Por Hugo Prieto
Se puede vivir en una burbuja
de expansión y crecimiento alimentada por los mayores ingresos petroleros de la
historia. Una avalancha de importaciones —sólo en 2012 significó 60.000
millones de dólares— para impulsar el comercio, la actividad bancaria y de
seguros, mientras la producción industrial caía en picado. De 12.000
establecimientos industriales que había en 1998, año en que Chávez llegó al
poder, sobreviven menos de 4.000 y si el modelo no cambia, 1.000 de ellos van a
desaparecer en el corto plazo.
Esta es la elipsis del modelo
que se aplicó con el llamado Plan de la Patria. Un país totalmente
desabastecido. Con una alarma activada, que hiela la sangre. La gallinita de
los huevos de oro, PDVSA, ahorcada por la politización y la improductividad.
En Venezuela, además, se
desmanteló la institucionalidad que, bajo una normativa legal vigente,
fomentaba el diálogo social para canalizar las demandas e intereses
—contradictorios por naturaleza— entre el capital y el trabajo. Para consensuar
puntos de vista y revitalizar la economía se inventó la política. Pero esto es
una revolución. El gobierno dice, hace y deshace, lo que nos podría llevar a
una condena dentro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lo que
sigue a estas líneas, cortesía de Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras,
son los eslabones que dan pie al título de esta entrevista.
¿Las relaciones entre el mundo
empresarial y el gobierno están tan deterioradas que hace falta recurrir a la
OIT?
Las denuncias que tiene
Fedecámaras no son recientes. Se remontan a 2003. Recordemos que en ese año
hubo un ataque muy fuerte por parte del ex presidente Chávez. Incluso hubo un
atentado frente al edificio, cuya naturaleza —acción política o delictiva—
nunca se pudo establecer. Pero también se dieron expropiaciones contra activos
de líderes empresariales. Son hechos que se ha ido acumulando en el tiempo y
constituyen violaciones a convenios internacionales, en el marco de la OIT, que
son leyes de la república, porque fueron ratificados por la Asamblea Nacional y
por el extinto Congreso en su momento. El más emblemático de esos convenios es
el del salario mínimo, cuyas disposiciones establecen que todo aumento debe ser
consensuado entre empleadores, trabajadores y el Estado, para que una vez que
se den, mantenga el poder adquisitivo del salario y no sean improcedentes.
Una de las cosas que hizo el
ex presidente Chávez fue acabar con esas reuniones que se llamaron tripartitas.
Eso se hizo a un lado, se demonizó en el discurso oficial, y el gobierno
decidió actuar por su cuenta. ¿Qué consecuencias trajo esa decisión?
Según la agenda normativa y la
experiencia internacional, esas conversaciones tripartitas son la que
determinan el impacto que pudiera tener un aumento del salario, no
necesariamente para que tú ganes más dinero, sino para que no pierdas el poder
adquisitivo de tu ingreso. De producirse un aumento, eso iría acompañado de las
políticas económicas que fomentan la producción y la competencia, de forma tal
que no incida en los precios, sino en una mayor oferta de productos. Chávez
eliminó el diálogo tripartito y esa situación se mantiene hasta hoy. Hay que
reconocer que para cumplir con la OIT, el gobierno enviaba cartas a
Fedecámaras, al Consejo de Economía Nacional, a otras instancias, en las que
pedían nuestra opinión. Nosotros las enviábamos por escrito. Pero con Maduro,
ni siquiera se cumple ese formalismo. Los otros dos convenios están
relacionados con las libertades sindicales y empresariales. No puede haber
ataques, pero eso es lo que hemos visto en los medios oficiales. Eso está
prohibido, tanto para líderes sindicales, como para líderes empresariales.
Tal como lo ha dicho, esa ha
sido la línea que ha gobierno, en la que ha habido, digamos, consistencia y
continuidad.
Hemos documentado, además de
los ataques, las expropiaciones, las limitaciones a la libre iniciativa y eso
originó, entre otras cosas, que la OIT enviara una misión de alto nivel a
Venezuela en 2014, que se reunió con el gobierno, con los empresarios y los
trabajadores. La OIT hizo una serie de recomendaciones, ninguna se cumplió.
Esto, a su vez, originó que ese organismo enviara una nueva misión al país a comienzos
del presente año, pero no pudo realizar su trabajo, porque el gobierno quiso
imponer su propia agenda. Debo aclarar que fueron los representantes de los
trabajadores, de los empresarios y de los estados de todo el mundo
(representados en la OIT), quienes decidieron suspender el trabajo de la misión
en el país. Eso es lo que nos llevó a la decisión que se tomó en el mes de
marzo en Ginebra.
