armadas como responsables directos de la ejecución de programas diversos de
acción social, convirtiendo a guarniciones y cuarteles militares en centros de
distribución de ayudas sociales a la población más vulnerable. La
discrecionalidad y la falta de institucionalidad propiciaron tanto la
corrupción de esta iniciativa como la creación de “liderazgos” militares en
comunidades que recibían ayudas directas. Esta política nunca pudo ser auditada
por los civiles. Esta militarización de los programas sociales se ratificó con
la creación del Fondo Único Social (FUS) en noviembre de 2001 que también se
colocó en manos militares, fundiendo en su seno otra cantidad de programas de
ayuda y asistencia.
La
nueva Constitución, aprobada en diciembre de 1999, abrió paso al proceso de
militarización de la sociedad. Es necesario destacar cuatro aspectos clave de
la Carta Magna en ese sentido. Primero, el reconocimiento del derecho del voto
para los militares. Segundo, la restauración del fuero militar y el reconocimiento
constitucional de un sistema de seguridad social propio. Tercero, la
eliminación del carácter “apolítico” de la institución militar, lo que abrió
las puertas a una nueva politización de las Fuerzas Armadas. Cuarto, como parte
del proceso de desinstitucionalización que acompañó la militarización, los
ascensos militares de los altos oficiales, que en la Constitución de 1961 se
encontraban en manos del Senado, pasan a las manos del Presidente de la
República.
En
este marco, desde 1999 cada desfile militar se convirtió en ocasión para
expresarle al país la destrucción institucional de las fuerzas militares, su
sujeción a un liderazgo carismático y su conversión, progresiva pero sostenida,
hacia una guardia pretoriana del Presidente, en una primera etapa, y luego a
una estructura política de poder dentro de la Revolución, con objetivos de
control político y represión, a la orden de una pequeña facción gubernamental.
Norberto
Ceresole, asesor argentino del Presidente Chávez, señalaba como clave en el
régimen político que se estaba construyendo la relación Líder-Ejército-Pueblo,
que implicaba la disolución progresiva de las organizaciones intermedias, para
someter a la sociedad a una sola estructura de mando vertical. Esta concepción
impregnó en la práctica al régimen venezolano.
EL TUTELAJE MILITAR Y LA CREACIÓN DE LAS REDES DE
DEPENDENCIA
A
lo largo de estos quince años se ha creado un entramado jurídico que amplía las
facultades y atribuciones de los militares en actividades que tradicionalmente
han estado vinculadas a los civiles, pero en términos que nos hablan de la
creación política de nuevas relaciones de tutelaje militar, de dependencia y de
restricción de libertades fundamentales.
En
diciembre de 2000 se aprueba la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación,
permitiendo la creación de Zonas de Seguridad, con las cuales se militariza
cerca de una tercera parte del territorio nacional, impidiendo la realización
de manifestaciones públicas ni “perturbaciones del orden”.
Luego
de la crisis de 2002, el gobierno apela recurrentemente al discurso de la
unidad cívico militar. Emerge una nueva Doctrina Militar Bolivariana en 2004
que pretende reforzar dicha unidad, ratificando una relación de tutelaje. En
mayo de 2004 Chávez anuncia un nuevo plan de defensa del país basado en la
creación de unas milicias populares bajo el mando de la Fuerza Armada. En
diciembre anuncia la puesta en práctica de nuevos manuales revolucionarios para
la FAN.
En
2005 el Estado compra por 54 millones de dólares 100 mil fusiles AK-103 al
Estado ruso. El Convenio implicaba transferencia tecnológica para construir en
Venezuela, 25 mil Kalashnikov y 60 millones de cartuchos al año. A comienzos de
abril de 2010 Vladimir Putin señala que las compras de armas del Estado
venezolano ya superaban los cinco mil millones de dólares.
