Apertura
opina 21-06-2012
El ser humano desde sus etapas más
primitivas vigila y protege lo que considera de su propiedad, es uno de sus
comportamientos más generalizado y arraigado. Los estados-naciones se crearon
con la finalidad de proteger la propiedad individual de cada uno de los
miembros de una comunidad. El gobierno se encarga de proteger la propiedad
privada y por esto se le paga los impuestos. Se hacía necesario para dirimir
las diferencias dentro de la comunidad y para defenderse del ataque de otras
comunidades.
Las comunidades fueron creciendo y se
hizo necesario escribir reglas de convivencia, preparar personas que las
hicieran cumplir y organizar al estado, estas son las Instituciones.
De todo lo dicho es claro que el gobierno
existe para que defienda la propiedad de cada uno de los miembros de un país y
cumpla y haga cumplir las reglas de convivencia que se han dado de común
acuerdo.
En nuestro país los jefes del estado (Presidente,
jueces, fiscales, defensoría del pueblo, contralores y diputados) están
incumpliendo las reglas de convivencia. Lo más extraordinario es que
propusieron y así aprobó la mayoría un nuevo contrato social, un nuevo marco
para las reglas de convivencia, la Constitución, y al poco tiempo empezaron a violar
el nuevo contrato social, les resultó una camisa muy estrecha.
Un ejemplo de esto, y sólo para
dibujar el irrespeto a los habitantes de la ciudad, lo tenemos en lo que ocurre
con las casas que vienen siendo utilizadas por el estado nacional para usos
diferentes a la zonificación donde están. Las zonificaciones son reglas de
convivencia. Nos referimos a las casas tomadas por Ministerio del poder Popular
del Servicio Penitenciario en Prados del Este y Lomas del Club Hípico en el
Municipio Baruta. Cuando el encargado de hacer cumplir estas reglas es el que
las pisotea nos encontramos ante una situación caótica, ¿a quién se recurre?
Adicionalmente la otra obligación del
estado está siendo incumplida, proteger y respetar la propiedad privada.
Ejemplos sobran, las expropiaciones
sin pago, justo o injusto, tanto en el campo, las empresas, los
estacionamientos en el Centro de Caracas y en la actualidad viviendas, caso
Catia. Y surge la misma pregunta ¿a quién se recurre?, ante lo que sin lugar a
dudas y como bien lo dijo la diputada María Corina Machado, es un robo.
En un país institucionalizado, con
separación de poderes la respuesta es obvia, el árbitro es el Poder Judicial,
pero, y como se encargó de hacernos entender la presidenta del TSJ, en este
país no hay separación de poderes.
Cuando las cabezas del estado son los
que incumplen las reglas de convivencia y rompen con el estado de derecho los
miembros de la sociedad tienen que actuar y la forma civilizada de acción que
tiene en sus manos es construir una mayoría para sustituir a los gobernantes en
forma democrática a través de un proceso electoral. Y entretanto resistir con
todas las herramientas legítimas que se encuentren a disposición.
Todos los que entendemos que el actual
gobierno es nefasto para el país y creemos que es posible un futuro diferente y
mejor en democracia, debemos trabajar en ayudar a construir una mayoría contundente.
Una democracia sólida se construye desde la forma en que se llega a ella y el
llamado es a edificar una democracia solida. La vía electoral es el camino.
Si la vía electoral la cierran o la
conculcan, viviremos tiempos muy difíciles, pues el escenario cambiara, los que
hemos decidido quedarnos en este país optaremos por otras formas de lucha legitimas,
mucho más directas y contundentes. El Oficialismo no debe equivocarse, aquí
estamos dispuestos a respetar y hacer respetar la Constitución por la vía que
sea necesaria.
El 7 de octubre sabremos quién es
mayoría, tenemos esta oportunidad, trabajemos todos para hacerla realidad, es
nuestra responsabilidad ciudadana, después las cosas serán mucho más difíciles.
