Pensar en modelos políticos y económicos / Roberto Casanova @roca025

 

1. Introducción

Vivimos en una época repleta de paradojas. Una de ellas, especialmente relevante, radica en que, por un lado, nos enfrentamos a problemas complejos cuyas soluciones son principalmente políticas; por otro lado, el nivel del debate público es preocupantemente bajo. En este contexto, debemos esforzarnos, entre otras cosas, por trazar tres imágenes, aunque sea de manera aproximada: la de la sociedad a la que pertenecemos, la de aquella en la que podríamos convertirnos y la de la que deseamos formar parte. Esta tarea es imprescindible para revitalizar la política en tiempos en los que están en juego la libertad, la paz y el bienestar. Con el propósito de contribuir a esta labor, en este ensayo me permito ofrecer al debate, de manera muy esquemática, cuatro modelos económicos y políticos que considero útiles como herramientas analíticas.

Es importante destacar, ante todo, que un modelo es una construcción teórica que nos ayuda a identificar los mecanismos causales más relevantes presentes en la porción de la realidad que estamos tratando de comprender. Podemos pensar en un modelo como un guion que nos permite narrar una historia plausible y comprensible sobre el objeto de nuestro estudio. Sin embargo, debemos ser cautelosos y no confundir la representación teórica con la realidad misma. Un modelo debe utilizarse siempre con precaución y no aplicarse mecánicamente al análisis de hechos y procesos reales, evitando forzar que estos encajen en él.

En este ensayo, presento cuatro modelos derivados de la consideración de dos pares fundamentales de categorías para analizar la realidad política y económica. Por un lado, tenemos la dicotomía entre autocracia vs. democracia, y por otro, la tensión entre proceso de mercado vs. intervencionismo. Aunque el significado de estas nociones puede debatirse, en este texto es suficiente con que nos quedemos con su uso más general, que refleja la mayor o menor concentración del poder político en el primer caso y el mayor o menor grado de libertad en la esfera económica en el segundo. El cruce de estas categorías genera cuatro ámbitos de posibilidades, dentro de los cuales esquematizo los siguientes modelos: autocrático patrimonialista, autocrático de mercado, democrático interventor y liberal popular. Un gráfico resume esta propuesta teórica.

Cada uno de estos modelos posee una lógica interna, lógica que se manifiesta a través de estructuras que incentivan o desincentivan ciertos comportamientos y de mecanismos causales específicos. Aunque no son, desde luego, los únicos modelos posibles, resultan especialmente útiles, en mi opinión, para comprender nuestra realidad actual, identificar nuestras posibilidades futuras y orientar estratégicamente nuestra acción política.

2. El modelo autocrático patrimonialista

Este modelo se basa en la toma del poder estatal por parte de una minoría ambiciosa y decidida. Esta captura puede ocurrir de diversas maneras, aunque en los tiempos actuales, el surgimiento de fenómenos populistas es especialmente relevante. El líder populista accede al poder a través de elecciones, aprovechando una crisis de representatividad política, y se esfuerza por centralizarlo en sí mismo y en los grupos que lo respaldan. Entre estos grupos, destaca una parte de la fuerza armada y de la policía, ya que un régimen autoritario —que, aunque no lo diga abiertamente, niega la alternancia en el poder— debe estar preparados para enfrentar, incluso mediante el uso de la fuerza, a cualquier adversario, por pacífico y democrático que sea.

En estas circunstancias, la minoría en el poder puede administrar de manera discrecional los recursos y los instrumentos estatales. En la versión estatista y socialista del modelo, busca subordinar el sistema económico a los planes y controles gubernamentales. Esto se materializa mediante una amplia legislación intervencionista que crea oportunidades para la corrupción y los privilegios, al mismo tiempo que causa diversas distorsiones en el proceso de mercado. Para quienes ostentan el poder, la línea entre el patrimonio estatal y sus ingresos personales tiende a difuminarse, lo que justifica el término “patrimonialista”. Este proceso de apropiación, respaldado por el Estado, puede incluso extenderse a patrimonios privados a través de la perversión del concepto de expropiación, que en realidad se convierte en una forma de expoliación.

Estamos pues ante un sector autocrático, civil y militar, que lleva a cabo una acumulación originaria de capital y que gradualmente se convierte en una nueva clase social privilegiada. A pesar de ello, el régimen, si aspira a mantener cierta legitimidad, no puede ser totalmente indiferente al apoyo o rechazo de diversos sectores sociales, especialmente de los sectores populares. Por tanto, debe contar con mecanismos clientelares que, si es necesario, se conviertan en instrumentos de chantaje para garantizar la obediencia.