Jorge Roig, ex presidente de
Fedecámaras, me dijo que fue objeto de un constante seguimiento y vigilancia
por parte de la policía política durante el tiempo en que presidió este
organismo. ¿Usted siente que está en el radar del Sebin?
No que yo sepa. Hubo un
incidente en un restaurante de Caracas con nuestro primer vicepresidente,
Ricardo Cusano, quien representó a Fedecámaras en el acto donde se conformó el
Frente Amplio, en el Teatro Chacao. Un grupo de personas, aparentemente
miembros de la seguridad del Estado, se presentaron en el restaurante donde
Cusano y su señora esposa estaban almorzando, para tomarle fotografías. Eso es
lo más reciente que hemos tenido. Si nos están siguiendo o no, no tengo certeza
de eso.
¿Qué es lo que vamos a ver
luego de la decisión que se tomó en Ginebra?
Estamos hablando de la
violación del art. 26 de los estatutos de la OIT, que prevé la máxima
penalización a un país miembro por incumplimiento del diálogo social.
Previsiblemente, se nombrará una comisión de investigación —integrada por un
representante de los trabajadores, de los empleadores y de los estados
miembros—, para apersonarse en el país. En primer término, su propósito sería
el que se corrijan los temas antes mencionados. De lo contrario, Venezuela
podría ser llevada a tribunales internacionales. El art. 26 se ha aplicado en
12 oportunidades. El caso más emblemático es el de Polonia, a raíz de la
denuncia que presentó el Movimiento Solidaridad de Lech Walesa y como él mismo
lo reconoce, esa denuncia contribuyó a la transición política en su país. Este
sería el segundo caso solicitado por los empleadores, el resto corresponde a
los trabajadores.
Al final del día, ¿Qué es lo
que está buscando Fedecámaras?
Que se restituya el diálogo
social, el diálogo tripartito. Hasta hoy lo que ha hecho el gobierno es
convocar a reuniones donde te participan, casi de forma militar, lo que tú tienes
que hacer.
Acaba de utilizar la palabra
“transición”, de la cual se ha hablado con mayor o menor recurrencia en los dos
últimos años. ¿Usted cree que en Venezuela puede haber una transición política?
Uno de los temas que
planteamos en Ginebra es que más allá del significado simbólico o moral que
pudiera tener la penalización al gobierno venezolano, esa decisión implica el
rechazo y la condena de la mayoría de los representantes de los empleadores, de
los trabajadores y estados del mundo. Creo que eso merece ser considerado.
Quedan pendientes varias cosas, entre otras, la conformación de una nueva
misión tripartita que se apersone en el país, que no necesitan el permiso del
gobierno venezolano. Si el gobierno se opone, tal como ocurrió en un caso africano,
ellos se instalan en un país vecino donde haya fácil conectividad, para hacer
su trabajo hasta que lleguen a conclusiones, que luego se elevan a la plenaria
del Consejo de Administración de la OIT. Si el gobierno insiste en su empeño de
no restablecer el diálogo social, eso pasaría a tribunales internacionales.
¿Qué significaría una condena?
Normalmente los gobiernos
ceden y se restablece el diálogo social. En caso contrario, se puede llegar al
extremo de que el país sea expulsado de organismos internacionales, al quedar
al margen de la legislación internacional. Sería una exclusión de una instancia
que, básicamente, está controlada por el sector de los trabajadores. No se
puede decir que la OIT sea una organización controlada por Estados Unidos o la
Comunidad Europea. Allí participan países de las más variadas tendencias
políticas, incluidos China y Cuba.
Venezuela se ha convertido en
un caso de estudio en materia económica. El país ha perdido el 45% del tamaño
de su economía en apenas dos años. Un caso único de destrucción en tiempos de
paz en todo Occidente.
Lo que estamos viviendo todos
los venezolanos es la consecuencia de la aplicación del Plan de la Patria.
Recordemos que entre 2007 y 2012 le ingresaron a Venezuela más dinero por
exportaciones que en todos los años previos de la mal llamada IV República.
