Pensar en modelos políticos y económicos / Roberto Casanova @roca025

 

1. Introducción

Vivimos en una época repleta de paradojas. Una de ellas, especialmente relevante, radica en que, por un lado, nos enfrentamos a problemas complejos cuyas soluciones son principalmente políticas; por otro lado, el nivel del debate público es preocupantemente bajo. En este contexto, debemos esforzarnos, entre otras cosas, por trazar tres imágenes, aunque sea de manera aproximada: la de la sociedad a la que pertenecemos, la de aquella en la que podríamos convertirnos y la de la que deseamos formar parte. Esta tarea es imprescindible para revitalizar la política en tiempos en los que están en juego la libertad, la paz y el bienestar. Con el propósito de contribuir a esta labor, en este ensayo me permito ofrecer al debate, de manera muy esquemática, cuatro modelos económicos y políticos que considero útiles como herramientas analíticas.

Es importante destacar, ante todo, que un modelo es una construcción teórica que nos ayuda a identificar los mecanismos causales más relevantes presentes en la porción de la realidad que estamos tratando de comprender. Podemos pensar en un modelo como un guion que nos permite narrar una historia plausible y comprensible sobre el objeto de nuestro estudio. Sin embargo, debemos ser cautelosos y no confundir la representación teórica con la realidad misma. Un modelo debe utilizarse siempre con precaución y no aplicarse mecánicamente al análisis de hechos y procesos reales, evitando forzar que estos encajen en él.

En este ensayo, presento cuatro modelos derivados de la consideración de dos pares fundamentales de categorías para analizar la realidad política y económica. Por un lado, tenemos la dicotomía entre autocracia vs. democracia, y por otro, la tensión entre proceso de mercado vs. intervencionismo. Aunque el significado de estas nociones puede debatirse, en este texto es suficiente con que nos quedemos con su uso más general, que refleja la mayor o menor concentración del poder político en el primer caso y el mayor o menor grado de libertad en la esfera económica en el segundo. El cruce de estas categorías genera cuatro ámbitos de posibilidades, dentro de los cuales esquematizo los siguientes modelos: autocrático patrimonialista, autocrático de mercado, democrático interventor y liberal popular. Un gráfico resume esta propuesta teórica.

Cada uno de estos modelos posee una lógica interna, lógica que se manifiesta a través de estructuras que incentivan o desincentivan ciertos comportamientos y de mecanismos causales específicos. Aunque no son, desde luego, los únicos modelos posibles, resultan especialmente útiles, en mi opinión, para comprender nuestra realidad actual, identificar nuestras posibilidades futuras y orientar estratégicamente nuestra acción política.

2. El modelo autocrático patrimonialista

Este modelo se basa en la toma del poder estatal por parte de una minoría ambiciosa y decidida. Esta captura puede ocurrir de diversas maneras, aunque en los tiempos actuales, el surgimiento de fenómenos populistas es especialmente relevante. El líder populista accede al poder a través de elecciones, aprovechando una crisis de representatividad política, y se esfuerza por centralizarlo en sí mismo y en los grupos que lo respaldan. Entre estos grupos, destaca una parte de la fuerza armada y de la policía, ya que un régimen autoritario —que, aunque no lo diga abiertamente, niega la alternancia en el poder— debe estar preparados para enfrentar, incluso mediante el uso de la fuerza, a cualquier adversario, por pacífico y democrático que sea.

En estas circunstancias, la minoría en el poder puede administrar de manera discrecional los recursos y los instrumentos estatales. En la versión estatista y socialista del modelo, busca subordinar el sistema económico a los planes y controles gubernamentales. Esto se materializa mediante una amplia legislación intervencionista que crea oportunidades para la corrupción y los privilegios, al mismo tiempo que causa diversas distorsiones en el proceso de mercado. Para quienes ostentan el poder, la línea entre el patrimonio estatal y sus ingresos personales tiende a difuminarse, lo que justifica el término “patrimonialista”. Este proceso de apropiación, respaldado por el Estado, puede incluso extenderse a patrimonios privados a través de la perversión del concepto de expropiación, que en realidad se convierte en una forma de expoliación.

Estamos pues ante un sector autocrático, civil y militar, que lleva a cabo una acumulación originaria de capital y que gradualmente se convierte en una nueva clase social privilegiada. A pesar de ello, el régimen, si aspira a mantener cierta legitimidad, no puede ser totalmente indiferente al apoyo o rechazo de diversos sectores sociales, especialmente de los sectores populares. Por tanto, debe contar con mecanismos clientelares que, si es necesario, se conviertan en instrumentos de chantaje para garantizar la obediencia.

La debilidad inherente al modelo radica en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, encontramos la insaciable ambición de la minoría dominante y de aquellos “enchufados” que aprovechan las oportunidades generadas por el intervencionismo estatal. Por otro lado, está la destrucción de los incentivos para la función empresarial y la creación de riqueza. Todo ello se manifiesta especialmente en un déficit fiscal crónico, resultado del aumento del gasto público (impulsado por la visión estatista de la economía y la corrupción desmedida) y los bajos ingresos fiscales (reflejo de una economía débil e improductiva). El endeudamiento y el financiamiento monetario, que se traduce en el corrosivo impuesto inflacionario, son opciones disponibles para el régimen, aunque no son sostenibles en el tiempo. En última instancia, este modelo tiende inexorablemente a generar incremento de precios, escasez, desempleo y empobrecimiento, lo que provoca una creciente frustración y descontento social.

La respuesta del régimen ante esa deriva económica y social será, en consonancia con su naturaleza, la represión y su progresiva transformación en un aparato policial. Esto, a su vez, significará la definitiva pérdida de su legitimidad. El ordenamiento, por así decirlo, del saqueo de las arcas públicas se hará forzoso, impulsando algún tipo de purga y desatando conflictos distributivos, desconfianza y deserciones dentro de la minoría patrimonialista. Esta minoría o una parte de ella, convertida en una oligarquía corrupta y ostentosa, podrá ejercer su dominio durante algún tiempo más sobre una población diezmada, empobrecida y desperdigada. Sin embargo, el modelo está destinado casi irremisiblemente al colapso por su propia lógica, y su transformación en otro modelo, como el autocrático de mercado, es previsible. Especialmente porque a una parte de la minoría dominante le resultará lo más conveniente.

3. El modelo autocrático de mercado

Este modelo fusiona el ejercicio autoritario del poder estatal por parte de una minoría dominante con una economía de mercado basada en la propiedad privada. La principal fuente de riqueza para quienes ostentan el poder no proviene de la apropiación de recursos públicos, sino de su participación en actividades empresariales bajo condiciones favorables que ellos mismos pueden garantizarse. Esto es especialmente cierto si esa minoría, tanto en su componente civil como en el militar, cuenta con un capital que haya podido acumular, por ejemplo, en el marco de una dinámica patrimonialista previa. En este sentido, por mencionar una posibilidad, un proceso amañado de privatización de empresas estatales puede ser una vía para que la minoría poderosa y sus allegados se inserten convenientemente en la dinámica empresarial.

Aunque en este modelo el proceso de mercado tiende a ser libre, el carácter autocrático del régimen facilita la implementación de políticas intervencionistas en favor de algunos sectores influyentes, como, por ejemplo, medidas proteccionistas frente a la competencia extranjera. Dado que se trata de una autocracia, el Estado de derecho no existe en forma cabal, y la discrecionalidad en el ejercicio del poder está omnipresente. Por lo tanto, los inversores privados suelen formar parte de la minoría dominante o, en el mejor de los casos, no deben ser percibidos por ella como una amenaza para su poder. No obstante, esto no elimina el riesgo de acciones arbitrarias que vulneren los derechos de propiedad. La minoría autocrática siempre puede apropiarse del patrimonio de otros, especialmente si sus expectativas de permanencia en el poder se ven amenazadas o acortadas.

En cualquier caso, si esa minoría decide abstenerse de saquear las finanzas públicas o limitar dicho saqueo, el modelo autocrático de mercado podría ofrecer cierta estabilidad fiscal y macroeconómica. Además, gracias a la existencia de una dinámica empresarial más o menos activa, la economía podría experimentar crecimiento, generando empleos y mejorando las condiciones de vida en general. Sin embargo, la subordinación de la actividad empresarial a la minoría autocrática actúa como un obstáculo que restringirá la entrada de inversores y, por ende, limitará el crecimiento.

La estabilidad del modelo enfrenta diversos problemas políticos. La ausencia de reglas democráticas convierte la sucesión del líder gobernante en un tema delicado que puede desencadenar conflictos dentro de la élite autocrática. Además, las relaciones comerciales y financieras internacionales con países democráticos pueden verse afectadas negativamente. Las posibles demandas de democratización por parte de una sociedad más próspera y dinámica también podrían ejercer presión sobre el régimen, generando dificultades políticas con consecuencias económicas y sociales. En última instancia, el modelo es inestable debido a la contradicción inherente entre la libertad económica y la dominación política.

4. El modelo democrático interventor

Este modelo parte de la premisa de que la democracia es la mejor manera de resolver los problemas colectivos, especialmente la cuestión de quién debe gobernar. En este régimen político, quienes aspiran a ejercer la representación pública compiten por el apoyo electoral de la mayoría y para aspirar al éxito a menudo necesitan contar con el respaldo de grupos económica y socialmente poderosos.

