Miguel Méndez Rodulfo 17 de abril de 2015
Como se sabe, tres de las
principales universidades de Venezuela
(UCV, USB y UCAB) hicieron un gran esfuerzo coordinado durante 2014 para
realizar una encuesta, cuyo propósito fue determinar las reales condiciones de
vida de la población del país. Para lograr este objetivo se conformó un equipo
que llevó adelante el “Proyecto de Condiciones de Vida de la Población
Venezolana, Encovi 2014”, cuyos resultados, para el campo de la vulnerabilidad,
fueron analizados por Ángel Rangel. Este estudio arroja conclusiones muy
importantes que tienen que mover al gobierno nacional del país a tomar medidas
urgentes para preservar a la mitad de la población de los riesgos ante eventos
naturales que podrían causarles grandes calamidades; en este sentido, es de tal
magnitud el problema que es un asunto no sólo del gobierno, sino del liderazgo
político, de los gremios, las academias, las universidades y de la sociedad en
su conjunto, porque a todos nos afectará.
La encuesta concluye que 50,7% de la
población (15.200.000 personas) se puede considerar que están expuestos a
condiciones de muy alta vulnerabilidad ante amenazas naturales. Este dato crudo
es muy importante de tener en cuenta y debería mover a la concienciación de la sociedad venezolana acerca de la
gravedad de este hecho, sobre todo al liderazgo político, porque afecta la vida
de muchas personas y pone en entredicho la posibilidad de desarrollo del país.
Un dato adicional que arroja este estudio se refiere a que en 89% de los casos
no se dispone de sistemas de alerta en casos de emergencia y esto incluye a
todos los sectores de la sociedad venezolana; luego hay que concluir que el
país no dispone de medios que nos permitan anticipar y reaccionar tempranamente
frente a la contingencia. Otro dato significativo es que 86% de la población
(25.900.000 personas) es vulnerable socialmente ante las amenazas descritas.
Esto habla de la indefensión de la sociedad en el plano de la estructura y organización
social que debiera estar preparada, y contar con mecanismos de ayuda, para
afrontar y mitigar las calamidades.
Un hecho que resalta en la encuesta de
manera significativa es que 18% de la
población (5.392.775 personas que se supone pertenecen a la población
económicamente activa, con edad de trabajar) no tienen un empleo formal y
permanente. Este dato desnuda una de las grandes mentiras del gobierno acerca
de que el desempleo ronda el 8%. El régimen tramposamente siempre ha
considerado que cualquier persona que participe en alguna misión gubernamental,
es computada como empleada; igual que registra como empleados a los buhoneros y
demás personas que se desempeñan en la informalidad. Aunque para todos está
claro que un vendedor de películas en la autopista no tiene empleo, para el
gobierno esta es una persona ocupada, de allí la cifra de desempleo menor al
10%, algo que sólo se creen ellos.
Por otra parte 49% de los venezolanos
está expuesto a muy alta, o alta, vulnerabilidad económica ante el impacto de
amenazas naturales. Igual que para el caso social, el desamparo económico
frente a la ocurrencia de eventos calamitosos, es grave. Afecta a la mitad de
la población, la cual quedaría en la ruina financiera de ser víctima de un
acontecimiento de estos, sin recursos como afrontar la recuperación de la
salud, la vivienda, los enseres o el medio de trabajo. Otro hecho que llama
mucho la atención es que en materia de planificación y ordenación del
territorio, actividad fundamental a cargo de los gobiernos nacional y
regionales, existe un inexplicable “déficit de la variable riesgo” en los
planes que se formulan. O tomamos medidas a tiempo a las catástrofes nos
afectarán a todos.
Miguel Méndez Rodulfo
Caracas, 17 de abril de 2015
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