JORGE CANCINO 18 de septiembre de 2024
Un
portavoz del DHS dijo a Univision Noticias que aquellos a quienes no se les
conceda asilo u otros beneficios de inmigración, deberán abandonar Estados
Unidos al vencimiento de su período autorizado de dos años o serán
"colocados en procedimientos de deportación".
Los inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresan a Estados Unidos bajo el programa conocido como CHNV ‘Parole Processes’ (‘parole humanitario’) y reciben una autorización de entrada temporal de dos años, tienen 24 meses para cambiar sus estatus de permanencia a cualquier otro programa legal disponible, entre ellos el asilo, explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ante una pregunta enviada por la redacción de Univision Noticias.
“Cualquier
concesión discrecional de libertad condicional será por un período temporal de
hasta dos años”, dijo un portavoz del DHS por medio de un correo electrónico. Y
precisó que “aquellos a quienes no se les conceda asilo u otros beneficios de
inmigración, deberán abandonar Estados Unidos al vencimiento de su período
autorizado de libertad condicional o, generalmente, serán colocados en procedimientos
de deportación después de que expire el período de libertad condicional”.
El
‘parole humanitario’ o CHNV fue lanzado en abril de 2022 para permitir que
ciudadanos de Ucrania que huyen de la guerra tras la invasión rusa puedan
emigrar de manera ordenada previa autorización por parte del DHS de un
patrocinador que resida en Estados Unidos, sea un ciudadano o cualquier otra
persona con un estatus legal de permanencia.
En
octubre de ese año el gobierno de Joe Biden incluyó a Venezuela en el programa
con el objetivo de disminuir la presión de ciudadanos de ese país en la
frontera con México que huyen en busca de asilo en Estados Unidos. Y en enero
de 2023 fueron agregados Cuba, Haití y Nicaragua.
El
caso de Angélica
Angélica
M. siente que los días se le van demasiado rápido y ruega porque el sistema le
permita seguir avanzando en el proceso para pedir el amparo del Estatus de
Protección Temporal (TPS) para venezolanos.
El
nombre de María M. es otro, pero pidió mantener su identidad en el anonimato
para este reportaje. “Llegué a Estados Unidos el 11 de noviembre de 2022. Mi
hermano sirvió de patrocinador y me enviaron la autorización para subirme a un
avión en Caracas y volar a Miami. En el aeropuerto me dieron admisión temporal
por dos años”, cuenta.
La
inmigrante protegida bajo el CHNV dice que su hermano (el patrocinador) habló
con un abogado y sometieron los documentos para pedirle el amparo del TPS.
“Pero he tenido problemas con las huellas biométricas, no las aceptan. El FBI
no las acepta y me dijeron que tengo que ir con la policía más cercana a que me
den un certificado de buena conducta y con eso enviárselos al gobierno”.
María
M. confía en que, una vez solucionado el problema, “me den el TPS y no tenga la
angustia de qué haré si termina la protección que tengo. Ya se acerca noviembre
y pido todos los días que esto se solucione para poder quedarme tranquila”.
José
Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida, dice que el
asunto del rechazo de las huellas biométricas ocurre “con personas que trabajan
mucho con sus manos o han utilizado sustancias y las huellas se han borrado, no
están legibles totalmente y las autoridades las rechazan porque sus dedos están
deteriorados”.
Explicó
que para estos “el documento que emita la policía es algo alternativo” y que
con eso “se podría solucionar y verificar las huellas con el FBI”. Y en algunos
casos “le pedirán al afectado los antecedentes penales de todos aquellos
lugares donde ha vivido por más de seis meses en el tiempo que ha permanecido
en Estados Unidos”.
A la
pregunta si afecta el proceso de TPS al quedar fuera de estatus si se acaba el
‘parole humanitario’, guerrero dijo “miles de venezolanos que calificaron para
el TPS habían acumulado tiempo ilegal de permanencia”.
Qué
dice el reglamento
Al
insistir en qué sucederá con aquellos extranjeros bajo el ‘parole humanitario’
que no hayan buscado ajustar sus permanencias bajo cualquier otro programa
legal disponible, el DHS citó el reglamento publicado el 5 de enero del año
pasado.
“El
aviso inicial del Registro Federal dice lo siguiente: Cualquier concesión
discrecional de libertad condicional será por un período temporal de hasta dos
años. Durante este período de dos años, Estados Unidos seguirá desarrollando la
estrategia multifacética y de largo plazo y colaborará con nuestros socios
extranjeros en toda la región”.
La
norma agrega que “estos esfuerzos tienen como objetivo apoyar las condiciones
que reducirían la migración irregular, trabajar para mejorar el procesamiento
de refugiados y otras vías de inmigración legal en la región, y permitir un
mayor número de expulsiones de quienes continúan migrando irregularmente y
carecen de una solicitud válida de asilo u otra base legal para permanecer en
Estados Unidos”.
El
portavoz del DHS añadió que “el período de dos años también permitirá a las
personas buscar ayuda humanitaria u otros beneficios de inmigración para los
que puedan ser elegibles, y trabajar y contribuir a la economía estadounidense
mientras lo hacen”.
Específicamente,
en cuanto a aquellos a quienes no se les conceda asilo u otros beneficios de
inmigración, “deberán abandonar Estados Unidos al vencimiento de su período
autorizado de libertad condicional o, generalmente, serán colocados en
procedimientos de deportación después de que expire el período de libertad
condicional”.
Qué
pasa con los patrocinadores
En
cuanto a la figura de los patrocinadores y su responsabilidad ante el gobierno
al asumir el compromiso de hacerse cargo de los costos de permanencia del
extranjero, Ezequiel Hernández, un abogado que ejerce en Phoenix, Arizona,
explicó que “ellos tienen responsabilidad legal de asumir los gastos en que
incurra el inmigrante, que no se convierta en una carga publica para Estados
Unidos y eso incluye desde alojamiento, alimentación, cuidado médico, su
transporte y su bienestar”.
“Obviamente,
en caso de exceder el tiempo de permanencia y no haber ajustado el estatus de
esa persona, les afectará, pero no tienen responsabilidad legal si la persona,
por ejemplo, comete un crimen”, precisó.
“En
caso el gobierno inicie un proceso de deportación, impactará directamente en el
inmigrante bajo el CHNV. Puede que el DHS se contacte con el patrocinador para
averiguar el paradero del beneficiario del ‘parole humanitario’, pero no irá a
la cárcel por ello”, apuntó.
El TPS
para Venezuela fue re-designado en septiembre de 2023 y el período de
inscripción dura hasta el 2 de abril de 2025. Los posibles beneficiarios deben
demostrar que están en el país desde al menos el 31 de julio de 2023. María M.
entró al país en noviembre de 2022.
El
último informe de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) indica que
hasta agosto bajo el CHNV han entrado al país más de 110,000 cubanos, 210,000
haitianos, casi 93,000 nicaragüenses y casi 117,000 venezolanos.
La CBP
dijo que, “desde que el DHS implementó estos procesos seguros, ordenados y
legales, los encuentros de nacionales de cubanos, haitianos, nicaragüenses y
venezolanos indocumentados en la frontera sur se redujeron en un 99%”.
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