En este caso, se respetan los derechos de propiedad, aunque no de manera absoluta. A la propiedad se le asigna una imprecisa función social, lo que puede manifestarse en diversas regulaciones que limitan su uso, usufructo y disposición. Además, aunque se asume que la dinámica del mercado es necesaria para garantizar el funcionamiento de una economía moderna, también se le atribuye la generación de diversos problemas que requieren la intervención del Estado. Uno de estos problemas es la desigualdad, lo que justifica el énfasis redistributivo de las políticas públicas y la estructura fiscal característica de este modelo.

En principio, este modelo podría generar un “círculo virtuoso” de crecimiento económico: aumento del gasto público, incremento del ingreso, mayor capacidad de consumo, creación de oportunidades empresariales, aumento de la inversión privada, crecimiento de la producción, expansión de las fuentes de empleo, recaudación fiscal más alta y nueva expansión del gasto público. Sin embargo, esta dinámica de expansión, impulsada en gran medida por el gasto público, tiene límites.

La competencia entre actores políticos y su disposición a intervenir activamente en el proceso económico, junto con las demandas de apoyo estatal de diversos grupos y sectores, resulta en un creciente y tupido entramado de leyes, reglamentos y políticas. La imagen de un Estado con innumerables “tomacorrientes” que permite la proliferación de la práctica del “enchufe” ilustra este punto. Esta proliferación de intervenciones va entorpeciendo progresivamente la actividad empresarial genuina, que se vuelve menos atractiva en comparación con la alternativa de capturar renta mediante el acceso a los centros de decisión estatal. Como resultado, el gasto público y la intervención estatal siguen expandiéndose, ya no solo por razones de estrategia económica y social, sino como expresión de un Estado capturado por grupos y sectores, incluida una vasta burocracia.

El Estado se enfrenta así a un problema cada vez más grave de financiamiento, y el déficit fiscal se vuelve estructural. Aunque el endeudamiento proporcione un margen de maniobra al gobierno, tarde o temprano se requerirá un ajuste que implicará la disminución del gasto público y el aumento de la presión tributaria sobre la actividad económica. Esto, a su vez, desestimulará la inversión privada y generará descontento en diversos sectores. Una opción para obtener ingresos sería la emisión monetaria, pero la inflación resultante tendría efectos distributivos perniciosos, empobreciendo a amplios sectores de la población. Los ajustes fiscales también afectarán de manera disímil a distintos sectores y, en última instancia, el Estado se convertirá en una fuente de desigualdades.

Las expectativas sociales sobre la capacidad del Estado para garantizar el bienestar se verán pues cuestionadas, y la legitimidad de los actores políticos y del propio sistema democrático se erosionará. Esto podría abrir paso a un fenómeno populista de uno u otro signo. El quiebre del modelo, al menos en lo que respecta a su carácter democrático, se tornará altamente probable.

A mi lado pesimista / Roberto Casanova @roca025

 

«Esta victoria, que está siendo grotescamente negada por una dictadura que finalmente ha quedado al descubierto, ha abierto puertas a nuevas posibilidades, algunas de las cuales aún no logramos prever por completo»

“¿Acaso no te das cuenta de que no hay nada que podamos hacer? ¿Que nos han derrotado?” Esta interrogante probablemente ha rondado la mente de muchos, y a mí también me ha asaltado en mis momentos de cansancio e incertidumbre. Quiero compartir con ustedes la respuesta que mi lado esperanzado ofrece a mi lado pesimista.

1. Un mundo de posibilidades

Me gusta la idea de concebir el mundo en términos de posibilidades. Por un lado, cada momento presente es el resultado de la materialización de algunas de las posibilidades que eran viables en el pasado. Por otro lado, el presente también es un conjunto de posibilidades, algunas de las cuales se concretarán para moldear el futuro. El devenir histórico, entonces, se presenta como un constante proceso de apertura y cierre, y de aprovechamiento o desperdicio de posibilidades. Así, en el telar de la existencia, nos encontramos como tejedores, hilando nuestra vida individual y colectiva con los hilos de elecciones conscientes e inconscientes. 

En este sentido, es fundamental comprender que nuestras acciones están intrínsecamente entrelazadas con los relatos que creamos para interpretar las situaciones que vivimos y para actuar en consecuencia. Todos somos narradores, ya que, como seres que habitamos universos simbólicos, encontramos en la narrativa la herramienta fundamental para otorgar significado a los acontecimientos y conectarlos entre sí. Estos relatos, a su vez, nos permiten identificar o pasar por alto las diversas posibilidades presentes en cada situación histórica, y nos brindan la oportunidad de crear, en parte, el futuro. 

Basándome en esta reflexión, deseo explorar el tema del pesimismo y el optimismo en la política.

2. Pesimismo y optimismo

Debo ser sincero: la actitud pesimista me parece arrogante. Implícitamente, intenta convencernos de que conoce todas las posibilidades del presente y que ninguna de ellas nos llevará a resolver nuestros problemas. Es como si el pesimista hubiera viajado al futuro y comprobado que todos los caminos están cerrados. Esta actitud puede llevar a alguien a regodearse en tener razón respecto a sus pronósticos. A veces, incluso sospecho que a algún pesimista no le importa cuán adversas se vuelvan nuestras circunstancias; lo fundamental es demostrar que su opinión era la correcta. ¿No nos resulta familiar el típico “Yo se los dije…”?

Es curioso cómo a menudo confundimos aquella conducta con realismo, pues es innegable que la realidad trasciende con creces los confines de nuestras mentes. En ella existen más posibilidades de las que normalmente logramos identificar. Ser realista, en este sentido, no implica cerrar los ojos ante lo inesperado; más bien, requiere mantenernos abiertos a las sorpresas y no pretender encerrar el mundo dentro de los límites estrechos de nuestras interpretaciones y planes.

Podría pensarse entonces que el optimismo es la actitud más adecuada para vivir en una realidad repleta de posibilidades. Creo que eso es cierto solo en parte. El optimismo también tiende a descartar ciertas posibilidades, fundamentalmente aquellas que considera negativas. Esta conducta, en ocasiones, puede resultar cándida e incluso irresponsable, ya que ignora los riesgos y amenazas que enfrentamos. 

Simplificando las cosas, sostengo que tanto el pesimismo como el optimismo son miopes o incluso ciegos ante ciertas facetas de la realidad: el primero hacia las posibilidades positivas y el segundo, hacia las negativas. Dicho esto, si me pidieran elegir, me inclino hacia el optimismo. La razón fundamental es que el optimismo nos impulsa a seguir adelante, a perseguir las metas que nos hemos propuesto. En contraste, el pesimismo tiende a paralizarnos.

En líneas generales, considero que el pesimismo es inútil. Aunque entiendo que, en ocasiones, esa voz interna que no ve opciones puede sernos útil para evitar cursos de acción inviables o peligrosos. No obstante, es básico recordar siempre que esta perspectiva es una herramienta de doble filo que debemos manejar con cautela para no caer en la trampa del desánimo crónico.

3. Sobre el pesimismo, la depresión y sus usos políticos

Quizás estoy siendo demasiado crítico con la actitud pesimista. En Venezuela, son numerosos quienes han sufrido y continúan enfrentando dificultades, a menudo auténticas tragedias. La mayoría de los venezolanos hemos sido víctimas, de una forma u otra, del régimen dictatorial que surgió del socialismo del siglo XXI y que hoy muestra su peor rostro. Es indiscutible que tenemos muchas razones para sentirnos abatidos. El pesimismo, en este sentido, podría ser la manifestación de un estado depresivo.

Todos experimentamos momentos de tristeza. Esta respuesta emocional es normal, especialmente en circunstancias tan duras e inciertas como en las que hoy vivimos. La aflicción puede ser saludable, ya que nos permite procesar el duelo asociado a lo que no fue posible o a alguna pérdida. Es un proceso necesario para recomponernos y sanar. No enfrentar la experiencia dolorosa y cubrirla con un optimismo frívolo podría eventualmente llevar a que nuestro cuerpo “llore” nuestro sufrimiento a través de patologías insospechadas.

En todo caso, lo que quiero resaltar es que el pesimismo, cuando se arraiga como un estado de ánimo permanente, actúa como un velo que nos impide percibir posibilidades que existen a nuestro alrededor. Simultáneamente, la incapacidad para encontrar opciones nos hunde aún más en la tristeza. Este proceso da lugar a una peligrosa espiral emocional que no solo afecta al individuo, sino que también puede propagarse a otros. Y aquí radica la clave: ¿a quién beneficia que este estado emocional se generalice?

Es una pregunta retórica, desde luego. Sabemos bien que la dictadura venezolana, al igual que tantos otros regímenes autocráticos en la historia, emplea diversas tácticas para sembrar el desánimo entre la población. El chantaje, la represión, el encarcelamiento y, en ocasiones, incluso el asesinato, son herramientas que utiliza para generar miedo y mantener el control. Pero su estrategia, como también sabemos, no se detiene ahí. Recurre a la propaganda política para difundir mentiras, crear confusión y desanimar a quienes se atreven a enfrentarlos. Su objetivo es claro: inocularnos con el virus emocional del pesimismo, logrando así nuestra desmovilización y sometimiento. Para la minoría dominante, es crucial que la mayoría se hunda en la tristeza, viviendo una vida achatada y sin esperanza de cambio. Y que, finalmente, deje de joder.

