Por Héctor Silva Michelena
En una amplia y abigarrada
entrevista, concedida al periódico La Razón (12-19/02/17) el ministro
de Educación Universitaria, CIT, Hugbel Roa Caruci, nos ofrece su visión de la
universidad venezolana. Voy a cernir solo algunos puntos allí tratados, no
quiero fatigar al lector. El ministro reconoce que estamos en un túnel y que es
necesario que las universidades se conviertan “en una luz al final del túnel
para buscar la solución”. El ministro atribuye la oscuridad, los problemas y
las heridas que padecen los venezolanos a una sola causa: la guerrea
económica. Numerosos economistas, no de derecha, aseguro, han desmentido que
exista una guerra económica contra el gobierno por parte de la oposición:
empresarios, universidades, clero, ONG y otros actores. En un artículo en
Prodavinci (21/07/2016) demostré que no existe tal guerra económica, lo que
existe es un subterfugio prejuicioso, ampliamente difundido desde, al menos,
cuatro años para ocultar la verdadera causa de la crisis.
Un cálculo somero muestra que
los recursos manejados por el gobierno entre 1999 y 2016 superan cifras de 1,6
billones (millones de millones) de dólares entre ingresos del gobierno central,
aumento de la deuda pública y gasto parafiscal de Pdvsa. Se centralizó en manos
del presidente de la república estos enormes recursos para su aplicación
discrecional.
Se socavaron los derechos
constitucionales de propiedad y las garantías procesales para la solución de
controversias, se sometió a la economía a una serie de regulaciones y
controles, y se congeló el mercado laboral en todo sentido. Esto mermó la
actividad privada productiva.
Esto es resultado del modelo
económico llamado socialismo del siglo XXI, y las políticas públicas
consecuentes: hostilidad a la economía privada, draconiano control de precios
bajo una fórmula obsoleta aplicada en la URSS a mediados de los años sesenta,
que arroja pérdidas al empresario de cualquier tamaño.
Según los
marxistas-leninistas, las leyes económicas son las interdependencias objetivas
y las conexiones de causa y efecto esenciales que persiste en los procesos y
fenómenos económicos, y sin las cuales no se puede hablar de relaciones de
producción en su integridad y desarrollo. Según Marx, el hombre no puede crear,
cambiar o abolir las leyes económicas, pero puede descubrirlas, conocerlas
y utilizarlas en provecho de la sociedad. Utilizar las leyes económicas
significa concordar la acción humana con las exigencias de dichas leyes. Si la
economía es de mercado, estas leyes no pueden ser abolidas por el hombre, pero
sí orientadas en provecho de la sociedad.
¿Cómo? Mediante la acción de
las políticas públicas. Venezuela tiene una economía de mercado, pública y
privada, que cubren 95% de las relaciones de producción, la economía social,
solo 5%. De modo que aquí rigen las leyes de esta economía, que no pueden ser
violadas sin que se produzcan graves desequilibrios que conducen a la crisis
económica y política como la que hoy vivimos: recesión con inflación,
desabastecimiento, pobreza. Según Encovi 2016, realizada por la UCAB, la UCV y
la USB, la nación sufre una pobreza de 82%, de la cual 52% es extrema.
¿Es la burguesía la
responsable de la guerra? Desde hace cuatro años, se observa en los sectores
industriales, agroindustriales y petrolero una notable crisis: el centro es la
carencia de materias primas, divisas y la incertidumbre. Con los controles de
precio y de cambio, la economía privada está en crisis y no puede ser
responsabilizada de la guerra económica. Para el ministro y el gobierno es esta
el disparador de la crisis. Pero hay una gran refutación, que Amartya Sen
considera decisiva: el referéndum popular. En este sentido, ¿qué dijo el pueblo
el 6 de diciembre de 2015? ¿Por qué no se hacen elecciones de ningún tipo?
