Por Ángel Alayón
1. Los anuncios. El
pasado 1ero de Mayo, antes de que el presidente Nicolás Maduro diera su
discurso ante los trabajadores en la Plaza O´Leary, habló Marián Camacaro, una
trabajadora de la empresa Lácteos Los Andes que fue anunciada como representante
de todos los trabajadores y trabajadoras de la Patria. Camacaro anunció
una serie de propuestas y compromisos donde destacan la
centralización de las importaciones en Cencoex y el aumento del Impuesto Sobre
La Renta. Pero Marián Camacaro también dijo que:
“Nosotros los trabajadores, y
en mi representación de Lácteos Los Andes nos comprometemos en nacionalizar la
distribución de alimentos y artículos de primera necesidad del pueblo presentando
en treinta días un proyecto de constitución de la corporación de transporte que
detenga el acaparamiento, el desvío de productos y el contrabando fuera de
nuestro país”.
Era el día del
anunciado revolcón económico y había muchas expectativas respecto a
posibles anuncios que haría el presidente Maduro. Un día antes, Nelson
Bocaranda, un periodista conocido por el acierto de la información y las
fuentes que maneja, había anunciado la intención del gobierno nacional de
avanzar con “la toma de Polar” y, en especial, de su
sistema de distribución.
2. La amenaza. Las
alertas estaban encendidas. Venezuela vive una escasez de productos básicos sin
precedentes, una escasez que alcanza un nivel tal que el Banco Central de
Venezuela ha decidido no publicar información sobre esta variable. Las
importaciones masivas de alimentos que en el pasado aliviaron el problema ahora
no son posibles debido a la caída de los ingresos petroleros. Las colas frente
a los establecimientos comerciales se han multiplicado, convirtiéndose en una
evidencia de un sistema económico disfuncional.
En medio de estas circunstancias,
asomar la expropiación de una empresa que produce y distribuye alimentos en un
país donde cada día hay menos empresas que producen y distribuyen productos (de
acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas) sólo
podía generar preocupación.
Maduro no anunció expropiación
alguna el día del revolcón ni la estatización del sistema de
distribución. Sólo envió un mensaje a un grupo de los sindicalistas de Polar
que se encontraba presente en la plaza:
“Un saludo a los trabajadores
de la Polar. ¿Contamos con el apoyo de la clase obrera de la Polar? Preparáos
para grandes desafíos. Preparáos para grandes desafíos”.
Grandes desafíos que podrían
interpretarse como una relación entre la propuesta planteada por Marián
Camacaro y lo anunciado por Nelson Bocaranda.
3. Estatización y producción.
Expropiar a Empresas Polar (o a cualquiera de las otras empresas de alimentos
que se mantiene produciendo en Venezuela) profundizará el problema de la
escasez. El gobierno de Hugo Chávez comenzó una política de expropiaciones en
el sector agrícola y agroindustrial a partir del año 2006, cuya principal
consecuencia fue una disminución evidente de la producción de las empresas
estatizadas.
Más allá de la evidencia
anecdótica, el mismo gobierno ha reconocido la caída de la producción en las empresas estatizadas. Por
ejemplo: la producción de Industrias Diana cayó un 35% entre el 2014 y el 2012,
mientras que la de Lácteos Los Andes disminuyó en un 21% en el mismo
período. Y recordemos que son cifras oficiales. No es casualidad que el
84% de los venezolanos rechacen las expropiaciones al sector privado de acuerdo
con la encuesta más reciente de Datanálisis.
El gobierno de Venezuela
controla la capacidad instalada de producción de bienes básicos en un rango que
oscila entre 20% y 75%, según el rubro, así que una disminución de la
producción en esas instalaciones impacta de forma inmediata la oferta
disponible y la escasez de productos.
Entonces, ¿por qué expropiar
cuando una de las causas de la escasez es justamente el fracaso productivo de
las estatizaciones realizadas en el sector agroindustrial?