¿Debemos negociar con la dictadura? / Roberto Casanova @roca025

 

«El conflicto actual enfrenta a la abrumadora mayoría de la sociedad venezolana, que se ha convertido en pueblo político, contra una minoría tiránica que busca perpetuarse en el poder»

El desafío permanente de la coordinación

Durante mucho tiempo, los sectores democráticos nos dividimos entre aquellos que sostenían que participar en elecciones bajo un régimen autoritario carecía de sentido y quienes argumentaban que era fundamental involucrarse en todos los eventos electorales, sin importar lo desfavorables que fueran las circunstancias. Esta divergencia de opiniones dificultó mucho la resolución del problema de coordinación, es decir, la tarea de alinear todos nuestros recursos y esfuerzos en una coyuntura específica y dentro de una estrategia única para avanzar en nuestra lucha democrática. Sin lugar a duda, nuestra experiencia de coordinación más exitosa, aquella que ha creado la “tormenta perfecta” en la que se halla la dictadura, ha sido, hasta ahora, la que nos condujo a la resonante victoria del 28 de julio. Participamos en una elección, pero no de cualquier manera; lo hicimos mediante la ejecución de una estrategia que se está convirtiendo en un referente sobre cómo enfrentar a una autocracia.

Recientemente, ha surgido un tema con cierto potencial divisor, el cual es el foco de este artículo. Lo planteo como una pregunta que quizás muchos de nosotros nos hemos formulado y que en este momento resulta crucial intentar responder. Tenemos que reconocer, ante todo, que se trata de un asunto complejo, al punto de que incluso especialistas en negociación y políticos experimentados no pueden ofrecer respuestas categóricas. En él se solapan, entre otras cosas, consideraciones políticas, psicológicas y morales. En el manejo de esta complejidad, es fundamental evitar que nuestras diferencias de opinión se desborden y afecten la unidad de propósito que hemos alcanzado.

Mi respuesta a la pregunta de si se debe negociar con una dictadura es tanto sí como no. Permítanme explicarme.

Un sencillo marco conceptual

En principio, podemos diferenciar entre dos tipos de conflicto. El primero surge del choque entre quienes defienden posiciones antagónicas, es decir, posiciones que se excluyen mutuamente. A este tipo de conflicto lo llamaremos “esto-o-aquello”, y su desenlace implica que la posición de una de las partes prevalece sobre la de la otra. Por otro lado, el segundo tipo de conflicto se refiere a una situación en la que las partes tienen intereses distintos, pero no necesariamente antagónicos. Este es un conflicto del tipo “más-o-menos”, en el que cada parte puede hacer algunas concesiones con respecto a sus aspiraciones para lograr así un acuerdo mutuamente satisfactorio. (Utilizo la distinción propuesta por A. Hirschman. Véase: Hirschman, Albert (1996). “Tendencias autosubversivas. Ensayos.” Fondo de Cultura Económica: México.)

En el primer caso, no existe un punto intermedio entre las posiciones en conflicto, ya que el tema no es divisible. En cambio, en el segundo caso, se abre una zona de posibles acuerdos, algunos de los cuales pueden concretarse mediante una negociación. Por lo general, consideramos que el primer tipo de conflicto es indeseable, ya que el intento de cada parte por imponerse sobre la otra puede llevar a la violencia. Esta actitud, se piensa, va en contra de la política y del entendimiento civilizado. De manera similar, se asume que es poco razonable que las partes involucradas en un conflicto del segundo tipo pretendan quedarse con todo y dejar al otro sin nada. Sin embargo, a pesar de estos juicios éticos, estas son posibilidades que, en ciertas circunstancias, resultan inevitables.

Ahora bien, en la práctica, la distinción entre estos tipos de conflictos, aunque fundamental, no siempre es nítida. En un conflicto relacionado con problemas divisibles, existen componentes no negociables que damos por sentados. Uno de ellos es, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. De modo semejante, en ocasiones, detrás de la posición que un sector defiende en un conflicto del tipo “esto-o-aquello”, podemos descubrir una diversidad de intereses. Si ese fuese el caso, el conflicto entre posiciones antagónicas podría derivar, al menos para algunos subsectores de una de las partes enfrentadas, en negociaciones con la otra parte. 

Usaré estas nociones básicas para analizar la actual situación política venezolana.

Lo no negociable

La situación en Venezuela puede describirse, a primera vista, como un enfrentamiento entre dos sectores con posiciones antagónicas con respecto a los resultados de un evento electoral. Un sector sostiene: “deben entregar el poder, pues perdieron la elección”, mientras el otro afirma: “no perdimos la elección y, por tanto, no entregaremos el poder”. Este conflicto se presenta como un dilema de “esto o aquello”, según lo he definido anteriormente. 

En teoría, el asunto se resolvería si se determinara de manera incuestionable quién ganó. Esto es lo que todos los demócratas del mundo exigen y a lo que los demócratas venezolanos han respondido publicando digitalmente copias de más del ochenta por ciento de las actas generadas por las máquinas de votación. Pero el régimen dominante no ha podido probar su posición y se ha limitado a declarar resultados sin pruebas y emitir sentencias sin validez, mientras reprime, encarcela y hasta asesina a quienes se atreven a solicitar lo elemental: que se publiquen las actas y se auditen de manera transparente. Es evidente ya, incluso para militantes y simpatizantes del partido gobernante, que el régimen no tiene cómo demostrar su supuesta victoria. Y, si luego de varias semanas de realizada la elección, el poder electoral finalmente presentase unas actas, la duda sobre su autenticidad será universal. Estamos, pues, ante un burdo intento de desconocimiento de un resultado electoral por parte de un grupo gobernante. Esta interpretación, sin embargo, aunque correcta, sería superficial. El conflicto, en realidad, se plantea en un nivel más profundo.

Una democracia se basa en un principio simple pero esencial: gobierna quien el pueblo elija soberanamente, mediante el ejercicio del voto. Los demócratas defendemos, en tal sentido, un principio básico, el que define la manera en que se transfiere pacíficamente el poder. Es un principio que sintetiza una concepción de la vida en sociedad, un principio existencial y no negociable. La dictadura, de manera paradójica, también defendería ese principio en la medida en que se empeña en mentir respecto a la victoria del dictador. Pero esto es solo algo aparente, pues hay razones y evidencias suficientes para pensar que la dictadura nunca ha cesado en su pretensión de imponer otro principio de legitimidad política: solo debe gobernar la revolución. El conflicto venezolano consiste pues en el choque, finalmente evidente, entre dos principios legitimadores: el principio democrático versus el principio revolucionario.

Es por eso por lo que repetir las elecciones, como ha sido sugerido, no es una opción válida para los demócratas. Esto implicaría violar precisamente lo que pretendemos defender: la soberanía popular que ya decidió. A ello se suma el hecho de que la dictadura está haciendo todo lo posible para desmantelar los mecanismos y equipos humanos que lograron vencerla y exponerla en toda su vileza. En este sentido, repetir las elecciones podría ser una opción solo favorable para la dictadura, ya que no habría manera de que las perdiera. Aun así, cabe preguntarse, de manera hipotética y asumiendo una enorme dosis de pragmatismo, ¿acaso aceptaría la dictadura convocar a un nuevo evento electoral en el que participara otra vez Edmundo González como candidato, pero en esta ocasión con una auténtica observación internacional, sin inhabilitaciones inconstitucionales, sin presos políticos, sin partidos secuestrados, con la garantía del voto de millones de venezolanos que viven fuera del país y con un Consejo Nacional Electoral renovado e imparcial? Obviamente, no: la revolcada electoral que recibiría el dictador pasaría a los anales de la historia política. De manera similar, no tiene mucho sentido pensar que la dictadura acepte compartir el poder con los sectores democráticos. Se trata de una mezcla absurda, dado el carácter discordante de los principios que cada sector defiende.

Por todo ello, es injustificable y casi ofensivo que aún se sostenga que el problema venezolano se reduce a una simple polarización entre dos sectores intransigentes que batallan por el poder en un “juego de suma cero”.  (El término proviene de la teoría de juegos, una rama de la economía y de la matemática que se dedica al estudio de las interacciones estratégicas).

La realidad es mucho más compleja. El conflicto actual enfrenta a la abrumadora mayoría de la sociedad venezolana, que se ha convertido en pueblo político, contra una minoría tiránica que busca perpetuarse en el poder. De un lado, encontramos un liderazgo político legítimo, respaldado por la decisión soberana del pueblo venezolano; del otro, una élite autocrática que ha corrompido las instituciones públicas para su propio beneficio. En definitiva, se trata de una lucha entre la verdad, la libertad y la democracia, por una parte, y la mentira, la opresión y la tiranía, por la otra. Esto o aquello.

… y lo negociable

A pesar de lo dicho hasta aquí, si pasamos de las posiciones enfrentadas a los intereses que subyacen en ellas, podemos ver o presumir que cada sector está compuesto por subsectores o grupos, civiles y militares, que persiguen intereses diferentes, aunque todavía coincidan en satisfacerlos dentro del mismo marco. 

