Marcos Carrillo: “Una transición aceptada por todos sería lo deseable” / Hugo Prieto @prodavinci

 

El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello acaba de publicar una investigación titulada Veinte Años de Negociación Política en Venezuela (las negociaciones entre el gobierno y la oposición 2002-2022). El estudio, cuyos autores son Marcos Carrillo y Jaiber Núñez, es una iniciativa de la Cátedra Fundacional Pedro Nikken de Derechos Humanos y Negociación Política para la Paz. 

El recorrido, arduo y difícil, sigue las intervenciones de quienes han participado en las distintas negociaciones para llegar a una solución electoral que ponga fin a la larga crisis que ha tenido un costo muy elevado, en distintas áreas, para el país. Nunca se ha dado esa solución electoral, y los comicios presidenciales del próximo 28 de julio encierran grandes desafíos y una complejidad política que va a poner a prueba a toda la sociedad venezolana. Entiéndase bien. Aquí nadie puede mirar al otro lado. Marcos Carrillo se encarga de decirnos por qué. 

Nunca hubo una disposición para que la negociación fuera integrativa. ¿Qué nos dice eso?

En el estudio que hicimos, hubo procesos en el que se buscaba el mutuo beneficio de las partes. Es decir, procesos integrativos. Los encontramos en el proceso de 2002, por ejemplo, con la intervención del expresidente César Gaviria, de Francisco Diez y Jennifer McCoy. Participó, además, William Ury, que es uno de los grandes expertos en negociación. Ellos hicieron un trabajo muy interesante, que fue llevando de la mano a las partes para tratar de lograr acuerdos integrativos bien logrados. Lo vemos en acuerdos despojados de culpas, de cargas desbalanceadas, que apuntaban a una convivencia viendo hacia el futuro, fundamentados en la premisa de elecciones libres, del desarme de grupos civiles armados y de respeto a la oposición. Es el acuerdo mejor documentado en estos 20 años. Así mismo, creo que en Barbados 2019 también hubo una preparación integrativa. Y a partir de ahí un trabajo muy importante en esa misma línea, de parte de los noruegos, que ha estado en la negociación desde 2019, tratando de hacer procesos constructivos, donde el ganador no se lo lleva todo, sino donde todos podamos convivir. 

Recuerdo que cuando el expresidente Chávez regresó al poder (después del Carmonazo), llegó con un crucifijo en la mano, diciendo que teníamos que llegar a unos acuerdos porque de lo contrario nos íbamos a matar todos. Me pregunto si había sinceridad en ese testimonio o, sencillamente, el chavismo lo que buscaba era ganar tiempo. ¿Usted qué piensa? 

Lo que se ha visto a lo largo de estos años, es que el chavismo ha sabido utilizar la negociación para mantenerse en el poder. En toda negociación hay una premisa que tenemos que entender: no solamente se negocia para llegar a acuerdos, sino por muchas razones. Se negocia, por ejemplo, para ganar tiempo. O para entender mejor a quien tienes enfrente. O, incluso, para deslegitimarlo frente a sus aliados. Se negocia, digamos, por muchísimas razones y una de ellas puede ser llegar a acuerdos. Ciertamente, lo que ha hecho el chavismo es mantenerse en el poder y ha conseguido ese objetivo. Alargaron ese proceso para recomponer su imagen ante el país e ir a un proceso electoral (el referéndum de 2004), mucho más fortalecidos. Ahí comienzan las misiones y otras cosas que los revitaliza. En efecto, ganaron tiempo y eso ha sucedido a lo largo de todos los procesos de negociación.    

Habló de dos procesos en los que hubo una manifestación integradora, 2002 y 2019, pero entre uno y otro el chavismo supo empastelar la negociación política para ganar tiempo y mantenerse en el poder.  

Ahí hay tres procesos. Uno de ellos encabezado por Ramón Guillermo Aveledo y Ramón José Medina. Hubo una reunión en Miraflores, que Maduro presidió, encabezando la mesa como un trono. Allí estuvo toda la oposición. Siguió un debate televisado y posteriormente se instalaron mesas de trabajo. A los propios protagonistas les pareció que el gobierno jugaba un doble rol. Unos hacían el papel del policía bueno y otros el del policía malo. Pero, en definitiva, ellos advirtieron que el oficialismo no estaba dispuesto a llegar a ningún acuerdo. Es por ello que la oposición se levanta de la mesa. En el siguiente proceso (Museo Alejandro Otero y Margarita, año 2016), intervienen unos enviados del Vaticano como mediadores. De acuerdo con lo dicho por los entrevistados de la oposición para el estudio, ese proceso fue “apresurado e improvisado”. Tampoco tenían claro cuál era el propósito o sus fines, hasta el punto que uno de ellos dice que “el gobierno manejaba los tiempos”. Hubo muchísimas presiones y se termina firmando un acuerdo muy adverso para la oposición, incluso en el lenguaje en que se redactaron varios de los términos. En cuanto a las obligaciones del gobierno, no se cumplieron. Aunque se suscribieron los acuerdos. Recordemos la carta que escribió el cardenal (Pietro) Parolin, manifestándole al gobierno la preocupación del Vaticano, por la falta de resultados. 

Los equipos de la oposición se conforman de acuerdo a la representatividad de los partidos políticos, pero eso no quiere decir que se haya nombrado negociador capaz de tomar decisiones. Hubo un manejo de las comunicaciones desacertado, así como de la preparación y de la propia ejecución de las negociaciones. Eso creo que se vio en la negociación de República Dominicana.  

Justamente, República Dominicana es el tercero de esos procesos. La oposición se llevó a un equipo de gente competente, representativa de la sociedad civil (Gustavo Velázquez, Juan Manuel Raffalli, Colette Capriles, Jorge Roig, entre otros), pero los dejaron totalmente fuera del proceso, al menos eso es lo que ellos narran. Los tenían en un cuarto aparte, nadie los veía, nadie los consultaba. Una vez más, William Ury trató de hacer algo de preparación para ese proceso, pero fue poco lo que pudo hacer. En ese proceso intervino Rodríguez Zapatero (expresidente del Gobierno de España), prácticamente denominándose mediador. Él llegó con un acuerdo ya redactado, nadie lo había visto, y “esto es lo que hay que firmar”, afortunadamente había un grupo de embajadores, de veedores, que impidió eso. Rehicieron el acuerdo y, aparentemente, era potable para las dos partes. Pero hubo presiones, amenazas, al punto tal que Julio Borges no regresa al país. A pesar de los equipos que trajo la oposición, no hubo mayores lineamientos para lo que venía. 

A lo largo del estudio hay un nombre que se repite: Jorge Rodríguez, como jefe negociador del gobierno. Aquí cabe la cita que reza: “si la pieza no está rota, no la cambies”. En la delegación del gobierno ha habido consistencia, continuidad, manejo político y comunicación directa con la persona que toma las decisiones: el señor Maduro. Uno no ve eso en la oposición. 

Esa es una de las grandes diferencias que se notan en el libro. La forma de prepararse y la forma de diseñar los equipos. En el caso de la oposición, todos los equipos han sido distintos, salvo en el proceso México-Barbados (2020). En el caso del gobierno, han tenido una línea sólida, no sólo de pensamiento sino de representación. La cabeza de representación del chavismo en 2002 fue José Vicente Rangel. A partir de 2014 toma la batuta Jorge Rodríguez. De todos es sabido el vínculo que Rodríguez tuvo con Rangel. Es decir, ha habido una misma línea de pensamiento y acción en el gobierno, desde la primera negociación hasta la última. Que se ve en equipos conformados por pocas personas, dirigidas claramente por una persona. Rodríguez tiene 10 años negociando y, como dices, está en comunicación directa con Maduro. Los equipos de la oposición no han sido homogéneos y no queda claro que tuvieran comunicación directa con quienes ocupaban posiciones importantes, aunque no estaban directamente involucrados. Una tercera diferencia, que es muy importante, es que el gobierno siempre ha tenido una alternativa a la negociación. El gobierno puede decir: no sigo negociando y sigo gobernando. Esa alternativa, si la negociación fracasa, siempre ha sido muy débil, en el caso de la oposición. 

¿Quién tiene el aval, en la negociación que cita y llevó adelante el G-4, para tomar decisiones? Y eso es lo que uno intuye o deja ver todo esto. 

Esa es una condición inherente a la oposición. Del otro lado tienes un grupo vertical, estalinista. En cambio, la oposición no es una sola, precisamente porque es democrática. Recordemos el grupo que negoció con el gobierno en el 2019, al que llamaron La Mesita y encabezado por Timoteo Zambrano. Un grupo que se desmarcó del G-4, porque entendía que era muy radical y buscaba soluciones pragmáticas para Venezuela. Que mejore la economía, el servicio eléctrico… sin entrar en la diatriba política. Ese grupo ha existido, sigue existiendo y ha estado involucrado en algunas negociaciones. En el G-4, las decisiones se toman por consenso, dentro de un espíritu democrático. Es decir, pensamos distinto, pero tenemos que pensar y actuar consensualmente para trazar la ruta de negociación. 

Pero esos grupos no han sido consecuentes.   

Evidentemente, ha habido intereses distintos. Quizás gente que no ha estado interesada en una solución consensuada. Otros que han actuado de una manera más radical. Entonces, el proceso de toma de decisiones, dentro de la oposición, es más complejo. No debería extrañarnos que así ocurra. Lo otro es un proceso vertical, donde alguien dice esto es así y se acabó. Es la visión totalitaria de cómo se llevan las cosas versus una visión democrática. Esa ha sido una diferencia importante. 

La negociación distributiva, en la que el ganador se lleva todo, es la que más le ha convenido al gobierno. 

En 2019, según señala Fernando Martínez Mottola, se estuvo a punto de llegar a un acuerdo donde se respetaban los intereses de todos; donde se dieron garantías, en caso de que hubiera un cambio de gobierno. Fue una negociación que funcionó bastante bien. Pero en esa coyuntura, John Bolton (uno de los asesores del expresidente Donald Trump) dio unas declaraciones en Perú en las que anunció más sanciones para Venezuela, cuando se estaba negociando una cosa totalmente distinta en Barbados. Eso alteró mucho la discusión en la mesa y el gobierno dio marcha atrás. No se llegó a un acuerdo que era bastante integrativo, en función de los intereses comunes y de una salida pacífica para Venezuela. Aparentemente, fue un problema de comunicación. Bolton no estaba en contacto con gente en Washington que sí sabía lo que estaba pasando. Pero es cierto, la actitud distributiva ha prevalecido a lo largo del tiempo. 

A partir de 2019, uno ve más cohesión en la oposición, más pensamiento y acción coherente. Se llegó a un acuerdo en Barbados, pero el gobierno lo incumplió. Entonces, el gobierno también puede decir “me levanto de la mesa, incumplo los acuerdos y sigo gobernando”. 

La entrada formal de los noruegos es en el 2019, en Barbados. Y, a partir de ahí, ha habido una mejora notable en los procesos de negociación y mediación, de parte del gobierno y de la oposición. Al punto tal que en México se llegan a unos acuerdos y en Barbados a otros. ¿Qué ocurre? Ciertamente, ha habido incumplimientos muy serios de esos acuerdos, creo que por dos causas principales. Una de ellas es el desbalance de poder. El gobierno, fuera de la negociación, puedo decir: yo sigo teniendo las riendas del poder y puedo seguir haciendo lo que yo quiero. Por otro lado, la oposición no tiene mayor fortaleza, mayor peso, fuera de la negociación. Y por esa razón no tiene manera de presionar para que se cumplan los acuerdos, más allá de algunas fórmulas, a través de la comunidad internacional, por ejemplo. Es lo que podemos inferir de las informaciones que se publican en prensa, porque no hay información directa. Son las negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno venezolano. Hay un segundo elemento, que hemos visto reiteradamente: o no ha habido comisiones o grupos de seguimiento o, si los ha habido, no han cumplido su labor. La negociación no se acaba con un acuerdo, dentro de él tienes que tener establecido cómo vas a administrar ese acuerdo, cómo le vas a hacer seguimiento. ¿Qué es lo que va a pasar si una de las partes incumple? Esa parte post acuerdo siempre ha sido muy débil o no ha existido.  

Veamos el mejor de los casos. Se echan las bases de una probable transición, porque el acuerdo se cumple. Se ha construido confianza. Hay cierta dinámica política fluida. Se puede seguir avanzando. Ahí es dónde veo grandes dificultades, porque esas bases no son suficientemente sólidas para servir de apoyo a una transición. ¿Usted qué piensa?

Allí hay tres elementos importantes. En primer lugar, el componente común que han tenido todos estos procesos de negociación, durante estos 20 años, es la búsqueda de una salida electoral, que no se ha logrado hasta ahora. En segundo lugar, esa salida electoral tiene que ir acompañada de una serie de garantías para quien pierda esas elecciones, sea quien sea. Dentro de ese acuerdo, tienes que generar condiciones donde el ganador no se lo lleve todo. Donde el ganador se vea obligado a reconocer y a respetar al perdedor, y a construir un país con el que haya perdido. En tercer lugar, el seguimiento del acuerdo, donde podría participar la comunidad internacional, para asegurar el cumplimiento. Necesitamos una visión a largo plazo que nos incluya a todos. ¿Qué a ti no te gusta? Pues esto no es una cuestión de gustos. Tiene que ser así. Aquí y en cualquier parte. 

