Reportes recientes de operativos militares y denuncias de la sociedad civil evidencian el fortalecimiento de mineros brasileños en el sur de Venezuela, luego de una ofensiva gubernamental en Brasil.
A mediados de mayo, el ejército venezolano desmanteló un campamento minero que presuntamente pertenecería a garimpeiros, el nombre común para referirse a mineros ilegales provenientes de Brasil, en el municipio Alto Orinoco, estado Amazonas, según reportó Domingo Hernández Lares, comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada de Venezuela (CEOFANB), a través de su cuenta de X.
En la zona, que es fronteriza con Brasil, fueron halladas plantas eléctricas, combustible, compresores y bombas de succión. El procedimiento fue realizado en el marco de la Operación Neblina 2024.
La operación, que inició en febrero de 2024, ha resultado en lo que parece una ofensiva contra la infraestructura minera de los garimpeiros, incluidos campamentos, contenedores de combustible, dragas y pistas de aterrizaje construidas por ellos.
Entre sus objetivos está el “desmantelamiento y destrucción de estructuras de minería ilegal operadas por garimpeiros”, Hernández Lares escribió en un comunicado difundido en redes sociales.
Organizaciones de la sociedad civil también han arrojado luz sobre las operaciones de los garimpeiros en Venezuela. A finales de abril, se conoció de otra incursión de maquinaria perteneciente a estos mineros en el municipio de Río Negro, ubicado en la frontera sur del estado Amazonas con Brasil, según reportó SOS Orinoco, una organización dedicada al estudio de la minería ilegal en la región amazónica de Venezuela.
De igual manera, la organización también denunció la adaptación de una carretera rudimentaria de 63 kilómetros que conecta el estado venezolano con Tepequém, al sur de Brasil. Según SOS Orinoco, la vía habría sido patrocinada por un empresario brasileño, y sería empleada para el movimiento de equipos de minería entre ambos países.
Análisis de InSight Crime
De alguna manera, el sur de Venezuela experimenta un efecto globo. Tras la llegada de Luiz Inácio Lula Da Silva a la presidencia de Brasil, el gobierno brasilero ha incrementado los operativos que tienen como objetivo erradicar la minería ilegal de la Amazonía brasileña, provocando que se abra una válvula de escape hacia suelo venezolano, donde hasta ahora no habían sido perseguidos con tal vehemencia.
De acuerdo con medios locales, al comienzo de la ofensiva de Lula, cerca de 20.000 mineros informales operaban en territorio Yanomami, un área protegida perteneciente a un grupo indígena amazónico y que se encuentra en el borde de la frontera con Venezuela. Un año después, ese número habría disminuido cerca de un 65%, reduciendo el número de mineros a 7.000 en esta zona.
“Lula entró y comenzó a tomar medidas enérgicas contra los garimpeiros en el norte de Brasil, específicamente en el territorio Yanomami. Y lo que pasó es que estos mineros se han ido desplazando más al norte, hacia Venezuela”, dijo Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco, a InSight Crime.
Aunque la política de mano dura de Lula ha logrado disminuir la presencia de los garimpeiros en suelo brasileño momentáneamente, su campaña no ha trabajado en desaparecer el músculo financiero de la minería ilegal. Así, sin el debilitamiento de la infraestructura económica que financia la minería ilegal, es altamente probable que estas operaciones simplemente se hayan trasladado a suelo venezolano.
“Estos financistas se encargan de suministrarles logística, como alimentos, combustible y mercurio, y, posteriormente, el oro que estos producen lo regresan por vía aérea a Brasil para ingresarlo a la cadena de suministro, y finalmente legalizarlo”, explicó Burelli.
Activistas indígenas locales indicaron a InSight Crime el aprovechamiento de las pistas de aterrizaje clandestinas que sirven para transportar el oro que se extrae de estas regiones y que ahora también sirven para movilizar a los garimpeiros desde y hacia la región.
Por otra parte, el aumento de los operativos contra estos grupos en Venezuela, indica una tendencia antes vista en la que el gobierno de Nicolás Maduro ha adoptado una política de cero tolerancia con los crímenes ambientales en la Amazonía. A través de esta estrategia, ha buscado tomar distancia de sus vínculos con la minería ilegal y mostrar una cara más dura frente a este tipo de delitos de cara a las elecciones de 2024. Sin embargo, aún está por demostrarse si estos operativos lograrán alejar la influencia brasileña de la Amazonía venezolana.
Desde hace más de 30 años existen registros de la actividad de los garimpeiros en los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar, donde han entrado y salido según conveniencia, apoyados muchas veces por el soborno a oficiales de seguridad locales, un fenómeno común en esta región. Sus operaciones no se han limitado a explotar ilegalmente yacimientos mineros, sino también a someter a las comunidades indígenas locales a la violencia y trabajos forzosos.
Imagen principal: Militares desplegados en operación antiminería destruyen presunto campamento de garimpeiros en la Amazonía venezolana. Crédito: Fuerza Armada de Venezuela
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