CIDH 05 de noviembre de 2019
@CIDH
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del
concejal venezolano Edmundo Rada y observa con preocupación que el mismo se
encuadra dentro de un patrón de persecución, hostigamientos, amenazas y
agresiones contra las personas que han decidido participar en política y son
identificadas con la oposición.
La
CIDH condena categóricamente este crimen y advierte que debe ser plenamente
esclarecido por las autoridades venezolanas. Conforme a los estándares
interamericanos en la materia, debe iniciarse sin dilación una investigación
seria, imparcial y efectiva. Asimismo, la investigación debe ser realizada por
todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la
verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y, eventual castigo de todos
los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando
están o puedan estar involucrados agentes estatales.
Edmundo
Rada era un reconocido concejal del municipio Sucre por el partido Voluntad
Popular. Según información de conocimiento público, el diputado habría
desaparecido el día 16 de octubre en horas de la mañana. Su cuerpo sin vida fue
encontrado al día siguiente con dos impactos de bala y parcialmente calcinado.
La Comisión recibió información sugiriendo que el crimen se habría cometido
como represalia por haber participado en la organización del recorrido del
presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en el sector del Petare el
pasado 28 de septiembre.
Desde
hace años, la CIDH ha venido dando seguimiento cercano a la crisis política,
social y económica que atraviesa Venezuela. En este marco, ha podido corroborar
de manera consistente la existencia de un clima de persecución contra
dirigentes de la oposición. Particularmente, durante el periodo de sesiones
número 173, se llevó a cabo una audiencia sobre persecución política en
Venezuela. Allí se presentó evidencia indicando que funcionarios públicos,
diputados de la Asamblea Nacional, activistas comunitarios, denunciantes de
corrupción, líderes sindicales y personas que son identificadas con la
oposición siguen sufriendo de manera sistemática actos como: campañas de
criminalización y desprestigio; agresiones; detenciones arbitrarias;
desapariciones forzadas; y ejecuciones extrajudiciales. Adicionalmente, las
organizaciones de sociedad civil denunciaron que, a por lo menos 26 diputados
de la Asamblea Nacional, se les habría levantado de forma arbitraria su
inmunidad parlamentaria como parte de una estratégica articulada de ataques
contra la oposición y la disidencia política.
El
Comisionado Relator para Venezuela, Francisco Eguiguren, reafirma que “las
instituciones nacionales del Estado de Venezuela deben adoptar las medidas
necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las
personas que participen en política, y las altas autoridades del Estado deben abstenerse
de realizar declaraciones estigmatizantes que generan un clima de
animadversión”.
“Es
urgente que se consolide la democracia en Venezuela y se brinden plenas
garantías para la participación política”, agrega la Presidenta de la CIDH,
Esmeralda Arosemena de Troitiño.
La
CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato
de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y
actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada
por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de
la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No.
284/19
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico