Carolina Gómez-Ávila 18 de diciembre de 2020
Los procesos del 30 de julio de 2017, 20 de mayo de
2018 y 6 de diciembre de 2020, son la triple confirmación que cualquier persona
sensata requiere para aceptar que, la cúpula en el poder, no tiene la más
mínima intención de ofrecernos «elecciones libres y justas».
Sin embargo, no creo que, el del 6 de diciembre, haya
sido el último clavo en el ataúd. Es verdad que el 5 de enero la dictadura
acabará formalmente con el último poder público independiente; o sea, habrá
destruido «la forma política republicana que se ha dado la nación», como lo
describe el Código Penal, pero me temo que volveremos a vivir otro espectáculo
igual de deplorable en pocos meses.
Para 2021, están en la agenda constitucional las
elecciones regionales y municipales. Pero, para convertir un proceso amañado en
uno legal, no basta que esté en la agenda constitucional.
Es penoso tener que recalcarlo. Se pueden respetar los
períodos electorales pero, una convocatoria a votar que viola artículos de la
Constitución y otras leyes, es nula por ilícita.
Por otra parte, espero nuevas deserciones en la
coalición democrática. Estimo muy probable que, para el 5 de enero de 2021, los
diputados de Primero Justicia se terminen de escindir de la alianza mayoritaria
que conforma la Asamblea Nacional electa en 2015 y pasen a agruparse a la vera
de Capriles, que eligió retrasar la aspiración de libertad nacional para
intentar erigirse como «jefe [sic] de la oposición».
Así que donde teníamos un problema, tendremos dos. El
primero es que en 2021 enfrentaremos un nuevo fraude, quizás mayor que los
precedentes; el segundo, es que deberemos esperar que, en el próximo, participe
gustosamente Primero Justicia.
El resto de la coalición —que, en ese caso, se habrá
convertido en G3— contará con la revalidación que le da la Consulta Popular,
ante la comunidad internacional. Me refiero al proceso de seis días que termina
este sábado 12, exitosamente, a pesar del ruido que quiso inducir Capriles con
declaraciones beligerantes y extemporáneas y al de sus operadores de opinión,
incentivando discusiones en torno al hombre para opacarla.
También será a pesar de los medios que han puesto la
lupa sobre la forma presencial, que es solo una de las cuatro opciones de
participación disponibles, para compararla desigualmente con el 6D.
En cualquier caso, estimo que el total superará en
mucho las cifras de participación reales del 6D. Las reales son las que nadie
conoce, porque las oficiales, en tanto que no son auditables, no son creíbles.
Auditar, credibilidad. Dos palabras que nos llevan al
meollo del problema, que es el árbitro electoral. Un problema en el que aspiro
que pueda ayudarnos, de manera práctica, la comunidad internacional. Aunque sea
después de que se cierre la serie de crímenes contra el orden democrático; o
sea, después de los fraudes regionales y municipales que nos esperan en 2021.
Para entonces ya no quedará rastro de duda. Se habrá
demostrado hasta la saciedad que no es posible que esta dictadura realice
«elecciones libres y justas».
«Elecciones libres y justas». Me parece que con esa
frase se resume bien el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos:
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno
de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
1. Toda persona tiene el derecho de acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
1. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del
poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Quizás, planteándolas así, las organizaciones que se
dedican a la defensa de los derechos humanos, finalmente abracen la lucha de
todos. Quizás así, los organismos multilaterales —ONU, OEA, UE— podrían
confluir en la necesidad de constituirse en árbitro y gestionar, para nosotros,
no solo «elecciones presidenciales y parlamentarias», sino también «elecciones
regionales y municipales». Esto es, me parece, «elecciones generales».
Si la coalición democrática solicita esta ayuda
concreta a la comunidad internacional, si la comunidad internacional oye el
llamado del pueblo de Venezuela pidiendo una solución pacífica, democrática y
no injerencista, si la comunidad internacional acepta coordinar directamente
unas «elecciones generales libres y justas», estaré de acuerdo. Porque el
problema es el árbitro.
Carolina
Gómez-Ávila
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico