Por José Guerra
En Prodavinci hemos
estado dando un debate sobre dolarización, reconversión monetaria e
hiperinflación, y el diputado José Guerra, economista, exdirector de
Investigaciones del Banco Central de Venezuela, profesor asociado de la Escuela
de Economía de la UCV y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea
Nacional, ha querido participar con este texto que a continuación publicamos.
La experiencia de 2007: el
bolívar fuerte
Mediante un Decreto Ley del 6
de marzo de 2007, en el marco de una Ley Habilitante, el Presidente Chávez
ordenó la realización de una reconversión monetaria consistente en la
eliminación de tres ceros a la moneda. Se trató de un proceso que duró nueve
meses en una acción de política económica que adoptó el Gobierno Central,
ejecutó el BCV y culminó el 31 de diciembre de 2007, con la implantación de una
nueva familia de billetes y monedas la cual comenzó a circular el primero de
enero de 2008. En ese proceso no hubo traumas en el sentido que tanto los
nuevos billetes y monedas, como los anteriores, estuvieron disponibles en los
bancos para ser dispensados al público en taquillas y en cajeros automáticos
durante los primeros días de enero de 2008. El billete de mayor denominación
fue el de Bs 100 equivalente aproximadamente a US$ 46,5 a la tasa oficial de
cambio y a US$ 25,0 a la cotización del mercado paralelo de divisas. A la
moneda se le denominó bolívar fuerte.
Desde el punto de vista
operativo, las autoridades del BCV siguieron los pasos apropiados para llevar
adelante la reconversión. Ya en junio se habían diseñado los nuevos billetes y
determinado su valor nominal para luego seleccionar en julio a las empresas
impresoras, dada las restricciones de la capacidad de producción de la Casa de
la Moneda de Venezuela para satisfacer toda la demanda de billetes, debido a
que su fábrica solo puede imprimir 450 millones de piezas al año trabajando dos
turnos diarios. De esta manera, en vista de los plazos establecidos por las
empresas para imprimir los billetes y acuñar las monedas, se realizó la
importación y, a la par, avanzaron los trabajos de adaptación de los sistemas
de computación del sistema bancario y de otros sectores de la economía a la
nueva denominación monetaria. Paralelamente, se ejecutó una intensa campaña
comunicacional para dar a conocer los nuevos billetes y las nuevas monedas, así
como el cambio en la escala numérica de la moneda. Algo similar se hizo con las
máquinas fiscales en los comercios.
En 2007 el BCV no tenía ningún
tipo de deuda con empresas proveedoras de piezas monetarias y la República
estaba al día en el pago de su deuda externa. El gasto en la impresión de
billetes fue significativo al ponerse en circulación a lo largo de 2008 la cantidad
de 1.285 millones de piezas lo que significó aproximadamente 47 billetes y
monedas por habitante. Para dotar a la economía de los billetes en 2008 el
gasto estimado fue de US$ 77 millones.
Sin embargo, es importante
destacar que desde 1996 y con énfasis en 2002, en el BCV se estuvo discutiendo
la necesidad de implementar una reforma monetaria, en el contexto de un
programa económico con el objeto de disminuir la tasa de inflación a un dígito
para lo cual una nueva unidad monetaria sería un complemento a ese programa.
Finalmente, en 2007, el Ejecutivo Nacional se decantó por una reconversión
monetaria en lugar de una reforma monetaria y fiscal de mayor alcance.
En una alocución en cadena
nacional de radio y televisión, realizada el 8 de marzo de 2007, el presidente
del BCV, Gastón Parra Luzardo, acompañado por los directores, puntualizó que la
reconversión monetaria contribuiría a fortalecer la moneda y a lograr la
estabilidad de precios. También expresó el presidente del instituto emisor que
con la reconversión monetaria el sistema de pagos ganaría eficacia al tiempo
que se reforzaría la confianza en el signo monetario. Habló el presidente del
BCV de un bolívar fuerte. Sin embargo, el entonces director del BCV, Domingo
Maza Zavala advirtió lo siguiente:
“Todavía estamos en proceso de
lograr que el crecimiento económico sea estable y continuo, todavía estamos en
lucha contra la inflación, hay tantas cosas pendientes todavía que tomar una
medida de esta naturaleza en este momento me parece que sería inoportuno,
tendría que estabilizarse una política fiscal bien equilibrada”.
