Brics: Pesadilla antes de Halloween / Rafael Uzcátegui @fanzinero

 

Si seguimos las expectativas generadas por sus voceros y propagandistas, el veto de Brasil a que Venezuela entrara a los Brics ha significado un duro revés para lo que Nicolás Maduro planificaba como su permanencia en el poder a toda costa.

En un artículo titulado»Siete claves sobre el ingreso de Venezuela a los Brics» el mexicano y morenista, master en estudios latinoamericanos en la UNAM, Aníbal García Fernández, nos sintetiza la apuesta que había hecho Miraflores sobre su ingreso al bloque económico paralelo al G7. Creado en el año 2010, los Brics toman el nombre de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que protagonizaban economías emergentes y en expansión.

Como resume García los beneficios para Venezuela de entrar a los BRICS serían, en primer lugar, el acceso a los mercados. Los países miembros del bloque representan el 25% del PIB mundial, concentran el 16% del comercio global, el 42% de la población mundial y alrededor del 20%. «Una adhesión de Venezuela profundizaría el comercio con los miembros», nos dice. En segundo lugar, la geopolítica energética. Los Brics controlan el 8.7% de las reservas mundiales de petróleo y 25.2% del gas. Supuestamente, el ingreso venezolano aumentaría a 26.2% las reservas de petróleo y a 28.6% las de gas. «La adhesión venezolana catapulta a los Brics como potencia petrolera», aseguró con entusiasmo el mexicano en su texto, fechado en junio de 2023, coincidencialmente en plena campaña diplomática venezolana por su ingreso al bloque.

Una tercera razón sería la diversificación económica. Citamos: «Uno de los problemas de Venezuela es la alta dependencia del petróleo. De unirse a los Brics, puede contribuir a diversificar la economía venezolana con mayor cooperación en áreas como agricultura, medicinas de la India, e inversión en infraestructura más allá del petróleo». Seguidamente se encuentra la cooperación financiera. Nuestro lopezobradorista explica que, para hacer frente al bloqueo estadounidense, el cupo de la revolución bolivariana le permitiría acceder a nuevas fuentes de financiamiento, como el Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), creado por China.

Si las razones económicas anteriores son importantes, cuando el modelo de gobierno de Maduro ha profundizado la emergencia humanitaria compleja, las motivaciones políticas son igual de trascendentes. Especialmente, luego de la decisión psuvista de cometer un monumental fraude electoral para que «Súper bigotes» gobierne ilegítimamente durante 6 años adicionales. García hablaba de la posibilidad de la ampliación de relaciones diplomáticas de Venezuela, dado que los Brics están vinculados a Mercosur, Celac, Alba, la Unión Económica de Eurasia, la Asociación Económica Integral Regional y la Opep. «La diversificación de relaciones diplomáticas –explica el mexicano- puede contribuir a ampliar el apoyo en foros internacionales». Finalmente, sobre las reacciones en el contexto latinoamericano el azteca agrega: «La adhesión a los Brics puede devolver a Venezuela legitimidad en el ámbito diplomático». Devolver legitimidad, el sueño húmedo chavista tras el 10 de enero.

Siguiendo la caracterización de García Fernández, la Venezuela madurista aspiraba conseguir oxígeno económico y político con su ingreso al bloque. Hace un año atrás todo era triunfalismo en las autoridades venezolanas, que daban por segura el ingreso del país. El propio presidente brasilero, Lula da Silva, declaró en mayo de 2023: «Soy partidario de que Venezuela integre los Brics. Nos vamos a reunir pronto y tenemos que evaluar varias solicitudes de integración». El canciller Yvan Gil declaraba: «Tenemos importante apoyo para que Venezuela trabaje. De hecho, ya estamos trabajando, nuestros ministros están asistiendo a reuniones de los Brics». Sin embargo, había mucho de propaganda y menos de realidad en la admisión.

Informes internacionales sobre DDHH: ¿Más de lo mismo? / Rafael Uzcátegui @fanzinero

 

Recientemente, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) divulgó un informe de conclusiones detallas sobre la situación en nuestro país. En un documento de 185 páginas, el ente concluye que los hechos ocurridos, luego de las elecciones, constituyen el crimen de persecución por motivos políticos. Además, que el abuso de poder diagnosticado es una continuación de conductas anteriores, que fueron caracterizadas en su momento como crímenes de lesa humanidad. Este sería el sexto informe realizado por la Misión desde 2020, fecha de inicio de su labor.

Desesperados como estamos por el ver el final de la pesadilla, pudiéramos pensar que este documento es un informe más, que cada vez tienen menos impacto. O que no generan consecuencias inmediatas para los responsables.

