Omar Barboza Gutiérrez 30 de octubre de 2016
Un
gobierno se legitima por su origen y por su desempeño. En cuanto a la
legitimidad por su desempeño, hay suficientes evidencias de que el gobierno del
Presidente Maduro se encuentra totalmente deslegitimado, y esa afirmación está
ampliamente respaldada por la grave crisis que sufre la nación venezolana como
consecuencia del fracaso de la gestión de este gobierno que se expresa
dramáticamente en la crisis alimentaria, en la de la salud, en la gran
inseguridad ciudadana que aterroriza a la familia venezolana, todo ello en
medio de una corrupción galopante agravada por la impunidad.
Uno de
los aspectos más prominentes de la ilegitimidad por desempeño de este gobierno,
es la destrucción de la economía nacional a pesar de haber recibido durante los
años en los cuales el barril del petróleo estaba por el orden de los 100
dólares, cientos de miles de millones de dólares fueron despilfarrados en
cuanto a la eficiencia en su utilización por la incapacidad y la corrupción. Y
hoy, nuestra situación económica se puede resumir, luego de haberse destruido la
capacidad adquisitiva de nuestra moneda, en que no hay comida porque se
destruyó la producción nacional y no hay dólares para importarla, mientras los
venezolanos reciben sus salarios en bolívares y los precios están dolarizados.
En
cuanto a la legitimidad de origen, de acuerdo a la Constitución nacional en su
Artículo 5°, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la
ejerce a través del sufragio, y culmina estableciendo: “… Los órganos del
Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. Igualmente, el
Artículo 6° establece que el mandato del gobierno nacional es revocable.
De tal
manera que el Presidente Maduro inició su mandato contando con la legitimidad
de origen que le dio el sufragio popular según el citado Artículo 5°; por eso,
al asumir el ejercicio de ese mandato lo hizo jurando someterse a la
Constitución y a las leyes para mantener la legitimidad que le dio el origen de
su mandato, empezando por cumplir con el Artículo 236 de nuestra Constitución
que establece las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República en
su numeral 1°: “Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y la Ley”.
Por
otra parte, también la Carta Magna en su Artículo 70 establece que son medios
de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, la
revocación del mandato. Y en su Artículo 72 dispone que todos los cargos y
magistraturas de elección popular son revocables. En ejercicio de esos
derechos, una amplia representación del pueblo venezolano solicitó la realización
de un referendo revocatorio al Presidente de la República para que todos los
electores se pronunciaran sobre la continuación o no en el ejercicio del cargo,
dado que desde que está vigente la Constitución de 1999 la duración del mandato
presidencial no es automáticamente de 6 años, sino que depende de que el pueblo
decida revocarlo o no.
Cuando
estábamos a pocos días de que los electores tuvieran la oportunidad de convocar
ese referendo a través de la manifestación de esa voluntad por parte del 20% de
los electores de la Circunscripción Nacional como lo establece el citado
Artículo 72 Constitucional, el gobierno nacional y los poderes públicos que
controla políticamente, seguros de que la inmensa mayoría del pueblo rechaza su
gestión, pusieron en marcha una confabulación para negarle al pueblo venezolano
su derecho, y para violar la Constitución que a través de su Artículo 5° le dio
legitimidad de origen. Al hacer eso, la pierde por violar la Constitución que
se la reconoció.
Los
hechos son conocidos, varios jueces penales incompetentes en materia electoral
y nariceados por gobernadores oficialistas, de manera sincronizados a la misma
hora y con el mismo contenido, declaran, sin tener competencia para ello, que
la recolección de firmas del 1% que validó en su oportunidad el Consejo
Nacional Electoral (CNE), es nula y por tanto se debe suspender la verificación
del 20%. El colmo de estos hechos es que el CNE, en base a esas decisiones
cautelares dictadas por esos jueces manipulados e incompetentes, suspende la
recolección del 20% violando los derechos ya citados que la Constitución
Nacional establece en favor del pueblo venezolano.
Entonces,
siendo el Presidente Maduro ilegítimo por su desempeño y habiendo perdido su
legitimidad de origen al dirigir los actos violatorios de la Constitución para
no someterse a la voluntad popular que fue la que le dio su legitimidad para el
inicio de su mandato, hoy el cambio político significa legitimar mediante
elecciones a un nuevo gobierno nacional, y para lograrlo el pueblo seguirá en
las calles exigiendo respeto a sus derechos.
Omar
Barboza
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