La debilidad inherente al modelo radica en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, encontramos la insaciable ambición de la minoría dominante y de aquellos “enchufados” que aprovechan las oportunidades generadas por el intervencionismo estatal. Por otro lado, está la destrucción de los incentivos para la función empresarial y la creación de riqueza. Todo ello se manifiesta especialmente en un déficit fiscal crónico, resultado del aumento del gasto público (impulsado por la visión estatista de la economía y la corrupción desmedida) y los bajos ingresos fiscales (reflejo de una economía débil e improductiva). El endeudamiento y el financiamiento monetario, que se traduce en el corrosivo impuesto inflacionario, son opciones disponibles para el régimen, aunque no son sostenibles en el tiempo. En última instancia, este modelo tiende inexorablemente a generar incremento de precios, escasez, desempleo y empobrecimiento, lo que provoca una creciente frustración y descontento social.

La respuesta del régimen ante esa deriva económica y social será, en consonancia con su naturaleza, la represión y su progresiva transformación en un aparato policial. Esto, a su vez, significará la definitiva pérdida de su legitimidad. El ordenamiento, por así decirlo, del saqueo de las arcas públicas se hará forzoso, impulsando algún tipo de purga y desatando conflictos distributivos, desconfianza y deserciones dentro de la minoría patrimonialista. Esta minoría o una parte de ella, convertida en una oligarquía corrupta y ostentosa, podrá ejercer su dominio durante algún tiempo más sobre una población diezmada, empobrecida y desperdigada. Sin embargo, el modelo está destinado casi irremisiblemente al colapso por su propia lógica, y su transformación en otro modelo, como el autocrático de mercado, es previsible. Especialmente porque a una parte de la minoría dominante le resultará lo más conveniente.

3. El modelo autocrático de mercado

Este modelo fusiona el ejercicio autoritario del poder estatal por parte de una minoría dominante con una economía de mercado basada en la propiedad privada. La principal fuente de riqueza para quienes ostentan el poder no proviene de la apropiación de recursos públicos, sino de su participación en actividades empresariales bajo condiciones favorables que ellos mismos pueden garantizarse. Esto es especialmente cierto si esa minoría, tanto en su componente civil como en el militar, cuenta con un capital que haya podido acumular, por ejemplo, en el marco de una dinámica patrimonialista previa. En este sentido, por mencionar una posibilidad, un proceso amañado de privatización de empresas estatales puede ser una vía para que la minoría poderosa y sus allegados se inserten convenientemente en la dinámica empresarial.

Aunque en este modelo el proceso de mercado tiende a ser libre, el carácter autocrático del régimen facilita la implementación de políticas intervencionistas en favor de algunos sectores influyentes, como, por ejemplo, medidas proteccionistas frente a la competencia extranjera. Dado que se trata de una autocracia, el Estado de derecho no existe en forma cabal, y la discrecionalidad en el ejercicio del poder está omnipresente. Por lo tanto, los inversores privados suelen formar parte de la minoría dominante o, en el mejor de los casos, no deben ser percibidos por ella como una amenaza para su poder. No obstante, esto no elimina el riesgo de acciones arbitrarias que vulneren los derechos de propiedad. La minoría autocrática siempre puede apropiarse del patrimonio de otros, especialmente si sus expectativas de permanencia en el poder se ven amenazadas o acortadas.

En cualquier caso, si esa minoría decide abstenerse de saquear las finanzas públicas o limitar dicho saqueo, el modelo autocrático de mercado podría ofrecer cierta estabilidad fiscal y macroeconómica. Además, gracias a la existencia de una dinámica empresarial más o menos activa, la economía podría experimentar crecimiento, generando empleos y mejorando las condiciones de vida en general. Sin embargo, la subordinación de la actividad empresarial a la minoría autocrática actúa como un obstáculo que restringirá la entrada de inversores y, por ende, limitará el crecimiento.

La estabilidad del modelo enfrenta diversos problemas políticos. La ausencia de reglas democráticas convierte la sucesión del líder gobernante en un tema delicado que puede desencadenar conflictos dentro de la élite autocrática. Además, las relaciones comerciales y financieras internacionales con países democráticos pueden verse afectadas negativamente. Las posibles demandas de democratización por parte de una sociedad más próspera y dinámica también podrían ejercer presión sobre el régimen, generando dificultades políticas con consecuencias económicas y sociales. En última instancia, el modelo es inestable debido a la contradicción inherente entre la libertad económica y la dominación política.

4. El modelo democrático interventor

Este modelo parte de la premisa de que la democracia es la mejor manera de resolver los problemas colectivos, especialmente la cuestión de quién debe gobernar. En este régimen político, quienes aspiran a ejercer la representación pública compiten por el apoyo electoral de la mayoría y para aspirar al éxito a menudo necesitan contar con el respaldo de grupos económica y socialmente poderosos.

