ORIOL GÜELL 19 de marzo de 2018
Una
empresa fantasma con sede en Sabadell (Barcelona), controlada por un
exfuncionario venezolano, ha obtenido millonarios beneficios con la compraventa
de alimentos básicos —arroz, aceite vegetal, azúcar, legumbres, leche en
polvo...— destinados a la población desfavorecida de ese país. MIR Importació i
Exportació SL ha conseguido contratos para vender al Gobierno de Nicolás Maduro
hasta dos millones de paquetes de comida procedentes de México y Colombia por
un total de 69,8 millones de dólares (56,8 millones de euros) mediante
contratos opacos adjudicados a dedo. Venezuela paga por cada paquete a 34,87
dólares, según los documentos consultados, y la empresa logra un margen por
unidad de entre el 25% y el 50%, según las distintas fuentes consultadas.
El
destino de los alimentos son las conocidas como “cajas CLAP”. Estas cuatro
letras son el acrónimo de Comité Local de Abastecimiento y Producción, una
controvertida política de reparto de comida a precio subsidiado iniciada por el
régimen bolivariano en 2016 para mitigar los graves problemas de abastecimiento
e inflación que sufre la población. Tras casi dos años en marcha, sin embargo,
los CLAP reciben duras críticas por su mala distribución —no llegan a muchas
zonas o lo hacen muy de vez en cuando— y por la mala calidad de algunos
productos. Un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad
Central de Venezuela, encargado por el medio digital de periodismo de
investigación Armando.info, ha revelado que la leche en polvo es en realidad un
sucedáneo que incumple los requisitos nutricionales fijados por la propia la
normativa venezolana. Los CLAP, además, han sido acusados de fomentar el
clientelismo —dependen de comités controlados por personas afines al régimen— y
han acabado por convertirse en un colosal negocio de unos 3.000 millones de
dólares para lucro de empresas como la de Sabadell y otras con sede en paraísos
fiscales.
MIR
Importació i Exportació fue creada en 2011 por un farmacéutico de L'Hospitalet
(Barcelona). Hace dos años, “tras tenerla casi inactiva desde el principio”,
este boticario decidió liquidarla. “Cuando fui a hacer los trámites, me dijeron
que había una persona interesada en comprarla. Me pagaron los gastos que me
había ocasionado y así pude recuperarlos”, recuerda. La operación se cerró en
otoño de 2016, justo cuando la política de los CLAP empezaba a despegar.
MIR
Importació i Exportació, sin embargo, no tiene trabajadores, ni despacho ni
siquiera teléfono propio en España. Todos los datos que figuran en el registro
mercantil son de una gestoría de Sabadell. Como accionista y administradora
figura una mujer de origen venezolano, vecina de la ciudad, que es hija de la
actual pareja del hombre que realmente ha gestionado (al menos hasta fechas muy
recientes) el negocio, Juan Vicente Roversi Thomas, que fue director de
Proyectos Especiales del municipio de Puerto La Cruz (Estado de Anzoátegui) al
menos hasta 2012. Una empleada de la gestoría confirma que esta prestó “varios
servicios” a Roversi, pero que ya han dejado de trabajar con él. “Si siguen
nuestros datos en el registro mercantil es porque no ha atendido nuestras
peticiones”, asegura esta empleada.
EL
PAÍS ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con Roversi a través de la gestoría
y de su entorno familiar. Tampoco los datos que figuran en los documentos de
MIR Importació i Exportació en Venezuela permiten acceder a él. En ellos hay
dos teléfonos, el de la gestoría de Sabadell y otro de Venezuela que atiende
una persona que asegura no saber quién es Roversi. La dirección de correo
electrónico no devuelve los mensajes.
Roversi,
según personas de su entorno, vive a caballo entre Sabadell y Venezuela. Tras
comprar MIR Importació i Exportació, logró una facturación inimaginable para
una empresa sin estructura ni experiencia. La sociedad firmó hace un año un
contrato con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior —organismo estatal
que centraliza las importaciones públicas— por 34,8 millones de dólares por un
millón de cajas CLAP. El contrato, como el resto de operaciones similares, ha
estado rodeado de una gran opacidad.
Según
información de la consultora Well Thought Consultants —dirigida por el
exministro de Alimentación Hebert García Plaza, que hoy vive en Estados Unidos
tras perder la confianza de Maduro y ser acusado de corrupción—, corroborada
por otras fuentes, ambas partes acordaron una segunda venta por las mismas
cantidades cuando la primera estuviera entregada.
La
actividad de Roversi ha dejado un importante rastro en las bases de datos de
tráfico marítimo de mercancías. Según los registros de Panjiva, empresa
especializada en el comercio internacional, MIR Importació i Exportació envió
el año pasado y hasta el pasado enero un total de seis cargamentos desde los
puertos mexicanos de Lázaro Cárdenas (en el Pacífico) y Veracruz (Golfo de
México) que, tras escala en Panamá, llegaron a Venezuela. Otros nueve envíos
salieron de los puertos colombianos de Buenaventura y Cartagena.
Fuentes
del sector, sin embargo, aclaran que “los envíos reales pueden ser muchos más,
ya que es común el uso de empresas intermediarias para que figuren en los
registros”.
UNA
FACTURA DE 3.000 MILLONES DE DÓLARES
Mantener
una dieta equilibrada se ha convertido en una odisea para millones de
venezolanos. Las políticas de Nicolás Maduro han provocado una inflación
galopante y problemas de abastecimiento en un país ya muy dependiente de las
importaciones. Hace dos años, ante el descontento de la población, Maduro
anunció el lanzamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción
(CLAP), que pretendían hacer llegar a los venezolanos comida a precio reducido,
preferentemente de origen nacional.
Venezuela,
sin embargo, ha tenido que recurrir masivamente a las importaciones para llenar
las “cajas CLAP”. El ministro de Alimentación, Luis Alberto Medina, anunció en
noviembre que ya han sido importadas unas 100 millones de cajas, cuyo precio
por unidad ronda los 30 dólares. Esto supone que Venezuela ha destinado unos
3.000 millones de dólares a una política que ha abierto enormes oportunidades
de negocio a personas bien relacionadas, ya que las compras no son transparente
ni salen a concurso público.
Ante
la enorme factura que los CLAP, Maduro ha prometido en los últimos meses
aumentar la producción nacional: “200.000 jóvenes irán al campo a producir
alimentos y yo les garantizo todo [...], vivienda dónde vivir y educación”,
anunció el pasado septiembre.
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