4. El estado
distribuidor. Tanto Camacaro como Bocaranda mencionan la posibilidad de
que se expropie “el sistema distribución de alimentos”. Pero pongamos en
contexto esta propuesta: el gobierno de Hugo Chávez consideró la distribución
de alimentos como una actividad de carácter estratégico. En abril de 2003
inauguró la Misión Mercal, un programa para la construcción y dotación de
almacenes y bodegas para la venta de productos subsidiados. En 2008 se inauguró
PDVAL, una empresa que tiene como objetivo la importación y comercialización de
alimentos. En 2010 el gobierno expropió las cadenas Hipermercado Éxitos y
Supermercados CADA para conformar la Red de Abastos Bicentenarios, otro
mecanismo de distribución masivo.
Ya en el 2013, Carlos Osorio,
entonces Ministro de Alimentación, anunciaba que las redes de alimentación del
Estado atendían al 61% de la población venezolana. Es decir: ya el Estado
venezolano tiene control directo sobre la distribución de alimentos en
Venezuela.
5. El control del Estado a
través del SICA. Chávez no se conformó con convertir al Estado en el actor
más importante en la distribución de alimentos en Venezuela. También se encargó
de dirigir la implementación de un estricto control en la movilización y
distribución de alimentos en Venezuela a través del Sistema Integral de
Control Alimentario: el SICA, un sistema que el gobierno aplica a
las empresas privadas.
A través del SICA, el gobierno
autoriza el movimiento de los alimentos desde las plantas hasta los centros de
distribución y de allí a los establecimientos comerciales. También controlan el
movimiento de materia prima, tanto la que proviene del campo venezolano como la
importada.
En enero de 2013, Ricardo
Menéndez, entonces Vicepresidente del Área Económica y Productiva, declaró que
ellos, desde el gobierno, conocen “con precisión el seguimiento diario de los
alimentos que se formulan en el país como arroz, azúcar, café, harina,
aceites”:
“Sabemos perfectamente qué,
cuánto y quién tiene cada producto dentro del país. Y no vamos a aceptar ningún
esquema de desabastecimiento”.
El control es absoluto. El
SICA no es sólo un sistema de información. Es, como dice su nombre, un sistema
de control en el cual cada uno de los movimientos de alimentos debe ser
autorizado por el gobierno de Venezuela.
6. El problema es de
producción. Si el gobierno ya distribuye alimentos a más de la mitad de la
población y, además, controla y supervisa la distribución que realizan las
empresas privadas, ¿para qué expropiar el sistema de distribución de una
empresa? Sucede que el problema de la escasez en Venezuela no es de
distribución, sino de oferta. Nadie puede distribuir lo que no se produce. Así
que la oferta sólo mejorará cuando aumente la producción de alimentos. De
acuerdo con datos de Cavidea, más del 60% de los productos que se expenden en
las redes estatales provienen de las empresas privadas, otro indicador que
revela la inutilidad de expropiar los sistemas de distribución privados.
La expropiación de empresas no
resolverá el problema de la escasez, pues sería una medida que no atiende las
causas del problema sino más bien profundiza una de ellas: los bajísimos
niveles de la producción y la productividad de las empresas estatales (y
estatizadas).
7. La materia prima. La
agenda del gobierno debe, más bien, enfocarse en eliminar los obstáculos a la
producción en Venezuela. Y es allí, en esa agenda de cortísimo y urgente plazo,
donde se encuentra la necesidad de reactivar el ciclo de suministro de las
materias primas nacionales e importadas.
Los productores agropecuarios
se quejan de que los precios impuestos por el Gobierno son insuficientes para
producir. Son precios que motivan un éxodo silencioso del campo venezolano que
nos deja con menos materia prima y condenados a una mayor dependencia de las
importaciones.
El país necesita la
reactivación urgente de la producción de maíz, arroz, sorgo, ganado vacuno y
avícola. Estos sectores hoy están asfixiados por las regulaciones, cuando hasta
hace pocos años éramos autosuficientes y competitivos. Cuando las poblaciones
crecen, el consumo aumenta, pero si no hay expansión de la capacidad de
producción, la brecha que se abre entre la oferta y la demanda empieza a ser
insalvable.