En este caso, se respetan los derechos de propiedad, aunque no de manera absoluta. A la propiedad se le asigna una imprecisa función social, lo que puede manifestarse en diversas regulaciones que limitan su uso, usufructo y disposición. Además, aunque se asume que la dinámica del mercado es necesaria para garantizar el funcionamiento de una economía moderna, también se le atribuye la generación de diversos problemas que requieren la intervención del Estado. Uno de estos problemas es la desigualdad, lo que justifica el énfasis redistributivo de las políticas públicas y la estructura fiscal característica de este modelo.

En principio, este modelo podría generar un “círculo virtuoso” de crecimiento económico: aumento del gasto público, incremento del ingreso, mayor capacidad de consumo, creación de oportunidades empresariales, aumento de la inversión privada, crecimiento de la producción, expansión de las fuentes de empleo, recaudación fiscal más alta y nueva expansión del gasto público. Sin embargo, esta dinámica de expansión, impulsada en gran medida por el gasto público, tiene límites.

La competencia entre actores políticos y su disposición a intervenir activamente en el proceso económico, junto con las demandas de apoyo estatal de diversos grupos y sectores, resulta en un creciente y tupido entramado de leyes, reglamentos y políticas. La imagen de un Estado con innumerables “tomacorrientes” que permite la proliferación de la práctica del “enchufe” ilustra este punto. Esta proliferación de intervenciones va entorpeciendo progresivamente la actividad empresarial genuina, que se vuelve menos atractiva en comparación con la alternativa de capturar renta mediante el acceso a los centros de decisión estatal. Como resultado, el gasto público y la intervención estatal siguen expandiéndose, ya no solo por razones de estrategia económica y social, sino como expresión de un Estado capturado por grupos y sectores, incluida una vasta burocracia.

El Estado se enfrenta así a un problema cada vez más grave de financiamiento, y el déficit fiscal se vuelve estructural. Aunque el endeudamiento proporcione un margen de maniobra al gobierno, tarde o temprano se requerirá un ajuste que implicará la disminución del gasto público y el aumento de la presión tributaria sobre la actividad económica. Esto, a su vez, desestimulará la inversión privada y generará descontento en diversos sectores. Una opción para obtener ingresos sería la emisión monetaria, pero la inflación resultante tendría efectos distributivos perniciosos, empobreciendo a amplios sectores de la población. Los ajustes fiscales también afectarán de manera disímil a distintos sectores y, en última instancia, el Estado se convertirá en una fuente de desigualdades.

Las expectativas sociales sobre la capacidad del Estado para garantizar el bienestar se verán pues cuestionadas, y la legitimidad de los actores políticos y del propio sistema democrático se erosionará. Esto podría abrir paso a un fenómeno populista de uno u otro signo. El quiebre del modelo, al menos en lo que respecta a su carácter democrático, se tornará altamente probable.

5. El modelo liberal popular

El modelo liberal popular considera la libertad como el fundamento del orden social. En consecuencia, establece límites al poder en todas sus formas. En primer lugar, aunque el Estado debe ser fuerte, también debe estar restringido en su alcance y en la gestión de los recursos públicos. Su objetivo principal debe ser garantizar un marco de justicia en el que el respeto a la libertad y los derechos de propiedad sea fundamental. En segundo lugar, los representantes públicos deben ser electos democráticamente y estar sometidos a sistemas eficaces de gestión transparente y rendición de cuentas. Y, en tercer lugar, la actividad empresarial debe ser libre y no estar sujeta a intervenciones arbitrarias por parte del Estado, aunque debe seguir reglas que eviten prácticas monopolísticas y protejan los derechos de los usuarios y consumidores.

En este modelo, la solidaridad es también un valor esencial. Se manifiesta, sobre todo, a través de una política social subsidiaria que se enfoca en el desarrollo de las capacidades individuales. Esto permite que las personas asuman la responsabilidad de sus proyectos de vida libremente elegidos. Así, se logra la armonía entre un marco de justicia que respeta la dignidad humana y una dinámica económica basada en la competencia y la innovación.

Para que este modelo funcione, es crucial enfocarse menos en redistribuir la riqueza y más en aumentar la productividad. Solo una economía que crezca sostenidamente gracias al incremento de la productividad podrá garantizar la expansión de los ingresos (tanto ganancias como salarios) y la recaudación de impuestos para financiar un Estado promotor, pero no intervencionista.

La existencia de un Estado limitado, aunque no mínimo, implica el manejo disciplinado de las finanzas estatales y de la moneda. Los límites al gasto y al endeudamiento público, así como la autonomía del banco central, son componentes esenciales de este modelo. Por otro lado, resulta crucial evitar que grupos de interés y actores políticos moldeen leyes y políticas públicas en su propio beneficio, perjudicando así el interés general. En ese sentido, la competencia política dentro del marco de un Estado limitado dificulta la concentración del poder político, lo que a su vez obstaculiza su uso por parte de los actores económicos para eludir la competencia mediante la obtención de privilegios. Además, podría argumentarse que la competencia, al dificultar la concentración del poder económico, reduce el riesgo de que grupos de interés influyan exageradamente en el proceso político. En última instancia, todo esto contribuye a preservar la estabilidad económica y el carácter justo de las instituciones.

