Acaba de culminar el llamado Congreso del Bloque Histórico, fachada del Psuv donde se acordó que Venezuela será un Estado comunal. ¿Qué significa eso? Ni sus propios proponentes lo saben. Tienen una confusión mental difícil de explicar.
Lo que han expresado algunos escribas van desde lo sublime a lo ridículo con frases como estas: «se creará un Estado comunal que trata de la inclusión de las comunidades organizadas en la estructura del Estado para participar en las políticas sociales y de desarrollo».
Alguien con toda razón preguntaría en buen venezolano, ¿cómo se come eso?
Según una de las propagandistas más activas del Psuv, se recibieron más de 500 mil propuestas para dibujar la Venezuela a corto, mediano y a treinta años. Según ella, se trataría de acabar con el Estado burgués. Sí, 500 mil propuestas. ¿Cómo se va a procesar semejante esfuerzo humano? No se sabe.
Un planteamiento similar a ese, aunque ciertamente con mayor elaboración, fue rechazado por el pueblo venezolano en el referendo de 2007 sobre la reforma constitucional.
Además, antes y durante el año 2010 en el contexto de una Ley Habilitante, el presidente Chávez aprobó un conjunto de leyes con ese propósito y las mismas han quedado archivadas aunque otras han causado un daño enorme. Pueden citarse la Ley Orgánica de los Consejos Comunales del 28 de diciembre de 2009, la Ley Orgánica del Poder Popular del 21 de diciembre de 2010, la Ley Orgánica de las Comunas de esa misma fecha y la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones del 15 de junio de 2012. Leyes no han faltado.
Lo más curioso de este congreso es que el Psuv se abroga la vocería del pueblo, un pueblo que el 28 de julio de 2024 les propinó con el voto una paliza monumental, a tal punto que todavía el CNE no ha publicado los resultados de esas elecciones y amparado en una decisión francamente descabellada de la Sala Constitucional del TSJ, Maduro se apresta por la fuerza a erigirse como presidente.
Estos regímenes con deriva dictatorial suelen invocar actos fundacionales, como si la historia comenzará con ellos. Lo cierto es que con Maduro la democracia es meramente decorativa y la ha falsificado hasta el punto de usar la represión, desconocida en Venezuela, para sostenerse en el poder con violencia empleando para ello a sectores del aparato militar policial.
El marxismo, que se supone es la ideología que guía al gobierno, cuando habla de la transición al socialismo lo concibe desde la perspectiva de la clase trabajadora. Ahora sucede que Maduro se ha convertido en el enemigo número uno de los laborantes venezolanos con una política salarial que ha dejado las remuneraciones de quienes trabajan en el sector público en niveles de inanición.
Adicionalmente, con Maduro el salario mínimo ha estado congelado durante casi tres años y de la remuneración total, la cual cubre apenas 20% de costo de la canasta alimentaria, el 10% lo constituye el salario y el 90% bonos en tanto que los sindicatos han sido severamente castigados y hostigados por Maduro hasta impedir la realización de sus elecciones.
Esa recurrencia al Estado comunal sucede en un contexto en el cual Venezuela muestra una involución en todos los aspectos de su existencia como nación.
En lo político, la proscripción de partidos y organizaciones de la sociedad civil mediante la judicialización de los mismos. El madurismo estranguló la libertad de prensa, al tiempo que conformó una una gigantesca y costosa maquinaria propagandística con voceros estipendiados en todo el mundo y que con frecuencia hacen turismo revolucionario en Venezuela. Ninguno de esos visitantes se atreve a plantear en sus países lo que avalan en el nuestro.
La educación está en una situación lamentable en cuanto a cantidad y calidad con un éxodo de docentes de magnitudes bíblicas y deserciones de estudiantes. El tamaño de la economía venezolana es actualmente 60% menor de lo que fue en 2014 y la distribución del ingreso ha empeorado al punto de ubicar a Venezuela en el deshonroso elenco de los diez países más desiguales del planeta.
En materia de ciencia y tecnología, Venezuela se sigue rezagando respecto a sus pares de la región, que se han beneficiado de los profesionales venezolanos que emigraron. La burocracia pública venezolana debe ser de las peores del mundo en lo relativo a formación y capacitación y si no creen revisen las credenciales del ministro de Educación Universitaria.
