El informe de Desarrollo Humano regional recomienda prevención, reformas institucionales y acuerdos nacionales de largo plazo para enfrentar el delito y la violencia
Nueva York– La inseguridad es un reto compartido y un obstáculo para el
desarrollo social y económico en todos los países de América Latina según un
nuevo informe del Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD) lanzado hoy en su
sede en Nueva York. Pero no basta sólo con medidas de control del delito; para
una reducción duradera de la inseguridad en la región, el Informe Regional de
Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014 recomienda políticas orientadas hacia la
mejora de la calidad de vida de la población, con prevención del delito y la
violencia por medio de un crecimiento incluyente, instituciones de seguridad y
justicia eficaces, además de medidas para estimular la convivencia social.
El IDH “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y
propuestas para América Latina” revela una paradoja: en la última década la
región ha sido escenario de dos grandes expansiones, la económica pero también
la delictiva. Pese a las mejoras sociales, la región sigue siendo la más
desigual y la más insegura del mundo. Mientras los índices de homicidio
disminuyen en otras regiones, el problema ha aumentado en América Latina, que
registra más de 100 mil asesinatos cada año, llegando a superar un millón de
asesinatos entre 2000-2010. Si bien la tasa de homicidios se ha estabilizado e
incluso ha disminuido en algunos países, todavía es alta: en 11 de los 18
países, la tasa es mayor a los 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes, nivel
considerado epidémico. En todos los países analizados, la percepción de
seguridad se ha deteriorado y el robo se ha triplicado en los últimos 25 años,
convirtiéndose en el delito que más afecta a los latinoamericanos.
“La seguridad ciudadana es un tema delicado que preocupa a
tomadores de decisión y repercute al calor de las campañas electorales,” dijo
la Administradora del PNUD, Helen Clark. “Es un tema crucial para varias
regiones, incluso América Latina y el Caribe, porque sin paz no puede haber
desarrollo, y sin desarrollo no puede haber una paz duradera.”
“No hay una solución mágica para la inseguridad ciudadana en
América Latina, pero este grave problema sí tiene remedio y requiere visión y
voluntad política de largo plazo,” dijo el Subsecretario General de la ONU y
Director del PNUD para América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz. “Se requiere,
en cada país, un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana entre
gobierno, partidos políticos y sociedad civil, de modo que la seguridad no se
vea politizada y se transforme en una política de Estado.”
El estudio se concentra en seis amenazas principales que se
entrecruzan e impactan negativamente a la región: el delito callejero; la
violencia y el delito ejercido en contra y por los jóvenes; la violencia de
género; la corrupción (la apropiación indebida de los bienes públicos, cuya
provisión es responsabilidad del Estado); la violencia por parte de actores estatales
y la delincuencia organizada.
“Si bien algunas amenazas—como la delincuencia organizada, y
especialmente el narcotráfico— suelen ser utilizadas para explicar la
inseguridad, las dinámicas regionales, nacionales y locales son mucho más
diversas”, explica el coordinador del IDH, Rafael Fernandez de Castro.
“Incluso, muchas se originan y se manifiestan en el ámbito local.”
Una de las principales lecciones aprendidas en la región es que
las políticas de "mano dura" no funcionan: la fuerte represión policial
y penal a menudo ha coincidido con altos índices de criminalidad, dice el
informe. Las experiencias analizadas confirman que un enfoque que proteja los
derechos a una vida digna y la integridad física y material es la base de la
seguridad ciudadana, que es un bien público al cual todas las personas deben
tener acceso y, como tal, su provisión es responsabilidad del Estado, resalta
el IDH.
MAPA DE LA INSEGURIDAD– Mientras que en la mayoría de los países de América
Latina la pobreza y la desigualdad disminuyeron en el periodo de 2004-2010, en
más de la mitad de los países analizados la tasa de homicidio aumentó, incluso
en aquellos países con menores niveles de pobreza. Además, uno de cada tres
latinoamericanos señaló haber sido víctima de un delito con violencia en el año
2012, revela el informe del PNUD.
