Jack Sullivan,
consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca,
y Antony Blinken, secretario de Estado,
analizan la posibilidad de cancelar
la licencia petrolera que tiene
Chevron con el regimen
Román Lejtman 13 de septiembre de 2024
La
Casa Blanca inició un estudio técnico-político para determinar si la abrupta
caída en la producción de hidrocarburos conmociona a la dictadura, afecta a la
economía norteamericana y golpea al mercado energético. Se trata de una
decisión contra reloj: Maduro pretende asumir el 10 de enero 2025
La
Casa Blanca estudia suspender la licencia de Chevron que le
autoriza extraer petróleo en Venezuela para forzar una mesa de diálogo
entre el dictador Nicolás Maduro y la oposición política que
permita a Edmundo González Urrutia terminar con su exilio
forzado en España y regresar a Caracas para asumir la presidencia el
10 de enero 2025.
La
administración Biden dispuso sanciones legales, financieras y
diplomáticas contra toda la nomenclatura del regimen
populista, pero esa estrategia para evitar el fraude electoral
y la violación constante a los derechos humanos sirvió muy poco.
Las
tropas estatales y paraestatales de Maduro torturaron y mataron a
decenas de opositores en Venezuela, y el candidato a presidencial González
Urrutia debió huir a Madrid por temor a una detención ilegal
ordenada por la justicia que responde a la dictadura.
En
este contexto, el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento
de Estado y el Departamento de Energía de Estados
Unidos iniciaron un profundo estudio técnico-político para determinar si la
suspensión de la licencia de extracción de petróleo otorgada a Chevron puede
servir de palanca para abrir un proceso de negociación que desemboque
en la jura de González Urrutia como presidente de Venezuela.
Chevron,
Maduro y la oposición venezolana -González Urrutia y María Corina
Machado- ya saben que la administración Biden está evaluando
suspender la licencia de extracción de petróleo que inició en 2022 y -hasta
ahora- se renueva sin obstáculos cada seis meses.
-¿Se
está considerando ir más allá de las sanciones individuales y tomar más medidas
que afectarían al sector petrolero de Venezuela? Por ejemplo, ¿se está
considerando agregar restricciones a la licencia de Chevon o de otras
compañías extranjeras que ya operan allí?-, se preguntó ayer en la Casa
Blanca.
-Estamos
monitoreando constantemente y muy de cerca los acontecimientos políticos y
económicos en Venezuela, y estamos comprometidos a calibrar nuestra
política de sanciones de manera apropiada en respuesta tanto
a los eventos en el terreno como a los intereses nacionales
estadounidenses más amplios-, contestó un vocero clave de la
administración Biden.
Esta respuesta
alambicada encierra una lógica de poder que
busca compensar la agenda electoral de Khamala Harris, la
estrategia económica-financiera de Chevron y las necesidades
políticas de la oposición venezolana.
Biden
no tomará ninguna medida que pueda complicar la campaña
de Harris. La suspensión de la licencia de Chevron eventualmente podría
hacer subir los precios de los combustibles por la eventual caída de la oferta.
Y en DC todavía se recuerda que Jimmy Carter perdió la reelección frente
a Ronald Reagan por el aumento de la nafta y
la crisis de los rehenes.
Los
directivos de Chevron ya visitaron el Ala Oeste de la Casa y
argumentaron que la suspensión de la licencia puede causar desabastecimiento,
incremento de los precios por galón y una nueva ola de inmigración
ilegal como consecuencia de la caída de ingresos en la compleja
economía venezolana.
Mike
Wirth, director ejecutivo de Chevron, completó los argumentos de
la empresa estadounidense durante una conferencia telefónica que protagonizó a
comienzos de agosto. “Estamos allí (Venezuela) para ayudar a desarrollar la
economía, apoyar a la gente, crear empleos y no involucrarnos en la
política, que puede oscilar en cualquier país de un partido a otro”
.Y
remató: “No tenemos un papel en la selección de gobiernos. Somos un
actor comercial, no un actor político”.
El
Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado tienen
suficiente evidencia para responder a los argumentos del staff de
Chevron que desembarcó en la Casa Blanca para sugerir que una eventual
suspensión de la licencia puede causar un caos en la oferta energética.
La
empresa petrolera produce cerca de 200.000 barriles por día, una
cifra que no impacta en el mercado global si finalmente Chevron ya no puede
extraer en Venezuela. Y respecto a los precios del barril, es
poco probable que se disparen los precios en Estados Unidos ante la
caída de la demanda.
En
cambio, la suspensión de la licencia puede causar conmoción económica y
política en la dictadura venezolana. Los 200.000 barriles por día
implican el 20 por ciento de las exportaciones nacionales de
crudo, y cerca de un 30 por ciento de los ingresos petroleros
del regimen populista.
“El
régimen de Maduro se aferra al poder utilizando los ingresos
petroleros que dependen de la intervención de Estados Unidos”, señaló
el senador demócrata Dick Durbin, líder de la mayoría en la Cámara
alta.
“El
mensaje debe enviarse alto y claro: Estados Unidos no hará más negocios
con la dictadura de Maduro”, sostuvo la representante republicana
María Elvira Salazar, al presentar un proyecto de ley para evitar que
empresas de Estados Unidos hagan negocios con la dictadura de Maduro.
Pese a
la campaña presidencial que enfrenta a Harris con
Trump, senadores y diputados de ambos partidos coinciden en la
necesidad de aplicar sanciones económicas al regimen populista. Se
trata de asfixiar a la dictadura para que acepte una mesa de
negociación con González Urrutia y María Corina Machado.
La
Casa Blanca comparte la estrategia parlamentaria. Pero tomará su
tiempo para decidir.
Maduro
asume el 10 enero.
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