El economista José Guerra responde a los señalamientos del parlamento, de mayoría oficialista, que acusó a exdiputados opositores de ser responsables de la eventual subasta de Citgo
El 22 de octubre de 2024, la Asamblea Nacional revisó un informe sobre la situación de Citgo y acordó solicitar la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, es decir confiscar los bienes, a ochenta (80) diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, bajo el argumento falso de que han contribuido a la eventual pérdida de la empresa. La primera interrogante que surge es por qué a esa cantidad y no a los ciento doce (112) diputados que fuimos electos. ¿A quiénes excluyeron y por cuál razón? Ello sugiere que hay un interés político en la aplicación de la ley anteriormente nombrada con el objeto de causar daño.
En efecto, el contenido fundamental de la ley deja claro las causales de su aplicación, ninguna de las cuales recaería sobre el tema concerniente a Citgo. En su Artículo 1 se pauta que “Esta Ley tiene por objeto establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a éstas, así como la extinción de los derechos y atributos relativos al dominio de los mismos a favor de la República, mediante sentencia, sin contraprestación ni compensación alguna”. Por su parte, el Artículo 5 define lo siguiente. Actividad ilícita: Toda actividad tipificada en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente.
En consecuencia, ninguno de los delitos representados en la ley se corresponde con las actuaciones de los diputados en el caso de Citgo y si se emplea la ley con el propósito de castigar a parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, estaríamos ante un hecho evidente de abuso de autoridad y uso político de la ley. El citado informe es deficiente en su forma y contenido al no tomar en consideración los factores que han provocado la situación de Citgo ni mucho menos el contexto de una política económica y petrolera destructiva que ha provocado un riesgo real que la empresa pase a manos de acreedores ansiosos de cobrar la deuda por los expropiaciones no pagadas de 2007-2010 de Crystallex y Conoco Phillips entre tantas otras, además de los intereses acumulados y el capital correspondiente a la emisión del Bono Pdvsa 2020. A partir de esos episodios se generaron una cantidad importante de demanda contra Venezuela. Allí reside la razón de los litigios contra Venezuela.
Al ejercer mi defensa pública voy a relatar los hechos y situaciones que han provocado la crisis de Citgo, para lo cual es vital revisar los antecedentes, porque lo que está ocurriendo tiene un origen claramente ubicado en el masivo endeudamiento que sufrió Venezuela a partir de 2005 y del cual esa empresa es una víctima.
La causa de la crisis
Entre 1999 y 2002 la gestión de las finanzas públicas mostró un comportamiento moderadamente conservador, el cual se correspondió con la etapa ortodoxa de la política económica del presidente Hugo Chávez. En la medida en que fue cambiando la naturaleza del proyecto político al unísono fue modificándose la fisionomía de las cuentas del gobierno y de superávits se fue pasando a déficits recurrentes, en particular, a partir de 2005 y en ocho años de los doce que gobernó Chávez hubo déficit. El factor fundamental de tales déficits que explica el incremento de la deuda pública fue la ampliación del ámbito del Estado en la economía mediante expropiaciones y confiscaciones de empresas a partir de 2007, que de solventes pasaron a requerir repetidos aportes de fondos y el aumento de la nómina del sector público. Adicionalmente la brecha entre 2003 y 2013 del tipo de cambio oficial y el paralelo requería la emisión de deuda que se colocó en dólares pagadera en bolívares, un verdadero acto de irresponsabilidad durante las gestiones de Nelson Merentes, Alí Rodríguez y Jorge Giordani y Rafael Ramírez en Pdvsa. Esto significó una especie de venta anticipada de reservas internacionales con el objeto de sostener artificialmente el esquema de tipo de cambio fijo que desde 2003 mantuvo el gobierno.
Lo más notorio de este lapso, 2005-2012, es el salto monumental que registra el endeudamiento de Pdvsa, que pasó de US$ 3,748 millones en 2005 a aproximadamente US$ 78.496 millones en 2012, al incluir en ese saldo lo adeudado al BCV (US$ 38.480 millones). Entre 2009 y 2012 lo que sucedió en Venezuela fue una especie de vendaval de deuda, al incrementar el sector público en US$ 22 mil 229 millones sus obligaciones, equivalente a 6,8% del PIB.
