Por Jesús Alexis González, 25/08/2014
Iniciemos con una visión Venezuela transita hacia una crisis económica, cuya intensidad será del tamaño de las
distorsiones macroeconómicas propiciadas por las improvisaciones e indefiniciones
inducidas por la puesta en marcha de acciones para alcanzar una economía totalmente estatizada bajo la
figura de un socialismo democrático (mercado con fuerte participación estatal);
lo cual equivale a la implantación de
una economía socialista en la economía de mercado, en torno a un enfoque productivo socialista de
heterodoxa conformación, orientando la
política económica a la luz de construir un Estado socialista.
Tal intención (de indefinido sustento doctrinario), está propiciando un mayor desbalance macroeconómico ante la ausencia de un sistema económico, entendido como un conjunto de
procesos vinculados funcionalmente entre sí mediante relaciones, reglas,
procedimientos e instituciones que caracterizan el funcionamiento económico del país; para lo cual se han de instrumentar
las políticas que se estimen necesarias en función de organizar la actividad económica de la sociedad (producción y
distribución de bienes y servicios) en un marco de ordenamiento jurídico que
facilite el desarrollo de las fuerzas
productivas, y de una estructura económica que perfeccione las relaciones
entre los sectores de la economía (primario, secundario y terciarios). Tal
desenvolvimiento, ha de responder a un modelo
económico perfilado por el Gobierno (dirección de la colectividad social
mediante la instrumentación de políticas públicas) para organizar la actividad
económica en vínculo armónico entre el tejido empresarial (privadas,
socialistas y mixtas) con el resto de los actores sociales. Formulemos una interrogante- Venezuela
cuenta con un sistema y modelo económico concebido como política de Estado?
Veamos: El 5 de agosto de 2000, según Decreto No 923 de la
Presidencia de la Republica, a los efectos de la creación de la Comisión
Presidencial para la Constituyente Económica se consideró sobre el deber del
Estado de promover conjuntamente con el sector privado el desarrollo armónico
de la economía nacional, así como de evolucionar hacia una actividad económica
diversificada mediante el estímulo a la inversión de los capitales nacionales y
foráneos; todo ello en un todo de acuerdo con elArtículo 236 Constitucional.
Tan apropiado postulado de coherencia macroeconómica, fue efímero en el tiempo
ya que ese mismo año se inició la erosión de la autonomía del BCV al reformar
su Ley de creación para permitir al Ejecutivo Nacional hacer uso de las
utilidades cambiarias acumuladas por años en el ente emisor, creando luego el FONDEN (sin mecanismos de rendición
de cuentas) en aras de consolidar dicha acción, a la par de consagrar al
Gobierno el derecho a distribuirse los dividendos del banco; hasta la posterior
instrumentación de las denominadas reservas
excedentarias para permitir que el BCV transfiriera al Ejecutivo Nacional
las reservas internacionales con la
finalidad de financiar el gasto público,
creando las condiciones para la posterior eliminación de la autonomía del BCV,
subordinándolo a las líneas gubernamentales violando la CRBV que señala la
obligación de una coordinación macroeconómicaentre
el Gobierno y el BCV para elaborar un Acuerdo
Anual de Políticas (solo se acordó un primero y único en 2003);
desatendiendo al propio tiempo sus funciones medulares relativas a preservar el
valor de la moneda, la regulación de la
liquidez monetaria y de no avalar políticas fiscales deficitarias asumiendo el
indebido rol de agente financiero del
Gobierno.
Muy variados han sido los efectos negativos que se han originado en
Venezuela ante la ausencia de un sistema
económico, hasta configurar una estructura caracterizada por (1) una caída tanto de la producción
petrolera, como de la producción interna de bienes y servicios;(2) decrecimiento de las exportaciones
no petroleras; (3) aumento de la
demanda de importaciones; (4) reducción
de la inversión extranjera directa; (5) contracción
del mercado cambiario;(6) crecimiento
del nivel e ineficiencia del gasto fiscal; (7)
uso intensivo de créditos adicionales; (8)
déficit en la gestión financiera del Gobierno Central, cubierto con emisión
de dinero inorgánico (monetización) y colocación en el mercado interno de Bonos
DPN y Letras del Tesoro; (9) expansión
de la liquidez monetaria; (10) aumento
de la deuda pública interna; (11) remonetización
de la economía (liquidez monetaria por encima de la inflación); (12) expansión secundaria de dinero por
vía crediticia (excedente de liquidez en la banca); (13) crecimiento económico realapuntalado por la Demanda Agregada
Interna, en función al consumo público y privado (con mínima inversión
reproductiva); (14) crecimiento
significativo de la Población Económicamente Inactiva (participación en
programas sociales no generadores de puestos de trabajo); (15) sector informal cercano a la mitad de la fuerza laboral; (16) disminución de la productividad
del trabajo (inamovilidad laboral); (17)
elevado índice de escasez y desabastecimiento; (18) devaluación continua ante la sobrevaluación y el déficit
fiscal;(19) recesión por el
decrecimiento del PIB durante 2 trimestres consecutivos; (20) altas posibilidades de una estanflación, y de una
hiperinflación;(21) corrupción
desbordada; (22) unificación
cambiaria con fines fiscales; (23) reforzamiento
del control de cambio;(24)profundización
del ejercicio de la economía como herramienta de dominación político-partidista;
(25) racionamiento
(electrónico-biométrico) de los alimentos y las medicinas; y(26)elevada percepción negativa sobre
el devenir económico nacional.
A la luz de una reflexión final,
sostenemos que para la existencia de un sistema económico en Venezuela, se
hace necesaria una eficiente interrelación (con implícita diferenciación) entre
el régimen sociopolítico (concepción
y estructuración del Estado) y la administración
pública (formulaciones políticas y administrativas); en un escenario donde
exista una transparente
diferenciaciónentre el Estado, el Gobiernoy el Presidente, y una definida
estrategia (visión de largo plazo) de desarrollo en función del bienestar del pueblo venezolano.
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