El aumento de las expectativas de consumo y relativa falta de
movilidad social en la región impulsan lo que se denomina un “delito
aspiracional”, dice el IDH. Además, las transformaciones causadas por el
crecimiento urbano acelerado y desordenado, así como los cambios en la
estructura familiar y deficiencias en el sistema escolar han generado
condiciones que inciden en la criminalidad. El porte de armas de fuego, el
consumo de alcohol y el tráfico de drogas, sin ser sus causales, también
impulsan el delito según el estudio, que señala que “las capacidades de los
Estados latinoamericanos no han estado a la altura del desafío de la
inseguridad: la corrupción y la impunidad, así como la falta de proporcionalidad
en las sanciones, han mermado su efectividad y legitimidad.
La encuesta de cárceles que el PNUD realizó en Argentina,
Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú evidencia persistentes retos
sociales. Uno de cada tres internos abandonó el hogar familiar antes de los 15
años (en Chile, uno de cada dos), y entre un 13% (Argentina) y un 27% (El
Salvador) nunca conocieron a su padre o madre. La encuesta también reveló que
un 40% de los internos en Chile no acabó la educación primaria. En todos los
países, más de un 80% de los internos encuestados no completó 12 años de
escolaridad.
El informe también revela una correlación directa entre el
crecimiento urbano y el delito: la mayoría de los países que tuvieron un
crecimiento de la población urbana superior al 2% anual (el crecimiento
demográfico natural), también tuvieron incrementos en las tasas de homicidio,
con la excepción de Colombia y Paraguay. “El problema no es el tamaño de la
ciudad, sino la capacidad institucional para incorporar a los sectores que se
encuentran en los barrios en condiciones de marginalidad”, señala el IDH.
Los jóvenes, principalmente los varones, son los más afectados
por la criminalidad y la violencia y, a la vez, son los responsables más
comunes de la violencia y los delitos, según el informe, que también hace un
llamado para evitar la criminalización y estigmatización de los jóvenes,
particularmente los de bajos ingresos. El Salvador (92.3), Colombia (73.4),
Venezuela (64.2), Guatemala (55.4) y Brasil (51.6) tienen las cinco tasas de
homicidio juvenil más altas del mundo (por 100,000 jovenes), según datos de la
Organización Mundial de la Salud, del 2011.
El estudio del PNUD destaca la violencia de género como una
amenaza persistente y un obstáculo para el desarrollo humano, la salud pública
y los derechos humanos en la región. Los registros de violencia intrafamiliar,
violaciones y asesinatos de mujeres (feminicidio) han aumentado en casi todos
los países. De los internos que habían cometido delitos sexuales entre el 75% y
el 90% declararon conocer a sus víctimas antes del delito y entre el 20% y el
40% eran sus familiares, según el informe.
PERCEPCION DE INSEGURIDAD - El IDH regional muestra
que en todos los casos analizados es mayor la percepción de inseguridad que la
victimización directa. Cinco de cada 10 latinoamericanos perciben que la
seguridad en el país se ha deteriorado. Pero en Honduras, por ejemplo, que
tiene la mayor tasa de homicidios del mundo (86.5 por 100,000 habitantes), ocho
de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en sus barrios, siguiendo el promedio
regional. En contraste, en Chile, el país con menores tasas de homicidio de la
región (2 por 100,000 habitantes) y niveles bajos de victimización por robo, la
percepción de seguridad es menor que en Honduras: siete de cada 10 ciudadanos
se sienten seguros en su barrio.
COSTOS DE LA INSEGURIDAD – El informe resalta que
la inseguridad impacta en al menos tres dimensiones del desarrollo humano: a la
persona, a la cohesión social y a las instituciones democráticas. También
afecta el potencial económico de la región: sin el exceso de muertes por
homicidios el Producto Interno Bruto (PIB) de la región hubiese sido superior
en un 0,5%, lo que equivaldría a una ganancia potencial de más de US$24 mil
millones de dólares en el 2009. Además, América Latina perdió 331 millones de
años de vida en el año 2009 considerando la pérdida en la expectativa de vida,
el tamaño de la población regional y teniendo en cuenta las tasas de homicidio
para 15 países, señala el IDH.