Es cierto que la mayoría de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos se basan en la «buena fe» de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones. Esto es una ventaja para los gobiernos que están dispuestos a enfrentar el aislamiento con tal de mantenerse en el poder. Y que por tanto se vuelven impermeables a las críticas de la comunidad internacional.

Sin embargo, en estos momentos, es de una gran trascendencia el trabajo realizado por la FFM, la cual se ha convertido en el más importante mecanismo de «Memoria» y «Verdad» con el que contamos los venezolanos. Frente al cierre del espacio cívico, y por tanto el debilitamiento de las capacidades de periodistas y defensores de derechos humanos en realizar su trabajo de ser testigos de su tiempo, son informes como los de la FFM los que, de manera sistemática, realizan el inventario del horror.

Y aunque ratifiquen lo que los venezolanos sabemos, los matices e intensidades del abuso de poder, si estos reportes dejaran de realizarse, por las razones que sea, pudiera sugerir erróneamente que las tropelías contra la dignidad humana han dejado de cometerse. Esta ausencia daría argumentos a los Alberto Fernández del mundo, que el 18 de mayo de 2021 tuvo la osadía de afirmar que «Los problemas de derechos humanos en Venezuela estaban desapareciendo». La persistencia es una constante en la construcción de la Memoria, en aras de establecer la Verdad sobre los hechos. Lamentablemente, las víctimas de hoy y mañana deben tener una voz, aunque los afectados de ayer hayan relatado copiosamente abusos similares. Realizada, además, por un ente de Naciones Unidas, con todo el prestigio y respetabilidad consecuente.

Los hallazgos de la misión, con el estándar de prueba «motivos razonables para creer», se transforman en importantes insumos para la investigación en marcha realizada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Que finalmente se abra una investigación concreta, contra funcionarios con nombre y apellido, sería un importante mensaje de justicia para las víctimas. Para intentar retrasar el inicio de un caso, las autoridades venezolanas aceptaron firmar un «Memorando de entendimiento» con Karim Khan, Fiscal de la CPI. En este acuerdo de trabajo el palacio de Miraflores se comprometió, en lo que se denomina «complementariedad» positiva, en reformar el sistema de justicia y evitar la vulneración de los DDHH. Si el gobierno cumpliera al pie de la letra su compromiso, y recuperara su capacidad de investigar y sancionar los delitos contra la humanidad cometidos, ya no haría falta el trabajo de un organismo internacional como la CPI. Si algo demuestra, precisamente, la pertinencia del organismo creado por el estatuto de Roma es el más reciente informe de la FFM. En sus casi 200 páginas se puede leer que las actuales autoridades ni tienen la voluntad política ni tampoco la capacidad institucional para hacer justicia.

La duda histórica del 29J / Rafael Uzcátegui @fanzinero

 

En diferentes foros y conversaciones privadas, pero también en algunas entrevistas y artículos de opinión, viene apareciendo la hipótesis sobre qué hubiera pasado si el liderazgo opositor hubiera convocado a manifestaciones de calle el 29 de julio, sumándose a la rebelión popular contra el desconocimiento de la voluntad electoral que ocurrió ese día, cuya expresión más mediática fueron las 9 estatuas vandalizadas de Hugo Chávez. En una entrevista reciente el líder político Andrés Caleca describió a estas conjeturas como las de una «duda histórica».

La magnitud de la movilización ocurrida el 29 y 30 de julio, pero especialmente el primer día, permite situar esa acción colectiva como una de las más significativas de las últimas tres décadas, comparable sólo con El Caracazo de 1989. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en ambos días ocurrieron 915 protestas en el país. La ONG Laboratorio de Paz logró geolocalizar 210 movilizaciones ocurridas el día 29 de julio.

La poblada de esas jornadas tuvo varias características. La primera, su espontaneidad. Luego de los resultados anunciados por el CNE, el liderazgo político enfocó sus esfuerzos en la protección y digitalización de las actas de los testigos, de las candidaturas de Edmundo González y Enrique Márquez, que demostraban que los verdaderos porcentajes de votación eran otros.

Por razones tácticas y logísticas, no hubo ninguna directriz cupular en realizar movilizaciones ese día. En segundo lugar, fueron autoconvocadas. Las personas ocuparon el espacio público por efecto contagio y por la indignación compartida en los mecanismos capilares de distribución de contenidos en plataformas de comunicación que habían construido como reacción a la censura. Finalmente, su descentralización territorial y táctica. No se optó por la usual marcha del punto A al punto B, sino la dispersión estratégica en torno a los símbolos del poder: La publicidad electoral, las sedes de poderes locales, módulos policiales y las efigies de Hugo Chávez.