8. La deuda. También es
urgente pagar la deuda que adquirieron las empresas en materia de importaciones
de insumos y materias primas, bajo la autorización, supervisión y control del
Estado, con proveedores internacionales.
Saldar las deudas pendientes
es la manera de reactivar el suministro de materia prima que corresponde al
componente importado de la producción nacional. La escasez de materias primas
se traduce en escasez de productos terminados.
9. Los precios. El
sistema de precios que maneja el gobierno es disfuncional, algo que ha generado
distorsiones innegables y perjudiciales para el bienestar de los venezolanos.
Esos mismos controles de precios desestimulan (o incluso anulan) la inversión.
Hay precios que no han cambiado en más de dos años, haciendo inviable la
producción y generando escasez, tras obligar a muchas empresas a cerrar sus
líneas de producción. Y las empresas pequeñas y medianas cierran sus puertas
con discreción y desaparecen sin ser noticia.
Un gobierno puede obligar a
una empresa a vender a un precio determinado durante un tiempo, pero no puede
obligarla a vender a ese precio para siempre y, mucho menos, obligarla a
invertir.
Es urgente salir de los
controles de precios, tal como lo hicieron China a partir de 1978 y Brasil en
los años noventa. Hoy esos dos países potencias agroalimentarias, demostrando
que hay formas de desmontar los controles que permiten aminorar cualquier
impacto, desde el dual track pricingque usaron los chinos hasta un sistema
transitorio de precios. Pero urge hacerlo, porque lo peor del control ya está
aquí: en la escasez, en las colas y en los precios exorbitantes, esos precios a
los cuales los ciudadanos nos enfrentamos en las calles, que no son los mismos
que aparecen publicados en la Gaceta Oficial.
Las distorsiones del control
de precios no se limitan a la producción. El arbitraje [llamado acábachaqueo],
el mercado negro y compras nerviosas [hoarding] son conductas que se producen
como consecuencia de la escasez y de la estructura de precios que ha impuesto
el gobierno.
Son conductas que (durante más
de cuatro mil años de historia de políticas) reaparecen cada que vez que se
establece un control de precios: sucedió en la Unión Soviética, en la Alemania
Nazi, en Corea del Norte, en Cuba y en los Estados Unidos de Nixon, cuando
reguló el precio de la gasolina.
No es un fenómeno cultural, es
un problema de incentivos.
10. No estamos condenados a la
escasez. También es urgente tomar medidas en las empresas estatales. El
tamaño de esas empresas y su participación de mercado es tan importante que la
solución de la escasez pasa obligatoriamente por poner a producirlas a su
máxima capacidad. Y eso puede implicar, en el corto plazo, un proceso de
desestatización o la implementación de un sistema de concesiones, como ocurre
en el sector petrolero.
No hay ninguna razón para que
el Estado sea propietario de esas empresas. Brasil y China, otra vez como
ejemplo, son una muestra de cómo el proceso de desestatización de empresas son
un componente clave para el desarrollo del sector agroindustrial. Y una agenda
de reformas y medidas como éstas puede llevarse adelante trabajando de forma
conjunta entre el Estado, el sector privado y los trabajadores. Por supuesto,
también hay necesidad de medidas y reformas de más largo aliento, como las
relacionadas con el complejo e inoperante control de cambio. Venezuela es el
único país de América Latina con control de cambios y de precios. La inflación
es la más alta del continente y una de las más altas del mundo en un mundo
donde ya la inflación no es un problema. Ni hablar del problema de la escasez,
la más alta de Occidente, donde ya ni siquiera es un indicador que se mide,
porque es un fenómeno que dejó de existir hace mucho tiempo.
El reto del gobierno no es
administrar la escasez. El reto del gobierno es permitir y estimular el
desarrollo del campo venezolano y la conformación de un sector agroindustrial
vigoroso, capaz de competir con sus pares regionales y satisfacer las
necesidades, los deseos y las preferencias de los ciudadanos de Venezuela.
No hay forma de resolver un
problema sin atacar sus causas. Las expropiaciones y la profundización de los
controles sólo tendrán una consecuencia devastadora para el bienestar de los
venezolanos: más escasez.
13-05-15
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