La declinación de la producción de Pdvsa se agudizó a partir de 2008 y, de esta manera, la extracción de petróleo pasó de 2.428.000 barriles diarios en 1998 a 1.740.000 barriles en 2012, es decir una contracción de 40,5% y la producción total no declinó más porque las empresas extranjeras incrementaron la extracción de crudos al pasar de producir 360.000 barriles diarios en 1998 a 1.039.000 barriles diarios en 2012. El modelo diseñado, consistente en usar la industria petrolera exclusivamente como fuente de ingresos fiscales y para financiar una variedad de actividades ajenas al negocio petrolero sin que se reinvirtiera en la producción de hidrocarburos, demostró ser totalmente inviable y altamente costosa para los venezolanos, todo ello sin sanciones ni medidas coercitivas de ningún otro país.
Una Pdvsa mal manejada que abarcaba la política social, construcción de viviendas, venta de alimentos, subsidios y préstamos concesionales a varias naciones en el marco del Acuerdo Integral de Cooperación con Cuba para vender petróleo con grandes descuentos al igual que Petrocaribe, a lo que se sumó una expansión de la nómina que de 30.000 trabajadores en 1998 llegó alcanzar a 120.000 personas en 2012, tenía necesariamente que generar una caída de la producción y pérdida de capacidades gerenciales y administrativas y también necesidades crecientes de endeudamiento. Lo más paradójico fue el hecho que a partir de 2007 mientras más deuda contraía Pdvsa mayor era la caída de la producción.
Al asumir Chávez en 1999 la deuda externa total se situó en US$ 28 mil 311 millones (36% del PIB) mientras que en 2012 totalizó US$ 110.500 millones (55% del PIB) a pesar de que en esos años los precios del petróleo se multiplicaron por diez.
Deuda externa total sin incluir el Fondo Chino (Millones de US$)
En política petrolera, la instrumentada por el presidente Chávez estuvo a cargo de Alí Rodríguez y Rafael Ramírez y fue un rotundo fracaso, de acuerdo con los niveles de producción. En 1998 Venezuela produjo 3.288.000 barriles diarios de petróleo en tanto que en 2012 la producción alcanzó a 2.770.000 barriles por día, lo que denota una caída acumulada de 15,7%, sin sanciones. Así, al concluir 2012 la situación fiscal y en particular de la deuda era insostenible y la economía no podía soportar el elevado peso que significó el servicio de la deuda y todo ello arrastró a Citgo, debido a que con las expropiaciones ejecutadas desde 2007 y especialmente en 2009, se generó una cadena de eventos legales contra esa empresa, que era y es el activo venezolano más apreciado por los acreedores.
Producción petrolera (barriles diarios)
¿Qué hicieron con Citgo?
Citgo es una empresa petrolera venezolana que tiene sus operaciones en Estados Unidos. Fue fundada en 1910 por Henry Doherty, en 1986 Pdvsa adquirió la mitad de ella y, luego, en 1990 terminó por comprarla en su totalidad. El plan de quienes diseñaron la política petrolera de ese tiempo era expandir la producción petrolera para lo cual resultaba fundamental asegurar mercados en Estados Unidos, el principal socio y que por su cercanía a Venezuela se garantizaba la compra del crudo para ser refinado y vendido en una red de gasolineras y estaciones de servicios. Citgo cuenta con tres grandes refinerías localizadas en Texas, Luisiana e Illinois que pueden procesar 749.000 barriles de petróleo al día, tiene una red de cuarenta y ocho (48) terminales, más de seis mil estaciones de gasolina y una flota de camiones y centros de distribución para colocar sus productos.
Una de las críticas más comunes que se le hacía a Citgo en el pasado era que su rentabilidad se derivaba del hecho que compraba crudo venezolano a descuento. En concordancia con esa tesis, en 1998 Hugo Chávez en un evento en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, en plena campaña electoral, dijo que a Citgo había que venderla porque su rentabilidad era ficticia, basada en la compra de crudos baratos a Pdvsa. Esa misma opinión la suscribía Maduro. Ya como presidentes Chávez y Maduro cambiaron de opinión, el primero se dio cuenta que Citgo era rentable y no la vendió, pero la puso en peligro. De hecho, entre 1999 y 2012 Citgo entregó dividendos por US$ 8.457 millones y entre 2013 y 2017 por US$ 3.793 millones.