Conviene puntualizar que desde
la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, cuyo presidente en 2006 era
Rodrigo Cabeza, quien posteriormente sería ministro de Finanzas, se hizo una solicitud
formal al BCV para que iniciara los estudios conducentes a la implantación de
una reforma monetaria. En este sentido, conviene citar los argumentos
esgrimidos en favor de tal reforma en el documento de la mencionada Comisión,
titulado La reforma monetaria: un punto de giro en la historia de la lucha
contra la inflación en Venezuela, de fecha 2 de agosto de 2006. Dice el
documento:
“Al comienzo de este periodo
legislativo (2006), la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela, elevó a consideración del Banco
Central de Venezuela, de manera muy respetuosa, la solicitud de realizar un
estudio, con el rigor técnico científico que tiene el Banco Central de
Venezuela, en relación a la posibilidad de que en Venezuela se realice una
Reforma Monetaria. El directorio del Banco Central de Venezuela, el 25 de enero
de 2006, por intermedio de su Presidente en una reunión de trabajo con esta
Comisión informó haber ordenado una investigación, un diagnóstico del tema
sobre la Reforma Monetaria en nuestro país”.
Más adelante definía el
alcance de la reforma en estos términos:
“Tampoco se trata de una
simple operación de reducción de ceros a la moneda, como han señalado algunos
desconocedores de la propuesta o simplemente opositores recurrentes a lo que
dice y hace el Gobierno Bolivariano o la Asamblea Nacional. No obstante, es
obligante la corrección monetaria por la existencia de billetes de alta
denominación, hecho originado en la inflación y las devaluaciones sucesivas,
durante los últimos 25 años. La idea de una reforma monetaria no es una mera
cuestión de política monetaria, se inscribe en la política económica-social que
adelanta el Gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías que coloca el crecimiento
sostenido, el aumento de la productividad, la creación de empleos y la
recuperación del capital humano, entendida como la inclusión social y la
calificación técnico-científica de la fuerza de trabajo, en un escenario de
baja inflación”.
Entre las bondades que se atribuirían
a la reforma propuesta por la Comisión de Finanzas del parlamento estaban:
“En primer lugar, la economía
venezolana muestra desde el año 2004 avances significativos en el manejo
macroeconómico, en especial y particularmente, en lo que corresponde al control
de la inflación. Ciertamente, no hemos derrotado la inflación, pero es
imposible ocultar que se ha instalado un proceso de desaceleración de la
inflación en Venezuela en los últimos 3 años. Este proceso de desaceleración de
la inflación se ha logrado utilizando la política que la ciencia económica
considera es la mejor medicina, el mejor paliativo contra la inflación:
crecimiento de la producción y de la productividad. Un segundo elemento de
nuestra fortaleza se refiere al carácter de la política económica
heterodoxa adelantada por el Presidente Hugo Chávez y su equipo ministerial.
Esta no se detiene sólo en los llamados ‘equilibrios macroeconómicos’
sacrosantos. En tercer lugar, otro elemento de nuestra fortaleza se expresa en
el sector externo. Estos años hemos bajado la vulnerabilidad de la economía
venezolana en relación al sector externo, de una parte porque hemos adelantado
una política de reducción del peso de la deuda en el presupuesto y de la
disminución del saldo de ella”.
