Por Fernando Mires
Dejemos de lado admoniciones
de políticos sin política, de los que intentan perfilarse con críticas a la
visita de la comisionada de la ONU, de los que procuran ocultar omisiones y
errores para hacer de Michelle Bachelet un chivo expiatorio sobre quien
descargar frustraciones, e incluso de los ilusionistas que esperan de la tan
anunciada visita un cambio radical en la vida del país.
Bachelet, importante es
precisarlo, va a Venezuela comisionada por las Naciones Unidas. En ese sentido
importa poco su pasado político y mucho menos su gestión como gobernante de
Chile. En la alta política, sobre todo en la internacional, el cargo hace a la
persona y no la persona al cargo. Máxime cuando Bachelet solo es representante
de una comisión formada por muchas sub-comisiones donde las decisiones no
pueden ser tomadas de modo uni-personal. En fin, Bachelet en Caracas no puede
ser ni será Juan Pablo ll en Varsovia, aunque al llamado de Guaidó las calles
se llenen de manifestantes.
Después que se vaya Bachelet
de Venezuela, la visita pasará lentamente al olvido, oculta por otros avatares
que suceden en ese país donde todos los días pasan tantas cosas y a la vez
nunca pasa nada.
Lo que no quiere decir que
la visita de Bachelet carezca de importancia. En ningún caso: puede ser
decisiva en muchos aspectos, bajo la condición, claro está, de que logre
articularse con otros hechos y procesos que tienen lugar fuera y dentro de
Venezuela.
Escribo estas notas antes de
que Michelle Bachelet desembarque en Maiquetía. No obstante, todos los indicios
hacen pensar en que la visita de la funcionaria internacional cubrirá tres
aspectos fundamentales: el primero será informarse al detalle de la realidad
del país, el segundo escuchar atentamente a las partes y el tercero, explorar
modos internacionales de mediación que ayuden a sacar al país de la crisis
política en la que se encuentra inmerso.
De acuerdo al primer aspecto
nadie podrá impedir que el informe que redactará la comisión sobre la situación
de los derechos humanos en Venezuela sea condenatorio al régimen. Por de
pronto, nada ha cambiado desde el último informe que entregara la comisión en
marzo del 2019. Todas las acusaciones que pesan sobre el régimen de Maduro son
conocidas y es imposible desmentirlas en un lapso tan breve. Violaciones de los
derechos humanos, juicios sumarios, maltrato a los prisioneros políticos,
subordinación del poder judicial al ejecutivo, desconocimiento de la AN, perversión
del sistema electoral, deplorable situación en las escuelas, hospitales y
cárceles; y paremos de contar.
Cabe asimismo esperar que
las fracciones principales que conforman la oposición venezolana utilizarán el
nuevo informe Bachelet para insistir en sus hasta ahora fallidas propuestas.
Los ultra- extremistas -Machado, Ledezma y Arria- volverán a exigir una
intervención armada desde el exterior y el grueso de la oposición que sigue a
Guiadó continuará aguardando que de un modo mágico o bíblico tenga lugar el
mítico “cese de la usurpación”. En fin, nada nuevo bajo el sol. Lo importante
es que de un informe abiertamente condenatorio a su gestión nadie va a salvar a
Maduro.
Por cierto, Maduro intentará
contrarrestar algunos efectos negativos del informe. Puede que siguiendo el
ejemplo de su amigo Ortega en Nicaragua libere a algunos presos políticos. Al
fin, para negociarlos los tiene. Así Bachelet no se iría con las manos vacías,
la oposición creerá haber logrado un par de triunfos y Maduro aparecerá ante la
luz pública como un gobernante magnánimo. Nada de eso está asegurado, pero
tampoco está descartado.
Más problemático, sobre todo
para los representantes de la oposición, será argumentar frente a Bachelet y su
delegación. De hecho la oposición no las tiene todas consigo. Ha cedido, hay
que decirlo, muchos espacios discursivos al enemigo. Podrá señalar que ellos
luchan en contra de un régimen usurpador. Pero los de Maduro dirán a Bachelet
que no puede haber usurpación si sus adversarios se abstienen voluntariamente
de participar en elecciones. Y desde el punto de vista formal tendrán,
lamentablemente, razón. El 20 M, fecha que según la oposición da inicio a
la usurpación del poder, fue producto de una abstención y, siguiendo
estrictamente esa lógica, habiendo abstención no puede haber usurpación. Bien
aconsejada estaría la oposición entonces si afirmara que el origen de la
usurpación hay que situarlo en las elecciones que fueron llevadas a cabo para
elegir a la Asamblea Constituyente conocidas como el “smarticazo” y no el 20-M
cuando esa oposición, sin siquiera haber levantado candidatura previa, decidió
no participar, absteniéndose.
Con toda seguridad Maduro
argumentará que su gobierno enfrenta a una oposición que ha elegido la vía de
la fuerza insurreccional. Peor aún: tendrá dos pruebas innegables en la mano:
la fallida introducción de la ayuda humanitaria del 23 de febrero y, antes que
nada, el fracasado golpe militar del 30 de abril. Ambos actos realizados con el
objetivo declarado de dividir al ejército. Con toda seguridad -argüirá el
autócrata- la obligación de todo gobierno es defenderse cuando es atacado y el
suyo no ha hecho ni más ni menos que eso. Difícil será para la oposición
argumentar en sentido contrario. Si el gobierno obtiene más puntos que la
oposición en esos diálogos no será por lo tanto responsabilidad de Bachelet ni
de la ONU. Al fin y al cabo no es culpa de ellos que la oposición venezolana
haya decidido enfrentar a un enemigo en los terrenos militares, precisamente
donde ese enemigo es más fuerte, haciendo abandono de los terrenos
político-electorales, precisamente donde la oposición es muy fuerte. ¡Qué
distinto hubiera sido si a la hora de la llegada de los comisionados el pueblo
en las calles hubiera estado manifestando por elecciones libres en Venezuela!
Sobre la base de las
informaciones reunidas, la comisión Bachelet llevará sus impresiones a las
Naciones Unidas con el objetivo de que desde allí sean estudiadas algunas
posibilidades para ayudar a Venezuela a salir de la crisis política.
En ese punto, sin embargo,
hay que ser pesimistas. En Venezuela tiene lugar en estos momentos una
confrontación entre dos extremos: En un lado, un gobierno militar (autocracia
y/o dictadura) por naturaleza extremista y anti-político. En el otro, una
oposición política hegemonizada por una conducción que, si bien conserva
todavía cierto poder de convocatoria, se niega a abandonar posiciones extremas
contrarias a su naturaleza política.
La clave para transitar
nuevas vías reside por lo tanto en un reencuentro de la oposición consigo
misma, vale decir, en un retorno a su condición política: constitucional,
pacífica, democrática y electoral. Hasta la llegada de Bachelet ese intento de
reencuentro no ha tenido lugar. Solo cabe esperar que los comisionados
internacionales hagan valer su experiencia y otorguen un par de consejos a los
políticos razonables de la oposición. Quizás hay algunos entre ellos. Nunca hay
que perder del todo las esperanzas.
23-06-19
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