El problema de Citgo comenzó en 2009 cuando el presidente Chávez expropió la empresa minera Crystallex y ésta empieza a ejercer acciones legales para reclamar el pago del valor de sus inversiones y enfila contra Citgo, el activo más cotizado de Venezuela en el exterior. El año 2010 fue determinante para la suerte de Citgo al emitirse el Bono Pdvsa 2017 por US$ 6.985 millones con vencimiento el 2 de noviembre de ese año y un cupón de 5,375%. Pdvsa requería cada vez más recursos no obstante los elevados precios del petróleo, no para expandir su producción sino más bien para financiar la fuga de capitales mediante el control de cambios. De esta manera, en septiembre 2016 Eulogio Del Pino como presidente de la empresa concurre ante la Asamblea Nacional con un proyecto de ley para refinanciar la deuda emitida en 2010 con vencimiento en 2017, lo cual en principio no hacía falta porque el ordenamiento legal faculta a Pdvsa a endeudarse sin tener que requerir la aprobación legislativa a menos que alterase la composición accionaria de una empresa del Estado.
Ese bono en cuestión, llamado Pdvsa 2020 fue colocado en septiembre 2016 en condiciones leoninas: US$ 3.000 millones con 8,5% de rendimiento, poniendo en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo y el 49,9% restante otorgado a Rosneft a cambio de un préstamo por US$ 1.500 millones. Me correspondió alertar a la comisión del Psuv en la Asamblea Nacional acerca de la inconveniencia de ese bono. Esa alerta hecha a Héctor Rodríguez, Hugbel Roa y Asdrúbal Chávez, comisionados por el Psuv para tratar el tema, no surtió efecto y se emitió el bono. Los defensores en el debate de esa emisión fueron los diputados del partido de gobierno Ricardo Sanguino, Hugbel Roa y Asdrúbal Chávez, mientras que por la oposición estuvimos en contra Omar Barboza, Alfonso Marquina, Rafael Guzmán y José Guerra. En la discusión advertimos la inconveniencia de esa emisión y la Asamblea Nacional en plenaria aprobó remitir el acuerdo con sus observaciones al Bono Pdvsa 2020 al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes. Esa decisión del parlamento del 27 de septiembre de 2016, mediante la cual se cuestionó el sobreendeudamiento de Pdvsa y se solicitó el inicio de investigaciones por presuntos delitos al patrimonio público derivados de esta operación, y otras acciones posteriores, han contribuido a que Citgo no se haya perdido. Ello es una verdad incontrovertible.
Posteriormente, el 15 de octubre de 2019, la Asamblea Nacional en vista de la situación de riesgo en que estaba Citgo dada la agresividad de los acreedores que exigían el pago y para fortalecer la defensa de la empresa, acordó, entre otras cosas: Primero, Ratificar que el contrato de emisión del Bono 2020 violó el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trató de un contrato de interés público nacional, suscrito con sociedades mercantiles extranjeras, el cual no fue autorizado por la Asamblea Nacional. Segundo, Ratificar que el contrato de emisión del Bono 2020 violó los artículos 311 y 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues sus condiciones financieras fueron lesivas debido a la irracionalidad bajo la cual PDVSA estructuró el canje y posterior emisión. Lo que señalamos en el debate de la Asamblea Nacional en septiembre de 2016 se comenzó hacer realidad y en noviembre de 2017, de forma atropellada Maduro anunció la moratoria de los pagos de la deuda externa. La situación financiera del país era apremiante, después de haber disfrutado del mayor auge de ingresos petroleros de toda su historia. Los acreedores se dispusieron entonces a demandar el pago a Pdvsa como complemento a las acciones que ya había iniciado Crystallex para cobrar lo adeudado por la expropiación de 2009. Era la primera vez que en una colocación de un bono de Pdvsa se otorgaba una garantía física, porque antes esa garantía siempre fue la capacidad de pago y la reputación de la empresa. Con ello comenzó un verdadero viacrucis para Venezuela porque se cerró el mercado financiero internacional y se vino sobre la República una verdadera lluvia de demandas en tribunales internacionales por deudas no pagadas.
