Por Héctor Briceño
Las bases comiciales para la
elección de la Asamblea Nacional Constituyente presentadas el martes 23 de mayo
por el presidente Nicolás Maduro representan un intento de resolver el problema
que el gobierno ha estado evadiendo desde el año 2016: ¿Cómo ganar elecciones
con el 20% (quizás 30%) de los votos? O dicho de otra forma: ¿Cómo ganar
perdiendo?
Con este objetivo, el chavismo
diseñó un proceso electoral que le permita maximizar la utilidad de la
distribución de sus escasos apoyos electorales a través de dos métodos:la
sectorización y la municipalización electoral.
El primero de los mecanismos
es excluyente puesto que los 8 sectores propuestos por el Presidente
(indígenas, estudiantes, campesinos y pescadores, empresarios, personas con
discapacidad, pensionados, consejos comunales, comunas y trabajadores) no son
exhaustivos; es decir, una gran cantidad de venezolanos no formará parte de
ninguno de los sectores y por tanto tendrán una menor incidencia en la
conformación de la Asamblea Nacional Constituyente al no poder ser ni
candidatos ni electores en ningún sector.
El segundo criterio, la
municipalización, viola el principio democrático “un hombre, un voto de igual
peso”. La clave en este diseño electoral está en desvincular el número de
escaños o constituyentistas a elegir en cada municipio del peso poblacional de
dicho municipio respecto a la nación. En este sentido, las bases
comiciales asignaron un constituyentista para cada municipio y dos a los
municipios capitales de estado. Siendo los constituyentes de municipios
capitales electos bajo el criterio de listas proporcionales.
Como consecuencia este
mecanismo de manipulación electoral genera un desequilibrio denominado
“malaproporcionamiento”, según el cual las zonas más pequeñas del país tienen
igual o mayor incidencia en la conformación de la Asamblea Nacional
Constituyente. Así, por ejemplo los municipios Maroa, Río Negro y Manapiare
(todos del estado Amazonas) tendrán derecho a un constituyentista cada uno, aún
cuando cuentan con tan solo 1.939*, 2.041* y 3.625* electores respectivamente.
En total, estos tres municipio de 7.605 electores tendrán más representantes
que el municipio Maracaibo del Estado Zulia que con 941.974* electores solo
tendrá derecho a elegir 2 representantes ante la Asamblea Nacional
Constituyente.
Pero para entender la magnitud
de la manipulación, podemos agregar que el estado Táchira con 825.913*
electores (117.253 electores menos que el municipio Maracaibo) podrá
elegir a 30 constituyentistas (28 más que la capital zuliana).
El malaproporcionamiento
llevado a estos niveles extremos produce una gran desigualdad, dividiendo a los
ciudadanos en dos grandes bloques: aquellos sobrerrepresentados que tienen
mayor influencia en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, y los
subrrepresentados que tienen menor influencia. Para analizar este efecto
podemos utilizar el indicador de “poder de voto”.
El poder de voto ideal
(igualitario) se calcula dividiendo el total de constituyentes territoriales a
escala nacional (364) por el total de electores en el país (19.392.760).
Para comparar el poder de voto
real de los ciudadanos de cada municipio según las bases comiciales, se divide
el número de constituyentes por municipio entre su número de votantes. Se
estandariza el poder de voto ideal a 1, y luego de estandarizar los poderes de
voto municipales, se compara el poder de voto de cada municipio con el ideal.
De esta forma aquellos
ciudadanos en municipios con un poder de voto superior a 1 se consideran con
“más poder que el ideal”; los municipios donde el poder de voto es menor a uno
se consideran con “menos poder que el ideal”. En otras palabras, los votos de
los ciudadanos de algunos municipios tienen más valor que los votos de
ciudadanos de otros municipios a la hora de elegir a los constituyentes
territoriales.
Los resultados reflejan que
estados y municipios con un número de electores reducido tienen un poder de
voto mayor que municipios con poblaciones más grandes. Así, el municipio Maroa
en el estado Amazonas, con 1.939 votantes, tiene un poder de voto 250 veces
mayor que el municipio Maracaibo del estado Zulia con 941.974 votantes. En
términos nacionales, el gobierno tiene ventaja política en la mayoría de los
municipios con poder de voto desproporcionados a su número de electores.
Pero, ¿por qué este diseño?
Dos variables explican la
lógica tras este diseño de distribución desigual de los escaños. En primer
lugar, el intento de aprovechar el apoyo electoral obtenido por el
gobierno tradicionalmente en las zonas rurales y poblaciones más pequeñas tal
como se observa en el siguiente gráfico:
La relación entre las
variables tamaño de la población y el apoyo político han sido constantes al
menos desde el año 2004 en el país. De esta forma, las zonas de menor
población han apoyado mayoritariamente al chavismo mientras que las
grandes ciudades han decantado por los principales bastiones opositores.