Es innegable que detrás de la postura de “no entregaremos el poder” existe un grupo extremista que se ha propuesto no ceder jamás, pues ya no conciben otra forma de vida. No menciono nombres, aclaro, ya que no tengo certeza acerca de lo que cada integrante de esta minoría dominante tiene en mente. Quizás ninguno de ellos tampoco lo sepa. Varios, me temo, pueden ser tan extremistas que estarían dispuestos a dejar tras de sí “tierra arrasada”, si tuviesen que abandonar el poder. Sin embargo, incluso una posición tan firme en apariencia puede flaquear cuando el poder de fuego que la sostiene, su último bastión, se debilita o colapsa de alguna manera. No es exagerado afirmar que, con relación a este grupo, lo único negociable serían los términos de su salida pacífica y ordenada del poder.

Pero también existen otros grupos, entre ellos empresariales, que entienden que la continuidad de la dictadura será incapaz de crear un contexto apropiado para sus actividades y se plantean la posibilidad de cambiar su posición, en defensa de sus propios intereses. Un tercer grupo, en fin, no desea acompañar a la revolución en su deriva autoritaria y represora, pero teme tanto a las represalias por parte del régimen como a la incierta situación en la que se hallaría en un orden democrático. Es crucial entender entonces que la dictadura no es un bloque monolítico y que seguramente existe un amplio margen para negociaciones, en el plano del “más o menos”, con diversos grupos. 

Por otro lado, quienes defendemos la posición de “deben abandonar…” también tenemos opiniones e intereses diversos. Los más radicales aspiran, con justificada indignación, a que todos quienes han sido parte del orden dictatorial no solo abandonen el poder, sino que también sean juzgados y encarcelados. Imaginan un país en el que el chavismo desaparezca por completo de la escena política. Sin embargo, existe otro grupo, mayoritario, que centra su atención principalmente en la recuperación de la democracia y en un futuro de bienestar. Este grupo asume que el chavismo seguirá existiendo como actor político. Esta perspectiva es la que, en mi opinión, comparten quienes lideran actualmente nuestra lucha por la democracia y la libertad: ellos ciertamente no son como aquellos a quienes se enfrentan. No obstante, aclaro que, con respecto a unos cuantos integrantes del régimen no cabrá, en un renacido Estado de derecho, una opción distinta a la recta aplicación de la justicia.

En la actualidad, múltiples conversaciones y negociaciones aun ambiguas probablemente están en marcha, en diversos ámbitos y niveles. Es posible que integrantes de la dirigencia de los sectores democráticos estén dialogando con integrantes de la dictadura, así como personas y grupos dentro de ambos bandos. Además, militares podrían estar negociando entre sí, con sectores democráticos y con representantes de otros países. Empresarios e inversionistas, tanto nacionales como internacionales, también podrían estar involucrados en estas conversaciones, junto a figuras de ambos lados del conflicto. Estaríamos ante un entramado de conversaciones y negociaciones que apenas vislumbramos en su magnitud, complejidad y sigilo. 

Rebeldes / Roberto Casanova @roca025

 

«Estos días de infamia y heroísmo deben ser comprendidos, ante todo, desde una perspectiva histórica. En este sentido, los eventos que protagonizamos hoy cobran pleno sentido cuando los interpretamos en el contexto de las estructuras dentro de las cuales actuamos»

1. Las dos caras de la rebeldía 

La rebeldía es un término que encierra significados profundos e importantes. Ser rebelde implica, ante todo, alzarse frente a alguien, ya sea uno o muchos, cuando estos cruzan un límite que no tienen derecho a traspasar. Esta frontera, en esencia, tiene carácter moral. El rebelde defiende algo que considera valioso, tanto así que está dispuesto a dar incluso su vida por ello. ¿Existe entonces algo más valioso que la vida para el rebelde? Sí, una vida digna. En este sentido, el rebelde no solo dice “no” a la humillación; también, en el mismo acto de insumisión, está diciendo “sí” a la dignidad.

El rebelde actúa con coraje, no porque haya dejado de sentir miedo ante quienes le oprimen (pues quien no tiene miedo es un demente), sino porque encuentra dentro de sí, y tal vez junto a otros, la fortaleza para actuar. Comunica firmemente, a través de sus acciones y palabras, su decisión de querer vivir en una condición en la que la voluntad de otros no le sea impuesta. Rechaza especialmente el irrespeto y la iniquidad de las instituciones, o más precisamente, de aquellos que ejercen el poder desde esas instituciones.

2. No al socialismo y a la dictadura

Estos días de infamia y heroísmo deben ser comprendidos, ante todo, desde una perspectiva histórica. En este sentido, los eventos que protagonizamos hoy cobran pleno sentido cuando los interpretamos en el contexto de las estructuras dentro de las cuales actuamos.

Nuestra sociedad ha atravesado diversos y significativos cambios estructurales. Entre ellos, destaco la dramática transformación en la estructura demográfica debido a la emigración masiva; la erosión de la institucionalidad estatal, que ha servido a una minoría dominante; el surgimiento de un sector cívico y militar que ha saqueado tanto recursos públicos como privados, llevando la tolerancia social ante la desigualdad al límite; la devastación del capital productivo y la infraestructura de servicios públicos; y el desmantelamiento de los sistemas de educación, salud y seguridad social. Estos cambios han afectado profundamente y de manera negativa a la mayoría de los venezolanos.

Con el transcurso del tiempo, ha ido creciendo un profundo sentimiento de justa indignación hacia aquellos que lideraron y promovieron el proyecto chavista y, posteriormente, el madurista. Inicialmente presentado como una revolución socialista democrática, este proyecto terminó transformándose, como suele ocurrir en este tipo de movimientos, en una autocracia cívico-militar con inclinaciones totalitarias.

El rechazo masivo al régimen finalmente emergió con fuerza en la actual coyuntura histórica, tanto en las urnas electorales y protestas en todos los estratos sociales, como en acciones simbólicas tan poderosas como la destrucción de numerosas estatuas de Chávez. La indignación no ha hecho sino aumentar hasta niveles críticos ante el grotesco fraude electoral y la criminal represión mediante los cuales la dictadura pretende perpetuarse en el poder.

Desde una perspectiva histórica, podemos afirmar entonces que el chavismo como proyecto político ha llegado al final de su vigencia temporal. Aunque esto no significa, debo aclarar, que la salida del dictador y sus cómplices será cosa de pocos días ni que unos cuantos chavistas – que pretenden establecer una engañosa diferencia ente “chavismo” y “madurismo” – desaparecerán por completo de la escena política.

Liberalismo popular en 12 lecciones: Estado no mínimo, pero sí limitado / Roberto Casanova @roca025

 

Es crucial que el Estado esté restringido en su actuación para evitar que amenace la libertad de los ciudadanos, genere dependencia en ellos de sus leyes y políticas, otorgue privilegios a grupos de poder

Lección 4: Estado no mínimo, pero sí limitado

4.1 En el contexto del liberalismo popular, el Estado no debe ser considerado un enemigo al que se acepta a regañadientes. Más bien, debe ser visto como una entidad compleja con tareas esenciales que cumplir para ayudar a preservar la dignidad humana. En primer lugar, el Estado debe garantizar y promover la libertad y la justicia, asegurando que las leyes sean aplicadas de manera imparcial y que los derechos individuales estén protegidos: debe ser un auténtico Estado de derecho. Asimismo, debe velar por la seguridad pública y la integridad territorial. Además, debe fomentar un orden económico basado en la competencia y apertura en los mercados. También es su responsabilidad recaudar y asignar recursos para lograr objetivos colectivos en áreas como educación, investigación científica y tecnológica, salud, seguridad social e infraestructuras. Sin embargo, es crucial que el Estado esté restringido en su actuación para evitar que amenace la libertad de los ciudadanos, genere dependencia en ellos de sus leyes y políticas, otorgue privilegios a grupos de poder o produzca desequilibrios económicos y sociales. Cómo lograr que el Estado cumpla eficientemente con aquellas funciones sin que incurra en ninguno de estos excesos es, sin duda, un complejo desafío. 