Aunque comparten elementos comunes, los marcos de acción colectiva de los sectores populares son diferentes a los de la clase media. Si la poblada del 27 de febrero de 1989 fue uno de los hitos simbólicos fundacionales del chavismo, ser víctima de una poblada similar ha sido una de las pesadillas del bolivarianismo en el poder.

Por ello, ante la emergencia de una crisis económica, como consecuencia de la abrupta disminución de la renta petrolera luego del fin de los altos precios de los rubros energéticos en los mercados internacionales, el gobierno tomó decisiones.

Por un lado, crear una narrativa anticipatoria, la «guerra económica», que desviará la responsabilidad de la crisis en terceros. Paralelamente, la implementación de los llamados «Operativos de Liberación del Pueblo», con lo que se rompía el tejido de vínculos no estatizados y se reforzaba el control territorial de los barrios para disuadir cualquier protesta

El gobierno se había estado preparando para enfrentarse a la poblada. Por ello la letalidad de los dos primeros días, cuando fueron asesinadas 24 personas, y se estableció una cuota de personas que debían ser detenidas. Como hipótesis sugerimos que la existencia de dos tipos de represión, una cruel y masiva junto a otra selectiva y de castigos ejemplares, tendría que ver con los sectores sociales a las que fueron dirigidas.

Venezuela y la prueba de lealtad democrática / Rafael Uzcátegui @fanzinero

 

En su libro «La dictadura de la minoría» Steven Levitsky y Daniel Ziblatt intentan comprender cómo ha sido el proceso de erosión democrática ocurrido en su propio país: Estados Unidos. Algunas de sus afirmaciones, no obstante, sirven para pensar sobre la situación venezolana. Por ejemplo, las acciones que se deberían hacer con los enemigos de la democracia.

Durante la presidencia de Donald Trump dos politólogos de Harvard, Stevel Levitsky y Daniel Ziblatt intentaron explicar el ascenso político del magnate empresarial a través del libro «Como mueren las democracias», que terminó transformándose en un best seller mundial. A finales del 2023, cuando no estaba claro aún que Trump volvería a ser el candidato de los republicanos, ambos lanzaron un segundo libro, «La dictadura de la minoría», donde profundizan sobre la crisis dentro del partido republicano. Si la polémica figura pública logra vencer a Kamala Harris, estos expertos en ciencias políticas deberán escribir un tercero.

El 6 de enero de 2021 ocurrió un hecho inédito en la política estadounidense: Un grupo de simpatizantes del presidente saliente Donald Trump tomaron por asalto el Capitolio, en un contexto de incordio creciente luego de las denuncias de fraude en las elecciones realizadas por quien ejercía el propio rol de presidente. Aquel hecho, para Levitsky y Ziblatt, es un síntoma de la enfermedad de anemia democrática que estaría experimentando la nación que hasta años anteriores era vista como un ejemplo de gobernabilidad institucional por el mundo entero.

Influidos por esa experiencia, los autores retoman los tipos del también politólogo Juan José Linz en «Breakdown of Democratic Regimes» sobre la existencia de «demócratas leales», «demócratas semileales» y los abiertamente autoritarios que podemos extrapolar para hablar luego sobre Venezuela.

Según, los demócratas leales para serlo deben cumplir tres premisas: a) Respetar el resultado de elecciones libres y justas, ganen o pierdan, aceptando sin vacilar la derrota; b) Rechazar sin ambigüedades la violencia (o la amenaza de la misma) como medio para lograr fines políticos y c) Romper, siempre, con las fuerzas antidemocráticas.

Por otra parte se encontrarían los «demócratas semileales»: «gente inmersa en la política, que aparentemente acata las reglas del sistema, pero que a la vez abusa de ellas sin hacer ruido». Son ambiguos respecto a las conductas antidemocráticas, pues su valoración dependerá del doble rasero sobre si les benefician o no. Los autores están convencidos que el colapso de la democracia ocurre por la colusión entre la semilealtad y el autoritarismo: «A lo largo de la historia, la cooperación entre autoritarios y demócratas semileales de aspecto respetable ha constituido una receta para el colapso del sistema».

Eufemismos y teorías de cambio / Rafael Uzcátegui @fanzinero

 

Eufemismo es, según el diccionario de la Real Academia Española, la «manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante». La política internacional, pero especialmente la venezolana ofrece muchos ejemplos sobre estos giros semánticos. El gigantesco aparato de propaganda del chavismo ha sido, básicamente, una fábrica de eufemismos. En el 2016 la importación de más del 70% de lo que comían los venezolanos se calificó como «soberanía alimentaria». O más recientemente, cuando el racionamiento de luz es nombrado como «redistribución de la carga eléctrica».