Este modelo también enfatiza que la mera existencia de instituciones formales no garantiza la sostenibilidad de un orden liberal y democrático. Su viabilidad depende, en última instancia, del respaldo popular. Esto implica tres aspectos clave: valores y prácticas liberales arraigados en una parte significativa de la ciudadanía, iniciativas civiles independientes del Estado y destinadas a abordar problemas colectivos solidariamente, y la disposición de los ciudadanos a movilizarse en defensa de la justicia. Es relevante destacar que el “pueblo” al que se refiere este modelo no es una masa de individuos indiferenciados y atomizados, sino un pueblo político: una pluralidad de ciudadanos conscientes de su condición de comunidad política e histórica, dispuestos a unirse en defensa de una concepción compartida de justicia. No se trata solo de un asunto de moral pública, aclaro, ya que un orden de instituciones justas es, en realidad, un marco imprescindible para el progreso de la mayoría de las personas consideradas individualmente.

La principal debilidad de este modelo radica en que es más sencillo para grupos pequeños resolver sus problemas de acción colectiva para satisfacer sus intereses particulares que para vastos sectores de la ciudadanía defender el interés general. Aunque ciertas coyunturas históricas, como la caída de una tiranía, pueden ser oportunidades para el surgimiento del pueblo en el sentido antes comentado, el desafío consiste en que ese pueblo se movilice cada vez que la libertad y la justicia estén amenazadas. En este contexto, es casi innecesario subrayar la importancia que tiene la existencia de líderes genuinamente comprometidos con la creación de un orden liberal sustentado en el apoyo popular.

5. Comentarios adicionales

Estos son los cuatro modelos políticos y económicos que, en breve síntesis, presento para la reflexión. Sin embargo, podríamos imaginar otros enfoques. Por ejemplo, modelos híbridos que resulten de combinar aspectos de dos o más de los modelos anteriores. También podríamos abordar modelos más complejos, que incluyan aspectos no tratados aquí, como la cultura, la distribución de la riqueza o la dinámica territorial. Otra línea de investigación interesante sería delinear los mecanismos mediante los cuales un modelo podría transformarse en otro. No obstante, en este ensayo, me he limitado a presentar los cuatro modelos mencionados, considerándolos herramientas teóricas más que descripciones de una realidad particular.

Quiero enfatizar que, en las ciencias sociales e históricas, el verdadero desafío intelectual radica en comprender la realidad, no en validar modelos teóricos. No debemos pretender encontrar el modelo al que una realidad específica correspondería. En cambio, debemos evaluar qué modelo o combinación de modelos nos permite narrar una historia razonable sobre las circunstancias que estamos estudiando, incluso considerando la posibilidad de que ninguno de esos modelos sea completamente satisfactorio. Los modelos teóricos son, insisto, herramientas para comprender la realidad. Son tanto necesarios como insuficientes, ya que no podemos abordar la infinita complejidad de la realidad sin recurrir a las simplificaciones que los modelos nos ofrecen.

En cualquier caso, no hace falta ser muy perspicaz para advertir la utilidad que tiene cada uno de los modelos anteriores para interpretar algún período particular del devenir histórico venezolano contemporáneo. Por ejemplo, el modelo autocrático patrimonial nos ayuda a entender, en líneas generales, el orden que surgió con la revolución chavista-madurista. De manera similar, el modelo autocrático de mercado esboza un posible camino para esa revolución, un camino que algunos actores políticos y empresariales habrían intentado transitar, hasta ahora sin éxito. Estos dos modelos nos ayudarían así a describir algunas contradicciones dentro del régimen dominante.

Por otro lado, el modelo democrático interventor no solo nos permite entender la realidad previa a la revolución chavista, sino también lo que podría surgir cuando el régimen autocrático actual llegue a su fin. El modelo liberal popular, en fin, esboza el funcionamiento de un orden político y económico que se ha vuelto posible después de los destructivos años de revolución socialista. Por ahora, prefigura una realidad deseable y sirve como referencia para una acción política transformadora. Las diferencias y coincidencias entre este modelo y el modelo democrático interventor serán tema central, espero, en el debate público que renacerá con nuestra democracia.

Sin embargo, el análisis de la realidad venezolana y de las posibilidades presentes en ella, considerando los modelos mostrados, queda como tema para otro ensayo.

https://prodavinci.com/pensar-en-modelos-politicos-y-economicos/

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