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miércoles, 1 de febrero de 2017

¿Una violencia más humana? Por @RobertoPatino


Por Roberto Patiño


La reformulación de la OLP, solo llegó al nombre. Se rebautizó de manera absurda y engañosa como “Operación de Liberación Humanista del Pueblo”, y se ha seguido implementado bajo continuas denuncias de violaciones a los derechos humanos, ejecuciones sumarias y hostigamiento a la población civil.
Con las OLP, el gobierno dictatorial  busca afianzar  la cultura de la violencia que tanto daño nos ha hecho a los venezolanos, enmarcándola  en la lucha contra la inseguridad y la criminalidad. Problemas que ha desconocido, (negando sistemáticamente su dimensión, no priorizándolo en la agenda gubernamental), o condonado (justificando “socialmente” al crimen en un discurso supuestamente revolucionario, estimulándolo con políticas tan nefastas como las “zonas de paz”).

Las OLP se dan además en medio de una profunda crisis de credibilidad  y confianza en las instituciones del Estado y sus representantes. Apoyadas en un militarismo exacerbado, niegan otros aspectos fundamentales de la situación como la necesaria reestructuración de los cuerpos policiales (atendiendo deficiencias materiales como cantidad de funcionarios o equipamiento, por ejemplo), fallas del sistema judicial y penal (desbordados, muy corrompidos, con un 98% de impunidad) y las carencias crónicas que el Estado ha tenido en el diseño de planes para el control de la criminalidad.

El régimen madurista se ha caracterizado por un recrudecimiento de la represión, la institucionalización de la violencia, y una militarización forzada en todos los ámbitos de la vida nacional. También, por la manipulación de los graves problemas nacionales y las carencias de la población para establecer formas de control, servilismo y sometimiento. Planes como los CLAPS o la tarjeta Alimentación Hogares Patria, que se aprovechan de la brutal crisis alimentaria que atravesamos, son un ejemplo de esto.


La implementación de las OLP refuerza discursos tan destructivos y falsos como el de que “solo la violencia enfrenta la violencia”, valiéndose de los sentimientos  de retaliación que muchos sienten frente a los abismales índices de homicidios  o el desprecio a conceptos como la reinserción y la rehabilitación frente a los resultados de instituciones corrompidas o ineficaces.

Como muchos venezolanos he sido víctima de la violencia criminal. Esa ha sido una de las razones que me llevaron a estudiar políticas públicas de seguridad y a crear, hace 5 años, el movimiento Caracas Mi Convive para  transformar la cultura de la violencia en convivencia para la ciudad. Nuestra experiencia con personas y comunidades nos da una visión del problema en su enorme proporción y  matices.

El pasado domingo 22 de enero, por ejemplo, estuvimos en la cota 905, horas antes de que se produjeran las primeras acciones de la reformulada OLP. Escuchamos el testimonio de una las madres que nos relató como las OLP llegaron a su casa y ajusticiaron a su hijo, un muchacho sin ningún antecedente delictivo. Las denuncias de este hecho no han recibido respuesta y la facilitadora ha sido hostigada por efectivos policiales. Su nieto, de 4 años, le dice que no quiere crecer, para que la OLP no lo mate como a su papá.

La respuesta a la violencia criminal pasa necesariamente por la creación de planes de prevención en los que las comunidades y sociedad tengan un papel activo y participante. También por la reestructuración  y equipamiento  de fuerzas policiales y la exigencia de un compromiso político de gobierno y Estado, no solo en la aplicación de la justicia y la lucha contra la impunidad, sino en el fortalecimiento de la convivencia.

Ejemplos de esto lo hemos visto en ciudades como Medellín, donde se han producido transformaciones y recuperado espacios para la vida  social desde situaciones de crimen y narcoviolencia  aún peores a las que actualmente tenemos en nuestro país.

Lo contrario es lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro, que aprovecha la angustia, el dolor  y el miedo que causa la criminalidad en los venezolanos, utilizándolas  para fortalecer falsas premisas como la efectividad de la mano dura o la intervención militar y exacerbar prejuicios latentes, minando la convivencia al estigmatizar sectores sociales y criminalizar a las víctimas .Una visión simplista y manipuladora  que en países como Guatemala y el Salvador ha producido décadas de sangre y padecimientos.

Los excesos y transgresiones de la OLP deben ser detenidos, y las formas de combatir el crimen en nuestro país deben transformarse con decisión y sin hipocresías. Los cambios de nombre son solo medidas irresponsables que parecen burlarse de los venezolanos cuya humanidad continúa viviendo la tragedia diaria  de ser atacada y mermada por la violencia.

Coordinador de Movimiento Mi Convive

Miembro de Primero Justicia

30-01-17