Omar Barboza Gutiérrez 30 de agosto de 2014
Las consecuencias del fracaso de la
política económica del gobierno caen en cascada sobre los hombros del pueblo
venezolano, que cada vez está mas angustiado y molesto, porque en vez de
producirse rectificaciones, desde el gobierno nacional se anuncian y se toman
medidas que en vez de significar cambios de fondo, expresan la contumacia, la
persistencia en el error por parte de un régimen que trata de aparentar una
revolución en favor de las mayorías, que se ha convertido en una excusa para la
impunidad frente a la corrupción y para la solidaridad con la incapacidad, lo
que ha traído como resultado la destrucción de la economía del país, el
sometimiento partidista de las instituciones, la quiebra de los valores éticos
que permea a importantes capas de la población y a gran cantidad de funcionarios
que deberían defenderlos, todo lo cual confluye en la grave crisis económica,
política y social que ha causado el fracaso del modelo que gobierna a nuestro
país.
El gobierno de Maduro en vez de tomar
medidas para corregir de manera profunda las causas de su fracaso, las que toma
son para que sea el pueblo el que pague las consecuencias de sus errores, como
las capta huellas para el racionamiento de alimentos y bienes esenciales, y la
necesidad de hacer colas para todo, incluyendo las que hay que hacer para
comprar bienes importantes de cuya producción se ha hecho cargo el gobierno,
tales como el cemento y las cabillas, que es imposible conseguirlos a precio
regulado, pero si se consiguen a precio de dólar libre a través de los
testaferros de quienes el gobierno ha puesto para controlar esas actividades.
Como medidas complementarias y para
que los más allegados al gobierno controlen el gran negocio de las
importaciones que es el peor enemigo de la producción nacional, el 25 de agosto
Maduro dictó el Decreto 1.192 para que solo el Vicepresidente Ejecutivo pueda
autorizar las licencias de importación; todos sabemos lo que eso significa para
un industrial, un comerciante o un ciudadano común que necesite importar algo,
que si vive en el interior del país es más grave, y es que estos mecanismos
imponen alcabalas donde prosperan los grandes comisionistas, mientras se
paraliza el país porque no llegan los bienes esenciales para trabajar y
producir.
En el Decreto siguiente, el 1.193,
Maduro dispone que todas las compras del gobierno nacional en el exterior solo
las puede hacer la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), para
completar el candado centralista que condena al país al desabastecimiento
permanente, y pone en las manos de un grupito de allegados las compras del país
en el exterior, abriendo un boquete a los sobreprecios que si no fuera por la
falta de dólares dejaría pálido el desfalco a Cadivi ejecutado por los mismos
allegados de siempre.
Para darle mayor velocidad al
retroceso, y dejar muy claro que el gobierno ignora, o le conviene ignorar, lo
que está ocurriendo en nuestras fronteras, en la Gaceta Oficial No. 40.481 del
pasado 22 de agosto el gobierno prohíbe la exportación de 21 rubros
alimenticios, además de prohibir también la exportación de pañales, papel
higiénico, toallas sanitarias, champú, jabón de tocador, crema dental, etc.
Todo lo cual parece indicar que el gobierno no sabe que todos esos productos
salen por nuestras fronteras en inmensas cantidades, y quienes las sacan no
necesitan licencias de exportación, porque saben que pagando las tarifas que
los funcionarios civiles o militares imponen en las fronteras, pasan lo que
quieran, incluyendo gandolas con gasolina, y que cerrando las fronteras lo que
se logra es que suban esas tarifas.
Esos Decretos y decisiones se
convertirán en trabas burocráticas que le generan ingresos a los testaferros y
no resolverán los problemas de fondo, como no lo harán las capta huellas de
racionamiento.
Un gobierno que de verdad quiera resolver las causas de estos problemas, se daría cuenta de que el verdadero origen del contrabando masivo es la política cambiaria y monetaria del gobierno nacional, que además de ser la que facilita la corrupción en el manejo de los recursos de todos los venezolanos, al tratar de mantenerlos en contra de la realidad económica, hace que la diferencia de precios entre Venezuela y Colombia, para no mencionar otros países, sea tan grande que el traslado ilegal de bienes al otro lado de la frontera dé suficientes ganancias como para financiar las exigencias de los funcionarios corruptos del gobierno nacional en la frontera, y también para financiar las ambiciones sin límites de altos funcionarios que se oponen a cambiar las políticas monetarias y cambiarias porque ellos personalmente son los grandes beneficiarios de ellas, al costo del hambre y las necesidades del pueblo venezolano.
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