Por Miguel Méndez Rodulfo, 08/01/2016
Las designaciones de las máximas autoridades del Poder Ciudadano,
realizadas en diciembre de 2014, pueden catalogarse como ilegales por cuanto no
se cumplieron una serie de requisitos constitucionales y jurídicos, lo que abre
la posibilidad a la nueva Asamblea Nacional de revisar y revocar estos
nombramientos, además de proceder a llenar estas vacantes, cumpliendo con los
requisitos de ley.
