Por Jesús Alexis González, 18/05/2015
La economía venezolana, experimentó durante 20 años (1976-1996) un crecimiento a una tasa promedio anual de un
2,15% al igual que evidenció unos 30
años (1950-1980) con moderado aumento de precios; curso que cambia de rumbo
a finales de los 70 al materializarse una tendencia secular hacia la disminución de la productividad a la
par del surgimiento de la demoledora
inflación (presión alcista de los precios) que se intensifica a inicios del
2000 como consecuencia de la instrumentación de una política fiscal expansiva focalizada en un estímulo al consumo que
indujo un manifiesto desequilibrio con respecto a la oferta doméstica,
generando, entre otros hechos, un aumento persistente de los costos de
producción, distorsiones cambiarias, monetización del déficit fiscal (emisión
de dinero inorgánico), economía de puertos, tasas de interés reales negativas
(tasa pasiva inferior a la inflación), y lo que es más perverso: una cruel caída del poder adquisitivo del
salario (disminución del salario real).
Tal conflictivo escenario, lo ha intentado combatir el Gobierno Nacional con una sobrevaluación del bolívar (tipo de
cambio Bs/US$ que “iguala” la inflación entre ambos países) para propiciar un
abaratamiento de las importaciones mayoritariamente efectuadas por el sector
público (directa e indirectamente), con el consecuente deterioro de la
capacidad de producción nacional (y del desarrollo industrial y agrícola) en
razón a la dificultad de competir en precios—ante la profunda diferencia del
comportamiento inflacionario—con los productos extranjeros; “misión importadora” que ha inducido
una caída (mayo 2015) de las reservas internacionales al mínimo de los últimos
12 años a lo cual también ha contribuido el creciente gasto público clientelar
(planes compensatorios “permanentes”) en función de crear una “sensación de prosperidad”, al tiempo
de proponerse la destrucción del
sistema de mercado como mecanismo de
distribución en favor de una pronunciada planificación central que abre espacio a la “economía comunal” dentro
de un marco que subordina lo económico a
lo político, que en la realidad está motorizando un malvado efecto sobre la
calidad de vida de la población habida
cuenta que nuestra moneda ha venido perdiendo su valor real (poder adquisitivo), lo cual, evidentemente, estimula la
compra anticipada de bienes y por consiguiente alza de los precio, mercado
paralelo de productos regulados, presión sobre los costos de producción y
en un
círculo vicioso de inflación.
Existe una amplia conceptualización de tipos de inflación, de las
cuales hemos procurado identificar aquellas que se corresponden en lo posible
con el caso venezolano: inflación tipo espiral (progresiva, ascendente y acumulativa, de larga duración), inflación de costos (incremento en el
precio de algunos factores de la producción), inflación de demanda (el deseo de adquirir productos supera la
oferta), inflación mixta (de costos
y de demanda), e inflación encubierta (ocultada
por los gobiernos para que no se conozca la realidad). En visión
complementaria, resulta propicio mencionar que en la casi totalidad de los
países la inflación se mide por intermedio de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para
un periodo determinado; mientras que en Venezuela se calcula desde el
31/12/2007 (en sustitución del IPC) a través del Índice Nacional de Precios (INPC), que mide la variación de los
precios de una canasta de bienes en
las 10 principales ciudades (70 localidades) en función al gasto total de las
familias construyendo la denominada Estructura
de Ponderación del IPC, para lo cual, señalan,
se investigan mensualmente 362
rubros, recopilan 300.000 precios, visitando unos 22.000 establecimientos (¡sin comentarios!).
En un ambiente inflacionario como el que experimenta Venezuela, la
determinación de un Precio de Venta
Justo (PVJ) que en la actualidad se mantienen fijos para 42 productos regulados por mandato de
la Ley de Precios Justos (costos de producción, más 12,5% de gastos, más 30% de
margen de ganancia) supone su
revisión periódica a efectos de
ajustarlos con base al incremento, que por inflación, sufre la estructura de costos (valor de los
elementos necesarios asociados directa e indirectamente con la producción) sin
que ello implique una modificación del 30% como margen de ganancia; acción
racional en materia económica que es diametralmente
opuesta a mantener dichos precios congelados
(PVCongelado) durante largos periodos (años en muchos casos) ya que obviamente se va originando un rezago con respecto al costo de
producirlos, alterando la relación costo-beneficio
y por ende desestimulando la producción (¿producir perdiendo?) ( ¿producir
sin ganancia o cárcel?).
Se infiere entonces, que forzar legalmente (y coercitivamente) un PVCongelado (PVC) donde los costos de
producción estén por encima del precio, impulsa una caída de la rentabilidad, en conjunto con una disminución de los
beneficios normales, un freno a la reinversión, un mayor desabastecimiento, la
aparición de un “mercado paralelo de
productos regulados” (contrabando y bachaqueo) al existir precios
artificialmente bajos para artículos que no se consiguen, una perversa
especulación, y en general un círculo
vicioso de escasez, contrario a una sana
economía: crecimiento sostenido de la producción, inflación controlada,
elevada productividad y abastecimiento satisfactorio.
La tendencia alcista de los precios, el Gobierno la ha intentado “combatir” (en táctica
equivocada) con la imposición de un control de precios apoyado en el orden
“cívico-militar” (¡!), lo cual está
propiciando una drástica desaparición de la reinversión (no existen beneficios)
como condición para aumentar la capacidad de producción, que en mucho puede
conducir a una paralización del proceso
productivo. A pesar de ese “claro y malvado horizonte”, se intenta
focalizar mediáticamente (la culpa la tienen otros) la escasez como consecuencia de una “guerra económica empresarial
conspirativa”, argumentando en complemento (con expresiones alejadas de la
ciencia económica) sobre la necesidad de “iniciar un conjunto de acciones para
darle un golpe y destruirle el espinazo a la estrategia de la guerra económica”;
pero sin mencionar de forma alguna los verdaderos detonantes del desastre económico
como son la inflación, la sobrevaluación, el control de cambio, la corrupción,
la ausencia de divisas, y la recientemente “aprobada” dualidad monetaria BS Y US$(mal llamada
“dolarización”)contraviniendo el 318 Constitucional (“La unidad monetaria de la
República Bolivariana de Venezuela es el bolívar”) que le anticipamos un
fracaso, pero que aún así en el ínterin golpeará más la percepción sobre la
aceptación del bolívar como medio de cambio (a corto plazo se podrá adquirir
muy poco); aparte de convertirse en una odiosa
diferencia de clases entre los pocos que tienen muchos dólares y una
mayoría que sólo puede “comprar” en territorio nacional con una moneda marchita.
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