4.2 La adopción de esta postura doctrinal requiere justificación. En particular, es necesario ofrecer argumentos para refutar, total o parcialmente, la idea de que las funciones atribuidas al Estado pueden ser asumidas por los individuos a través de mecanismos de coordinación voluntaria en los mercados. Este debate fundamental existe incluso dentro de la propia familia de doctrinas liberales. Aunque no puedo profundizar en el tema en esta lección, puedo mencionar al menos tres razones válidas, a mi juicio, por las cuales el liberalismo popular considera necesaria la acción del Estado, aunque con límites. En primer lugar, no es realista suponer que todos los miembros de una sociedad actúen siempre de acuerdo con los valores básicos de un orden liberal y democrático. Por lo tanto, en defensa de estos valores, es necesario restringir y penalizar ciertos comportamientos, incluso mediante el uso de la coerción. Esta delicada y arriesgada tarea se asigna mayoritariamente al Estado por parte de los pensadores liberales. En segundo término, existen actividades esenciales que no serían llevadas a cabo por la iniciativa privada por la simple pero determinante razón de no tener los incentivos para hacerlo. Me refiero específicamente a los llamados bienes públicos (aclarando que “público” no es sinónimo de “estatal”). Estos bienes se caracterizan por no ser factible restringir su consumo, a diferencia de los bienes privados, solo a aquellos que estén dispuestos a pagar el precio respectivo, de modo tal que su producción o prestación no resulta rentable para nadie. Por ejemplo, la defensa de la integridad territorial beneficia a todos los habitantes de un país. Aunque un ejército privado podría prestar ese servicio, ¿cómo cobraría por él a todos los beneficiarios? Por lo tanto, la defensa territorial es una de las tareas que normalmente cumplen los Estados, quienes obtienen los recursos necesarios mediante la captación de impuestos. En tercer y último lugar, hay grupos y sectores sociales que carecen de los recursos suficientes para acceder a ciertos productos o servicios básicos. Algunos podrían argumentar, razonablemente, que la solución a este problema está en expandir las oportunidades a través del mercado y el crecimiento económico, en lugar de agrandar la intervención estatal, que a largo plazo podría restringir aquella dinámica expansiva. Sin embargo, la evidencia histórica sugiere que incluso en países con un crecimiento significativo y sostenido, la erradicación completa de la pobreza no se ha logrado. Es de esperar que siempre haya sectores rezagados en relación con el desarrollo económico, sobre todo en épocas de transición tecnológica. En tales casos, es responsabilidad del Estado canalizar recursos hacia esos sectores, siguiendo el principio de subsidiariedad. 

4.3 Así pues, el Estado tiene tareas fundamentales que cumplir, pero debe hacerlo dentro de ciertos límites y a través de formas organizativas que minimicen los problemas mencionados al comienzo de esta lección. Ahora bien, al abordar el problema de la organización y funcionamiento del Estado, es necesario, entre otras cosas, ser conscientes de ciertos usos lingüísticos que pueden sesgar nuestros diagnósticos y propuestas. Es común que hablemos del Estado como si fuera un macroindividuo con atributos humanos como razón, previsión y voluntad. De hecho, al inicio de esta lección me referí a él como una “entidad”. La verdad es que el Estado constituye uno de los ámbitos de acción en los que los individuos operan. Las decisiones estatales provienen en definitiva de personas investidas de autoridad y, en ocasiones, desprovistas de ella. Desde esta perspectiva, es preciso entender que aquellos que ejercen o aspiran a ejercer el poder del Estado no experimentan automáticamente un cambio en su condición humana. Al igual que cualquier persona, tienen sus creencias, valores e intereses. Les preocupa su bienestar personal y el de sus familiares y amigos. Con autonomía moral, pueden comportarse de acuerdo con la justicia o no. Pueden establecer redes de corrupción y tráfico de influencias, actuar negligentemente o de manera ineficiente, e incluso convertirse en autócratas y tiranos. La historia nos ha demostrado repetidamente cómo aquellos que ostentan el poder del Estado pueden defraudarnos. Pero el asunto es aún más complejo. Si consideramos que aquellos que actúan en el marco del Estado, siendo como cualquiera de nosotros, se comportan de maneras reprochables, ¿no lo haría acaso cualquiera de nosotros en las mismas circunstancias? ¿Quién no estaría tentado, por ejemplo, a acumular una fortuna rápidamente otorgando favores a personas o grupos, especialmente si el riesgo de ser descubierto es bajo? Es importante destacar, además, que no solo existen los corruptos, sino también los corruptores. En última instancia, el problema con el Estado radica en su diseño institucional y en la necesidad de una vigilancia pública efectiva. Deben establecerse y mantenerse límites y estructuras de incentivos, tanto negativos como positivos, para hacer que la conducta de quienes ejercen el poder se ajuste a ciertos patrones. Aunque existen, desde luego, personas honestas, competentes y justas que podrían cumplir plenamente con sus responsabilidades estatales, el propio Estado debe ser protegido de aquellos que no alcanzan esos estándares personales.

4.4 El Estado debe, ante todo, contar con límites éticos. Debe ser, en los términos explicados en la lección 2, un Estado que actúe con apego a instituciones destinadas a materializar la aspiración común de que cada individuo pueda vivir su vida según sus deseos, respetando el derecho de los demás a hacer lo mismo y, en caso de necesidad, contando con el apoyo mínimo necesario para llevar una vida digna. En tal sentido debe ser algo más que un Estado de derecho: debe ser un Estado congruente con una concepción amplia de la justicia. Para lograrlo, el Estado debe cumplir primeramente con principios bien establecidos a lo largo de la historia y respaldados por la razón pública. Estos principios incluyen, entre otros, el carácter abstracto y general de las leyes, la igualdad de los ciudadanos ante ellas, la efectiva separación de los poderes públicos, el debido proceso, la libertad de expresión, elecciones libres y abiertas, la alternancia en los cargos de representación pública, la rendición de cuentas y la autonomía política de los jueces. Además, el Estado debe adoptar un enfoque subsidiario, interviniendo solo cuando las personas no pueden garantizarse a sí mismas condiciones mínimas para una vida digna. No es moralmente aceptable que el Estado sea paternalista o benefactor, es decir, que pretenda garantizar el bienestar o incluso la felicidad de cada ciudadano. El bienestar es responsabilidad individual, y el Estado debe ayudar a crear las condiciones para que las personas desarrollen sus proyectos personales de vida, siempre y cuando no infrinjan los derechos de los demás. Un Estado que no respete estos límites y principios es un Estado capturado e injusto. Estas consideraciones de carácter moral nos permiten afirmar que nuestros Estados deben ser sometidos a un progresivo, pero decidido proceso de depuración. 

4.5 La concepción de un Estado justo no está exenta de otras dificultades, tanto teóricas como prácticas. La solidaridad, considerada como un valor político, implica brindar apoyo subsidiario a personas que viven en condiciones precarias. Esto puede llevar a leyes que no se apliquen de manera uniforme a todos. A menudo se argumenta que esta situación es admisible, ya que permite beneficiar a sectores que necesitan oportunidades mínimas para vivir con dignidad, sin perjudicar al resto de la sociedad. Pero esta es una aseveración que, aunque compartamos, tiene que ser ponderada cuidadosamente. El uso de recursos gubernamentales para financiar políticas sociales, por ejemplo, puede implicar una mayor carga impositiva para algunos sectores, lo que podría afectar los derechos de propiedad y la libertad de numerosos individuos. Aunque el proceso político puede proporcionar respuestas aceptables para la mayoría de la sociedad, esto no garantiza la moralidad de dichas respuestas. En muchas democracias, la tendencia a transformar objetivos de políticas sociales en derechos humanos ha dado lugar a enormes aparatos burocráticos cuyo financiamiento afecta no solo la estructura moral de las sociedades, sino también el crecimiento y la estabilidad de sus economías. Al respecto es importante enfatizar que el liberalismo popular no busca la desaparición de las políticas sociales, sino más bien la racionalización y limitación de la acción estatal. La apuesta liberal consiste en que una sociedad desarrollada, que evite la captura del Estado por grupos de interés, creará oportunidades para que la mayoría de los individuos y familias prosperen y puedan asumir la responsabilidad de sus propias vidas sin depender en exceso de la acción del Estado. En estas circunstancias, solo una minoría de ciudadanos requerirá el apoyo estatal subsidiario.

4.6 Un segundo límite al cual un Estado liberal debe estar sometido es de carácter financiero. En tal sentido, la concepción liberal del Estado resalta un aspecto que pocas veces se discute en el ámbito público: la fuente de los recursos para satisfacer las múltiples demandas de diversos sectores hacia los gobiernos. No se trata de negar a priori que muchas de estas demandas estén justificadas. El punto decisivo radica en que los recursos son limitados, y su obtención implica, en principio, dos posibilidades. Primero, no satisfacer las demandas de otros sectores, lo que podría generar insatisfacción y conflictos. Segundo, extraer recursos de manera coercitiva, es decir, mediante impuestos, de otros sectores. La obtención y asignación de recursos estatales conlleva, pues, entre otras cosas, un conflicto distributivo. Sin embargo, en muchas democracias, el proceso político tiende a evadir este trance, financiando la expansión del gasto público a través del endeudamiento o incluso de la emisión monetaria. Se crean de este modo otros graves problemas. Desde una perspectiva liberal, lo deseable es que el Estado esté claramente restringido con relación a estas últimas formas de financiamiento. Esto debe conducir a la sociedad y al proceso político a ocuparse seriamente del conflicto distributivo que supone siempre la acción estatal. De lo contrario, resultará difícil ya no solo garantizar ciertos derechos individuales, sino mantener un ordenamiento fiscal sostenible, el cual es imprescindible para la estabilidad y el crecimiento económico. 

Liberalismo popular en 12 lecciones: competencia vs. rentismo / Roberto Casanova @roca025

 

«Una economía de mercado, sobre todo cuando se basa en la competencia, no solo es coherente con la libertad de las personas, sino que también promueve su capacidad innovadora y su espíritu emprendedor»

Lección 3: competencia vs. rentismo

3.1 En la lección anterior, mencioné que las instituciones pueden ser definidas como reglas que incentivan o desincentivan comportamientos. En este sentido, las economías funcionan de manera diferente si están reguladas por instituciones distintas. Por ejemplo, para un empresario no es lo mismo operar en una economía donde las instituciones cuidan la libre competencia que en otra donde las instituciones estatales pueden dar forma a esquemas de protección para ciertos sectores productivos. Los incentivos, en uno y otro caso, generarán comportamientos diferentes, y estos a su vez moldearán los procesos económicos, que variarán en aspectos fundamentales. En ambos casos el interés individual estará presente, pero los resultados colectivos, no buscados por alguien en particular, serán disímiles. Analicemos esto a partir de dos casos «puros» que nos permitan identificar algunos mecanismos causales, útiles para comprender nuestras realidades económicas.

