Por Oscar Morales Rodríguez
La semana pasada ocurrieron
dos eventos políticos de suma trascendencia los cuales tocaron directamente
la figura presidencial de Perú y Venezuela. La noticia
acontecida en Perú, consistió en una acusación al Presidente en
ejercicio, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), por haber mantenido una relación
profesional -mediante un banco de inversión de su propiedad (Westfield Capital
Ltd.)- con la empresa Odebrecht, mientras ejercía funciones de ministro de
Economía de su país.
En concreto, al haber
realizado una asesoría técnica, recibió un pago de honorarios de Odebrecht por
un monto cercano a 800 mil dólares. Por este hecho, se le acusa de haber
gestionado intereses propios y ejercer actividades lucrativas prohibidas. El
Congreso peruano pidió su vacancia, y esta semana se hará
la votación final (luego de una exposición que haga el acusado ante
el pleno del Parlamento, por el tiempo que estime necesario, pese a que son 60
minutos) para resolver si es destituido del cargo por “incapacidad moral
permanente”.
El otro suceso, relacionado
con la jefatura de gobierno, se trata de la condena por tráfico de cocaína a
los sobrinos de la pareja presidencial venezolana. Efraín Antonio Campo
Flores y Francisco Flores de Freitas, quienes fueron sentenciados a 18 años de
cárcel y el pago de 50 mil dólares. Los condenados tenían predisposición para
cometer el crimen y declararon que contaban con la autorización del
Presidente Nicolás Maduro.La periodista Maibort Petit -que ha seguido todas las
audiencias de este caso con intensidad-, reseñó que, al momento de ser
capturados por la DEA, los hoy sentenciados, testificaron que el
transporte de droga se hacía debido al vínculo con Diosdado Cabello y con
Tareck El Aissami.
Estas declaraciones no serían
difíciles de creer, pues, en Venezuela los principios esenciales por medio de
los cuales nos organizamos como sociedad se quebraron. Nadie pondría en tela de
juicio estas confesiones, porque sufrimos la captura por el Estado de todo
cuanto ocurre en el país. O díganme ustedes: ¿quién dudaría de que estos
muchachos fueron capaces de elevarse a varios pies de altura cargados de
narcóticos, gracias al consentimiento de las fuerzas de seguridad del Estado?
Este intento de transportar y
distribuir un cargamento de 800 kilos de droga hacia Estados Unidos, desde la
rampa presidencial del aeropuerto de Maiquetía, sólo es posible con padrinazgo
del Estado. Esta operación únicamente se logra con facilidades que se otorgan a
clanes privilegiados. Porque no creo que José o María puedan acceder a esos
lugares, y ostentar pasaporte diplomático mucho menos.
En cualquier país –por
acontecimientos de menor gravedad- el Presidente sería destituido u obligado a
renunciar (caso Perú). O, simplemente, cualquier persona salpicada por un
delito de tal naturaleza –más aún un Presidente- con un poquito de honestidad y
decencia habría dado un paso al costado.
A la luz de estos sucesos, se
podría gritar que estas personas implicadas estarían incapacitadas para la
función pública, pero la igualdad ante la ley no tiene significado en
nuestro país. Aquí sólo se cumple el caos caníbal a través de las
imposiciones de voluntades de tribus privilegiadas con conexiones
dentro del poder. Aquí la capacidad estatal solamente está enfocada en
facilitar los negocios turbios de la casta gubernamental.
No será bajo esta gestión
pública que logremos una democracia moderna, porque hay unos ingredientes
básicos para materializar ese nivel de organización del Estado que no tenemos
por ninguna parte, estos son los llamados valores, los cuales sostienen
la confianza en las instituciones públicas. Desafortunadamente, no quedan
destellos deética en ningún espacio, la transparencia se fue de
fiesta, la integridad con reposo médico, no hay deseos de impartir justicia y
la probidad nos da alergia.
Se pudrieron nuestras
capacidades institucionales y no hay ni una fibra moral sana. La desvergüenza
no tiene precio. La confianza social está minada, y qué importa, mientras
tengamos la posibilidad de omitir o ignorar los sucesos con el virus
del silencio o resignación que se alojó como opio del pueblo hace
tiempo por estos rincones.
Estamos muy lejos de tener un
Estado para la ciudadanía.
23-12-17
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