Si la cultura política bolivariana es una profundización, hasta nuevas fronteras, de la que ya existía en la llamada IV República, paradójicamente su influencia es perceptible en el liderazgo democrático del país. Además de la opacidad, falta de transparencia y ausencia de mecanismos participativos para la toma de decisiones, diferentes protagonistas de la vida pública se niegan a expresar, con claridad, cuál es su estrategia para el regreso de la democracia.

Un caso: Si escuchamos declaraciones sobre la «necesidad de construir plataformas competitivas para las elecciones» tendremos que hilar fino para, finalmente, descubrir que se está criticando el liderazgo de María Corina Machado. Las audiencias retuitean frases rebuscadas que rechazarían si los voceros le hablaran «claro y raspado».

En este artículo vamos a intentar sintetizar las teorías de cambio político que hemos leído y escuchado en diferentes escenarios, lo que está detrás de la grandilocuencia y los malabarismos verbales. Dos advertencias previas. Leerán a continuación «tipos ideales», modelos creados a partir de la exageración o acentuación de uno o más rasgos, simplificados para facilitar el análisis. Por ello el tuitero de su preferencia pudiera tener características de más de una. Lo segundo, es que todas tienen detrás de sí una racionalidad política legítima. Quienes comulgan con ellas creen, de buena fe y por una suma de argumentos, que es el camino exitoso para el retorno del estado de derecho y el bienestar del país. Dicho lo anterior, creemos que las teorías de cambio actualmente presentes en el campo democrático son:

1) Teoría de cambio 2030: Impulsada por aquellos que sostienen la dificultad de una transformación a corto plazo y que, por lo tanto, habría que generar las condiciones que lo hicieran posible a mediano término, las elecciones del año 2030. Los actores productivos sugieren que la estabilización de la economía traería, como consecuencia, aspiraciones democratizantes –inclusive y especialmente– en la generación de relevo del chavismo; la disminución de la migración forzosa y la planificación bajo un Estado proteccionista, en el sentido de impedir la libre competencia con el mercado internacional, dada las debilidades del empresariado criollo. Los actores políticos consideran que el diálogo, y la concesión de incentivos a las autoridades, mejorarían las oportunidades para ir ocupando, progresivamente, espacios de influencia.

Para ambos una transición ahora sería un «salto al vacío», generando una crisis de gobernabilidad, costosa financiera y políticamente. Asimismo, los 2030 tienen una profunda desconfianza por los actores que protagonizan la arena pública, especialmente los de oposición, por lo que apuestan a un relevo.

2) Teoría de cambio dialoguista: Es aquella que sostiene que, independientemente del resto de las dimensiones del conflicto, la realización de acuerdos con el gobierno es suficiente para generar nuevas realidades políticas. Se diferencia de la anterior porque no se ha planteado un horizonte temporal de resultado, sino una lógica de proceso continuo, con logros o victorial parciales expresados en los acuerdos mismos. Están convencidos que el chavismo tiene vocación democrática, acorralada y puesta a la defensiva por excesos de la oposición. Por alimentar la importancia de los diálogos, y justificar las inhabilitaciones, repiten la tesis que «Maduro estaría buscando un contendiente contra el que perder».

Las primarias como posibilidad / Rafael Uzcátegui @fanzinero

 

Desde una perspectiva de derechos humanos cualquier mecanismo que estimule el ejercicio del derecho a la participación, o los derechos inherentes a la libertad de asociación y reunión, será positivo. Pero si me preguntan más, desde nuestra opinión personal, la realización de una consulta ciudadana para intentar seleccionar una candidatura unitaria, pudiera ser un proceso que ayude a reconstituir la comunidad democrática llamada a revertir el autoritarismo.

Aclaro el lugar desde donde lo digo: Tras cumplir el medio cupón de vida, llegar al quinto piso, apenas tengo dos años como elector inscrito en el Registro Electoral. Con formación política anarquista, de maestros como los cenetistas Emilio Tesoro o Antonio Serrano, fui parte del abstencionismo que cuestionaba el parlamentarismo representativo. Integrar el movimiento de derechos humanos me obligó a defender el derecho al voto de los demás.

El mío llegó luego de la suspensión ilegal de los procesos electorales del año 2016, el fin de la democracia, y la represión del año 2017, con el convencimiento de haber ingresado al concierto de las dictaduras modernas. Cuando llegas a esa conclusión colocas tus deseos personales a un lado e intentas sumar esfuerzos para regresar a reglas de juego institucionales, aunque sean amparadas por el leviatán estatal que tanto criticó Bakunin, que permitan regresar a condiciones de promover una alteridad social a tu gusto.

