Por Carlos Romero
El 2010 está expirando y en agenda sigue estando pendiente la obligación legal de convocar a las elección de Concejales y Juntas Parroquiales, por lo tanto nosotros como vecinos nos vamos quedando sin la oportunidad de renovar a quienes tienen la responsabilidad de legislar en el ámbito territorial de mí ciudad, de mí urbanización, de mí barrio, de mí caserío: los concejales. Es curioso que en el marco de una democracia participativa y protagónica, una consulta popular no haya precedido la decisión del parlamento de posponer por un año éstas elecciones locales.
Pareciera que ni a los propios partidos políticos les ha preocupado esta elección, pues en los medios de comunicación social no se ha visto un debate público intenso sobre esta elección pospuesta, lo que contribuye al debilitamiento de la institución que históricamente ha sido parte de nuestra tradición política: el Concejo Municipal.
Importante es acotar que hasta la fecha, sólo se conoce que la organización Súmate ha intentado un recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en el año 2009, que es cuando se pospone la elección local, pero creo que desde entonces nadie más (llámese partido político o sociedad civil organizada) ha respaldado ante el TSJ ese recurso o intentando otro alguno.
Si la elección local se pospone nuevamente, ahora para el 2011, no sólo requerirá de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sino que tal situación y ante la cercanía del 2012, podría conducirnos a una nueva Mega Elección para el año 2012, pues el CNE conforme al artículo 82 de la mencionada Ley Orgánica puede tomar la decisión de unir las elecciones locales con las elecciones nacionales y regionales del 2012.
Es probable que luego de las elecciones del 26 de septiembre de 2010, el Gobierno Nacional no quiera someterse a otro proceso electoral y menos uno con carácter local donde tenga que medir en votos a sus seguidores, que promueven las Comunas como forma de organización territorial local frente a los otros venezolanos que promueven la institucionalidad municipal que está prevista en la Constitución de 1999.
La única manera de convertir el proceso electoral de los Concejos Municipales y Juntas Parroquiales en otro paso más para la defensa de la Constitución y de la pluralidad política en el país, es que las mismas se realicen de manera separada; pues en una supuesta MegaElección en el 2012 el voto Presidencial siempre opaca a los demás, sin olvidar el efecto portaviones que pudiera darse y el ventajismo oficial.
Las elecciones de Concejales y miembros de Juntas Parroquiales deben analizarse como una oportunidad de complementar los éxitos electorales de un país que así como en el año 1999 dijo SI a una reforma Constitucional, consciente entonces de su necesidad política, hoy un poco más de una década después, ha reiterado en el Referendo del 2007 que es esa Constitución de 1999 la que quiere vigente y no otra a través de la cual se imponga un nuevo modelo de Estado.
El tiempo histórico exige a Alcaldes, Concejales y Miembros de Juntas Parroquiales, a encontrarse con los ciudadanos, vecinos y electores, en espacios como Cabildos Abiertos, Asambleas de Ciudadanos e incluso en el marco de los Consejos Locales de Planificación para desde allí exhortar al CNE a convocar las elecciones separadas como acción política en defensa del Estado Federal y Descentralizado que menciona la Constitución y además aprovechar esos espacios institucionales para divulgar, informar y lograr que el ciudadano se sensibilice sobre el impacto que sufre el Municipio ante la activación del Consejo Federal de Gobierno con su Fondo de Compensación Interterritorial, pues no olvidemos que en el 2012 el proceso electoral será para elegir o reelegir al Alcalde del municipio respectivo en el marco de una elección Presidencial.
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