Así, en las elecciones 2015, el gobierno logró mantener el apoyo en las zonas
rurales y pequeñas, lo que le permitió imponerse en 164 municipios del país
mientras que la oposición ganó en 171 como puede verse a continuación:
En 2015 la oposición alcanzó
7.706.749 votos (equivalente al 58% de los votos emitidos) mientras el gobierno
obtuvo 5.571.685 votos (equivalente al 42%). Con ellos, la oposición logró
112 diputados (equivalente al 67% de los escaños) y el gobierno 55 diputados
(correspondientes al 33%). Ahora bien, si utilizamos esos mismos resultados
electorales, y les aplicamos las bases comiciales para la elección de la
Asamblea Nacional Constituyente, entendemos claramente las intenciones
detrás de los criterios.
Con ellos el gobierno
obtendría 184 constituyentistas (equivalentes al 51% de los 364 territoriales),
mientras la oposición alcanzaría 180 (equivalentes al 49%) tal como se muestra
a continuación:
Pero el segundo criterio que explica la decisión de selección de los
constituyentistas en los municipios es aún más perverso. Se trata de
utilizar todos los mecanismos de control político sobre las pequeñas
poblaciones que han sido leales al chavismo. Amor con amor se
paga. Misiones y bases de misiones, CLAP, Consejos Comunales, Carnet de la
Patria, Colectivos y demás mecanismos de chantaje serán utilizados en las
poblaciones más pequeñas, aquellas donde los medios de comunicación no pueden
llegar, donde las redes sociales no penetran, donde las cámaras de videos de
los celulares inteligentes no han llegado aún.
Con esta normativa el gobierno
promete abandonar las ciudades para volcarse sobre los ciudadanos más
desprotegidos.
No obstante, los mismos
resultados de las elecciones del 2015 arrojan datos interesantes. La oposición
perdió en 57 municipios por un margen igual o menor al 10% y en otros 27
por un margen de 11% y 15%. Todos estos municipios podrían convertirse en
nuevos opositores. Si eso sucediera, la oposición obtendría 264
constituyentistas territoriales quedando a tan solo 9 de la mayoría simple
(273).
El análisis hasta aquí
presentado muestra claramente que el problema no son los votos, sino la
manipulación de un diseño electoral pensado para imponer un modelo
independientemente de la voluntad del pueblo. Esto nos lleva a voltear la
mirada sobre la elección sectorial, pues será esta la que serviría para
consolidar una mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente.
Y aunque hasta el momento
desconocemos las condiciones en las que se llevará a cabo esa elección, ya hay
grandes dudas respecto a muchos puntos. Algunos de gran importancia: ¿cómo se
construirán los registros electorales sectoriales? ¿Qué institución validará y
aprobará los registros? ¿Serán auditados? ¿Por quién? La normativa electoral
obliga a la Asamblea Nacional a validar las proyecciones de población para
distintos procesos electorales. ¿No debería también validar las estadísticas
sectoriales?
Adicionalmente existen grandes
dudas sobre el proceso electoral en general. Por ejemplo: ¿Contará la elección
con observación electoral nacional e internacional? ¿Qué organizaciones podrán
presentar testigos electorales? ¿Los gremios? ¿Los partidos? Y sobre la campaña
electoral, ¿cómo se regulará el acceso a los medios? ¿Cómo será el
financiamiento de las campañas?
A estas preguntas debemos
añadir los problemas tradicionales que hemos venido arrastrando de procesos
electorales anteriores: las violaciones a los derechos políticos
mediante inhabilitaciones, el uso de los recursos públicos en campaña por
parte del partido de gobierno, el sesgo institucional del árbitro electoral y
de las instituciones del Estado en general.
Finalmente está el apuro con
que se pretende realizar este proceso. La rectora del Consejo Nacional
Electoral, Tibisay Lucena, anunció la apertura del proceso de
postulaciones para el próximo 31 de mayo y 1 de junio de 2017.
Pero, ¿es
posible construir una oferta electoral a nivel municipal en menos de una
semana? ¿Es posible recoger 3% de firmas del Registro Electoral en una semana?
Además, ¿serán validadas estas firmas con la misma rigurosidad con que han sido
analizadas las firmas de apoyo al Referendo Revocatorio presidencial promovido
el año pasado o la validación de partidos de este año?
Todo apunta a que no será así.
Y que el ventajismo ascenderá un nuevo escalón, pues el chavismo en su espiral
de impopularidad desconfía incluso de la lealtad del 20% del electorado que aún
lo apoya, por lo que seguirá manipulando las normas electorales hasta generar
un mecanismo en el que pueda ganar la elección, sin votos.
***
Nota: *Número de
electores para las Parlamentarias 2015.
Fuente: *Sistema de
Información Electoral del Observatorio Electoral Venezolano, www.oevenezolano.net/info/.
27-05-17
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