3.2 En una sociedad moderna, individuos y organizaciones, en tanto agentes económicos, se hallan, básicamente, ante dos vías para progresar. La primera consiste en ofrecer a las demás personas, a través de relaciones de mercado y en competencia con otros oferentes, bienes y servicios que aquellos valoren lo suficiente como para pagar (precios, salarios, alquileres, etc.) que compensen con creces los costos en los que se ha incurrido para producirlos o prestarlos. Esta es la vía de la competencia. La segunda vía supone la captura, directamente o a través de mecanismos de mercado, de recursos de los demás mediante el uso del poder, sobre todo del Estado, dando forma a lo que, de manera general, puede llamarse rentismo. 

3.3 Antes de analizar con algún detalle cada una de estas vías, es imprescindible hacer dos aclaratorias conceptuales. La primera se refiere a la noción, a menudo utilizada, de competencia “perfecta”. Este es un modelo teórico desarrollado por los economistas para aislar y comprender ciertas relaciones. Se le califica como “perfecta” porque se basa en supuestos ideales, como la disponibilidad total de la información necesaria para tomar decisiones. Sabemos, por supuesto, que en la vida real la información disponible es limitada, cambiante y subjetiva. Es precisamente debido a esta limitación que la función empresarial cobra sentido, ya que esta se orienta a descubrir información que configure oportunidades de negocio. Por lo tanto, aunque el modelo teórico de competencia perfecta pueda ayudarnos a entender ciertos aspectos basándose, como todo modelo tiene que hacer, en situaciones idealizadas, no es válido afirmar que los mercados presentan “fallos” simplemente porque no cumplen con los supuestos del modelo. Esta afirmación es, en realidad, una manera no tan sutil de justificar la intervención estatal. La segunda precisión se relaciona con el concepto de “rentismo”. Este término se deriva de la noción de renta o excedente que un agente económico puede obtener en un contexto en el que logra evitar la competencia de otros agentes. Normalmente, esto es posible si cuenta con el apoyo, por acción u omisión, del Estado. Por extensión, me refiero aquí a la renta como la ganancia que personas u organizaciones, en tanto agentes económicos, procuran obtener mediante el poder del Estado y no mediante la competencia en el mercado. Esto no significa necesariamente actuar fuera del mercado, sino más bien hacerlo con base en ciertas ventajas o privilegios.

3.4 Exploremos la vía de la competencia. Para ello me centraré en el análisis de los mercados de productos, pues lo que diré con respecto a estos valdrá también, con las debidas adaptaciones, para otros mercados. En una economía de mercado, cada individuo busca mejorar su situación voluntariamente, sin coacción, mediante el intercambio de algo que posee por algo que valora más en ese momento. No es necesario que los participantes en un intercambio se conozcan ni que compartan fines. Solo se requiere la existencia de información sobre lo que se compra o vende: su precio, su calidad, su disponibilidad, etc., y que ciertas reglas, como los derechos de propiedad y la autonomía contractual, se respeten. Es clave destacar que, como consumidores, valoramos los productos a partir de consideraciones personales y subjetivas. El valor no es un rasgo inherente a las cosas, sino algo que les atribuimos. Esta valoración subjetiva nada tiene que ver, en especial, con el costo ni el esfuerzo en los que el productor pudo haber incurrido para crear una mercancía. Esta es una información que nosotros, como consumidores, difícilmente podríamos conocer y que, de hecho, no necesitamos para decidir si pagamos o no el precio que el productor solicita. Es por ello, vale agregar, por lo que la noción de “precio justo”, como aquel que no se aparta significativamente del costo de producción, resulta errónea. Además de peligrosa, pues abre las puertas a iniciativas de controles de precios y sus funestos efectos. La justicia en un intercambio está, en realidad, en la ausencia de coerción, fraude o incumplimiento injustificado.

3.5 En un mercado en el que existe competencia, los productores tienen que hacer su mejor esfuerzo para satisfacer las necesidades de los consumidores, pues estos tienen siempre la posibilidad de acudir a otros oferentes y son quienes, en última instancia, definen, con base en sus valoraciones subjetivas, insisto, cuál es el precio que están dispuestos a pagar por un bien o servicio. De este modo, sin proponérnoslo, las personas, con nuestras decisiones individuales y no coordinadas entre sí, vamos dando forma a los precios, que actúan entonces como señales sobre lo que falta y lo que abunda, y nos permiten ir ajustando nuestras conductas como agentes económicos. Esa dinámica, que puede parecer casi trivial, significa en realidad que una economía de mercado, sobre todo cuando se basa en la competencia, no solo es coherente con la libertad de las personas, sino que también promueve su capacidad innovadora y su espíritu emprendedor. En tal sentido, la función empresarial juega un papel fundamental. La función empresarial, que no debe confundirse con el llamado sector empresarial, la ejerce cualquier persona o empresa que, al identificar una oportunidad de mercado derivada de una demanda insatisfecha, se dedica a crear bienes y servicios con el objetivo de obtener una ganancia. Este proceso implica coordinar recursos productivos de diversos tipos —mano de obra, tecnologías, activos físicos, capital financiero, etc.— y competir con otros proveedores en calidad, oportunidad o precios. La ganancia es entonces el ingreso obtenido por aquellos que desempeñan exitosamente esta función empresarial, gracias a su perspicacia para estimar acertadamente los movimientos de los precios de productos e insumos. 

Liberalismo popular en 12 lecciones: instituciones justas / Roberto Casanova @roca025

 

«El liberalismo no se dedica a diseñar nuevas instituciones. Su enfoque está centrado en identificar y preservar aquellas, tanto formales como informales, que han permitido y continúan permitiendo el respeto a la dignidad humana «

Lección 2: instituciones justas

2.1 En la lección previa, afirmé que el liberalismo popular defiende una valoración moral positiva de la vida, la libertad individual, la propiedad privada, la solidaridad, la responsabilidad, la igualdad (en dignidad y ante la ley) y la paz. La razón detrás de esta valoración radica en la coherencia de estas realidades con el respeto a la dignidad humana, que constituye una de las invenciones culturales más significativas de nuestra civilización y que es colocada por el liberalismo popular en el centro de su sistema moral. Sostengo, además, que esta perspectiva ética es o podría ser popular, en tanto refleja componentes morales ya presentes o en gestación en la cultura política en nuestras sociedades, aunque no siempre articulados de manera manifiesta. Al profundizar en esta argumentación, encontramos que dicho sistema moral viene a conformar el marco de justicia que nos permitiría, entre otras cosas, evaluar nuestras instituciones. De este modo, una institución será justa si está en consonancia con la aspiración común de que cada individuo pueda vivir su vida según sus deseos, respetando el derecho de los demás a hacer lo mismo y, en caso de necesidad, contando con el apoyo mínimo necesario para llevar una vida digna.

2.2 Resulta necesario detenernos por un instante en el concepto de institución, de gran importancia para los temas que estamos tratando. En términos generales, las instituciones se definen como las reglas que prohíben o limitan ciertos comportamientos y promueven otros. Funcionan como estructuras de incentivos, sancionando o recompensando conductas. Las instituciones pueden ser tanto informales (normas de cortesía, prácticas comerciales o tradiciones comunitarias) como formales (constituciones, leyes o reglamentos). La necesidad de las instituciones se hace evidente cuando nos planteamos qué ocurriría si no existieran. Sin ellas, nuestro entorno sería incierto, temeríamos por nuestra seguridad y viviríamos en un constante conflicto. Aunque no todas las instituciones contribuyen, desde luego, a la formación de un orden social duradero, es innegable que todo orden social perdurable existe en gran medida gracias a ellas. Muchas instituciones surgieron como soluciones a problemas sociales, y con el tiempo se arraigaron como hábitos. Otras, en cambio, son el resultado de procesos políticos o imposiciones respaldadas por la fuerza. En cualquier caso, las instituciones no nacen, cambian y desaparecen por sí mismas; somos las personas quienes, a pesar de estar condicionadas por ellas, decidimos cotidianamente, de forma más o menos consciente, adherirnos o no a ellas, definiendo así su vigencia o su obsolescencia.

