El Nacional 28 de julio de 2021
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La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que conoce la
significativa reducción presupuestaria para el funcionamiento de las
instituciones educativas. Esta situación, advirtió, tendería a agravar la
crisis económica que atraviesa el sector en el país
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por el
deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela y su impacto en
la libertad académica.
“La
CIDH recibió información sobre distintas acciones del Estado tendientes a
menoscabar la autonomía universitaria”, dijo esa instancia de la Organización
de Estados Americanos en un
comunicado publicado en su página web.
Señaló
la decisión de realizar el pago de nóminas del personal de las
universidades públicas y sus entes adscritos a través del
sistema Patria. Y expresó que, al tratarse de una plataforma estatal, podría
generar un efecto amedrentador en docentes y funcionarios con posiciones
críticas hacia el régimen chavista.
Aseguró
asimismo que conoce la significativa reducción presupuestaria para
el funcionamiento de las instituciones educativas. Esta situación, advirtió,
tendería a agravar la crisis económica que atraviesa el sector en el país.
También
expuso las denuncias por la exclusión de la Federación de Asociaciones de Profesores
Universitarios de Venezuela y otras agrupaciones de las negociaciones
colectivas con el régimen, que afecta la libertad de asociación del cuerpo
docente.
Y
mencionó la exigua remuneración que reciben los docentes de las universidades
públicas, que oscila entre entre casi 6 y 10 dólares mensuales.
La
CIDH también expresó preocupación por el plan educativo presentado en 2020 por
el Ministerio de Educación Universitaria, en el que, indicó, se propone un
nuevo esquema educativo que apoyaría el ingreso de nuevos estudiantes
universitarios principalmente a las carreras que respondan a las necesidades de
formación.
Esa
limitación podría deteriorar la autonomía de las universidades públicas, condicionar
los contenidos de las asignaturas e interferir en las decisiones de
los estudiantes.
“Organizaciones
de la sociedad civil denunciaron que el Poder Judicial profirió más de 50
decisiones desde 2010 suspendiendo elecciones estudiantiles o
desconociendo sus resultados, obligando a las universidades a acatar
designaciones arbitrarias e incluso legislando sobre procedimientos para la
elección del gobierno universitario”, afirmó.
La
CIDH destacó el rol trascendental de las universidades como centros
de pensamiento crítico y de intercambio de ideas. Resaltó la estrecha relación
entre la libertad académica y la construcción y consolidación de una sociedad
democrática.
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