El
10 de enero de 2007 Chávez usa el slogan “Patria, Socialismo o muerte”,
apelando nuevamente a la imagen bélica castrense para definir una línea general
de política. Ese mismo año le planteó al país un Proyecto de Reforma
Constitucional con claras propuestas militaristas, donde se planteaba la
modificación de los artículos 328 y 329 de la Constitución para incorporar al
Ejército a las labores de seguridad ciudadana y de orden interno. Se
identificaba a la FAN con una “doctrina militar bolivariana” y se designaba a la
Reserva como “milicia nacional bolivariana”. Esa misma planteaba la
politización de la FAN al definirla como “cuerpo esencialmente patriótico,
popular y antiimperialista”. En su artículo 11 le entregaba al Presidente de la
República el poder de “decretar Regiones Estratégicas de Defensa (...) en
cualquier parte del territorio”. La propuesta fue derrotada en referéndum pero
la política de militarización y el proyecto totalitario siguieron avanzando.
En
2008, Carlos Freites Reyes, Comandante de la Milicia Nacional, aseguró que los
miembros de los Consejos Comunales pertenecerían a estas unidades
militarizadas, proyectándose el adiestramiento de cincuenta mil consejos
comunales en una década.
En
2009 se aprueba una Reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, creando “Cuerpos de combatientes” en las empresas públicas y
privadas, para “asegurar la integridad y operatividad de las instituciones”. Se
incorpora en el artículo 5 de la reforma a la Milicia como componente de la
FANB.
En
mayo el diputado Ulises Daal, miembro de la Comisión de Participación de la
Asamblea Nacional y redactor de la Ley de Propiedad Social, propuso la
obligatoriedad de recibir instrucción militar para quienes sean parte de las
estructuras productivas de Propiedad social. El 27 de septiembre de 2009 el
Presidente Chávez ordena la creación de milicias campesinas.
En
2010, Jacqueline Faría, jefa de Gobierno del Distrito Capital, promueve la
formación de “guerrillas comunicacionales”, unidades de 25 jóvenes estudiantes,
con indumentarias y códigos militares-guerrilleros para fortalecer una
“hegemonía comunicacional” del Estado. El 11 de abril de 2010 se juramentaron
en Caracas 35 mil milicianos para la “defensa de la soberanía”, se proyectaba
la formación de doscientos mil para finales de ese año.
Casi
un año después, el 24 de marzo de 2011 se aprueba el “Plan Integral de
Educación Militar” que establece como “eje integrador del Sistema Educativo
Nacional” la denominada “Educación para la Defensa Integral”.
El
25 de octubre indígenas del Estado Bolívar retienen a 19 militares que estaban
realizando actividades de minería ilegal. Seis líderes indígenas, incluyendo a
Alexis Romero, empiezan a ser juzgados por tribunales militares.
El
21 de noviembre Chávez propone la creación de “milicias estudiantiles”,
solicitando incorporar entre los objetivos del “Polo Patriótico Estudiantil”,
temas como los de la defensa territorial, incorporando a estudiantes a las
“milicias territoriales”.
Según
el Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI), durante 2011
Venezuela llegó a ser el país latinoamericano que más gastó en armamentos, con
560 millones de dólares.
MADURO:
MILITARISMO REFORZADO
Bajo
el gobierno de Nicolás Maduro se hace costumbre tanto la denominación del Alto
Mando Político de la Revolución como la calificación del proceso como de
cívico-militar. Esto se confirma en la asignación del presupuesto. En 2013 el
Ministerio de la Defensa se mantiene como la cuarta institución que más recibe
dinero en el país. El incremento presente en el Presupuesto supera en conjunto
los ministerios de alimentación, agricultura, vivienda, deporte, cultura,
juventud, mujer, pueblos indígenas y Defensoría del Pueblo.
En
mayo de 2013 Nicolás Maduro lanza el Plan “Patria Segura”, militarizando las
labores de seguridad ciudadana. Ese mismo mes, durante un acto, Maduro ordena
crear las milicias obreras, “uno o dos millones de obreros uniformados,
armados, preparados para la defensa de la Patria”.