Pero en ese mismo período se dieron los mayores ataques al sector privado por
dos vías. Una, las expropiaciones, confiscaciones de empresas, confiscaciones
de tierras. Aquí se tomaron más de 1.500 establecimientos empresariales de todo
tipo. Se tomaron más de cinco millones de hectáreas del sector agrícola que
prácticamente están paralizadas, al igual que las empresas. En ese mismo
periodo tuvimos una política de anclaje cambiario que promovió las importaciones
de forma masiva. Se importaron productos, solo en 2012, por más de 60.000
millones de dólares que asfixiaron la producción nacional. Ese modelo,
orquestado desde el Plan de la Patria, dicho por escrito, se traduce hoy en una
contracción de la economía por quinto año consecutivo.
Nos ha costado asimilar la
magnitud de la quiebra del país. ¿Cuáles serían los antecedentes?
Al principio algunos sectores
crecían artificialmente, el comercio, la banca, los seguros, por la liquidez
monetaria, producto de las importaciones. Hoy en día no hay hueso sano. Todos
los sectores están cayendo. El sector construcción, por ejemplo, ya lleva una
caída acumulada del 90%; el sector industrial tiene caídas que superan el 50% y
el sector comercio de 60%.
Algunos economistas afirman
que en Venezuela hay activos muy importantes y eso contribuiría a una pronta
recuperación. Pero escuchándolo a usted, diría que aquí lo que hay es un
desmantelamiento del sector empresarial. ¿Realmente esos activos existen?
Ese es un tema que hemos
venido discutiendo, incluso con organismos multilaterales. Nosotros somos de la
opinión de que si se cambia el modelo económico, si vamos a un modelo de
mayores libertades, si se desmontan los controles de cambio y de precio y se
incentiva la producción, la recuperación puede ser relativamente rápida a
diferencia de otros países. Aquí todavía existen casi 4.000 establecimientos
industriales (a diferencia de los 12.000 que existían en 1998, año en que
Chávez llegó al poder), esos establecimientos están trabajando al 24% de su
capacidad utilizada promedio, lo que presiona hacia la urgencia de un cambio,
porque más de 1.000 de esos establecimientos han advertido que si no logran
aumentar su capacidad de producción, no van a ser sostenibles a corto plazo.
Sencillamente, el flujo de caja no les da para seguir operando. Pero ese parque
industrial está ahí y si nosotros logramos cambiar el modelo económico, esas
empresas se pueden reactivar. Algo similar se puede decir de las empresas que
fueron expropiadas y de las empresas básicas de Guayana.
¿Qué ocurre con el sector
petrolero?
Ese es un capítulo aparte. Se
ha venido destruyendo de una forma acelerada. Se politizó de una forma muy
grave, desde que el ex ministro Ramírez decía que PDVSA era roja rojita; desde
que Chávez botó a más de 20.000 empleados de la industria, que hoy en día están
generando riqueza en otros países. Actualmente, PDVSA tiene más de 120.000
empleados en nómina de una forma improductiva. De ahí la caída de la producción
de 3,5 millones de barriles diarios a 1,5 millones de barriles actualmente.
¿Fedecámaras está de acuerdo
con que el sector petrolero se abra a la inversión extranjera?
Creo que es la única vía que
tenemos los venezolanos para volver a aprovechar la riqueza petrolera. La
matriz energética del mundo está cambiando. Ya hay especialistas que advierten
que en 2040 el mercado petrolero cambiará radicalmente. Hay que aprovechar la
riqueza petrolera lo más rápido posible. Hay que aumentar la producción con una
visión distinta, no para anclar la tasa de cambio e importar, sino para
apalancarnos y diversificar la economía. Corremos el riesgo de quedarnos con
las mayores reservas en el subsuelo y un país empobrecido. La única forma de
aprovechar esta riqueza es haciendo una apertura inteligente a la inversión
extranjera. Ni este gobierno ni el que venga va a tener la capacidad para hacer
esas inversiones. Esos recursos se necesitan para atender los problemas
sociales, que son de una gravedad extrema.
Si tomamos en cuenta las lecciones
de la curva de aprendizaje, habría que tener claridad de miras para cambiar el
modelo económico. No podría ser la restauración del modelo anterior. ¿Usted
cree que el liderazgo del país, incluido el liderazgo empresarial, está
consciente de esa transformación?
