Fernando Camino Peñalver 25 de marzo de 2018
Una de
las tradiciones de los que comulgamos con la fe católica, es que en semana
santa los días miércoles de ceniza y viernes santo hacemos ayuno y abstinencia
de carnes rojas. Este año nuestra iglesia, a través de la Conferencia
Episcopal, flexibilizó esta obligación milenaria practicada por la mayoría de
nuestra población.
La
iglesia católica siempre solidaria con el sufrimiento de nuestro pueblo, está
consciente de la grave crisis alimentaria que padecemos debido a la escasez y a
la carestía de los alimentos. Señala la Conferencia Episcopal en su mensaje al
pueblo: “No se consiguen los alimentos y en otros casos, si los hay, es difícil
que se logren comprar por los precios exorbitantes”…“sabemos muy bien cómo está
la situación económica, no se puede pedir ‘hay que comer esto, hay que comer
aquello’.
En la
abstinencia de la semana mayor, la carne roja es sustituida por el pescado.
Este alimento se ha vuelto prohibitivo para la mayoría de nuestra población,
debido a su alto costo y a la desaparición de los mercados de las especies
comerciales, sobre todo las que podía adquirir la población de bajos recursos.
La
causa de la escasez y de la carestía de los alimentos de origen pesquero y de
la acuicultura, se debe a la política del gobierno de sustituir la producción
privada nacional por la actividad de empresas del gobierno y por la
importación. Estas dos alternativas a la producción nacional son imposibles de
cumplir debido a la ineptitud y a la corrupción en el manejo de las empresas
públicas y por otra parte a la incapacidad del gobierno de generar divisas para
importar.
En
1998 nuestra producción pesquera y de acuicultura fue de 523.000 toneladas,
cubríamos el consumo interno y exportábamos cerca de cuarenta mil toneladas,
generando un superávit de la balanza comercial pesquera de más de cien millones
de dólares y nuestra flota atunera era una de las más importantes del mundo.
Además del descalabro económico del sector, los platos rotos del ensañamiento
del régimen contra la pesca y la acuicultura los ha pagado nuestra población.
En 1998 consumíamos trece kilos de pescado por persona al año y el pasado año
apenas logramos consumir menos de cinco kilogramos. En 2017, la captura y la
producción de pescado descendió hasta unas doscientas mil toneladas.
Desde
el año 2001 el gobierno comenzó a aplicar medidas restrictivas al sector de la
pesca, pero el arponazo mortal se lo dio en 2008, con la aprobación de la Ley
de pesca y Acuicultura. Esta ley, a través de su articulado, le impuso al
pescador artesanal y a la pesca industrial, una serie de normas que afectan el
libre ejercicio de la producción. Mediante esta ley el régimen, de forma
totalitaria, interviene todas las actividades de la comercialización de los
productos de la faena de la pesca artesanal y empresarial, controlando los
precios y ordenando dónde y a quién deben venderle el fruto de su trabajo. Y
por si fuera poco, además le fijó una cuota que los obliga a hacer una “entrega
gratuita”
Para
revertir esta situación es necesario un cambio de sistema político, que
enfrente la emergencia humanitaria que afecta nuestra población y que asuma el
abastecimiento de alimentos como una política de estado. Esta política de
estado debe garantizar la seguridad alimentaria fundamentada en la producción
nacional sin posiciones autárquicas. Es determinante el apoyo al sector
pesquero y acuícola, ya que es una fuente de proteína importantísima para
población de bajos recursos. Además, esta actividad económica ofrece materia
prima con alto contenido proteico para la elaboración de alimentos balanceados
para animales. Este apoyo debe ser parte integrante de un Plan Agroalimentario
para el Pleno Abastecimiento de alimentos.
Para
la recuperación del sector pesquero y acuícola, es necesario garantizar la
seguridad jurídica tanto de los pescadores artesanales como de la pesca
industrial, así como de los consumidores. El punto de partida del marco legal
que estimule la propensión a invertir en la actividad, es la reforma o la
sustitución de la Ley de Pesca y Acuicultura, por un instrumento legal que
promueva la producción y deje de ser un estorbo al desarrollo productivo del
sector.
El
Estado debe estimular la actividad de los circuitos de la producción pesquera y
acuícola, apoyando los planes de producción que han diseñado sus integrantes.
Este apoyo debe traducirse en la gestión de líneas de financiamiento,
nacionales e internacionales, para proyectos de capital de trabajo y de
infraestructura para atender tanto al sector artesanal como al industrial y de
esta manera, promover la recuperación y la consolidación de la actividad.
En
esta semana santa cuando te falte el tradicional plato de pescado en tu mesa,
ten fe en la recuperación de nuestro país y ruega por nosotros los pescadores,
para que podamos tener el apoyo suficiente para volver a ser una referencia
positiva como productores y exportadores, en el ámbito nacional e
internacional.
Fernando
Camino Peñalver
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