En
una investigación de Eduardo Guzmán Pérez y Francine Jácome revelaron en
diciembre de 2013 que alrededor de 1.614 militares de distintos rangos, entre
activos y retirados, habían desempeñado o ejercían cargos en la Administración
Pública. El 28 de diciembre de 2013 sale al aire la “Televisora de las Fuerzas
Armadas”, incluida en la programación por cable.
En
junio de 2014 circula la Gaceta Oficial 40.440 con la “Ley de Registro y
Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación”, estableciendo la
obligatoriedad de la inscripción en un registro militar.
El
5 de julio de 2014 el discurso de Vladimir Padrino López, Comandante
Estratégico Operacional de la FANB, es saludado por altos dirigentes del
oficialismo, como la ratificación de una nueva doctrina militar bolivariana
para Venezuela, ratificando elementos autoritarios de tutelaje sobre la
sociedad, ocultos bajo la confusa terminología del pueblo-soldado y de la
noción de la guerra de “todo el pueblo”, asimismo apelo a conceptos de guerra
interna contra la disidencia política.
En
el mismo mes de julio de 2014 el Comité de Derechos Humanos de La Guajira se
pronunció contra la militarización de los territorios indígenas del Zulia bajo
la excusa de la “lucha contra el contrabando”.
En
febrero de 2015 se promulga la Resolución 8.610 del Ministerio de Defensa,
reglamentando la represión militar contra las manifestaciones públicas,
permitiendo el uso de la fuerza letal. El proceso de securitización avanza a
pasos agigantados con este documento, que ratifica a la Fuerza Armada como
responsable del mantenimiento del orden público. En el mismo mes de febrero se
publica un Reglamento de Contrainteligencia que permite la búsqueda de enemigos
internos entre los ciudadanos, en el marco de una nueva política militar.
Un
gobierno que pierde rápidamente su popularidad, sin contar con un mínimo de
solidez institucional, con una escasa gobernabilidad, está tentado de colocarse
bajo la tutela de la Fuerza Armada. Esta debilidad de Nicolás Maduro ha
contribuido al fortalecimiento del militarismo bajo su gobierno.
Hoy
en día tenemos un Presidente de la Asamblea Nacional que es militar, y que
trata al Parlamento como si fuera un cuartel. Dentro del Poder Legislativo
tenemos muchos representantes que son militares. Tenemos más de una docena de
gobernadores de origen militar, desde Zulia hasta Nueva Esparta y Bolívar,
pasando por Táchira, Vargas, Guárico, Carabobo, etc., así como otros tantos
alcaldes, confirmando la militarización del poder.
Los
militares tienen el control de las aduanas, como parte de la supuesta lucha
contra la “guerra económica” han incrementado su presencia y poder en la
distribución de alimentos en todo el territorio nacional. Si a eso sumamos la
impunidad con la que actúan el escenario está montado para la expansión de la
corrupción y la arbitrariedad. Esto nos lleva al viejo adagio latino de
Juvenal: ¿Quién vigila a los vigilantes? (Quis custodiet ipsos custodes).
EL PROYECTO DEMOCRÁTICO: VENEZUELA, UNA REPÚBLICA
Desde
1983, pasando por 1992 y 1998, por la crisis de 2002 y la radicalización del
período 2005-2010, el proyecto militarista, vinculado a los “Comandantes del 4
de febrero”, fue avanzando en su implantación de un sistema de tutelaje militar
sobre la sociedad, debilitando a todas las fuerzas que podían limitar la
concentración de poder.
A
lo largo del siglo XX la lucha entre el proyecto nacional democrático y el
militarismo recorre no solo la historia venezolana sino toda la historia de
América Latina. La decadencia de los partidos políticos, el debilitamiento
institucional del Estado venezolano, es el trágico correlato de la
entronización del proyecto militarista a principios del siglo XXI. Devolver a
los militares a los cuarteles, caminar de nuevo hacia la civilización del
poder, será uno de los retos fundamentales de la transición a la democracia en
Venezuela.
Ysrrael
Camero
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