2.3 Nos hemos referido pues a valores políticos y a instituciones.¿Cómo se relacionan entre sí estas dos cosas? La respuesta simple sería que los valores se realizan, en parte, a través de las instituciones. O, alternativamente, que las instituciones son válidas en tanto materializan valores. Esto puede quizás comprenderse mejor si se aborda desde una perspectiva histórica. Un ejemplo ilustrativo se refiere a la propiedad privada. Aunque no podemos atribuir su origen a una persona o comunidad específica, razonablemente podemos suponer que se generalizó debido a los beneficios que aportaba a diversos grupos humanos. La propiedad privada creó incentivos para que las personas invirtieran tiempo y recursos en producir y comerciar de manera pacífica. Las personas, persiguiendo sus fines particulares, contribuyeron así al avance general de las sociedades, cooperando con base en ciertas reglas, como la referida propiedad privada, y especializándose para aumentar su productividad en la producción de bienes destinados al intercambio. Con el transcurso del tiempo, el respeto a la propiedad privada se consolidó como un valor compartido, hasta que finalmente fue formalmente institucionalizado mediante códigos, leyes y constituciones. Hoy en día, se reconoce la propiedad privada como un derecho humano fundamental, que todos deberían disfrutar sin discriminación alguna. No obstante, aún queda mucho por hacer, ya que, en la práctica, muchos gobiernos limitan el uso, usufructo y disposición de la propiedad privada mediante diversas regulaciones. Incluso, en numerosos países subdesarrollados, cientos de ciudadanos no pueden formalizar adecuadamente sus derechos de propiedad sobre los terrenos y viviendas en los que habitan.

2.4 Es innegable que no todos los valores morales son universalmente válidos, y tampoco todas las instituciones son inherentemente justas. Desde una perspectiva doctrinal, el desafío que enfrentamos radica en la evaluación moral de las instituciones, basada en la noción de justicia que defendemos. Imaginemos que cada institución pudiera someterse a un cuestionario moral. Algunas preguntas relevantes serían: ¿Es respetuosa de la libertad individual y de la propiedad privada? ¿Promueve la solidaridad con quienes la necesitan? ¿Afecta la responsabilidad de cada persona sobre su vida?  ¿Beneficia a sectores o grupos particulares en perjuicio del interés común? Las respuestas a preguntas como estas nos proporcionarían argumentos para validar, mejorar o incluso suprimir instituciones, según corresponda. El reto consiste en cerrar la brecha entre el sistema normativo que promovemos y la realidad institucional existente. Esta es una tarea perpetua y delicada. Como la tarea de cuidar un jardín.

2.5 Permítanme advertir de inmediato sobre dos riesgos asociados a esta aproximación al tema. El primero radica en que contar únicamente con una base moral sólida y convincente, aunque imprescindible, no es suficiente para aspirar a introducir cambios liberales efectivos en el orden institucional. Debemos recordar que una doctrina no solo es un conjunto de principios, sino también un programa de investigación sobre el comportamiento humano y el funcionamiento de la sociedad. Ignorar este aspecto podría llevarnos a iniciativas principistas que, en última instancia, no se correspondan con la realidad y resulten inviables o, peor aún, contraproducentes. El segundo riesgo es que nos dejemos seducir por la idea de proyectos de «ingeniería social” a gran escala, que impliquen demoler el orden institucional vigente para construir uno nuevo y mejor. Es importante aclarar entonces que no estoy hablando de una revolución en el sentido de ruptura e imposición. Este enfoque del cambio estaría en conflicto con la perspectiva liberal actual, que se caracteriza más bien por su carácter evolutivo, reformista y experimental. Simplemente no es posible prever las diversas implicaciones que pueden resultar de numerosas, significativas y simultáneas transformaciones institucionales. Entiendo que estas afirmaciones sean cuestionadas por pensadores y activistas libertarios, quienes creen posible y deseable una transformación profunda y expedita en el ordenamiento institucional de nuestras sociedades. Comprendo también que en el debate en torno al tema deben sopesarse la oportunidad y la viabilidad política de los cambios liberales. Estos asuntos, sin embargo, los abordaremos con mayor profundidad en la lección dedicada específicamente a la política y el liberalismo.

2.6 Con base en lo dicho hasta aquí, me gustaría referirme a continuación, siguiendo el estilo esquemático de estas lecciones, a cuatro problemas relativos a la historia de las instituciones, estrechamente relacionados entre sí. Estos son: la fundamentación del Estado de derecho, el desmesurado crecimiento de la legislación, la crisis de la noción de ley y la llamada justicia social. 

2.7 El Estado de derecho es el núcleo institucional formal de las sociedades modernas y desempeña un papel clave en la garantía de la libertad de cada persona. Es una de las expresiones históricas más importantes del pensamiento y luchas liberales, en su pugna sin fin en contra del despotismo y la arbitrariedad en el uso del poder del Estado. Además, es la manera en que todos somos protegidos del fraude, el robo y la agresión que algunos individuos o grupos puedan cometer en nuestra contra. Ahora bien, con respecto al Estado de derecho el liberalismo resalta un aspecto sobre el cual poco se medita: desde el momento en que ese conjunto de principios liberales comenzó a formalizarse, surgió la creencia de que el derecho nace del Estado. No se trata solo de que el Estado deba estar sujeto al derecho, sino que el derecho emana de él. Aunque pueda parecer un argumento sutil, su relevancia no debe subestimarse, ya que contribuyó a consolidar la primacía del Estado y sus aparatos administrativos sobre la sociedad. Pero el Estado de derecho es, en el fondo, un principio meta-legal y moral. En tal sentido, para que una ley merezca tal denominación debe prohibir y penalizar conductas que consideremos injustas y no basta con que sea la expresión de una mayoría circunstancial de votos en un parlamento. Debe apoyarse en el conjunto de valores morales que hemos heredado y que bien podemos asumir conscientemente mediante la imaginación y la reflexión ética, como vimos en la lección anterior. Tomemos como ejemplo el principio de igualdad ante la ley. Si en una comunidad política se intentara aprobar una ley que se aplicara solo a ciertos sectores en detrimento de otros, estaríamos violando dicho principio y consideraríamos que se trata de un acto injusto. Pero ¿de dónde proviene ese otro principio que nos permite afirmar tal cosa? Desde una perspectiva cultural y evolutiva, podemos decir que es un componente clave de una moral pública que ha resistido la prueba del tiempo.

2.8 Ahora bien, desde el siglo XIX empezó a cobrar fuerza en muchos países una tendencia que se vigorizó en el siglo XX y que aún persiste: el incremento del número de leyes destinadas a regular ámbitos cada vez más amplios de la vida social. La matriz institucional de las sociedades ha pasado a estar definida de manera creciente por la presencia de instituciones formales. Aunque el caso del socialismo es emblemático debido a su extremo intervencionismo, este fenómeno no es exclusivo de esa concepción del mundo. Se origina en varios factores, entre ellos, la credulidad de gobernantes y gobernados en la capacidad humana para diseñar leyes que resuelvan casi cualquier problema que pueda surgir en la dinámica económica y social. Se asume frecuentemente que ley es sinónimo de solución y que mientras más leyes existan, mejor le irá a la sociedad. De hecho, es común que la evaluación del desempeño de los parlamentos se haga con base en el número de leyes aprobadas durante determinado período. De ese modo se desestiman e, incluso, se coartan las iniciativas que las personas pueden desarrollar para resolver sus dificultades, interactuando libre y creativamente en el marco del Estado de derecho y apoyándose en instituciones informales.

2.9 Este fenómeno de “inflación» legislativa ha erosionado la concepción tradicional de la ley. Esta, que alguna vez fue universal (aplicable a todos por igual) y abstracta (diseñada para establecer un marco de acción general, no para prever determinados resultados), ha perdido su nitidez. Ante esta problemática algunos autores liberales propusieron, hace ya algún tiempo, una distinción crucial: separar la ley en sí misma de lo que denominaron legislación. La legislación, en este contexto, se refiere a los mandatos administrativos destinados a regular tanto al Estado como a la sociedad con fines específicos. Lamentablemente, el uso de esta distinción no se ha generalizado, aunque su relevancia es innegable. En la práctica, muchos ciudadanos y empresas enfrentan costos excesivos al operar en contextos saturados de legislación. Como resultado, algunos optan por la informalidad económica o relocalizan sus actividades en países con regulaciones menos restrictivas. No obstante, es importante señalar que no todos sufren las consecuencias negativas de esta situación. Algunos políticos, burócratas, empresarios, sindicalistas e intelectuales, entre otros, encuentran formas de prosperar en este entorno. Es el fenómeno de captura de renta que explica por qué la referida inflación legislativa tiende a perpetuarse (y que abordaré en la próxima lección). Así pues, desde una perspectiva liberal, es deseable que nuestras sociedades lleven a cabo una difícil pero necesaria “poda” institucional que les permita deshacerse de abundantísimas leyes que, en el fondo, no son tales.

2.10 En relación con lo anterior, es importante distinguir entre decisiones políticas orientadas a establecer condiciones mínimas para una vida digna y aquellas destinadas a lograr una supuesta “justicia social”, mediante instituciones y políticas redistributivas. Desde una perspectiva liberal, calificar a una sociedad como justa o injusta envuelve, al menos, dos errores conceptuales. Por un lado, la sociedad no es una entidad que pueda decidir cómo distribuir el producto total de una economía; por otro lado, dicho producto es, en realidad, un proceso complejo y permanente, y no algo que pueda ser tomado y repartido como si fuera un gran pastel. Además, no es cierto que extraer recursos de los sectores de mayores ingresos sea una forma de hacer justicia, como si fueran los causantes de la pobreza en otros sectores y debieran compensarla. Que un gobierno se proponga forzar el proceso económico para que genere como resultado una distribución supuestamente justa del ingreso no solo es un despropósito, sino que supone necesariamente la extralimitación estatal en el uso del poder, con grave perjuicio para la libertad, la propiedad privada y el progreso. Aun así, la justicia social es invocada a menudo como justificación por grupos que demandan apoyo estatal. Implícitamente, se asume que el resto de la sociedad, especialmente los más acomodados, tiene la obligación de contribuir a este apoyo. Esto no significa desconocer, desde luego, que la riqueza acumulada por individuos o grupos puede derivar de abusos de poder, discriminación u otros factores que corrompen el funcionamiento de instituciones justas o perpetúan instituciones injustas. Pero la desigualdad en una economía de mercado refleja, en última instancia, la compleja dinámica económica que creamos constantemente a través de nuestras valoraciones como consumidores y de las mayores o menores retribuciones que reciben quienes crean productos o prestan servicios que satisfagan tales valoraciones.

