Acceso a la Justicia 27 de marzo de 2018
La
reciente detención de doce personas vinculadas a la producción pecuaria en el
estado Apure retrató el debilitamiento de los derechos del sector productivo
nacional privado, debido al autoritarismo con el que ejerce el poder el
Gobierno nacional y que ahora se ha trasladado a los ámbitos regional y
municipal.
Cuatro
decretos emitidos por las gobernaciones de Guárico, Barinas, Apure y Cojedes
escalaron las medidas contenidas en leyes y resoluciones aprobadas en el pasado
por el fallecido Hugo Chávez, y luego ratificadas por el presidente Nicolás
Maduro, todas orientadas a hacerse del control de la producción nacional a
través de la regulación de precios, fijando cuotas de fabricación de rubros
básicos, implementando fiscalizaciones o aplicando “compras” que en realidad se
parecen más a confiscaciones.
En
este caso, las recientes acciones establecieron obligaciones al sector
pecuario, relacionadas con la venta de hasta 50% de su producción a las
autoridades regionales o locales a precios impuestos por estas últimas.
Debe
destacarse que ni las autoridades regionales ni las municipales tienen
competencia alguna para imponer estas restricciones a los productores, por lo
que tales actos, aunque se disfracen bajo el nombre de legales, son simples
arbitrariedades carentes de sustento legal alguno.
Sin
embargo, estas medidas no son más que otro reflejo de la política de control de
la actividad productiva impulsada por los Gobiernos de Chávez y Maduro, que ha
derivado en atropellos en contra de los derechos de quienes producen en el
país, ya que además de ser sometidos a severas fiscalizaciones para corroborar
el cumplimiento de la regulación de precios y estar obligados a enviar la
mercancía sólo a sitios autorizados, ahora debían responder a exigencias
adicionales a las que impone el ejecutivo nacional que implicaban ceder parte
de su producción a precios de gallina flaca.
La
irregularidad de la situación fue reconocida indirectamente por el propio
Gobierno, ya que ante lo ocurrido en las regiones llaneras, resolvió impedir
que las autoridades regionales y locales intervinieran en la distribución de
alimentos.
La
decisión le correspondió al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en su
carácter de jefe del Comando de Abastecimiento Soberano, quien emitió una
resolución en enero pasado con la que “exhortó” a gobernadores y alcaldes a que
dejasen de aplicar la retención de rubros alimenticios, pues estas acciones son
atribuciones exclusivas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Lo dicho
pone de manifiesto la anarquía que reina en el Estado venezolano, donde
alcaldes y gobernadores usurpan competencias que no tienen, mientras el Poder
Ejecutivo, que no conoce límites para reprimir manifestaciones pacíficas, en
este caso simplemente “exhorta” a las autoridades antes indicadas a que dejen
de hacer lo que ilegalmente estaban realizando. No hace falta ser adivino para
saber a qué grupo político pertenecen esos alcaldes y gobernadores y la razón
de este tratamiento tan tolerante ante tan manifiesta arbitrariedad.
Así
pues, tenemos que lo señalado pone de manifiesto el abuso institucionalizado
que reina en el país y que llevó a que las autoridades locales y regionales
desoyeran la orden de Padrino López, procediendo a ejecutar medidas calificadas
de confiscatorias por los afectados. Y lo son en la medida en que el “precio”
impuesto sea menor al costo de los mismos, imponiendo a los productores
producir a pérdida, afectando más todavía la mermada producción de alimentos
del país.
En el
caso de Apure, la situación desencadenó la detención temporal de dirigentes
gremiales y productores, quienes se negaron a entregar toneladas de queso a una
de las alcaldías de esta entidad que pretendía “comprarles” el producto lácteo
casi a un tercio del valor establecido.
Efectos
negativos
Lo
ocurrido en estas regiones forma parte del mismo modelo intervencionista que ha
adelantado el proceso revolucionario que inició Chávez y que continúa Maduro,
basado en un esquema de regulaciones que si bien le ha garantizado un férreo
control del aparato productor ha sido a costa de la progresiva reducción de la
producción.
Esta
forma de gobernar ha llevado a que el país padezca escasez estructural de
rubros básicos como alimentos y medicamentos, pero además de otros prioritarios
como materia prima agrícola e industrial, que ha obligado a la población a
modificar sus hábitos de consumo, realizar largas colas para adquirir una
mínima cantidad de productos o estar imposibilitado de comprar por el avance inflacionario,
que hasta febrero acumula un alza anualizada de más de 6.000%.
Un
aspecto que además se debe considerar es la arbitrariedad con la que se ejerce
el poder en Venezuela, agudizando la indefensión de la población, pues
pareciera que quienes tienen circunstancialmente un cargo por designación o
elección popular hacen lo que quieren, pasando incluso por encima de las
directrices del Gobierno central o las normas.
¿Y a
ti venezolano, cómo te afecta?
El
caos institucional que vive Venezuela se muestra en su total esplendor con lo
ocurrido en Apure, pues aunado al hecho de que los gobiernos locales tomaran
para sí competencias ejecutivas, ignoraron resoluciones emanadas por una
instancia decretada por la Presidencia.
El
descrito es sólo uno de los muchos ejemplos de cómo los controles estatales a
la economía han destruido la producción en Venezuela y han afectado a todos,
sea por la carestía que existe, sea por el aumento incesante de precios, por lo
que nadie puede decir que no haya sido afectado por una situación generada
desde el poder y que no pretende modificar a pesar de sus desastrosas
consecuencias.
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