Fernando Camino Peñalver 23 de junio de 2018
El
gobierno acaba de aumentar a partir del 1ro. de julio el salario integral
sumando un monto de 5.196.000 de bolívares. Si tomamos en consideración que en
mayo una familia de cinco personas para poder alimentarse necesitó 220.138.620
de bolívares y con un nivel de crecimiento de los precios de un cien por ciento
mensual, lamentablemente para nuestra población, no hay aumento que valga si no
se corrigen los desequilibrios macroeconómicos y se aumenta la producción de
bienes y servicios.
Si en
el mes de mayo de este año, el valor en bolívares de la canasta básica familiar
suma nueve cifras y el salario integral a partir del primero de julio será de
siete cifras medias, resulta ya una cantidad desproporcionada entre el ingreso
familiar y el costo de la canasta. Y si tomamos en consideración que para
finales del mes de julio se estima de forma conservadora que la inflación sea
superior en 200% a la de mayo, sería casi nulo el poder de compra del salario
integral, es decir que con más bolívares se adquirirían mucho menos bienes y
servicios.
Asumamos
hipotéticamente que en una familia, sus cinco integrantes ganan cada uno un
salario integral (no es lo normal), esta familia solo podrá adquirir en julio
menos del diez por ciento de la canasta de alimentos. Por lo tanto estimamos
que este año a causa de la hiperinflación aumentará la pobreza extrema, medida
por la línea de ingreso, en más de un setenta por ciento.
La
aplicación del Socialismo del Siglo Veintiuno por parte del régimen a través de
sus dos planes económicos, ha destruido al sector de la producción de bienes y
servicios en el país y ha traído como consecuencia la disminución sustancial de
la oferta de bienes y servicios, así como el aumento del desempleo tanto urbano
como rural. La quiebra parcial de Pdvsa, la cual disminuye cada día su
producción, ha generado una fuerte caída del ingreso de divisas que, sumado al
compromiso de pago de la deuda pública externa, ha mermado la capacidad de
importación del régimen, aumentando el desabastecimiento de materia prima
industrial, lo cual ocasiona una contracción de la producción nacional.
La
incipiente oferta nacional de bienes y servicios y la merma de las
importaciones, ha venido generando escasez y carestía sobre todo en la demanda
de alimentos y medicinas. Esta grave situación no puede ser resuelta con
aumentos de salarios como ya lo señalamos, sobre todo si tomamos en
consideración que en mayo se necesitó 7.337.954 de bolívares diarios para
alimentar una familia de cinco personas, esa cantidad es superior al reciente
aumento del ingreso mínimo mensual.
El
régimen entrampado en su laberinto dogmático y arcaico, ha sido incapaz de
corregir el rumbo de su “tesis” económica, la cual nos ha sumido en la más
terrible crisis humanitaria padecida por una nación. No ha habido ningún país
que haya pasado por esta situación, sin aceptar la ayuda humanitaria
proveniente del exterior. En 2014, que no fue año electoral, el régimen tuvo la
oportunidad de corregir los desequilibrios macroeconómicos, y acordar con el
sector privado una política económica coherente, pero asumió y sigue asumiendo
erróneamente la profundización de su destructiva política antieconómica.
Es por
ello que necesitamos urgentemente un cambio de gobierno con poderes públicos
independientes, que corrijan los desequilibrios macroeconómicos y restablezcan
la autonomía del BCV. Un estado responsable que garantice la libertad económica
y la libertad individual de los empresarios y promotores; la seguridad jurídica
y el respeto a la propiedad. Dentro de este marco legal debe establecerse como
política de estado la seguridad alimentaria y la protección a los sectores más
vulnerables de nuestra población.
Debemos
enfocarnos de forma unitaria en recobrar nuestra democracia. Es el momento y
estamos trabajando para ello.
Fernando
Camino Peñalver
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