El primer objetivo fue
ambicioso, como se comentará más adelante, y se enunció así: “El primer
objetivo es estratégico, reducir la inflación a un dígito anual, hablando de un
nuevo bolívar que mantenga intrínseco su valor y restablezca el valor
fiduciario del dinero”. En concreto se habló de alcanzar un 3% de inflación
anual. Entre otros elementos con la reconversión, se buscaba la reducción del
cono monetario, es decir, disminución de la tenencia per cápita de papel
moneda, simplificar el manejo de cantidades, por parte de las personas e
instituciones públicas y privadas y facilitar los procedimientos contables y de
registro de cifras, del sistema financiero, de empresas públicas y privadas,
disminuyendo los gastos operativos y produciendo importantes ahorros en la
economía en términos de tiempo y recursos.
La tasa de inflación en
Venezuela había mostrado un nivel de inercia considerable desde finales de los
años noventa no obstante el anclaje de la tasa de cambio, según la evidencia
empírica documentada en el libro Estudios Sobre la Inflación en Venezuela,
compilado por José Guerra en 2002. En el año en el cual se anunció la
reconversión monetaria (2007) la inflación venía registrando una aceleración
que la ubicó en 22,5%, cinco puntos porcentuales mayor que el año previo mientras
que las tasas de inflación en los cuatro años siguientes a la reconversión
fueron mayores que en 2007, lo que evidencia la neutralidad de la reconversión
monetaria con relación a los precios.
Adicionalmente, el déficit
fiscal persistió y el BCV a través de prácticas contables cuestionables
financió al fisco con impresión de dinero, aunque éste no era el instrumento
fundamental para cerrar la brecha fiscal sino más bien el endeudamiento.
Resultaba imposible alcanzar niveles de inflación en el entorno de un dígito,
como se propuso la reconversión, con un déficit fiscal recurrente y creciente.
La política macroeconómica
seguida con la reconversión monetaria claramente tenía una inconsistencia,
derivada del hecho que se procuraba anclar la economía con un tipo de cambio
fijo en medio de un sistema de control de cambio, mientras que las políticas fiscal
y monetaria seguían un curso claramente expansivo, lo que fue alimentando un
proceso inflacionario persistente. La tasa de inflación no resultó mayor debido
a que el endeudamiento y las importaciones debido a las elevadas cotizaciones
del petróleo, jugaron un rol de contención del aumento esperado de los precios.
En la medida en que la
inflación no bajaba, el cono monetario perdía cada vez más valor y las piezas
de menor denominación fueron depreciándose, volviéndose inútiles para las
transacciones cotidianas. La respuesta del BCV consistió en seguir emitiendo
más de los mismos billetes con un costo enorme, cuando ha debido plantearse al
menos desde 2012, la necesidad de emitir billetes de mayor denominación (los
cuales estaban previstos desde 2007), en virtud de la acelerada pérdida de
valor de los billetes, como consecuencia de la inflación, y que se tradujo en
la necesidad de imprimir una cantidad inédita de piezas, tal como se aprecia
seguidamente.
Esa tardanza determinó que al
cierre de 2016 el billete de Bs 100, el de mayor denominación, apenas
conservaba el 2% de su capacidad adquisitiva a los precios de 2007 como se
ilustra en el gráfico que sigue. La función económica de los billetes y monedas
sufrió así un colapso desde 2015 e hizo explosión en 2016, cuando fue palpable
que los billetes en circulación eran insuficientes. Esta situación se agravó
cuando el gobierno decretó el 12 de diciembre de ese año la extinción en un
plazo de setenta y dos horas del billete de Bs 100, lo que ocasionó un
auténtico caos en el país. A los pocos días, anunciaron un nuevo cono monetario
sin que estuviesen disponibles los billetes.