Un proceso de consulta popular como las primarias permite, como hemos visto, la posibilidad de repolitizar el debate público de la ciudadanía, agotada tras décadas de conflicto y empobrecida en su calidad de vida. Ofrece la oportunidad de interpelar a la clase política, desde los que no somos parte de ella, y comenzar a calentar el músculo programático y organizativo que hará falta para una contienda presidencial no sólo desigual, sino realizada en el peor contexto posible. Es mucho más participativo que una encuesta, e infinitamente mejor que un acuerdo de cúpulas a puerta cerrada.

Aunque en el momento que escribimos este texto la realización de las llamadas elecciones primarias es una incógnita, amenazada por elementos externos e internos, como ciudadano hago lo que no me permitirían las dos alternativas finales citadas: Generar masa crítica.

En primer lugar, le pido a todos los candidatos y candidatas que no sólo defiendan los intereses de su partido, sino que como postulantes a primarias en un entorno restrictivo –como el nuestro– se transformen en defensores del espacio cívico, desde un marco de exigencia de los derechos de participación y libertad de reunión y asociación de todos los venezolanos.

Para ello cuentan con un insumo de amplia legitimidad: Las 23 recomendaciones realizadas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en su informe sobre las elecciones municipales y regionales del año 2021. Si aprenderse casi dos docenas es demasiado, hay 7 recomendaciones consideradas prioritarias. La segunda, por cierto, sobre las inhabilitaciones. Citamos: «Suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna».

En segundo término, que hagan una campaña de altura. Entendemos que la conquista de la preferencia de electores en el universo opositor necesita mensajes beligerantes y discusiones acaloradas. Sin embargo, el debate realizado por la mayoría de ustedes en el Aula Magna de la UCAB demostró que son posibles los pactos de no agresión personal y la convivencia política en un mismo terreno.

Pragmatismo y DDHH / Rafael Uzcátegui @fanzinero

 

En diferentes conversaciones sobre la progresiva normalización de las relaciones de Nicolás Maduro con sus homólogos de la región, la palabra más repetida es «pragmatismo». Pudiera interpretarse como una reacción al voluntarismo maximalista de la anterior estrategia fallida, esa que intentó que hubiera una transición por colapso del régimen. O también, un síntoma de lo que hemos calificado como «dialoguismo»: la creencia que mantener a toda costa los canales de comunicación abiertos con Miraflores logrará, en cierto momento y por sí sólo, algún tipo de acuerdo político para la transición a la democracia.

Hay dos elementos que signan los análisis particulares sobre lo que pasa en Venezuela: La definición del tipo de autoritarismo que representaría el chavismo realmente existente y, dos, el lugar que se ocupa dentro del campo democrático. La estrategia anterior sólo demandaba un rol: el de ciudadano movilizado que exigía un cambio en el espacio público.

Cualquiera que sea el nuevo camino necesitará, en cambio, de múltiples actores en sinergia por la recuperación del estado de derecho y la Constitución. Hasta ahora la polarización estimulada por el autoritarismo nos hizo desconfiar de la diferencia. Ejercitar el músculo democrático de la tolerancia y la diversidad, empequeñecido y oxidado, nos demandará un gran esfuerzo en lo sucesivo.

La democracia no intenta que todos piensen de la misma manera, uniformización que sí desea la pulsión totalitaria. En cambio, desea que las diferencias de opinión puedan canalizarse y resolverse en políticas públicas para el beneficio de todos. Las experiencias previas y la formación intelectual moldean las maneras de razonar, de la misma manera que el lugar que se ocupa dentro de la sociedad.

Por lo anterior es predecible que un empresario tenga un acercamiento al conflicto que privilegie la reactivación del aparato productivo; que un sindicalista jerarquice la conquista de mejores derechos laborales para la clase trabajadora o que un dirigente partidista ponga de primer lugar los modos de seguir haciendo política a pesar de las circunstancias. Siendo así no debería sorprender que la postura de los defensores y defensoras de derechos humanos sea la de «impunidad cero» y de mantenerse apegados a los principios presentes en la Declaración Universal de 1948.

En todas las experiencias regionales de transición al autoritarismo los defensores de derechos humanos han colocado como brújula de su actuación los intereses de las víctimas que representan. No hacerlo sería desdibujarse, dejar de ser lo que son. Si la racionalidad político-partidista coloca el perdón sin justicia sobre la mesa de negociación, la mentalidad activista cuestionará que la impunidad sea utilizada como objeto de transacción.