Con frecuencia escuchamos: las y los adolescentes tienen derechos y no responsabilidades o “adolescente que la hace no la paga”. No obstante, en la La ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) se contempla la responsabilidad penal del adolescente.
A partir de la campaña iniciada por el Ministerio Público en 2022, para denunciar el acoso escolar y la difusión del procesamiento de estudiantes por esta razón, hemos podido participar en múltiples actividades en comunidades educativas, donde un porcentaje significativo de los padres desconoce la responsabilidad penal que pueden tener sus hijos a pesar de que la ley ya tiene 24 años.
El Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente (Sipra) creado por la ley, procesa a los adolescentes judicialmente y, en caso de ser responsables de los hechos imputados, se aplicarán las sanciones que van desde la amonestación, imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad, libertad asistida, semilibertad y la privación de libertad o internamiento. Nuestros adolescentes deben saber que a partir de los 14 años deben responder penalmente por cualquier daño o lesión que puedan causar a otra persona.
Una “travesura”, o un acto cometido bajo los efectos del alcohol o la incitación de sus “compinches” pueden llevarlos a cometer hechos que no pueden ni deben quedar impunes. En caso de que se les acuse de estar involucrados, directa o indirectamente, en uno de estos hechos, es la justicia la encargada de investigar para establecer la magnitud del hecho y las sanciones correspondientes.
Persisten adolescentes en comisarías policiales o militares
La ley contempla que los adolescentes que están privados de libertad deben permanecer en recintos en los cuales se apliquen las medidas sociales y educativas que permitan orientarlos y formarlos para hacer efectiva su reinserción social y, sobre todo, para que no vuelvan a reincidir.
Sin embargo, Una Ventana a la Libertad (UVL) advirtió sobre la permanencia de adolescentes en conflicto con la ley penal en centros de detención preventiva. Encontraron un total de 182 adolescentes detenidos en comisarías policiales o militares en un corte realizado en el 2018. Entre 2017 y 2024, la aparición de los centros de detención preventiva (comisarías policiales o militares) como sitios donde permanecen los y las adolescentes es recurrente en 27,88%.
Los datos anteriores corresponden al Informe Especial sobre Patrones de Violación de Derechos de los y las Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (2017- 2024) presentado recientemente por UVL y Cecodap.
No hay información oficial pública y accesible que pueda confirmar el incremento o disminución de la participación de adolescentes en delitos. Esta fue la conclusión de UVL y Cecodap sobre la ausencia de datos que permitan hacer una contraloría de las vulneraciones a los derechos de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Como padres y educadores tenemos que pensar que los hechos desagradables pueden constituir momentos educables para la formación. Se puede tomar consciencia en minutos de las implicaciones que no se han querido ver o asumir en toda la vida.
Si como adultos asumimos que nuestro papel es hacer lo que esté a nuestro alcance para que evadan las consecuencias de sus actos; los estaremos formando como seres irresponsables que entenderán que siempre tendrán a papá o mamá para resolver los entuertos.
Se puede educar para la responsabilidad, sin violencia y eso no es sinónimo de “niños que hacen lo que les da la gana”. El país no está como está por la falta de correa sino por la falta de comunicación, de acompañamiento, del modelaje necesario, del incumplimiento de las leyes y pautas de convivencia y de contar con instituciones sólidas.
https://efectococuyo.com/opinion/si-es-adolescente-no-la-paga/
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