Sebastiana Barráez 08 de octubre de 2024
El representante
de una ONG reveló a Infobae que carceleros, jueces, fiscales, defensores y
esbirros, “han demostrado una complicidad importante en todo este esquema de
sobornos, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, hacia los privados de
libertad arbitrariamente”
En el
marco de las protestas electorales, no menos de 106 detenidos por
causas políticas tiene el estado Apure desde el 28 de julio, día de las
elecciones presidenciales; casi de inmediato trasladaron a 19 a las peligrosas
cárceles de Tocuyito y Tocorón. En la cifra de detenidos hay 15
mujeres. Todos han sido víctimas de un círculo corrupto de la justicia
en el que participan jueces de Control, Fiscales del Ministerio Público,
Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y Ministerio del Servicio Penitenciario.
Una cantidad de funcionarios que son los carceleros como jueces, fiscales, defensores y esbirros, “ha demostrado una complicidad importante en todo este esquema, de sobornos, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, hacia los privados de libertad arbitrariamente durante las protestas postelectorales”, le dice a Infobae el representante de una ONG defensora de DDHH, que también es perseguida por el régimen venezolano.
Todos
los detenidos son obligados a aceptar como defensora pública a Ana Karina
Ramírez, pareja sentimental del subjefe del Sebin. Los casos han sido
distribuidos en los tribunales de control a cargo de los jueces: María
Milagros González Díaz, José Antonio Méndez Laprea y Rosmery Torres.
Entre
las mujeres detenidas en Apure, está María Isabela García, es
abogado pero también docente del Liceo Bolivariano “Manuel Antonio Nieves”,
ubicado en la avenida Urbino Ruiz de la parroquia Elorza, municipio Rómulo
Gallegos, Apure; políticamente es la Coordinadora de Educación y militante del
partido Primero Justicia (PJ), pero especialmente miembro del voluntariado de
Mujeres con María Corina Machado y Edmundo González
Urrutia en Elorza.
García
fue arrestada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 3 de agosto, siendo
presentada una semana después de su detención y sin derecho a defensa privada,
porque le impusieron a la defensora pública Ana Ramírez.
La
audiencia de imputación de García fue realizada de forma telemática, con
alguien que dijo ser fiscal pero aun de manera virtual el funcionario no se
identificó. Le violentaron todo derecho a la defensa, al debido proceso y le
imputaron delitos de terrorismo e incitación al odio por administrar un grupo
de Whatsapp.
La
verdadera razón, de la cuestionada administración de justicia, es enviar un
mensaje de terror al resto de los venezolanos. El chat de WhatsApp solo fue una
excusa, con el argumento que ahí se habla mal de Nicolás Maduro y de
Sobella Flores, jefa de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) del
sector Centro de Elorza, quien para colmo es la madrina de García. El Tribunal
en función de Control le asignó como centro de reclusión el comando de la GNB
de Mantecal.
María
Isabela García, además de profesional y dirigente política,
es madre de dos menores de edad, incluyendo un bebé que acaba de cumplir un
año; la coaccionaron para que grabara un video, pero en ese momento estaba en
un alterado estado de nervios lo que impidió la grabación.
La
sobrina y la enfermera
Rosa
María Mota, también fue detenida. Ella era la Fiscal Provisoria
Décima Quinta del Ministerio Público, cuando el 7 de agosto 2024 fue detenida
en San Fernando de Apure. Se supo que estaba en la cárcel cuando el Fiscal
General, que nombró la ilegal e ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek
William Saab Halabi, lo anunció en sus redes sociales.
La
excusa para detenerla, según el Fiscal Saab, es por “su participación en el
delito de retraso u omisión intencional de funciones, por actuar contrario a su
deber al divulgar información de carácter reservado permitiendo la evasión de
sujetos investigados por hechos de violencia, actos vandálicos y
desestabilización”, en el caso del sirio venezolano Sliman Abdul
Khalek.
Mota
no era bien vista en la comunidad apureña por muchas de sus actuaciones: ella
tiene la particularidad de ser sobrina de la doctora Nahir Mota, Coordinadora
de campaña del comando Con Venezuela en el estado Apure y Directora Regional
del Partido Vente Venezuela, a quien autoridades del régimen venezolano pretenden
apresar por su liderazgo en la zona.
Así
mismo, la enfermera Yulennis Aranguren fue detenida por la
Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 9 de agosto: ella es la coordinadora del
Movimiento de Mujeres con María Corina y Edmundo en el municipio Biruaca,
estado Apure. Fue recluida en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la
localidad de Biruaca, donde sus familiares han sido extorsionados por los
cuerpos policiales.
El
desespero de sus familiares por buscar su libertad es porque las condiciones de
salud de Aranguren son precarias, por poseer patologías preexistentes al
momento de su detención.
“Pague
en dólares”
El
presidente del Circuito Penal del estado Apure, desde abril pasado, es José
Mauricio Muñoz
va,
quien hasta ahora no ha tomado decisiones para frenar lo que ocurre con los
“arreglos económicos” en el marco de las detenciones. “Esos cobros están
liderizados por la Juez de Control María Milagros González Díaz, y el Juez
Antonio Franco”.
El
representante de la ONG que habló con Infobae asevera que
“todos los detenidos por motivos políticos, son obligados a que los represente
una defensora publica llamada Ana Karina Ramírez, pareja del subdirector del
Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el estado Apure, Daniel Pérez”.
La
versión de familiares de varias víctimas es que los funcionarios piden cifras
de 700 hasta 5 mil dólares para evitar que los envíen a las cárceles de
Tocuyito y Tocorón. “Depende de la situación económica del detenido: quienes no
pagaron completo o no. Pudieron pagar fueron trasladados lejos de Apure. A
otros, con más recursos, los han obligado a pagar con dinero, con vacas, con
búfalos, con motocicletas, con terrenos, en fin, los han extorsionado”.
Dos
casos emblemáticos. Rubén Díaz, gerente de la estación de gasolina
el Cotayo en el municipio Pedro Camejo, tenía diferencias con Drenier
Mendoza, alias El Mentol. Díaz fue detenido, criminalizado por las
protestas postelectorales y procesado por terrorismo. “Rubén ha pagado
15 mil dólares porque lo amenazaron con trasladarlo a Tocorón; sigue detenido
en San Fernando de Apure”.
Alias
El Mentol era un lucero del pran El Pingüino de la cárcel de San Fernando de
Apure; por la cercanía con Elizabeth Gimón de Piñate, esposa del
exgobernador y ahora ministro Eduardo Piñate, le dejaron a alias El Mentol la
administración del combustible en el estado Apure, lo que fue caldo de cultivo
para la prosperidad del contrabando en esa zona de la frontera.
Otro
caso es el de Sliman Abdul Khalek, ciudadano sirio venezolano,
detenido el 28 de julio. “Sliman tenía un dron, en la terraza del hotel de su
papá, con el que había estado tomando fotografías y filmando videos de los
principales centros electorales de San Fernando de Apure”.
Es una
familia con amplias relaciones de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, pero en
el pasado si hubo enfrentamiento con el entonces gobernador, el coronel Ramón
Carrizalez.
“El
sirio venezolano Sliman ha tenido que pagar 32 mil dólares. Lo metieron preso
en las instalaciones de la PNB en Apure. En los tribunales le quitaron el
delito de terrorismo”.
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