Por Roberto Patiño
La reformulación de la OLP,
solo llegó al nombre. Se rebautizó de manera absurda y engañosa como “Operación
de Liberación Humanista del Pueblo”, y se ha seguido implementado bajo
continuas denuncias de violaciones a los derechos humanos, ejecuciones sumarias
y hostigamiento a la población civil.
Con las OLP, el gobierno
dictatorial busca afianzar la cultura de la violencia que tanto
daño nos ha hecho a los venezolanos, enmarcándola en la lucha contra la
inseguridad y la criminalidad. Problemas que ha desconocido, (negando
sistemáticamente su dimensión, no priorizándolo en la agenda gubernamental), o
condonado (justificando “socialmente” al crimen en un discurso supuestamente
revolucionario, estimulándolo con políticas tan nefastas como las “zonas de
paz”).
Las OLP se dan además en medio
de una profunda crisis de credibilidad y confianza en las instituciones
del Estado y sus representantes. Apoyadas en un militarismo exacerbado, niegan
otros aspectos fundamentales de la situación como la necesaria reestructuración
de los cuerpos policiales (atendiendo deficiencias materiales como cantidad de
funcionarios o equipamiento, por ejemplo), fallas del sistema judicial y penal
(desbordados, muy corrompidos, con un 98% de impunidad) y las carencias
crónicas que el Estado ha tenido en el diseño de planes para el control de la
criminalidad.
El régimen madurista se ha
caracterizado por un recrudecimiento de la represión, la institucionalización
de la violencia, y una militarización forzada en todos los ámbitos de la vida
nacional. También, por la manipulación de los graves problemas nacionales y las
carencias de la población para establecer formas de control, servilismo y
sometimiento. Planes como los CLAPS o la tarjeta Alimentación Hogares Patria,
que se aprovechan de la brutal crisis alimentaria que atravesamos, son un
ejemplo de esto.
La implementación de las OLP
refuerza discursos tan destructivos y falsos como el de que “solo la violencia
enfrenta la violencia”, valiéndose de los sentimientos de retaliación que
muchos sienten frente a los abismales índices de homicidios o el
desprecio a conceptos como la reinserción y la rehabilitación frente a los
resultados de instituciones corrompidas o ineficaces.
Como muchos venezolanos he
sido víctima de la violencia criminal. Esa ha sido una de las razones que me
llevaron a estudiar políticas públicas de seguridad y a crear, hace 5 años, el
movimiento Caracas Mi Convive para transformar la cultura de la violencia
en convivencia para la ciudad. Nuestra experiencia con personas y comunidades
nos da una visión del problema en su enorme proporción y matices.
El pasado domingo 22 de enero,
por ejemplo, estuvimos en la cota 905, horas antes de que se produjeran las
primeras acciones de la reformulada OLP. Escuchamos el testimonio de una las
madres que nos relató como las OLP llegaron a su casa y ajusticiaron a su hijo,
un muchacho sin ningún antecedente delictivo. Las denuncias de este hecho no
han recibido respuesta y la facilitadora ha sido hostigada por efectivos
policiales. Su nieto, de 4 años, le dice que no quiere crecer, para que la OLP
no lo mate como a su papá.
La respuesta a la violencia
criminal pasa necesariamente por la creación de planes de prevención en los que
las comunidades y sociedad tengan un papel activo y participante. También por
la reestructuración y equipamiento de fuerzas policiales y la
exigencia de un compromiso político de gobierno y Estado, no solo en la
aplicación de la justicia y la lucha contra la impunidad, sino en el
fortalecimiento de la convivencia.
Ejemplos de esto lo hemos
visto en ciudades como Medellín, donde se han producido transformaciones y
recuperado espacios para la vida social desde situaciones de crimen y
narcoviolencia aún peores a las que actualmente tenemos en nuestro país.
Lo contrario es lo que está
haciendo el régimen de Nicolás Maduro, que aprovecha la angustia, el dolor
y el miedo que causa la criminalidad en los venezolanos, utilizándolas
para fortalecer falsas premisas como la efectividad de la mano dura o la
intervención militar y exacerbar prejuicios latentes, minando la convivencia al
estigmatizar sectores sociales y criminalizar a las víctimas .Una visión
simplista y manipuladora que en países como Guatemala y el Salvador ha
producido décadas de sangre y padecimientos.
Los excesos y transgresiones
de la OLP deben ser detenidos, y las formas de combatir el crimen en nuestro
país deben transformarse con decisión y sin hipocresías. Los cambios de nombre
son solo medidas irresponsables que parecen burlarse de los venezolanos cuya
humanidad continúa viviendo la tragedia diaria de ser atacada y mermada
por la violencia.
Coordinador de Movimiento Mi
Convive
Miembro de Primero Justicia
30-01-17
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