En el ínterin, al entrar Venezuela en incumplimiento de pago en noviembre de 2017, tuvo que adoptar una decisión muy difícil al vencerse el 27 de abril de 2019 el pago por US$ 72 millones del bono Pdvsa 2020 que está garantizado con las acciones de Citgo. Los profesionales de la crítica cuestionaron el pago que autorizó la Asamblea Nacional sin darse cuenta del peligro de perder una empresa como Citgo que en ese momento valía US$ 10.000 millones, ante un gobierno nacional que estaba paralizado y sin hacer ningún tipo de gestión para solventar el problema que él mismo había generado. Si no se hubiese hecho ese pago, Citgo estaría en manos extranjeras porque Maduro no tenía ninguna intención de pagar la deuda.
Ante el peligro del embargo debido a la deuda acumulada, Citgo fue protegida de los acreedores por el gobierno de Estados Unidos desde mediados de 2019 hasta la sentencia, muy controvertida, de la Corte de Delawere del 27 de marzo de 2023 que validó la figura del Alter Ego y falló a favor de los acreedores a lo que se sumó la Licencia 42 de la OFAC del primero de mayo de 2023 mediante la cual no se bloqueará la venta de las acciones de Citgo. Pdvsa Ad Hoc y Citgo han hecho todo lo posible para salvar la empresa para los venezolanos. De hecho ante una solicitud, el Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos suspendió los nuevos embargos dictados contra Citgo por el juez Stark. Ciertamente, Citgo está en peligro de perderse por las razones anteriormente expuestas. Sin embargo, en las distintas instancias jurisdiccionales de Estados Unidos hay espacio todavía para preservar la empresa para los venezolanos, en particular si priva una política de carácter nacional, que trascienda la lucha interpartidista.
Lista parcial de demandas contra Venezuela generadas durante la gestión de 1999-2012https://lga.lagranaldea.com/2024/10/28/caso-citgo-mi-defensa-ante-la-infamia/Hugo Chávez Invitamos a
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El gobierno de Hugo Chávez entre 1999 y 2012 recibió los mayores ingresos petroleros de la historia venezolana al totalizar 700.000 millones de dólares. Chávez se benefició del mayor auge de los precios petroleros que se haya conocido y al concluir su gestión en diciembre de 2012, los resultados en términos económicos fueron mediocres: el ingreso por habitante apenas aumentó 0,95% anual, muy inferior al promedio de la región; la producción petrolera cayó desde 3.200.000 barriles en 1998 hasta a 2.800.000 barriles diarios en 2012; la deuda externa saltó de 38.000 millones de dólares en 1998 a 90.000 millones de dólares y el gran logro, la reducción de la pobreza, resultó menor a la de otros países como Perú, que recibieron mucho menos recursos que Venezuela.
Con la información de hoy, precios petroleros siderales como lo que hubo con Chávez no se avizoran y por tanto eso es un condicionante del futuro de la economía venezolana. La gestión de Maduro en materia económica ha sido un auténtico desastre al provocar una hiperinflación entre noviembre de 2017 y enero de 2021, al tiempo que el ingreso nacional actualmente es 60% menor que el que fue en 2012, en medio de un empobrecimiento generalizado de los hogares venezolanos.
En un entorno de inestabilidad política, el curso de la economía venezolana no luce prometedor. En primer lugar, ya el petróleo no es lo que fue y su impacto en la actividad económica interna es cada vez menor. Aumentar la producción desde 800.000 barriles diarios hoy a 3.000.000 de barriles diarios luce imposible sin gigantescas inversiones extranjeras y un cambio en la gobernanza de la industria.
En segundo lugar, sectores claves de la economía no petrolera como la manufactura y la construcción están diezmados y en sus niveles mínimos históricos con actividades industriales como la producción de acero, aluminio, fabricación de vehículos, virtualmente extinguidas.
En tercer lugar, en Venezuela hay bancos pero no hay sistema financiero propiamente hablando. La contracción de la economía y la política de elevados encajes redujeron la actividad bancaria a la insignificancia al punto tal que el crédito al consumo mediante el uso de tarjetas de crédito no existe. No hay en el mundo una economía que se haya expandido sin la palanca de los préstamos bancarios.
