La recurrente protesta de las personas jubiladas y pensionadas, se suma a la espiral de conflictividad social que caracteriza una coyuntura marcada por una horrorosa crisis económica en Venezuela. Si bien la demanda por trato digno es una constante de la población de la tercera edad presente también en países de la región y otros continentes, es sobre todo en Venezuela donde el salario mínimo como parámetro de base referencial perdió su esencia.
Es un estándar internacionalmente admitido que el salario y el ingreso mínimo vital, deben ser suficientes para vivir de manera digna. Por su parte, la idea de vida digna implica contar con una serie de condiciones indispensables para satisfacer distintas necesidades y disfrutar del bienestar. Por ello, a los tradicionales conceptos de riqueza y desarrollo económico, se incorporan como referencia, especialmente, los índices de calidad de vida. En otras palabras, no se trata sólo de la productividad asociada a los niveles de comercialización, facturación e intercambio financiero, movimientos bursátiles y reservas en oro. Ni es la concentración de personas multimillonarias por país.
La calidad de vida es, significa, para toda la gente, acceso a la alimentación, salud, agua, vivienda, trabajo digno, seguridad social, ambiente sano, y al ejercicio de derechos culturales. Implica transporte y vialidad, electricidad, seguridad personal, comunicación telefónica y telemática, arte, felicidad, entre otros factores. Sin embargo, contar con estas condiciones, incluso en términos mínimos o básicos, requiere devengar mucho dinero en Venezuela, ya que la inflación las hace cada vez más difíciles y lejanas.
Con un salario mínimo que no garantiza acceder a esas posibilidades, se vienen produciendo daños irreparables y se deteriora la vida humana, en su sentido más amplio. Uno de los daños más dolorosos se les causa a las personas pensionadas y jubiladas, muchas de ellas solas, tristes. ¡Pobreza absoluta!