Asimismo, un estudio del PNUD y del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para el informe analizó los costos de la delincuencia y los
niveles de victimización en cinco países y reveló que Honduras
experimenta los más altos costos con el delito y la violencia en porcentaje de
su PIB en el 2010 (10.54%, equivalente a 1.669 millones de dólares), seguido de
Paraguay (8,7%, lo que equivale a 1.742 millones de dólares), Chile (3.32%, es
decir 7.215 millones de dólares) Uruguay (3%, o cerca de 1.165 millones de
dólares) y Costa Rica (2.52%, 915 millones de dólares). En todos estos países
los gastos públicos como consecuencia del delito (agentes de policía, jueces,
prisiones) son más altos en todos los países, excepto en Uruguay, donde el
costo antes de la delincuencia (medidas de seguridad, prevención) es mayor.
RESPUESTAS – El IDH resalta que
reformar las instituciones básicas de la cadena de justicia—policía, jueces,
ministerio público y cárceles—es esencial para responder a la inseguridad
ciudadana, con énfasis en reestructurar los procesos de contratación,
administración y profesionalización de los funcionarios para lograr una
seguridad ciudadana efectiva y respetuosa de los derechos humanos. El estudio
analizó la proporción de policías y de jueces en distintos países y realizó
encuestas que revelaron bajos niveles de confianza de los ciudadanos en el
sistema de justicia criminal. Excepto Nicaragua y Panamá, más de la mitad de
los latinoamericanos expresaron poca o ninguna confianza en que los tribunales
actuarían de manera confiable en el caso de ser víctimas de un robo o asalto.
Según el estudio del PNUD el sistema penitenciario está en
crisis en prácticamente todos los países de la región, con distintas
intensidades. Algunos factores como las deficiencias institucionales de las
policías y los tribunales, la sobrepoblación y el abuso de la prisión
preventiva son retos clave. Además, la función rehabilitadora de los sistemas
penitenciarios no ha sido priorizada, según el informe, “las cárceles se han
vuelto espacios que potencian la violencia, los abusos de los derechos humanos,
las redes criminales y la reincidencia delictiva.” Asimismo, la percepción de
los ciudadanos del encarcelamiento como solución a los problemas de seguridad
ha limitado el avance de reformas para reducir la población carcelaria, adoptar
medidas alternativas y fomentar la reinserción social, destaca el IDH.
MÁS ALLA DEL ESTADO – El informe resalta la
importancia de la respuesta de “actores no estatales”, incluso de los
movimientos sociales, y de la cooperación internacional, a nivel regional y con
organismos internacionales. Sin embargo, enfatiza que debido a la creciente
percepción de inseguridad, a la expansión de las clases medias y al
“adelgazamiento” del Estado, la contratación de vigilantes privados ha crecido
en América Latina a una tasa estimada del 10% anual. La región tiene hoy casi
50% más vigilantes privados (3.811.302) que agentes de policía (2.616.753),
siendo los agentes de seguridad privada de la región los más armados del mundo,
con una tasa de posesión de armas por empleado diez veces mayor que la de
Europa occidental. Este fenómeno aumenta la desigualdad de la población en
términos de capacidad de lidiar con el delito, dice el IDH.
RECOMENDACIONES– El IDH regional subraya que los esfuerzos para mejorar la
seguridad ciudadana deben de tener en cuenta las necesidades y demandas
específicas de los jóvenes y las mujeres. El estudio ofrece 10 recomendaciones
basadas en las lecciones aprendidas de la región: 1. Alinear los esfuerzos
nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un Acuerdo
Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado; 2. Generar
políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la
violencia y el delito; 3. Prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un
crecimiento incluyente, equitativo y con calidad; 4. Disminuir la impunidad
fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los
derechos humanos; 5. Potenciar la participación activa de la sociedad,
especialmente las comunidades locales, en la construcción de la seguridad
ciudadana; 6. Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para
los jóvenes; 7. Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en
el espacio doméstico-privado y en el ámbito público; 8; Salvaguardar
activamente los derechos de las víctimas; 9. Regular y reducir los disparadores
del delito, tales como alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva integral
y de salud pública y 10. Fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación
de la cooperación internacional.
El IDH regional concentra su análisis en 18 países de la región:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Información
de contacto
En Nueva York: Carolina Azevedo, carolina.azevedo@undp.org, Tel:
+12129066127, Vincenzo Pugliese, Vincenzo.pugliese@undp.org; Tel: +12129065296
En Panamá: Pablo Basz, pablo.basz@undp.org; +507 305-4864
En Panamá: Pablo Basz, pablo.basz@undp.org; +507 305-4864
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