Domingo 23 de febrero de 2014
Miembros de colectivos armados junto a
militares reprimiendo a los manifestantes. Ataques contra vehículos
particulares y edificios residenciales. Denuncias de torturas. Asesinados con
tiros en la cabeza.
Las mismas imágenes que se repiten en
distintas ciudades del país, en el marco de las protestas contra el Gobierno
del presidente Nicolás Maduro.
"No recuerdo un cuadro de
acompañamiento tan sistemático entre grupos paramilitares en combinación con
efectivos de la Fuerza Armada y cuerpos de seguridad del Estado", señala
Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano.
La presunta cooperación entre agentes
del Estado y bandas de civiles armados al momento de responder a los
manifestantes, hacen que San Miguel destaque la existencia de "un mando
que está coordinando estas actuaciones, pues no es casualidad que se observen
esos patrones en tantos sitios geográficos distintos".
La portavoz de Control Ciudadano
apunta que "hemos recibido de manera anónima información sobre la
posibilidad del uso de mercenarios" en los operativos del Gobierno para
frenar las protestas.
San Miguel también advierte que el
Ejecutivo podría estar creando "falsos positivos" para justificar la
represión. ¿Y qué es un falso positivo? "Es la simulación de un hecho
punible perpetrado por infiltrados para atribuírselo a la oposición. Llama la
atención la capacidad del Gobierno para filmar los ilícitos y mostrarlos como
ataques fascistas, en lugar de intervenir con la FAN para evitar que esto
ocurra", responde.
La representante de Control Ciudadano
apuesta por la creación de una comisión internacional independiente que
investigue los hechos, donde, a su juicio, ciertos grupos han copiado el modelo
de "los escuadrones de la muerte que operaron en El Salvador".
Vieja deuda
Liliana Ortega, directora de la ONG
Cofavic, subraya que en el país "hay una falencia sistemática en el ámbito
de los derechos humanos con relación al control del orden público".
Ortega recuerda que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias por los casos del
"Caracazo", el retén de Catia y las desapariciones forzadas en el
estado Vargas en 1999 dejó en evidencia "la falta de procedimientos adecuados
a los DDHH para controlar el orden público".
La experta legal precisa que la
Constitución bolivariana estipula que las medidas de seguridad ciudadana deben
ser desarrolladas por policías de carácter civil y no por militares.
Ortega coincide en que parece existir
"una especie de patrón" que se caracterizaría por "la presencia
de grupos de civiles armados que podrían contar con la tolerancia del
Estado". De comprobarse esta hipótesis, "estaríamos frente a
gravísimas violaciones de los DDHH", acota.
La vocera de Cofavic considera que los
disparos indiscriminados contra residencias familiares, y los disparos de
perdigones o de gases tóxicos a corta distancia contra manifestantes
"pueden configurar el delito de tortura, visto el daño que ocasionan a las
víctimas".
Otro elemento sobre el que llama la
atención Ortega es la "criminalización de la protesta a través de la
judicialización". "Muchos de los detenidos salen en libertad
restringida, con cargos y amenazas de juicio que trastocan sus proyectos de vida
por el hecho de protestar", apunta.
La fundadora de Cofavic enfatiza que
"en todo el mundo ocurren manifestaciones y los Estados democráticos deben
controlar el orden público sin sacrificar los DDHH, garantizando la vida, la
integridad personal, el debido proceso y la libertad de expresión". PPP
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