Xavier Caño Tamayo Sábado, 14 de diciembre de 2013
@xcanotamayo
En
nuestros días, Warren Buffet, uno de los cinco hombres más ricos del mundo,
explicaba en plena crisis que él sólo pagaba 17,5% de impuestos, cuando sus
empleados pagaban mucho más proporcionalmente sobre lo que ganan
Un ataque en toda regla contra los
derechos de las clases trabajadoras en occidente fue la obscena rebaja de
impuestos a los más ricos en Estados Unidos (EEUU) y Reino Unido. En 1932 en
EEUU, el máximo tipo impositivo que pagaban quienes más tenían y ganaban era
63%. Y durante la II Guerra Mundial, grandes empresas y fortunas llegaron a
pagar un tipo del 90% de beneficios. Tras la victoria, la presión fiscal
disminuyó, pero aún era proporcionada a rentas altas y beneficios obtenidos:
más del 63%. En nuestros días, Warren Buffet, uno de los cinco hombres más
ricos del mundo, explicaba en plena crisis que él sólo pagaba 17,5% de
impuestos, cuando sus empleados pagaban mucho más proporcionalmente sobre lo
que ganan.
La falacia neoliberal de que rebajar
impuestos a los ricos asegura la inversión y el crecimiento destruyó una
fiscalidad más justa. En los ochenta, Reagan y Thacher perpetraron la nueva
injusticia fiscal en EEUU y el Reino Unido. Una política que se extendió como
mancha de aceite por Europa. Sin embargo, para The Wall Street Journal, nada
sospechoso de ser antisistema, el enorme beneficio para las rentas superiores
que supuso rebajar impuestos a los super-ricos no mejoró el país y, en el
inicio del siglo XXI, “condujo al peor periodo de creación de empleo en la
historia reciente de EEUU”.
¿Una buena economía necesita recortes
de impuestos?, se preguntaba entonces el Nobel Paul Krugman. Y respondía que
no, de ninguna manera. En realidad, la democracia está ligada a los impuestos.
Y cómo se reparten. Lo que es un inmejorable termómetro de la salud de una
democracia. Si hay democracia, se pagan impuestos, justos, progresivos y
suficientes. Si no, es menos democracia.
En España, los ricos también pagan
pocos impuestos, como reiteran la organización de Inspectores de Hacienda y el
sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). Y proporcionan datos de que en este
país el impuesto de la renta (IRPF) supone cerca de la mitad de ingresos del
Estado. Y el 84% de ese impuesto lo abonan los asalariados. Sin embargo, la
recaudación del estado disminuye, porque el capital, banca, grandes empresas y
fortunas no pagan lo que deberían. Bien por una legislación complaciente con
los ricos y los grandes o por pura evasión fiscal. Según Hervé Falciani, el ex
trabajador de un banco que reveló una larga lista de evasores de impuestos,
200.000 millones de euros propiedad de españoles están escondidos en depósitos
y cuentas corrientes en Suiza. Casi una quinta parte del PIB español.
Es inconcebible salir de la crisis sin
una reforma fiscal profunda, ambiciosa, progresiva y suficiente. Una reforma
fiscal de verdad. Y así topamos con la paradoja de que una auténtica reforma
fiscal es irrenunciable, pero solo es posible tras lograr una profunda
transformación política de España.
El Gobierno creó hace unos meses una
comisión de “expertos” para que proponga recomendaciones para la reforma fiscal
que piensa aprobar en 2014. Pero el trabajo de tales “expertos” será una
argucia similar al timo que perpetraron los “expertos” en pensiones. Ofrecieron
al Gobierno pretextos de una insostenibilidad inexistente para que hiciera lo
que le diera la gana con las pensiones públicas. Por tanto, no es osado avanzar
que aumentarán los impuestos que nada tienen que ver con la progresividad de
ingresos y beneficios. Y crecerán especialmente los tributos indirectos, como
el IVA o los impuestos especiales; esos que pagan en igual proporción ricos y
pobres. Por supuesto, el gobierno conservador y sus aliados ocasionales en el
Parlamento mantendrán lejos del pago justo de impuestos al capital y a los
beneficios de la especulación.
Porque lo que no harán los partidos
mayoritarios ni otros que comulgan con este sistema será aprobar una reforma
fiscal, no ya que haga pagar a los ricos lo que deben, sino que suponga la
propuesta diferente que se necesita. Como calcular el presupuesto según las
necesidades ciudadanas y satisfacción de derechos, así como la oferta de
servicios públicos irrenunciables, y determinar entonces la progresividad de
impuestos precisa para atender ese presupuesto. Lo que se denomina suficiencia
fiscal.
Habrá que empezar a luchar por una
verdadera reforma fiscal.
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