Por Gregorio Salazar
Sería una ingenuidad y un
grave error de la oposición venezolana tomarse a la ligera, como un simple
bluff, la amenaza de Maduro de acortarle el período legislativo a la Asamblea
Nacional mediante la convocatoria a unas elecciones parlamentarias.
Provocación o no, huída
hacia adelante, maniobra distractiva o globo de ensayo, esas o cualquiera otra
conjetura sobre el verdadero objetivo de esta nueva estridencia declarativa de
Maduro obliga a plantearse el surgimiento de esa convocatoria electoral como
una posibilidad con todos los riesgos que ello implica.
Un gobierno desahuciado,
incapaz de frenar la caída hacia el colapso definitivo del país que han
manejado a su antojo durante 20 años, y una camarilla temerosa de ir a dar con
todos sus huesos a una prisión dentro o fuera de Venezuela por sus muchos
delitos es capaz de cualquier pirueta con resultados trágicos para los
venezolanos con tal de prolongar su permanencia en el poder. Más aún si en
otras oportunidades de convocatorias inconstitucionales, como la elección de la
constituyente, les ha dado resultado.
Maduro asoma una jugada
diabólica a sabiendas de que tendría como efecto inmediato el rechazo frontal
del pueblo opositor, sobre todo si esos comicios son convocados y validados por
la misma tríada infame (CNE,TSJ, ANC) que ha fraguado los fraudes y los
desmanes del régimen chavista contra los partidos, su dirigencia y la Asamblea
Nacional. Justamente, allí comienzan sus posibilidades de éxito.
Previsible que entre los
partidos, como ya ha ocurrido, no habría una postura unánime frente a semejante
convocatoria y ello profundizaría divisiones y enfrentamientos que harían mella
cualitativa y cuantitativa en el universo electoral de la oposición.
Si Maduro impusiera sus
reglas ventajistas y tramposas a través del aparataje institucional que domina,
el grueso de la oposición organizada no tendría más opción que ser coherente
con la postura que mantuvo frente a la convocatoria a las elecciones de la
constituyente y a las presidenciales de abril del 2018, a la que rechazó igual
que sus resultados y que, a final de cuentas, es lo que ha permitido el
desconocimiento de la presidencia de Maduro por más de cincuenta de los países
más importantes del mundo.
Ya se sabe que no basta con
decir: “Maduro no puede porque la Constitución establece…”. Esas barreras
legales y jurídicas, comprobado está, no existen para la dictadura. Por
descabellado que parezca pueden nuevamente forzar unas elecciones en las que
reeditando la combinación de trampa y abstención escojan un rebaño borreguil de
diputados cuyo único propósito será desplazar la actual AN y desalojarla del
Palacio Legislativo. Surgiría otro organismo espurio con nefastas consecuencia
para la lucha opositora.
La oposición,
preliminarmente, tendría dos caminos. Dar una demostración de fuerza y de
movilización capaz de disuadir a Maduro de ese cometido con lo cual quedaría
desinflado el globo de ensayo, la provocación o la intención verdadera. O
avanzar aprovechando que la palabra “elecciones” ha reaparecido en la boca de
Maduro para ir a fondo con la exigencia respaldada por la comunidad
internacional de cambiar el mafioso Consejo Nacional Electoral. Tiene para ello
un tablero propicio como lo es el espacio de conversaciones que se ha abierto
en Noruega.
Con esa garantía
fundamental, un nuevo CNE, imparcial y eficiente y que sanee todo el sistema
electoral, comenzando por el REP, el pueblo venezolano recuperaría su fe en el
voto y concurriría masivamente, me atrevo a decir, a cualquier consulta
electoral que se le plantee porque la victoria sería de tales dimensiones que
precipitaría el derrumbe del régimen, que es igual al cese de la usurpación.
La decisión de cambiar ese
CNE, apéndice obsecuente del Ejecutivo, es la prueba del ácido para Maduro y
los representantes que ha enviado a la mesa de discusiones en Oslo. Si no se
avanza en ese sentido la salida pacífica a esta crisis apocalíptica seguirá
bloqueada.
27-05-19
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