En cuarto lugar, la política antiinflacionaria basada en la cuasi fijación del tipo de cambio ha tenido un éxito relativo al lograr calmar las expectativas de devaluación y desacelerar el aumento de los precios, ayudada por una compresión salarial inexplicable. Sin embargo, la brecha entre los tipos de cambios oficiales y paralelo de 20% es un indicador de que algo anda mal y que tarde o temprano esa distorsión se va a corregir con una devaluación que inevitablemente va a llevar a un alza de precios, ahora reprimidos por las importaciones baratas.
1. Maduro aislado a nivel nacional e internacional. Aliados importantes se niegan a reconocerlo.
2. No se trató de un fraude sino de un robo de la elección.
3. El CNE se niega a publicar las actas aduciendo hackeo. No hay ninguna evidencia técnica de hackeo del sistema de transmisión de las actas.
4. Si hubo hackeo, ¿cómo es que Amoroso emitió 2 boletines con resultados?
5. Maduro llevó el proceso electoral al TSJ para sacarlo del CNE donde están las actas y maquinas. La Sala Electoral prepara una sentencia para tratar de legitimar a Maduro. Ello será inaceptable
6. El CNE suspendió las auditorias para procurar clonar las actas pero hasta ahora no ha podido por ello no han presentado las actas que prometieron desde el 29 de julio.
7. Para sostenerse Maduro ha apelado a una represión feroz encabezada por Tarek Williams Saab, la Dgcim, el Sebin y grupos parapoliciales. Revivieron el FAES con el nombre de DAES. La violación de los derechos humanos es masiva.
8. La FANB tiene el Sobre 1 con las actas y sabe perfectamente lo que sucedió el 28 de julio.
9. La Constitución está derogada de facto.
10. Se requiere una amplia unidad para la defensa de los resultados del 28 y de la Constitución. Este lapso de inestabilidad es el preludio de una nueva Venezuela donde prevalezca el Estado de Derecho.
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Venezuela requiere un cambio de modelo y de política económica tras el rotundo fracaso de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cuyo eje central fue la estatización de la economía entre 2005 y 2013 y la aplicación de controles generalizados. Para luego dar paso, en medio de una hiperinflación, a un ajuste económico desordenado, no anunciado, basado en un intento por lograr una relativa estabilidad del tipo de cambio, reducción del gasto público, especialmente su componente salarial, y una política de restricción del crédito bancario y de los aranceles a los bienes importados.
Actualmente la economía se caracteriza por los siguientes elementos:
Caída sin precedentes en el nivel de actividad económica y del ingreso real, y el consecuente aumento de la pobreza.
Niveles de inflación elevados, en el entorno de 450% para 2023.
Sostenida pérdida de reservas internacionales y depreciación nominal y gradual del tipo de cambio.
Importante restricción externa derivada de la falta de liquidez internacional y del acceso al crédito externo.
Industria petrolera con sus capacidades de producción sensiblemente mermadas por años de malos manejos a lo que se sumaron, no como causa principal, las sanciones.
Sectores productivos, especialmente el manufacturero, severamente afectados.
Sistema financiero minimizado, producto de la contracción de la economía y de la política de encajes entre 100% y 73%, que literalmente pulverizaron el crédito.
La economía dolarizada de hecho, como efecto del repudio a la moneda nacional.
Virtual desaparición de la institucionalidad fiscal y monetaria.
Falta de una jefatura profesional en el manejo de los asuntos económicos y financieros.
Es en ese contexto, en el cual hay que diseñar el nuevo modelo y el nuevo programa económico para Venezuela de cara a las elecciones presidenciales de 2024. De esta manera, ese modelo económico debe fundarse en una economía competitiva y abierta al mundo, que utilice sin complejos su principal palanca que es el petróleo; en una coyuntura favorable de precios y en vísperas de una demorada transición energética que está tardando más de lo previsto. Igualmente, el Estado empresarial articulado a partir de 2005 debe dar paso al Estado social, focalizado en la provisión de bienes públicos. Los cambios que están sucediendo en la economía mundial con la digitalización, la emergencia de nuevas y potentes tecnologías, el desacoplamiento global y la vuelta al nacionalismo y al proteccionismo, no va a esperar por nosotros. Es ahora o no será.
