ALFREDO MEZA Caracas 22 AGO 2014
Venezuela obliga a los
supermercados a incorporar controles biométricos para vender alimentos
El superintendente nacional de Costos
y Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, terminó de darle forma a la idea que
asomó el miércoles el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A partir del 30
de noviembre, según comunicó Méndez, todos los supermercados y abastos del país
deberán incorporar dispositivos para capturar huellas digitales a sus procesos
de facturación.
Es la última medida que ha tomado el
régimen chavista para garantizar el abastecimiento de bienes, seriamente
afectado por el contrabando y la baja productividad del sector
privado, al cual el Gobierno le regatea las divisas necesarias para operar. El
Gobierno aspira a que la implantación de los controles biométricos y la
confiscación del contrabando de alimentos básicos le ayuden a hacer
correcciones mínimas en un modelo económico que subsidia todos los bienes y
servicios.
Este viernes Maduro sumó otras
decisiones a las tomadas en semanas pasadas para disminuir el trasiego de
alimentos y gasolina hacia los países vecinos. La inauguración de una nueva
dependencia de
Pdvsa que venderá la cesta básica a precios al mayor, dirigida a aquellos
negocios que necesitan adquirir grandes volúmenes de insumos, y un decreto que
prohíbe exportar productos de la cesta básica y penará a aquellos funcionarios
que transgredan esa disposición. “Venezuela no exporta esos alimentos; los
produce para consumirlos”, dijo el mandatario durante un acto oficial en un
sector popular del oeste de Caracas.
El Gobierno está ganado a la idea de
evaluar el impacto de estas medidas coercitivas antes de corregir las
distorsiones de la economía. El chavismo está convencido de que si se exige a
los consumidores las huellas dactilares y se suma la contraloría social podrá
disminuir la crónica escasez que desde hace un año acogota al país. En ese
sentido, Maduro dejó en claro que el desabastecimiento y la escasez no son solo
su problema y pidió a todos los venezolanos que denuncien el contrabando de
extracción y el acaparamiento de productos.
La oposición, en cambio, vaticina que
al reforzar los controles se
incrementará la escasez y los problemas asociados a ella: la formación
de mafias que comercian con esos productos regulados en los mercados
fronterizos. La idea que más se repite en su análisis es la imposibilidad de
destruir la lógica del libre juego de la oferta y la demanda mediante el control
de precios.
El gobernador del Estado de Miranda y
excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski,
aseguró que el Gobierno está administrando el racionamiento de facto que existe
en Venezuela desde 2013. “El problema de fondo es que la industria nacional
quebró, que acabaron con la producción nacional. Mientras no haya un cambio en
el modelo seguirá habiendo escasez”, reiteró el líder de la oposición en un
acto público en una escuela.
Capriles recordó las denuncias del
mentor ideológico de Hugo Chávez, el exministro de Planificación Jorge
Giordani, quien reveló
que el Estado entregó a empresas fantasmas más de 25 mil millones de
dólares. El opositor instó a los venezolanos a reaccionar ante la
profundización del racionamiento. "Tenemos que levantarnos para que este
modelo cambie, para que podamos conseguir los productos cuando nos provoque.
Este racionamiento tiene que ser una oportunidad para que el pueblo se una en
contra eso”, dijo.
Las declaraciones de Capriles
recogieron parte del malestar que ha causado la medida. En el este de Caracas,
mayormente opositor, dos señoras fustigaban este viernes el anuncio del
Gobierno con comentarios irónicos en un kiosco de periódicos de la urbanización
Cumbres de Curumo. “Usted y yo”, le decía una a la otra, “somos diferentes,
pero estamos obligadas a comprar las mismas cantidades de comida. Y después
dicen que esto no es comunismo”.
El Gobierno prefiere no hablar de
racionamiento de alimentos y refuerza la idea de que debe garantizar los
alimentos a todos los venezolanos, que ya se aplica en las regiones fronterizas
con Colombia. En los estados de Táchira y Mérida hay restricciones para surtir
a los vehículos de gasolina. En el Estado Zulia se aplica en los supermercados
—las redes Pdval, Mercal y Abastos Bicentenario— una venta controlada para
evitar la compra indiscriminada de materias básicas.
Maduro ha terminado por ceder a una
propuesta que en junio de 2013, como lo recordaba la prensa local este viernes,
la consideraba descabellada.
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