El cuadro socio-demográfico de Venezuela, que se ha ido modificando en los últimos 25 años por la devastadora obra del chavismo, nos ayuda a entender el comportamiento de los venezolanos, incluyendo el destierro hacia España del presidente electo, Edmundo González Urrutia (EGU). Esta devastación ha producido varios fenómenos como el empobrecimiento de la clase media; la emigración de millones de venezolanos -muchos jóvenes- con el consiguiente envejecimiento de la población; el nacimiento de nuevos ricos al amparo de la corrupción; la dependencia creciente de los pobres del asistencialismo del gobierno; y el surgimiento de la clase militar como casta privilegiada.
Hagamos un poco de historia
El grueso de la oposición al chavismo desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1999 la compone la clase media. Todo empezó con aquel primer movimiento en 2001 bajo el lema “con mis hijos no te metas” contra la reforma de la educación. Siguió con el levantamiento de los empleados gerenciales de Pdvsa en 2002, quienes sufrieron despidos, persecución y humillaciones. Después con la derrota de Chávez en el referéndum constitucional de 2007 (“victoria de mierda”, la calificó el fallecido mandatario). Y continuó con los jóvenes que salieron a protestar en 2007 (año del cierre de la televisora RCTV) y 2017 contra las políticas de censura, hambre, y represivas de Maduro. La clase media se echó ese peso encima con su trágico saldo de asesinados, presos y exiliados.
Se estima que 8 millones de venezolanos han dejado el país (casi 27% de la población) desde que Chávez llegó al poder, con un aumento exponencial bajo el gobierno de Maduro. Las diferentes olas migratorias son el síntoma de un descontento generalizado que atraviesa a todos los grupos sociales.
El resultado electoral del 28J
Una mayoría de electores, harta de la pésima gestión de gobierno, la represión y la corrupción durante la nueva etapa del chavismo encabezada por Maduro votó por un cambio. El 29 de julio una primera reacción indicaba descontento ante lo que ya parecía un abierto fraude perpetrado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Provenientes de los barrios de Petare, la gran zona pobre del este de Caracas, los venezolanos más afectados caminaron por avenidas para protestar por el robo del resultado electoral.
En varias partes del país, jóvenes y no tan jóvenes tumbaron estatuas de Chávez y destruyeron pancartas gigantes con el rostro de Maduro. Miles fueron apresados y acusados de terrorismo e incitación al odio, entre ellos, cientos de menores de edad. Una veintena de personas perdieron la vida durante las protestas.
Después vinieron algunas concentraciones pacíficas convocadas por María Corina Machado (MCM) en Caracas y en algunas ciudades del interior del país. El régimen de Maduro desplegó a guardias nacionales y policías, y sacó a sus simpatizantes motorizados para impedir el paso de los protestaban. La campaña represiva ha seguido, ahora enfocada en apresar a dirigentes opositores.
En este clima de terror, las convocatorias de MCM ya no son tan masivas. En los barrios populares el sistema de control social a través del llamado “poder comunal” y los comités de alimentación CLAP que distribuyen comida subsidiada, ha tenido un impacto en la campaña de miedo. Los “sapos” (soplones) han estado muy activos acusando a vecinos que fueron testigos electorales y a quienes expresan descontento por el fraude.
La “normalidad” bajo Maduro
La mermada clase media, que todavía representa el corazón de la débil protesta contra el robo electoral, tiene que volver a sus labores para sobrevivir. Otros piensan en salir del país, lo que ya se comienza a ver en las fronteras con Colombia y Brasil. El desgaste físico y psicológico ha sido brutal para quienes tenían esperanzas de que las presidenciales del 28 de julio abrirían las puertas a una transición democrática. Los pobres, más dependientes de los subsidios y dádivas del régimen de Maduro, y muchos más expuestos al sistema de delación y vigilancia de los comisarios chavistas, no tienen otra opción que ir pasando por el aro de la “normalidad”.
La base de consumo que soporta la actividad económica depende mucho de varios factores que se han ido instalando bajo el amparo y los intereses de personas cercanas al régimen y sus cómplices. No hay que olvidar el papel de la legitimación de capitales en la economía venezolana. Si bien no es posible cuantificarlo -pues ese dinero no pasa por los controles fiscales-, es obvio que muchos comercios y servicios funcionan como lavadoras de dinero proveniente de la corrupción y del delito (tráfico de droga, venta ilegal de oro, tráfico de personas, entre otros).
Una clase de nuevos ricos, asociados directa e indirectamente con el estamento político-militar dominante, invierte y consume en un país que se ha convertido en un coto cerrado del que no pueden salir sin ponerse a riesgo de ser arrestados por sus vínculos con el crimen y las violaciones de derechos humanos.
Por otro lado, ha surgido una nueva clase media, compuesta de funcionarios medios del aparato burocrático chavista en un contexto donde el Estado se ha convertido en el principal empleador del país. Allí se encuentra el núcleo duro del apoyo a Maduro en las recientes elecciones (parte del 30% de los votos que obtuvo). Aunque sus salarios no son altos, sus posiciones en el enjambre “revolucionario” les da acceso a las migajas que dejan los grandes negocios que se hacen al amparo de los jerarcas del gobierno. A su manera y con sus posibilidades, esta clase media emergente también contribuye a la apariencia de una normalidad económica.