En cuanto a la autonomía dice
el ministro que “todas las universidades son autónomas” y cita el artículo 109
de la Constitución del cual cita dos palabras: libertad de cátedra y de
planificación, afirma que esa es la autonomía. Es solo un asomo de verdad. No
todas las universidades son autónomas, porque no todas las experimentales han
alcanzado su autonomía. Olvida señalar que, según el artículo, “las
universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la
administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales
efectos establezca la ley”.
La autonomía universitaria es
mucho más de lo que piensa el ministro. La universidad es transmisor de unos
saberes y un estilo que deben preservarse, adaptar y propone conocimientos para
el cambio social. De modo que la universidad no es solo adaptación, sino que
también es propositiva: se trata de un bucle reversivo.
Sabemos que la universidad
nace en la Edad Media hacia el año 1150 d. C. con el deseo compartido de
profesores y alumnos por el conocer y aprender –el amor sciendi–. Si
la universidad no encarnase este valor social de la búsqueda pura, utópica y
ucrónica del conocimiento, sino que sirviera a intereses y objetivos materiales
concretos, probablemente habría desaparecido ya, como otras muchas
instituciones medievales. Se reconoce que la autonomía es plural y comprende:
1) lo jurisdiccional, 2) darse su propio gobierno, 3) libertad académica y 4)
autonomía financiera. Así la concibió Simón Bolívar cuando creó la UCV en 1827.
Afirma el ministro que,
“afortunadamente el movimiento estudiantil está claro en que la única
alternativa de paz y de continuidad de una educación popular y gratuita es la
revolución bolivariana”. Falso, como lo demuestran las recientes elecciones
estudiantiles de la UCV, que a pesar de la prohibición del TSJ; no fueron
manipulados, actuaron autónomamente y realizaron y derrotaron abrumadoramente a
la plancha oficialista. Los estudiantes sí están claros: ven que las
universidades están acosadas y que la estrategia tiene dos piezas: el bloqueo a
darse su propio gobierno y el cerco presupuestario. Respecto a esto último el
ministro miente cuando afirma que las universidades tienen que ser auditadas
por el Estado. Pero ¿quién aprobó el presupuesto nacional en 2017? El TSJ,
inconstitucionalmente. Mis informaciones muestran que los recursos solicitados
son inferiores a los asignados, sobre todo a I-D, CIT. Esto es grave.
Los estudiantes han recibido
educación popular, gratuidad y de calidad desde que Edgar Sanabria reestableció
la autonomía el 5 de diciembre de 1958, en contra de las restricciones
impuestas por la dictadura militar de Pérez Jiménez.
Cuando yo estaba en el Consejo
Universitario de la UCV y en el CNU, se propuso un pacto estratégico
Estado-universidad, que incluía un doble compromiso: la fijación de metas de
calidad y recursos, y la verificación por el Estado. El resultado concluía con
una evaluación y, según los casos, la rectificación. Esto nunca se hizo, porque
el gobierno no atendió el llamado.
Apruebo estas palabras del
ministro: “Las universidades se han comprometido a trabajar en conjunto con las
autoridades para fortalecer y crear cuadrantes de paz que nos permitan evitar y
devolver la seguridad a aquellos recintos donde existen bandas organizadas a
fin de que podamos trabajar para evitar que la universidad sea víctima del
hampa”.
Ojalá las bandas encapuchadas
del chavismo que agreden e impiden el funcionamiento de la universidad sean
contenidas por los llamados cuadrantes de paz. Las elecciones recientes a la
FCU se realizaron contra la acción de los encapuchados chavistas, hace cinco
días.
Por último, en cuanto al voto
paritario y universal, nada puede ser más absurdo. En ningún país socialista
que existió o que existe, Cuba entre ellos, existe. Todos tuvieron y tienen un
examen de admisión basado en el mérito. La masificación y la votación universal
a tabla rasa olvida que se ha demostrado que la justicia y la igualdad han de
ser equitativas, lo que implica reconocer la irrevocable heterogeneidad y
diversidad de la sociedad humana. El hombre unidimensional, como lo demostró
Marcuse, hace tiempo, colapsó definitivamente. Su imposición es contra natura,
es fascista.
24-02-17
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