María Corina Machado ha dicho que no va a haber venganza ni persecuciones. Podría ser el primer paso para trabajar dentro del juego político que establece la democracia. Tenemos, además, el lapso que abrió el chavismo para entregar el poder (seis meses). ¿En ese lapso podría haber una negociación? 

Ese lapso (seis meses) tiene dos caras. Una es armar la transición, donde se vayan concretando estos acuerdos, donde se vaya concretando esta idea de convivencia y de tolerancia. O la otra cara, un poco lo que pasó en 2015, cuando en un lapso menor vaciaron de contenido a la Asamblea Nacional. Le montaron al lado una Constituyente que, si a ver vamos, anuló esa victoria legítima en las urnas. Ahí es muy difícil predecir qué es lo que puede pasar. Ese es el dilema que va a haber. La racionalidad te diría que una transición aceptada por todos sería lo deseable. Lo otro es seguir en esta diatriba que ha tenido unos costos muy altos para el país. 

No me cuento entre los optimistas. Creo que el pesimismo nos ayuda a pensar. A mí me resulta muy difícil creer que el chavismo, en esos seis meses, va a entregar el poder. Lo que llevaría al gobierno a apretar las tuercas del autoritarismo, mientras se forma un nuevo tsunami migratorio, una nueva ola de represión y una emergencia humanitaria compleja más brutal.

Eso es algo que se ha demostrado a lo largo de los años. Esa es la verdad. ¿Qué le queda a la oposición, en caso de una victoria? Fortalecerse fuera del proceso de negociación, socialmente, políticamente, internacionalmente. Es una tarea inaplazable. Tendría que estar trabajando ya en cómo puede ser esa transición y qué tan fuerte pueden ser ellos durante esa transición. Si no tiene posibilidades de hacer valer los resultados, va a seguir pasando lo que siempre ha pasado. ¿Es posible que la oposición logre tal nivel de fortaleza que cambie el juego? Esa es la gran pregunta. 

Uno ve los procesos de negociación que ha habido en América Latina y todos son vigilados. En Chile, por ejemplo, el general Pinochet se reservó la comandancia general del Ejército. ¿Para qué? Para vigilar el proceso de transición. Lo mismo ocurrió en Brasil. En México, cuando el PRI le abrió la ventanilla del poder al PAN. No sabría decir si en Venezuela podemos hablar de una transición vigilada. Eso es lo que ha ocurrido en este continente y nosotros no somos mejores que nadie. Creo que eso lo hemos aprendido. Además, de una forma cruel. En España lo que hubo fue borrón y cuenta nueva.

Para nosotros va a resultar un proceso muy complejo. Tengamos en cuenta una pregunta que no suele hacerse. ¿Qué papel va a jugar la Fuerza Armada ante un resultado electoral determinado? Dentro de ese proceso de equilibrio de poderes y de fortalezas, pues la Fuerza Armada tendría que jugar un papel institucional, que hiciera valer los resultados de una elección. ¿Lo va a hacer? ¿Por cuánto tiempo lo va a hacer? ¿Qué tipo de garantías se van a establecer? Esas son las preguntas, todas muy difíciles, que hay sobre el papel.

Recuerdo que un familiar de Rómulo Betancourt le recriminó que, durante su segundo mandato, el expresidente no se reunía con maestros, con médicos, sino con militares. ¿Y cuál fue la respuesta de Betancourt? ‘Si yo no me reúno con militares, me tumban’. Ese gobierno también tuvo un contrapeso y asonadas militares hubo, tanto de izquierda como de derecha. Esto lo digo, justamente, para que tengamos en cuenta el papel que va a jugar la Fuerza Armada. 

El papel que van a jugar los militares sólo lo saben ellos. Tradicionalmente, ha sido un sector muy cerrado. Pero la pregunta es ineludible para ellos. ¿Mantienen una posición institucional frente a unos resultados institucionales, sí o no? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Ahora, ¿quién la responde? No tengo la más mínima información sobre eso. 

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*Abogado por la UCAB, maestría en London School of Economics. Londres, Inglaterra. A lo largo de 28 años se ha desempeñado como profesor investigador en la UCAB. Profesor invitado del IESA y de la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Conferencista invitado por prestigiosas universidades y centros de estudio en el área de Arbitraje, Resolución Alternativa de Conflictos y de Filosofía del Derecho. Ha publicado extensamente en áreas de su especialidad y competencia. 

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