En vista de la
disfuncionalidad del cono monetario, visible ya desde 2012, la mueva mayoría en
la Asamblea Nacional, en particular la Comisión de Finanzas, adelantó un
estudio en marzo de 2016, del cual se dedujo una propuesta a ser elevada ante
el BCV con el objeto que se procediera de forma perentoria a la actualización
del cono monetario debido a las dificultades que el mismo estaba generando a la
economía. Efectivamente, se valoraba los costos recesivos asociados a las
transacciones que no se podían realizar por la falta de efectivo y también los
vinculados a la frecuencia de uso en las taquillas y cajeros para retirar el
limitado efectivo existente, dado los niveles de inflación. El resultado en
términos de la tasa de la inflación durante la primera reconversión monetaria
fue decepcionante al acumularse un alza de los precios de 5.700% entre 2008 y
2017.
La nueva reconversión
monetaria: antesala de la próxima
En cadena de radio y TV el
presidente Nicolás Maduro anunció el 22 de marzo de 2018, una nueva
reconversión monetaria, similar a la realizada en 2007, al eliminar tres ceros
adicionales al cono monetario y que el nuevo grupo de monedas y billetes
entraría en circulación el 4 de junio de 2018. El decreto que le da soporte
jurídico fue publicado en la Gaceta Oficial No 41.336 del 22 de marzo de 2018.
Es importante destacar que esa normativa emitida por el presidente de la
República carece de legalidad por cuanto el mismo se fundamenta en el Decreto
de Emergencia Económica el cual no fue autorizado por la Asamblea
Nacional de acuerdo con el artículo 338 de la Constitución vigente. La única
posibilidad que tiene el presidente para dictar un decreto con rango de ley es
que esté habilitado por el parlamento para ese propósito y no lo está. De igual
manera, el artículo 156, numeral 11 de la Constitución pauta que lo relativo a
la moneda constituye reserva legal y por tanto cualquier cambio debe hacerse
con una ley.
Posteriormente el presidente
del BCV, Ramón Lobo declaró que para el 3 de junio todos los billetes del cono
monetario anterior deberían estar recogidos para ser reemplazados por los
nuevos. Al momento del lanzamiento de la reconversión, el billete de mayor
valor nominal sería el de Bs 500 que a la tasa de cambio oficial representaría
US$ 11, en tanto que a la tasa de cambio paralela equivaldría aproximadamente a
US$ 2,5. A este bolívar se le denominará bolívar soberano. A continuación se
presenta la cronología de las sucesivas modificaciones del cono monetario.
En febrero de 2018, según las
cifras publicadas por el BCV había en circulación 15.558 millones de billetes
de los cuales 2.634 millones corresponden a la actualización del bolívar fuerte
que se inició en enero de 2017. Un primer problema operativo con esta segunda
reconversión estriba en el hecho que el lapso para el acoplamiento entre la
fecha estimada para recoger los billetes y la impresión de nuevos billetes en
cantidades suficientes, no parece adecuado por cuanto parece imposible que en
apenas 60 días el BCV pueda simultáneamente retirar de circulación los billetes
viejos y emitir los nuevos en cantidad suficiente. Esto es más grave si se
considera que el tiempo que media entre el diseño e impresión de una masa
importante de billetes en una casa de la moneda del exterior es de tres meses.
Salvo que los billetes se hayan mandado a imprimir, por lo menos en febrero de
2018.
A ello hay que agregar dos
restricciones adicionales: la distribución de las piezas en el sistema bancario
y la puesta a punto de los cajeros automáticos para la provisión de los
billetes. En el primer caso, la flota de vehículos de las empresas de
transporte de valores y dinero está mermada por la obsolescencia y problemas
mecánicos. En el segundo caso, la calibración de la red de cajeros automáticos
y otras máquinas para que reconozcan los nuevos billetes y los puedan
dispensar, demora al menos dos meses.
Un segundo problema guarda
relación con los costos de emisión de los billetes. La planta de la casa de la
Moneda de Venezuela tiene una capacidad de producción muy inferior a lo que se
requiere para sustituir completamente los billetes y los que se imprimen allí
se hace con materia prima totalmente importada. Por tanto, el escenario más
probable es aquel donde el BCV tenga que importar masivamente billetes durante
abril y mayo de 2018 para poder dotar a la economía de las piezas suficientes
para el 4 de junio, fecha prevista para el comienzo de la circulación de los
nuevos billetes.
