Por Eduardo Matute A.
Desde el mes de enero
de este año, el régimen de Nicolás Maduro ha emprendido la persecución
judicial y policial contra varias organizaciones que trabajan en atender las múltiples
emergencias de la crisis humanitaria compleja que afecta a la sociedad
venezolana.
Se han ensañado con
aquellas que laboran en el área sanitaria, como Prepara Familia
(@preparafamilia), Acción Solidaria (@accionsolidaria), con los que trabajan en
la atención a personas de la tercera edad, como Convite (@conviteac) y las que
proveen alimentos a niños e infantes, tal como Alimenta la Solidaridad
(@alimentasol).
Las razones para esta
persecución son etéreas, imprecisas. Las que señalan son que no saben de dónde
provienen sus ingresos. La realidad es que estas organizaciones afectan su
estrategia de dominación, por la cual han provocado esta crisis humanitaria.
Desde el año 2015, el
periodista Luis Carlos Díaz, (@luiscarlos) viene documentando la tesis de que
esta crisis es instrumentada y aupada desde el poder. Es la manera como
entiende el régimen su forma de gobernar: subyugando y cooptando el ánimo y la
gestión popular. De ahí que el esfuerzo de las organizaciones de construcciones
de solidaridad atenta contra esta intención.
Algo en común de estas
organizaciones es el empoderamiento de sus beneficiarios. No es una propuesta
de atención caritativa, es una construcción de la solidaridad entre iguales, en
las que la participación de todos es parte de la manera cómo se enfrentan los
problemas.
Pero es que, además,
este esfuerzo no se queda solo en la distribución de ayudas, sino en la
profundización del análisis de la problemática y en la incorporación de
instituciones internacionales, así como de la propia diáspora venezolana que le
molesta, le incomoda al poder, este, particularmente, con una clara vocación
totalitaria.
El asedio desde el
Estado a estas organizaciones intenta lograr la disminución drástica y el
bloqueo de sus fondos e ingresos; la paralización de las actividades, no
importándole el costo humano que acarrea y, por último, la detención e
imputación penal de sus dirigentes.
Estas amenazas,
empiezan a acercarse a las empresas cooperativas. Desde el lejano 2007,
cuando fue agredida y liquidada la experiencia de Coopercentro, en Catia, el
movimiento cooperativo había logrado, con sus altas y bajas, “surfear”, la
intención totalitaria del régimen.
Este mes, el servicio
cooperativo de distribución de gas en la península de Paraguaná ha sido asediado
por las fuerzas represivas.
Ya no se molestan en
inventar excusas. Incautan las unidades de distribución y cierran las
instalaciones. No les interesa que existan organizaciones autónomas. En este
caso, quieren que la distribución de gas doméstico pase por sus mafias.
A pesar de este
panorama sombrío, se están multiplicando los esfuerzos. La presión del proceso
de emigración masivo y la profundización de la crisis humanitaria, estimulan
que más gente se organice para construir procesos de solidaridad. A pesar de
estos intentos del régimen, cada día más personas se incorporan a estas y a
otras decenas de organizaciones.
Es el fortalecimiento
de las capacidades de los que acompañan y de los que son acompañados en este
duro trance.
Nuestra solidaridad con
los amigos de las organizaciones que han sufrido embates y con nuestros
compañeros de Cecofal.
Eduardo Matute es Cooperativista.
25-12-20
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