En el campo de la política económica hay que enfatizar que Venezuela no requiere, como hemos argumentado desde hace tiempo, un programa convencional de ajuste económico contractivo, marcado por la astringencia fiscal y monetaria para resolver un problema de balanza de pagos. Todo lo contrario, el tema es encarar la restricción externa para así ejecutar un programa de expansión de la economía y el primer paso para ello consiste en la recuperación de la industria petrolera y el acceso al financiamiento externo, comenzando por el uso de 5.100 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados a Venezuela en septiembre de 2019 por el Fondo Monetario Internacional (FMI); más la línea de Financiamiento Rápido de ese organismo por un monto equivalente, para lo cual no se requiere la implementación de un programa acordado con el FMI.
El objetivo fundamental del programa económico acá esbozado es mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, materializado en la reducción de la pobreza a niveles razonables en un lapso de cinco años, donde razonable se traduce en una tasa de pobreza general que no exceda el 30%.
Para ello habrá que arbitrar un conjunto de políticas para abatir la inflación y retomar la senda del crecimiento económico, sin lo cual no habrá solución estable a la pobreza. Un programa para reducir la inflación demanda la escogencia de un ancla; es decir, un referente para la formación de los precios. Así, en una economía dolarizada como la venezolana estabilizar los precios significa estabilizar el tipo de cambio; y estabilizar el tipo de cambio implica establecer los precios debido a la causalidad bidireccional de ambas variables. De modo que se propone una corrección del tipo de cambio nominal hasta su nivel de paridad, y a partir de allí fijarlo respecto al dólar por un plazo prudencialhasta que la inflación disminuya de manera importante; para luego mutar hacia un esquema de flotación administrada, y posteriormente de flotación más limpia.
Ello precedido por el acceso a los recursos en el FMI y al diseño de un plan fiscal y monetario. Esa fijación lleva consigo un riesgo por la revalorización del dólar y la lentitud con la cual disminuye la inflación a partir de cierto umbral. Sin embargo, con una producción petrolera al alza ello significará que la economía pueda funcionar con tipo de cambio real más bajo.
“Una reforma puntual de la Ley Orgánica de Hidrocarburos o una nueva ley de la actividad que asegure los derechos de los inversionistas, y del Estado como propietario del recurso mineral”
En un entorno de dolarización y elevada inflación no aplican ni un programa basado en metas cuantitativas a la cantidad de dinero ni mucho menos uno de metas de inflación, al estilo originalmente de Nueva Zelandia y otros países. Con demanda por moneda nacional inestable y volátil, es de presumir que al Banco Central de Venezuela (BCV) le costará acomodar la oferta de dinero a una demanda que no conoce o no puede estimar adecuadamente, y donde circulan más dólares que bolívares.
El déficit fiscal que ha signado a Venezuela tiene que ver, en primer lugar, con la dimensión que adquirió el Estado a partir de 2005 y luego con el derrumbe del ingreso petrolero. Por tanto, aumentar la producción petrolera resulta vital para equilibrar las cuenta fiscales a lo cual se acompañaría con reformas legales para procurar que el fisco se financie de manera orgánica, sin tener, en consecuencia, que recurrir sistemáticamente al BCV. Igualmente, hay que simplificar y mejorar los tributos internos y modernizar su administración, teniendo cuidado de no sacrificar ingresos. Las competencias fiscales de los estados se establecerían en la Ley de Hacienda Pública Estadal contemplada en la Constitución, y ya para ello en la Asamblea Nacional reposa un proyecto de ley. El conglomerado de empresas del Estado tiene que achicarse y solo se mantendrán las que sean estrictamente necesarias.
requería la emisión de deuda que se colocó en dólares pagadera en bolívares, un verdadero acto de irresponsabilidad durante las gestiones de Nelson Merentes, Alí Rodríguez y Jorge Giordani y Rafael Ramírez en Pdvsa. Esto significó una especie de venta anticipada de reservas internacionales con el objeto de sostener artificialmente el esquema de tipo de cambio fijo que desde 2003 mantuvo el gobierno.