El único modelo que ha logrado
crear riqueza y sacar a los ciudadanos de la pobreza es un modelo de mercado,
que aumente la oferta y el empleo, que además cree la cultura del trabajo, la
cultura del progreso y el bienestar. Ese no es el caso venezolano. Nosotros no
hemos aprendido, como sociedad, que tenemos que buscar un cambio profundo, que
se intentó en dos oportunidades (el Gran Viraje, CAP II y la Agenda Venezuela,
Caldera II), en forma fallida. Tenemos que reconocer que desde el sector privado
no se entendieron los compromisos que esas propuestas significaban, me estoy
refiriendo a las grandes alianzas entre los diversos sectores para mejorar la
competitividad y la necesidad de alinear la posición del sector privado, en la
que podamos mejorar la relación intersectorial, aprovechar las cadenas de
valor, integrar el sector primario con el sector agroindustrial y comercial, de
forma tal que podamos aprovechar las ventajas comparativas y competitivas que
tenemos como país. Ese es un tema que tenemos hoy en Fedecámaras. Si no
aprendemos de los errores del pasado, el resultado será lamentable.
El meollo del asunto, y quiero
insistir en ello, es si en Venezuela se puede hacer un compromiso de largo
plazo para hacer las transformaciones que ha señalado. ¿Usted cree que la
sociedad civil y el liderazgo político puedan llegar a ese acuerdo?
El liderazgo empresarial está
bastante claro en este tema. Hay sectores, como el industrial, que tiene
propuestas muy bien estructuradas. El sector de la construcción, el sector
agrícola, están conscientes del importante compromiso que hay por delante, si
se da el cambio del modelo económico y lo importante que es preparase para
ello. El sector político ha venido analizando este tema, tiene equipos de
trabajo que ha venido desarrollando propuestas a diferentes instancias. Yo creo
que hay un consenso, entre todos los sectores políticos, que uno percibe, y con
los cuales uno se reúne, donde la estabilidad macroeconómica es fundamental,
donde hay que corregir los grandes desequilibrios macroeconómicos. Igualmente,
alrededor de la necesidad de reinsertarnos con el financiamiento de los
organismos internacionales. ¿Cómo convertimos esas políticas macro en una
mejora rápida de la calidad de vida los venezolanos? En eso tenemos que
trabajar más.
¿Dolarizar o no dolarizar?
¿Cuál es la posición de Fedecámaras?
Nos parece importante que el
tema económico se haya puesto sobre la mesa. La dolarización de una economía es
la última etapa que tú tienes después de haber corregido todos los
desequilibrios macroeconómicos, cambiarios, monetarios y fiscales
fundamentalmente. Pero conlleva riesgos muy importantes, porque te crea una
camisa de fuerza y si no tomas en consideración la productividad de cada uno de
los sectores de la economía del país, puede haber una tendencia que acabe con
ellos, si no lo ejecutas de una forma adecuada. En el caso venezolano la
situación es muy compleja, porque tenemos una normativa que hace muy costoso
operar en el país. Si no desmontas todo ese entramado jurídico, que dificulta
la inserción en los mercados internacionales y tú dolarizas, al final del día,
no estás corrigiendo la raíz del problema. En las propuestas que hay sobre la
mesa, eso todavía no lo estamos viendo.
¿Puede un país que está en la
línea de emergencia humanitaria generar confianza? ¿No sería más sensato
resolver los problemas macroeconómicos, para luego atender el endeudamiento
externo y otros asuntos de importancia?
Puedes llegar a la
dolarización, si quieres ponerte ese chaleco de fuerza, una vez que logres
estabilizar la economía. Tienes que resolver los desequilibrios económicos e
incentivar la producción. Tienes que eliminar los controles para que las
empresas puedan tener el flujo de caja que les permita operar. Obviamente, a
todos los venezolanos nos gustaría comprar los productos más baratos, pero hoy
estamos en el peor de los momentos. No tenemos producción. El salario no le
alcanza a nadie y la única forma de solventar eso es corrigiendo los
desequilibrios del gasto público y aumentando la producción, para que tengas
oferta de productos y propicies la competencia.
¿En este dilema de votar o no
votar, cuál es la posición de Carlos Larrazábal?
La posición de Fedecámaras ha
sido y sigue siendo la de promover elecciones limpias, competitivas y
democráticas, donde se demuestre realmente la voluntad del pueblo venezolano.
En el ordinal dos de nuestros estatutos está la promoción de la libre
competencia en democracia. Pero lo que hemos visto es que al proceso de
elecciones que se está llamando para el 20 de mayo no tiene las garantías
necesarias. No tiene la debida supervisión y se da en el marco de una serie de
partidos y personalidades inhabilitados. Tampoco se han corregido las grandes
distorsiones que hay en el Consejo Nacional Electoral, que son de todos
conocidas. Es un proceso que tiene muchísima opacidad. Quedará en cada
ciudadano evaluar la decisión de si participa o no participa.
22-04-18
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