2.11 El liberalismo no se dedica a diseñar nuevas instituciones. Su enfoque está centrado en identificar y preservar aquellas, tanto formales como informales, que han permitido y continúan permitiendo el respeto a la dignidad humana y el progreso. Estas instituciones son principalmente aquellas que facilitan la acción libre de los individuos y su coordinación a través de interacciones voluntarias. Al mismo tiempo, el liberalismo se opone a las instituciones que ponen el poder estatal al servicio de intereses particulares. En resumen, el liberalismo busca, de manera progresiva y evolutiva, la creación de un orden institucional justo. Que no es lo mismo, según he comentado antes, a una sociedad supuestamente justa por exhibir una distribución igualitaria de la riqueza, algo que, de intentar materializarse, involucra irremediablemente atentar contra la libertad y la propiedad privada.

2.12 Una reflexión final me parece ineludible. El liberalismo, en su conjunto, reconoce que un orden institucional no puede perdurar indefinidamente si no está en armonía con una cultura que comparta sus supuestos fundamentales. En otras palabras, para que un sistema institucional sea duradero, debe existir concordia, un término acuñado por antiguos pensadores. Las diferencias y conflictos inherentes a cualquier sociedad no deberían socavar sus cimientos culturales. Por lo tanto, es improbable que un orden institucional liberal perdure si no existe una cultura que abrace los valores liberales. De manera similar, una auténtica democracia difícilmente coexistirá con una cultura autoritaria. El surgimiento de una sociedad liberal implica, pues, en última instancia, transformaciones en dos dimensiones: la institucional y la cultural. En este sentido, me atrevo a afirmar que el liberalismo será popular o no será.

Entregas anteriores de este seriado:

Liberalismo popular en 12 lecciones: Introducción

Liberalismo popular en 12 lecciones: la ética de la dignidad

https://lagranaldea.com/2024/04/12/liberalismo-popular-en-12-lecciones-instituciones-justas/

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Liberalismo popular en 12 lecciones: Introducción / Roberto Casanova @roca025

El surgimiento de un orden liberal es una posibilidad que podría materializarse en algunas sociedades latinoamericanas

Esto significa que quien ama

la verdadera libertad del individuo

no puede ser no liberal,

pero no puede ser solo liberal.

Viroli (2002)

Hablemos de posibilidades, para empezar. La realidad presente se compone, por un lado, de la materialización de algunas de las posibilidades que existían en el pasado, y por otro, del abanico de posibilidades actuales que podrían materializase en el futuro. Pero no hay nada de determinismo en esto: en la historia casi nada ocurre de manera necesaria. La concreción de ciertas posibilidades y no de otras, en cada situación histórica, depende de incontables factores, pero, sobre todo, de la conjunción de nuestras acciones individuales, ya sean o no deliberadas. 

Pues bien, este ensayo parte de la hipótesis de que el surgimiento de un orden liberal es hoy una posibilidad que podría materializarse en algunas sociedades latinoamericanas, incluyendo a Venezuela, gracias a la crisis del intervencionismo estatal, a prácticas sociales emergentes y a decisiones políticas de vocación transformadora. Mi objetivo, sin embargo, no es demostrar esta hipótesis (algo que, en cualquier caso, solo tendría sentido intentar hacer de manera retrospectiva), sino perfilar con la mayor claridad a mi alcance ese orden liberal que se habría hecho hoy posible. Para lograrlo, es preciso adentrarnos en la comprensión de la doctrina liberal o, mejor dicho, de una versión de dicha doctrina que, a mi juicio, se adecúa a las circunstancias de varios de nuestros países, pues ella es, en parte, producto de esas mismas circunstancias. Es, para decirlo en otras palabras, una variante del liberalismo que habríamos ido gestando como sociedades, a lo largo de una historia de debates y aprendizajes, de esperanzas y decepciones. Es casi innecesario decir que confío en que, al aumentar la conciencia pública sobre la posibilidad de un orden liberal para nosotros, también aumente la probabilidad de que este se haga realidad (2).

Quiero destacar que, en mi opinión, esta variante del liberalismo subyace en el plan ‘Venezuela Tierra de Gracia’, propuesto a los venezolanos por María Corina Machado y su organización política. Aunque es posible que ella y su equipo no estén completamente de acuerdo con todas las consideraciones que planteo ni con la denominación doctrinal que utilizo, me consta que muchas de las ideas aquí expuestas son defendidas por miembros de esa organización. Puedo afirmar también que estas mismas ideas son de igual modo compartidas por líderes de otras organizaciones políticas que no se autodenominan liberales. Este acercamiento al liberalismo podría estar presente, además, en cambios experimentados en las prácticas sociales y en la mentalidad colectiva de amplios sectores —creciente valoración positiva de la libertad, de la propiedad privada, del emprendimiento o de la autonomía frente al gobierno, entre otros—, como consecuencia de la terrible experiencia que ha significado la autocracia socialista para la mayoría de los venezolanos. Todo ello me ha llevado, al igual que a otros analistas, a la mencionada hipótesis de que alguna versión de la doctrina liberal puede servir de base a un programa transformador de la sociedad venezolana (3).

Permítanme precisar cómo entiendo los términos “doctrina” y “liberalismo”. Una doctrina política y económica es, ante todo, un programa filosófico que busca identificar los valores morales que deberían regir en una sociedad. En segundo término, se trata de un programa de investigación científica que se enfoca en estudiar el comportamiento humano y el funcionamiento de la economía, el Estado y la política. Por último, es un programa político que promueve iniciativas civiles, políticas públicas y un orden institucional que, basados en esa comprensión del ser humano y la sociedad, materialicen los valores defendidos por la doctrina. Así entendida, una doctrina representa una versión elaborada de una o varias de las visiones de la sociedad que circulan en nuestro entorno y que nos sirven, sepámoslo o no, para darle sentido y actuar en él. Creo que todos contamos con una visión de este tipo, incluso los científicos sociales. Asomarnos al debate doctrinal nos permite entonces profundizar en nuestros valores, creencias e ideas, e identificarnos quizás con alguna de las doctrinas en competencia o con una combinación de ellas. Agrego que, desde mi perspectiva, doctrina e ideología no son sinónimos; reservo este último término para sistemas de pensamiento dogmáticos, impermeables al auténtico debate y a la evidencia histórica.

El liberalismo es una familia doctrinal que se caracteriza por un núcleo teórico compuesto por tres postulados básicos.

Primero: cada uno de nosotros es libre y, por tanto, tiene que usar la razón, falible y limitada, para decidir qué hacer en cada circunstancia, basándose en el conocimiento irremediablemente subjetivo y parcial del que dispone.

Segundo: el reconocimiento de la dignidad de cada persona implica respetar el proyecto de vida que elija vivir, dando forma a los derechos individuales; esto significa que ninguna persona debe ser coaccionada para actuar en contra de su voluntad (a menos que pretenda coaccionar a otros).

Tercero: las personas, interactuando dentro de un marco de reglas respetuosas de la libertad y de igual aplicación, y con una presencia gubernamental limitada, pueden crear colectivamente sociedades plurales que les permitan progresar en paz, sin que esto sea resultado del plan de alguien en particular.

A partir de estos postulados, el liberalismo sostiene, entre otras cosas, que la concentración del poder, especialmente del poder estatal, atenta contra la libertad, y que la pretensión de planificar la economía desde el Estado no solo es teóricamente insostenible (pues nadie posee todo el conocimiento que existe y se crea constantemente en una economía), sino que, al intentarse en la práctica, causa inevitablemente escasez, pobreza y opresión.

Ahora bien, la versión de la doctrina liberal que presento no ofrece la pureza que solo se puede alcanzar en el plano teórico, pues está orientada a resolver diversos problemas reales y poco estructurados, en circunstancias especialmente complejas. Se trata, sin embargo, de un liberalismo socialmente sensible, políticamente sensato e históricamente contextualizado. En su formulación me he basado, sobre todo, en el llamado ordoliberalismo que, entre otras cosas, destaca la interdependencia entre el sistema de mercado y otros subsistemas de la sociedad: la política, la cultura, el derecho, el ambiente (4). Sobre esa base he considerado ideas provenientes de otras corrientes del pensamiento —el republicanismo, el comunitarismo y, aunque parezca sorprendente, el estructuralismo latinoamericano— (5), así como de nuevos enfoques sobre la complejidad económica y sobre el fenómeno populista, entre otros.