Esto ocurre en un momento en
que empresas impresoras como De La Rue solicitaron en el pasado reciente el
pago por deudas pendientes. En efecto, según comunicación del 8 de marzo de
2016 dirigida a José Khan, director del BCV, la empresa De la Rue International
Limited, exigía que se le pagase US$ 71.421.030 antes del 24 de marzo de 2016
más el cierre de garantías por US$ 97.626.958 por concepto a contratos de
suministros de billetes y papel para pasaporte. Ello sugiere que el crédito del
BCV con esa y otras empresas debe estar severamente afectado, por lo tanto
debería pagar de contado en un contexto en que las reservas internaciones del
ente emisor están en su mínimos históricos, en particular su fracción líquida.
A ello se suma la restricción de financiamiento externo debido al default de la
deuda externa.
Con un supuesto razonable de
mantener 40 billetes por habitante para el lapso julio a diciembre de 2018,
algo inferior a los 46 billetes por persona durante 2008, se requerirán 636
millones de billetes para cerrar 2018. Ello a un costo de seis centavos de US$
por cada pieza, implicaría una erogación de US$ 38,1 millones, sin incluir los
costos de fletes y seguros más los gastos de distribución. Para los años
sucesivos habría que gastar un monto sustancialmente mayor.
De allí se deriva el tercer
problema, el de la inflación estimada para 2018 en vista de la hiperinflación
que experimenta la economía, lo cual hace una diferencia fundamental con 2007.
Tomando en cuenta una tasa de inflación de 50% promedio mensual entre julio y
diciembre de 2018, el valor real de los billetes de Bs 500, Bs 200 y Bs 100, se
reducirían sustancialmente como se muestra en el gráfico siguiente. Una tasa de
inflación de 40% no haría gran diferencia ni cambiaría la tendencia.
Esto sugiere que de seguir la
hiperinflación por 6 meses más, a partir de junio de 2018, habrá que emitir
billetes de mayor denominación o hacer una nueva reconversión monetaria porque
replicar lo ocurrido entre 2012 y 2016 donde se prolongó excesivamente la
vigencia del como monetario del bolívar fuerte, sería extremadamente costoso e
ineficiente para la economía.
Llama la atención la elección
del día 4 de junio para proceder a la introducción de la nueva moneda. Adoptar
la medida en medio del año comercial, calendario y fiscal, implicaría,
necesariamente, que para efectos tributarios y corporativos las empresas deban
llevar una contabilidad dual hasta el cierre de sus años comerciales, en su
mayoría el 31 de diciembre de 2018, pero en algunos casos el 31 de marzo de
2019.
Igualmente, no hay
antecedentes para el manejo de presupuestos con cambios de unidad monetaria en
medio de los ejercicios. Muchos de estos temas tuvieron soluciones
relativamente eficaces en 2007 debido a que el Bolívar fuerte entró en vigencia
coincidiendo con el año calendario y fiscal, el 1 de enero de 2008. También se
aprovechó que ese día fue, como es costumbre, feriado, así como los tres días
previos, para realizar los últimos ajustes requeridos en los sistemas de
computación.
Finalmente, hay un conjunto de
otros asuntos de orden operativos que el plazo de implantación del bolívar
soberano no ha contemplado adecuadamente tales como los cambios en los sistemas
de computación de los bancos, el entrenamiento del personal, la adaptación de
las maquinas fiscales, la necesidad de reparar cajeros, la dotación de más puntos
de ventas para minimizar el uso del efectivo, entre otros. A ello se agrega la
virtual imposibilidad del pago con la nueva familia de billetes y monedas de la
gasolina, el metro y otros servicios públicos con precios excesivamente bajos.
29-03-18
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